Sentencia 2009-00017 de abril 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. Maria Claudia Rojas Lasso 

Radicación número: 2500023240002009000173

Actor: Felix Amadeo Silva Sánchez

Demandado: Alcaldía local de Usaquén.

Referencia: Cierre definitivo de establecimiento comercial/ normas urbanísticas / de orden público y de efecto general inmediato / indebida notificación no afecta la validez de un acto administrativo sino su firmeza y ejecutoridad.

Bogotá, D.C., veintiuno de abril dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a examinar los argumentos expuestos por la actora en el recurso de apelación y de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

Acto administrativo acusado 

Alcaldía Local de Usaquén

RESOLUCIÓN N° C.A. 017-06

Por la cual se ordena el cierre definitivo de un establecimiento comercial

La Alcaldesa Local en uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de forma oficiosa la Alcaldía Local de Usaquén, investiga los establecimientos de comercio ubicados en la UPZ 14 de Usaquén, para determinar el uso del uso del suelo, la aplicación del Decreto de reglamentación 270 de 2005 y el cumplimiento de los requisitos de la ley 232 de 1995.

Que con fecha 4 de octubre de 2006, se presentó el señor FÉLIX AMADEO SILVA SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 19.279.233 de Bogotá, en su condición de propietario del establecimiento de comercio, presentó diligencia de descargos, aportó los siguientes documentos: Fotocopia del certificado de cámara de comercio, RUT, Inscripción de industria y comercio, licencia de funcionamiento que obran a folios uno a cinco (1 a 5).

Que con fecha 2 de noviembre de 2005, mediante radicado 014241, el señor FÉLIX AMADEO SILVA SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 19.279.233 de Bogotá, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicado en la avenida 7N° 117-02 de Bogotá, aporta los siguientes documentos: Sayco y Acinpro, revisión técnica de bomberos, concepto sanitario, comunicación a planeación distrital, que obran a folios siete a trece (7 a 13).

Que con fecha 26 de enero de 2006, la Alcaldía local de Usaquén avocó conocimiento por infracción a la Ley 232 de 1995 contra establecimiento de comercio denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicada en la avenida 7 N" 117 -02 obrante a folio (6).

Que analizado el Decreto 270 de 2005, que reglamentó la UPZ 14 de Usaquén, se logró determinar que el establecimiento de comercio denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicado en la avenida 7N° 117-02, se encuentra ubicado en el sector normativo N° Dieciséis (16), subsector I en el sector donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio, no está permitido el uso del suelo en actividad comercial de FERRETERÍA.

Que adicionalmente a lo expuesto el propietario del establecimiento comercial denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicado en la avenida 7 N° 117-02, aportó la totalidad de los documentos requeridos por la Ley 232/95, que establece en su artículo 2 que es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan dichos requisitos y sumado a esta faltante de requisitos, la normatividad del uso de suelos permitido para la UPZ 14 de Usaquén, sector normativo (16) y subsector I, no contempla dentro de los usos comerciales la actividad de FERRETERÍA, haciendo claridad que la licencia de construcción no concede el uso comercial del predio y no identifica que permita la actividad comercial descrita.

Con base en lo anterior se puede determinar que el uso del suelo de actividades comerciales específicamente de FERRETERÍA, NO ESTÁ PERMITIDO en el sector donde se ubica el establecimiento comercial denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicada en la avenida 7 N" 117-02, por lo tanto el propietario no puede cumplir con el requisito de Ley 232/95 referente al uso del suelo en lo que a la licencia de construcción se refiere, dado que es de imposible cumplimiento.

Que se debe tener en cuenta que la Ley 232 de 1995 en su artículo 4 numeral 4 estatuye: "ordenar el cierre del establecimiento...., cuando el cumplimiento del requisito sea imposible".

Adicionalmente se tiene que artículo 326 del Decreto 619 de 2000, establece la misma circular la necesidad imperiosa de tener la licencia de construcción que acredite el uso del suelo:

"teniendo en cuenta las normas descritas, SE REQUIERE DE LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA DE CONTRUCCIÓN para desarrollar un uso, cualquiera que este sea, en un inmueble, incluidos los usos comerciales, ya que aquella es el único acto que acredita el cumplimiento de las normas urbanísticas y la idoneidad de la construcción para el desenvolvimiento de la actividad, puesto que se requiere de una infraestructura urbana y arquitectónica, lograda a través de procesos idóneos de urbanización y construcción que sirvan de soporte físico al mencionado uso".

En el presente caso, como se advierte, se encuentra plenamente determinado que el establecimiento de comercial (sic) FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicado en la avenida 7N° 117-02, se encuentra funcionando en área de zonificación donde no está permitido el uso para el tipo de actividad que desarrolla, por lo tanto no podrá seguir funcionando, por cuanto el cumplimiento del requisito relacionado con el uso es imposible de cumplir y el Decreto reglamentario de la UPZ 14 de Usaquén, no contempla este uso comercial como permitido en ese sector donde se ubica dicho establecimiento de comercio.

A lo expuesto la Alcaldía Local de Usaquén, en uso de sus facultades

RESUELVE:

PRIMERO: declarar contraventores(sic) de la Ley 232/95 al señor FELIX AMADEO SILVA SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía N" 19.279.433 de Bogotá y/o quien haga sus veces con igual o mejor calidad en su condición de propietario y/o representantes legales del propietario en lo referente al establecimiento de comercio denominado FERRETERÍA FELECTRICAS, ubicado en la avenida 7 N° 117-02 de Bogotá D. C. al igual que cualquier dirección que cambie o modifique el Departamento Administrativo Distrital - Catastro, en la nomenclatura urbana y que funcione en el mismo predio, dedicado a la actividad comercial de FERRETERÍA.

SEGUNDO: Ordenar el CIERRE DEFINITIVO del establecimiento comercial denominado FERRETERIA FELECTRICAS o cualquier otra razón social que desarrolle la misma actividad comercial, ubicada en la Avenida 7 No. 117 – 02 de Bogotá…”.

(…)”.

1. Indebida Notificación el acto acusado 

En cuanto a la inconformidad del apelante con la sentencia de primera instancia por la supuesta falta de valoración de las pruebas allegadas al expediente, respecto de la indebida notificación del acto acusado, la Sala observa que el juez de primera instancia hizo un recuento(1) de las principales actuaciones llevadas a cabo por la Alcaldía Local de Usaquén, en la vía gubernativa, entre las que pueden destacarse las siguientes, luego de proferida la Resolución N° 563 de 2006(2) acusada:

“por medio del oficio N° AJ 3235 del 11 de septiembre de 2006, el Grupo de Gestión Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén dirigido al actor y enviado a la avenida 7 N° 117-02 dispuso: "sírvase comparecer a la Asesoría Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén, ubicada en la carrera 7 N° 118 - 23, de esta ciudad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de surtir la notificación personal dentro de la resolución N° 563-06 de fecha 24 de julio -06, proferida dentro de la actuación administrativa de la referencia.

En el evento de no realizarse la diligencia de notificación personal en el plazo anunciado, se fijará Edicto por el término de diez (10) días hábiles, con la inserción de la parte resolutiva de la decisión administrativa, según lo previsto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. Si dentro de la presente actuación administrativa Si cuenta con apoderado de la querella favor comunicarle al mismo.

— A través de edicto de N° 246 -07, fijado el día 12 de abril de 2007 y desfijado el día 25 del mismo mes y año, la asesora Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén hizo constancia de la notificación del acto administrativo cuestionado; es de resaltar que a folio 27 del expediente obra copia de planilla de envíos con licencia de crédito de Servicios Postales Adpostales S.A. cuyo destinatario es el señor Amadeo Silva.

— A través de oficio Ne AJ1515 de 2007, dirigido al Comandante Primera Estación de Policía, la máxima autoridad local solicita ordenar a quien corresponda proceder al sellamiento del establecimiento de comercio.

— Por escrito del 21 de junio de 2007, el actor solícita la revocatoria directa del acto administrativo, alegando la violación de su debido proceso por no haber sido notificado del mismo y por cuanto el POT y la UPZ 16 se refieren a aspectos urbanísticos y no a normas que regulan la relación comercial de la resolución que ordenaba el cierre del establecimiento de su propiedad; revocatoria que fue resuelta mediante la Resolución 501 de 2007, en la que no se accedió a la solicitud por considerar que el proceso de notificación se surtió de conformidad con lo establecido en la norma.”

La notificación de los actos administrativos definitivos de contenido particular está prevista en el artículo 44 del C.C.A.; dicho artículo dispone:

"ART. 44.—Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.


Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.


No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este código.".


"ART. 45.—Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.".

"ART. 46.—Publicidad. Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones."

"ART. 47.—Información sobre recursos. En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo."
"ART. 48.—Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46."

El artículo 44 del C.C.A. ordena que las decisiones de carácter particular que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. Esta norma prevé que si no hay otro medio eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación o en la nueva que figure en comunicación hecha expresamente para tal propósito.

La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

En el presente caso no existe dentro del plenario constancia de que no hubo medio más eficaz para informar al dueño del establecimiento comercial abierto al público, ubicado en la jurisdicción de la Alcaldía Local de Usaquén, ya que la norma obliga a encontrar un medio más eficaz que la citación por correo certificado y por lo tanto, la administración está obligada a dejar constancia ello, a fin de que subsidiariamente se lleve a cabo la citación por correo certificado. Además la resolución acusada 563(3) se profirió el día 24 de julio de 2006, y el correo certificado de citación se envió, según planilla “De envíos con licencia de crédito” el 15 de septiembre de 2006, es decir un mes y 22 días después, y no “dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto” como lo indica la norma.

Adicionalmente, el artículo 45 prevé que si no se pudiere hacer la notificación personal “al cabo de cinco (5) días del envío de la citación”, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia; para el caso concreto la administración debió fijar el edicto, a más tardar el 25 de septiembre de 2006, primer día hábil luego de 5 días de la citación por correo certificado, pero este edicto(4) según el plenario se fijó el 12 de abril de 2007, es decir, casi siete meses después.

En este asunto, la Alcaldía Local de Usaquén, no atendió los parámetros establecidos en el Código Contencioso Administrativo como ya se observó en el análisis de las pruebas, ya que, si bien es cierto trató de realizar la notificación personal por medio de citación por correo, sin que hubiese resultado alguno y luego fijó el edicto correspondiente, previsto en el artículo 45 del C.C.A., todo lo hizo por fuera de los términos establecidos en la norma para tales efectos, pretermitiendo la exigencias que regulan la forma de hacer las notificaciones y por lo tanto el acto de notificación es inexistente y no puede producir efectos legales.

Ahora bien, el efecto de la indebida notificación del acto administrativo no significa que la decisión de la administración sea contraría al ordenamiento jurídico, ya que como lo ha reiterado esta corporación(5) en numerosa jurisprudencia la indebida notificación de un acto administrativo no afecta la validez del acto administrativo sino su firmeza y ejecutoriedad.

“Sin embargo, en el evento que la mencionada resolución no hubiese sido notificada a la parte demandada, esto no significa per se que la misma sea contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que la existencia del acto administrativo se da desde el momento mismo de su expedición por parte de la administración, mas no desde su notificación, llevando en si mismo la facultad implícita de producir efectos jurídicos como manifestación de la voluntad que lo caracteriza, bajo el amparo del atributo de la presunción de legalidad.

La falta de publicación o notificación del acto administrativo, se reitera, no afecta ni la existencia ni la validez del mismo, mientras que, su eficacia, si se encuentra condicionada a la publicidad de aquel conforme con las reglas establecidas en los artículos 43 y 44 del Código Contencioso Administrativo, lo cual tiene como consecuencia, que ante la falta de publicación o notificación, el acto administrativo no adquiere firmeza, y por ende no puede ser ejecutado por la misma autoridad que lo profirió”.

Además, el artículo 48 del C.C.A. prevé que sin el lleno de los requisitos establecidos para la notificación previstos en los artículos 44 a 46, “no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales”.

En este caso, el actor no pudo utilizar los recursos legales ya que, conoció la Resolución de cierre definitivo cuando ya se encontraba ejecutoriada, esto sucedió en el acto de materialización del cierre del establecimiento el día 21 de junio de 2007 y por lo tanto, no pudo agotar la vía gubernativa; notificado así por conducta concluyente, el actor ejerció la presente acción contenciosa.

Así las cosas, la Sala concluye que existió una indebida notificación del acto administrativo definitivo Resolución 563 de 2006, proferida por la Alcaldía Local de Usaquén, mediante la cual se ordenó el cierre definitivo de tal establecimiento de comercio propiedad del actor. Sin embargo, como ya se analizó, la indebida publicidad del acto administrativo no genera la invalidez de éste ya que tal vicio no se originó en su formación, sino en la etapa de publicidad, que tiene consecuencias en su firmeza y eficacia sin que pueda producir efectos hacia el destinatario y si se llegara a ejecutar sería ilegal ya que la notificación irregular hace que los actos de ejecución del acto administrativo tengan los efectos de una operación administrativa y los daños que considere el actor se derivaron de ella, deben ser demandados por la vía de la reparación directa, así lo ha establecido esta Corporación(6) considerando:

Con otras palabras, los vicios en la publicidad de los actos administrativos, por no generarse en su producción sino en su comunicación, sólo impactan en su eficacia final y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo.(7)

“…

Por consiguiente, si el acto administrativo que se encuentra viciado en su publicidad no le produce efectos al destinatario, es conclusión obligada que si lo en él previsto de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal situación no puede tenerse como la consecuencia de un acto administrativo sino como el resultado de una operación administrativa que será ilegal por consistir en la ejecución de un acto que aún no puede producir sus efectos por haberse omitido la notificación o por haber sido ésta indebidamente realizada.

Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad de ésta no determina la invalidez de aquel y por ende lo que procede en ese caso es cuestionar el acto de ejecución pues es éste quien ostenta el vicio de ilegalidad y con fundamento en ello solicitar la reparación del daño que con él se hubiere causado.  

Y la acción procedente no es otra que la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, si es que con esa operación administrativa se causó un daño…”,  

2. Argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la validez del acto administrativo

Respecto a la consideración del Tribunal en la que luego de determinar que en la plancha 4 de 4 de Ja UPZ 14 - Usaquén (usos y edificabilidad del sector de interés cultural 16) el comercio y servicios como el desarrollado por el establecimiento de propiedad del actor (ferretería y venta de materiales eléctricos) le está permitido a los almacenes supermercados y centros comerciales de más de 300 M2 de área de ventas y locales con área de venta de hasta 500M2, llegando a la conclusión de que el establecimiento de comercio, objeto de cierre, no cuenta con tales especificaciones; el actor argumenta en su apelación:

1.- Que ha desplegado la misma actividad comercial por más de 19 años, cumpliendo con los parámetros solicitados y exigidos por la Ley, para el momento en que inició el establecimiento de comercio, y

2. Que existe una grave violación al derecho de igualdad del actor, por tratarse de un establecimiento de que el comercio Ferretería (como pequeño comerciante), siguiendo la máxima del que puede lo más puede lo menos.

En cuanto a la primera inconformidad, el apelante señala que por el término de 19 años ha cumplido con los parámetros exigidos por la ley para mantener su establecimiento de comercio abierto; sin embargo, el hecho de que en el pasado el uso del suelo fuera permitido por norma urbanísticas anteriores, no significa que de ello se derive un derecho adquirido, ya que las normas urbanísticas son de orden público de efecto general inmediato. Al respecto esta Sección se ha pronunciado en diferentes oportunidades(8) así:

“En oportunidades anteriores, la Sala se ha pronunciado sobre las cuestiones que en el sub iudice vuelven a plantearse, con ocasión de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas contra actos que ordenaron el cierre definitivo de establecimientos por no conformarse el uso del suelo a la normativa que modifica los usos permitidos. En esos casos, la Sección ha precisado claramente que las normas sobre uso del suelo son de orden público y de efecto general inmediato, lo que explica que no sea dable a sus destinatarios aducir derechos adquiridos a intento de enervar su aplicación. También ha señalado que al exigir su observancia las autoridades de policía no imponen una sanción sino que llevan su deber de vigilar que se cumpla la normativa sobre usos del suelo.

Así, en sentencia(9) de 20 de septiembre de 2002, que fue reiterada en sentencia(10) de 5 de diciembre del mismo año, la Sala dejó claramente definido que:

«La orden de cierre definitivo de un establecimiento impartida por la autoridad de policía en ejercicio de la competencia de velar por la observancia de las normas sobre usos del suelo, no constituye una sanción, sino la aplicación o cumplimiento de las normas urbanísticas, que por ser de orden público, tienen efecto general inmediato. (art. 18, Ley 153 de 1887). “

“Debe además tenerse en cuenta que los actos administrativos que confieren licencias en materia urbanística y de uso de suelo se subordinan al interés general que inspira los cambios en los regímenes urbanísticos, pues es sabido que en la aplicación de las normas sobre ordenamiento territorial y urbano prevalece el interés público o social ya que se expiden por motivos de interés general con miras a que la ordenación y planificación del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, garanticen a sus habitantes una adecuada calidad de vida.” (…).

En segundo lugar, respecto del principio de igualdad, que el actor considera violado, la Corte Constitucional ha dicho:

El derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea conforme con la Constitución, se requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu. “Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional.”(Sentencia C-448 de 1997, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.) (11)

El actor como propietario del establecimiento de comercio destinado a la Ferretería no está en el mismo supuesto de hecho respecto de los supermercados o centros comerciales pues, las disposiciones urbanísticas están llamadas a proporcionar un esquema metódico y uniforme de ordenamiento del suelo y una verdadera política de desarrollo sistemática y regulada primando en ella el interés general; no es lo mismo concentrar el comercio en espacios como los centros comerciales y supermercados, que tener en una zona residencial, establecimientos de pequeños comerciantes aislados, respecto de cada grupo de productos que se venden en supermercados y centros comerciales, es por ello que no es dable aplicar, en este caso, la protección al principio a la igualdad y menos el principio de derecho que señala que “quién puede lo más puede lo menos” ya que se repite, no se trata de los mismos supuestos de hecho.

Por todo lo anterior se confirmará el fallo del a quo, en primer lugar, porque la notificación de un acto administrativo es un presupuesto de eficacia final y por ende los vicios en su publicidad nada tienen que ver con su existencia o con su validez y, por lo tanto, no conducen a su nulidad y segundo el apelante no desvirtuó la validez del acto administrativo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 16 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

1 Folios 257 a 259 del cuaderno principal (Sentencia de primera instancia de 16 de febrero de 2012).

2 Folio 21 a 23 del cuaderno de “Anexos Contestación de la demanda” que corresponde al expediente administrativo del trámite realizado por la Alcaldía Local de Usaquén No. 017 de enero 26 de 2006.

3 Folios 21 a 24 del Cuaderno de “Anexos Contestación de la Demanda”

4 Folio 26 del cuaderno de “Anexos Contestación de la Demanda”.

5 Sentencia de 16 de septiembre de 2011, Radicación Número: 85001-23-31-000-2005-00361-01(17546), Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortíz Rodríguez

6 Sentencia de 8 de agosto de 2012, Expediente, 54001-23-31-000-1999-00111-01(23358), Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

7 Con lo que se ha expresado sobre los presupuestos de existencia, de validez y de eficacia del acto administrativo, el Magistrado Ponente sistematiza lo que expresa en su obra. Cfr. J. O. SANTOFlMIO GAMBOA. Tratado de Derecho Administrativo. 1. 11, El Acto Administrativo, Bogotá, universidad Externado de Colombia, 2008, p. 143-169.

8 Sentencia de 27 de junio de 2003, Radicación número: 11001-03-24-000-1999-00865-01(7262) Consejero Ponente: doctor Camilo Arciniegas Andrade.

9 C.P. Doctor Camilo Arciniegas Andrade. Expediente 5613, Actor: Tecnológico INESPRO.

10 C.P. Doctor Camilo Arciniegas Andrade. Expediente 5507, Actora: Universidad Antonio Nariño.

11 Sobre este tema también pueden consultarse entre otras, las sentencias C-371 de 2000, C-110 de 2000, C-093 de 2001, C-068 de 1999, C-309 de 1997 y C-741 de 1999