Sentencia 2009-00015 de julio 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200900015 01

Nº Interno: 18278

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Jorge Ignacio Irisarri Núñez

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y otro

Asunto: Excepciones de cobro

Bogotá D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide sobre la procedencia de la condena al pago de los “perjuicios” supuestamente causados al actor por la expedición de los actos que declararon no probada la excepción de “falta de ejecutoria del título”, con respecto a la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 08329 del 28 de marzo de 2003.

Lo anterior, habida cuenta de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero se abstuvo de condenar en costas a la demandada.

Comoquiera que el actor consideró que los “perjuicios” ocasionados por los actos demandados se sustraen a “la contratación de abogados para atender su defensa(2) y a los daños morales derivados del cobro coactivo adelantado, la corporación entra a determinar la procedencia de los mismos, en consonancia con el fallo proferido en sede de primera instancia.

Para el efecto, lo primero que advierte la Sala es que los “perjuicios” materiales a que hace referencia el actor en su escrito, se limitan a los gastos en que incurrió por los servicios jurídicos requeridos para adelantar la defensa jurídica de sus intereses, es decir, a las costas del proceso, como se aprecia en las actuaciones procesales por este adelantadas.

En ese sentido, la condena en costas es una figura jurídica que busca sancionar a la parte que resulta vencida en un proceso, por el desequilibrio económico que conlleva a la parte vencedora acudir a la jurisdicción como parte demandante o demandada, y que le acarrea asumir las erogaciones económicas en que incurrió la contraparte, consistentes en las expensas y las agencias en derecho.

Las expensas, corresponden a los gastos necesarios para el adelantamiento del proceso, mientras que las agencias se refieren al pago de los honorarios por concepto de la representación judicial.

Así, en el sub lite es claro que lo que se persigue es el pago de costas por el segundo concepto aludido, es decir, por las erogaciones en que incurrió el demandante por el pago de honorarios a los profesionales del derecho que ejercieron la representación judicial, como se deprende de las motivaciones expuestas en los actos procesales adelantados, pues el demandante no demostró la causación de expensas.

Lo anterior nos remite al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, que prevé:

“En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

De la norma transcrita y partiendo de que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es una acción pública, para la condena en costas cobra especial relevancia la conducta asumida por las partes, es decir, el elemento subjetivo que condujo a estas a acudir a la jurisdicción.

En concordancia con lo dicho sobre la determinación del elemento subjetivo de la parte vencida en el proceso, para efectos de la determinación de la condena en costas, la Corte Constitucional,(3) al evaluar el apego constitucional del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por la Ley 446 de 1998, precisó:

“El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo es una norma especial redactada ad hoc para regular lo relativo a la condena en costas dentro del proceso contencioso administrativo, de cuya lectura se deduce inequívocamente la voluntad legislativa de condicionar la condena en costas a la evaluación de la conducta procesal de las partes. Por ello, debe entenderse que esta disposición define un carácter subjetivo de la responsabilidad por el reembolso de dichas costas, es decir una responsabilidad que solo opera cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. Por ser una disposición especial, prevalece sobre cualquier otra que regule el mismo asunto en otros asuntos” (resalta la Sala).

Por lo tanto, la Sala considera menester acudir a la decisión sancionatoria adoptada y a aquellas que fundamentaron el procedimiento de cobro coactivo que ahora se demanda, con el fin de evaluar razonablemente la conducta adelantada por la superintendencia demandada y determinar la procedencia de la condena en costas, no sin antes precisar que no es la falta de razón en la oposición de las pretensiones el factor determinante de dicha condena, sino el ejercicio abusivo, desmedido e irracional del derecho de acceso a la administración de justicia(4).

En ese orden de ideas y aunque en el sub-lite no se discute el procedimiento de imposición de la multa, sino el consecuente procedimiento de cobro coactivo practicado por la superintendencia, para efectos de demostrar la conducta de esta, son hechos probados los siguientes:

• Que la Resolución 08329 del 28 de marzo de 2003 “Por la cual se decide una investigación por competencia desleal”, por la cual se le impuso al actor una multa de $ 296.000.000, y su modificatoria, la Resolución 17575 del 26 de junio de ese mismo año, fueron expedidas en ejercicio de las funciones asignadas, entre otros, por los artículos 143 y 144(5) de la Ley 446 de 1998, y frente a las cuales se interpuso el recurso de apelación para ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, dada la naturaleza jurisdiccional de la actuación adelantada.

• Que la denuncia por competencia desleal fue objeto de un contrato de transacción durante el trámite de la apelación referida, que fue avalado por el mencionado tribunal, que ordenó la terminación proceso y la consecuente remisión del expediente al despacho de origen —superintendencia—, a pesar de no haberse pronunciado sobre la apelación presentada con respecto a la multa impuesta.

• Que por concepto de la multa impuesta, la precitada superintendencia libró mandamiento de pago e inició el procedimiento de cobro coactivo expidiendo los actos administrativos que ahora se demandan, omitiendo el hecho de que la resolución que sirvió de título no se encontraba debidamente ejecutoriada por no haber sido resuelto el recurso de apelación impetrado.

Sobre los puntos anotados y a pesar de que el proceso de imposición de la multa es diferente y autónomo de aquel de cobro coactivo, a juicio de la Sala es al Tribunal Superior del Distrito de Cartagena al que legalmente compete desatar el recurso de apelación contra los actos de imposición de la multa, y no a la Superintendencia, la cual, al adelantar el cobro coactivo, actuó bajo el convencimiento errado de que la terminación del proceso ordenada por el ad quem(6) implicaba la ejecutoria de la investigación adelantada por competencia desleal y, como se anotó con anterioridad, la falta de razón sobre los motivos de oposición a las pretensiones de la demanda no es motivo para condenar en costas a la parte vencida en el proceso.

Así mismo, el título que la administración erradamente pretendió cobrar, contiene una obligación clara, expresa, y aunque su cobro no es exigible por las razones esbozadas, tal circunstancia no implica una condena en costas.

De otro lado, el actor solicitó el pago de la condena en costas como si se tratara de un perjuicio derivado de los actos administrativos demandados, lo que en estricto sentido, es errado, pues la condena en costas se habría de derivar del proceso adelantado ante la jurisdicción.

Sobre este punto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-043 de 2004, antes citada, dijo:

“Se ha dicho que, según lo expone la doctrina, para que el perjuicio resulte indemnizable en virtud de la responsabilidad estatal debe tener un carácter directo. Este carácter directo supone un nexo de causalidad entre el daño sufrido, entendido como la alteración material externa, y el perjuicio entendido como las consecuencias de dicha alteración (ver supra).

A juicio de la Corte el menoscabo económico que sufre la parte vencedora en un juicio, a quien en virtud de la aplicación de la norma que ahora se examina no se le reembolsan las costas judiciales en que ha incurrido, no constituye un perjuicio directo. En efecto, dicho menoscabo no proviene del daño que ha inferido el Estado, sino del proceso mismo. Recuérdese que no se trata de un problema de imputabilidad, sino de vínculo causal entre la lesión personal, moral o patrimonial, y los perjuicios que de ella puedan derivarse” (resalta la Sala).

En cuanto al pago de daños morales pedidos, la Sala encuentra que el perjuicio moral derivado del proceso de cobro, debe ser probado mediante cualquier medio de prueba legalmente admitido, ya que el juez solo habrá de reconocerlos cuando exista convicción y certeza de que quién los reclama, efectivamente ha padecido un daño emocional significativo, susceptible de ser reparado.

Así pues, no habrá lugar a reconocer tales perjuicios, toda vez que el demandante, a quien correspondía la carga de la prueba en los términos dispuestos por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no demostró su existencia y, por tanto, la tasación de los perjuicios en la suma equivalente a 80 salarios mínimos mensuales vigentes, obedeció a un criterio subjetivo del actor.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que haya lugar a costas por las razones expuestas en la presente sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(2) Visible en el último párrafo del folio 9, y en los folios 20 y 384 del cuaderno principal de antecedentes.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(4) Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Expediente 17893, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(5) Ley 446 de 1998, “ART. 143.—Funciones sobre competencia desleal. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas”. “ART. 144.—Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes”.

(6) Tribunal Superior del Distrito de Cartagena.