Sentencia 2009-00021 de mayo 6 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 110010328000200900021-00

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Demandante: Gerardo Nossa Montoya

Demandado: Delegado Registraduría Nacional del Estado Civil

Dr. Gabriel Cortés López

Proceso: Electoral - Fallo única instancia

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil diez.

Agotados los trámites propios del proceso electoral, profiere la Sala sentencia de única instancia.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral en única instancia, está fijada en el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998 artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto acusado.

La designación del Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04 de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se acreditó con copia auténtica de la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil(2).

3. Límites a la participación de los terceros intervinientes.

Tal como se evidencia en la síntesis del proceso que acaba de efectuar la Sala, al mismo concurrieron como terceros intervinientes los señores Edrileison Martínez Zapata y Marleny Moreno Gómez, al abrigo de la figura procesal prevista en el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo (Sub. D.E. 2304/1989 art. 59), según la cual hasta la ejecutoria del auto que ordena correr traslado a las partes para alegar de conclusión podrá cualquier persona pedir que se le tenga como parte para “prohijar [u] oponerse a las peticiones de la demanda”.

Quienes así concurren al proceso experimentan una doble limitación a su derecho a intervenir en este tipo de acciones constitucionales. De una parte, se tienen las restricciones de orden material o sustancial, relativas al alcance mismo de esa intervención, en atención a que coadyuvar es “Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo”(3), propósito en el cual quedan sometidos al entorno del debate jurídico fijado por los contendientes procesales, de modo que entratándose de aquel que como tercero asiste para avalar la pretensión anulatoria, no le está permitido introducir modificación alguna a la demanda, bien sea en su petitum, en su objeto o en su causa, puesto que el derecho de reforma a la demanda es propio de quien acciona; solo se concibe tal posibilidad a través de la formulación de su propia demanda por parte del coadyuvante, siempre que lo haga dentro de los precisos términos establecidos para que opere la caducidad de la acción. Tal ha sido la interpretación que la Sala ha dado al particular:

“En efecto, es clara conforme a lo previsto por el artículo 69 de la Ley 96 de 1985, tal como fue subrogado por el artículo 59 del Decreto 2304 de 1989, la posibilidad de que cualquier persona pueda pedir que se la tenga como parte, entre otras cosas, para prohijar las peticiones de la demanda, intervención que debe admitirse, siempre que no esté ejecutoriado el auto que ordena el traslado a las partes para alegar.

Pero la intervención como coadyuvante de la parte actora no puede estimarse como independiente de ella en esta clase de juicios.

En primer término y siguiendo la tesis jurisprudencial consistente en que la demanda establece el marco dentro del cual se desenvuelve el proceso, es claro que el coadyuvante de la parte actora queda limitado en su intervención por el marco en mención, sin que le sea posible ampliar o restringir la materia sobre la cual versa la litis.

La corrección de la demanda es potestativa de la parte actora, dentro del término legal.

En segundo término, debe tenerse en cuenta que las etapas procesales son preclusivas por lo que no pueden ser revividas con el pretexto de la intervención del tercero lo que resulta especialmente importante en el caso del proceso electoral en el cual se propugna en todos los casos por la celeridad del trámite.

En tales condiciones, el coadyuvante que se presenta en juicio, toma este en el momento procesal en que se encuentre y su actuación queda limitada por la materia que se establece en la demanda y por las etapas precluidas.

Ahora bien, si un tercero observa que, entre otras, las normas y concepto de violación que quiere introducir dentro de un proceso en curso, son distintas a las que aparecen en la demanda que pretende coadyuvar, el procedimiento es presentar una demanda nueva, dentro del término de caducidad señalado por la ley para las acciones de nulidad de carácter electoral para efectos de que sea estudiada y tramitada en su totalidad”(4).

Y, en segundo lugar, existen las restricciones de orden procesal, alusivas a las limitaciones establecidas por el principio de eventualidad o de preclusión, que llevan a afirmar que los terceros intervinientes únicamente podrán hacer aquello en lo que la respectiva oportunidad procesal no haya expirado. Esto va desde la misma participación en el proceso en los términos del artículo 235 del Código Contencioso Administrativo, que debe surtirse en ese lapso, así como el ejercicio de atribuciones tales como contestar la demanda, solicitar la práctica de pruebas y formular alegatos de conclusión, para todo lo cual resulta indispensable que el arribo al proceso se haga antes de que los respectivos términos culminen.

Pues bien, tal como lo detectó el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, uno de los intervinientes no ejerció su derecho dentro de los estrictos términos fijados por la ley y la jurisprudencia de esta sección, pues fue más allá y planteó presuntas irregularidades diferentes a las expuestas por el accionante en su demanda y la corrección que hizo a la misma. Se trata, específicamente de Marleny Moreno Gómez, quien coadyuvó la solicitud de nulidad del acto acusado, aduciendo que la convocatoria 3 de 2008 “... no cumplió con la publicación en el Diario Oficial dispuesta en los artículos 3º inciso 8 y 43 del Código Contencioso Administrativo; y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998...”, planteamiento que al no ser coincidente o afín con los cargos de la demanda no puede ser estudiado en esta providencia, ya que se presentó por fuera de las limitaciones materiales que tienen los terceros intervinientes.

No ocurre lo mismo con los planteamientos del interviniente Edrileison Martínez Zapata, ya que muchos de los mismos coinciden con los cargos de la demanda, y aunque existen otros que parecieran diferentes se subsumen en los reparos de ilegalidad dirigidos tanto contra la configuración misma de la fase IV de la convocatoria 3 de 2008, como contra la forma en que se aplicó a los concursantes. En efecto, allí se comprendería la tesis de que la prueba de conocimientos específicos no admitía calificación en decimales, pues se planteó en enteros o que las asignaciones porcentuales no se ajustaban a los parámetros de la convocatoria.

Por consiguiente, la Sala no abordará las razones de ilegalidad esgrimidas por la interviniente Marleny Moreno Gómez, según los argumentos esgrimidos.

4. Las excepciones.

La parte demandada formuló oportunamente algunas excepciones, de las cuales se ocupa la Sala enseguida.

4.1. Acatamiento de la Sentencia C-230A de 2008 de la Corte Constitucional.

La tesis central en que se apoya esta excepción radica en que la registraduría, en lo atinente a la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008, se acogió plenamente a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su Sentencia C-230A de 2008 “... habiendo... agotado el procedimiento establecido en la normatividad vigente con el fin de dar cumplimiento a la misma”.

Pues bien, dado que las excepciones son hechos nuevos invocados por el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal con el fin de dar al traste con las pretensiones de la demanda, no considera la Sala que esta sea propiamente una excepción, pues con ella no se hace cosa distinta a reiterar un postulado inherente al Estado de derecho, consistente en la presunción de legalidad de la actuación de las autoridades públicas, como así lo configura el hecho de afirmar que la registraduría obró de acuerdo con dicho fallo de la Corte Constitucional y con las respectivas disposiciones jurídicas. Y como la legalidad es precisamente lo que se examinará en esta ocasión, respecto de la designación acusada, bien puede decirse que no existe un hecho nuevo del que deba ocuparse la Sala.

4.2. Presunción de legalidad del acto administrativo de nombramiento del Doctor Gabriel Cortés López.

Se sostiene por parte del demandado que el acto acusado “... es un acto de trámite...” cobijado por la presunción de legalidad. Como igualmente se basa en la afirmación de que el acto acusado se presume legal, la Sala no tomará lo dicho como una excepción sino como algo coincidente con el thema decidendum, pues según se dijo en precedencia, se determinará si la registraduría obró o no conforme a derecho en la expedición del acto demandado, según los cargos que fueron presentados con la demanda. Sin embargo, sí aclara que no es acertado calificar como acto de trámite a la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009 mediante la cual se designó al Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04 de la planta global de la registraduría, puesto que el mismo es, por el contrario, un acto administrativo definitivo, al ser el resultado de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008.

Además, entre los actos de trámite y los actos administrativos existe una diferencia de medio a fin, en la medida que los primeros son aquellos pasos concatenados y lógicos que han de seguirse para llegar a la producción de los segundos, quedando en los últimos contenida la expresión de voluntad de la administración bien sea para reconocer la existencia de un derecho o ya para modificarlo o extinguirlo. Por lo mismo, es jurídicamente inadmisible calificar al acto demandado como un acto de trámite, dado que con él se agotó todo el procedimiento establecido en la citada convocatoria para proveer ese cargo por el sistema de méritos, en adelante no sigue paso alguno y por el contrario allí se definió la actuación administrativa en lo concerniente a ese cargo en particular.

4.3. Falta de competencia del Consejo de Estado para declarar la nulidad del acto demandado por tratarse de un acto de trámite, que solamente podría invalidarse a través de anular el proceso de selección que le dio origen, nulidad que no se solicitó y que no puede decretarse de oficio.

Como aquí se insiste en que el acto acusado es un acto de trámite, la Sala se remite a lo dicho frente a la anterior para desestimar la excepción en esta parte. Ahora, en cuanto a la carencia de competencia de la sección para conocer de esta demanda, ha de señalar la Sala que ello no es cierto, puesto que existe una normatividad bien clara en torno a asignarle a la misma el conocimiento de este tipo de acciones. En efecto, en el artículo 128(5) del Código Contencioso Administrativo (Sub. Ley 446/1998 art. 36), se estableció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce privativamente y en única instancia de los procesos electorales promovidos contra los actos de elección o de nombramiento expedidos por las autoridades del orden nacional; y según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003 artículo 1º, expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, a la Sección Quinta del Consejo de Estado conoce de “3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”. Así, no es cierto que se carezca de competencia para conocer del proceso electoral de la referencia.

También sujeta la parte demandada la prosperidad de la excepción al hecho de no haberse demandado el proceso de selección ni la Resolución 3159 del 22 de mayo de 2009, expedida por el registrador, mediante la cual se integró la lista de elegibles. Con lo dicho líneas arriba puede afirmarse que para obtener la nulidad del acto de designación demandado, no es necesario dirigir expresamente la acción contra el proceso de selección o contra la lista de elegibles resultante del mismo, puesto que el objeto de la acción electoral se centra en el acto de elección o nombramiento y no en los actos previos al mismo, los cuales sí pueden ser objeto de censura como parte de los trámites o pasos previos a la expedición cualquiera de aquellos, ya que, por ejemplo, bajo la causal de expedición irregular es posible entrar a demostrar que el debido proceso resultó violado con la actuación de la administración.

Por último, respecto del reparo formal que se hace a la demanda, consistente en que el ejercicio del derecho a la defensa del accionado se ve dificultado porque no están especificadas las razones en que se apoya la nulidad, dirá la Sala que no es de recibo puesto que la demanda, aunque repetitivamente, sí precisa las causales de nulidad, así como las normas violadas y las razones por las cuales se produce la violación de esa normativa. Es decir, para la Sala el accionante sí cumplió con la carga de exponer claramente los motivos que en su opinión deben llevar a anular el acto demandado. Con base en lo dicho, colige la Sala que la excepción no está llamada a prosperar.

5. Pruebas relevantes.

Antes de pasar a la sustancia del debate jurídico, dedica la Sala el presente capítulo a mencionar las pruebas de mayor relieve que fueron aportadas regular y oportunamente al informativo, así:

1. Con oficio del 26 de octubre de 2009(6) el secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, remitió la siguiente documentación:

a. Anexo 1(7) relativo a las diferentes pruebas que presentaron los aspirantes a los cargos de delegado departamental 0020-04, así como el número de preguntas que se formularon por especialidad, que la Sala representa en los siguientes términos:

Prueba de competencias comportamentales
10
Prueba de conocimientos
Contratación estatal
4
30
Derecho administrativo
5
Derecho constitucional
5
Derecho electoral
5
Gestión administrativa
3
Gestión calidad MECI
3
Presupuesto
5

b. Oficio del 19 de octubre de 2009(8) dirigido por el coordinador logístico del proyecto al secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, donde le detalla los pormenores de la prueba de conocimientos a que fueron citados los aspirantes el 10 de mayo de 2009 a partir de las 9:00 a.m., en los siguientes términos:

“10. Al ser verificada la anterior información por el software utilizado para la prueba, la pantalla del computador del aspirante mostraba las instrucciones previas a la presentación de la prueba.

11. Entendidas las instrucciones, el aspirante accedía al aplicativo, que al azar, seleccionaba de un banco de preguntas aquellas que debería el aspirante responder. Al mismo tiempo, el software dejaba ver al aspirante un contador regresivo, que le indicaba el tiempo restante para finalizar la prueba.

12. Es de señalar que, de acuerdo con el procedimiento para la presentación de la prueba de conocimiento en ambiente web, el tiempo máximo de duración de la prueba se fijó en una (1) hora treinta minutos (30) minutos. En constancia, se adjunta a la presente un cuadro detallado dónde (sic) consta la hora de inicio y de finalización de la prueba en ambiente web, para cada uno de los aspirantes a las convocatorias 2 y 3 de 2008, las cuales se realizaron de manera concurrente (anexo 2).

13. Así las cosas, es preciso destacar que, independiente de la hora de ingreso del aspirante a la universidad o al salón dispuesto para la prueba, el software desarrollado para el examen permitía un período de una (1) hora treinta (30) minutos para la presentación de dicho examen”.

c. Anexo 2(9) donde aparecen registrados los nombres de los diferentes aspirantes, así como la hora de inicio y de finalización de la prueba de conocimientos por parte de cada concursante, y el tiempo que tardaron en responder el cuestionario.

d. Acta de acompañamiento especial(10) firmada el 10 de mayo de 2009 a las 9:00 a.m., por un delegado de la registraduría, por un representante de la Procuraduría General de la Nación y por el coordinador de la Universidad Sergio Arboleda, en la que se hizo constar:

“Así mismo, en compañía del funcionario se accedió al centro de cómputo en donde se constató la estructura y operatividad de la prueba de conocimientos específicos y de la prueba de competencias comportamentales.

En compañía del funcionario del Ministerio Público y del Dr. Julián Murcía (sic) Ardila, gerente del (sic) talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se adelantó una reunión con los aspirantes que no acompañaron las actas de estudios con las respectivas formalidades exigidas en la convocatoria. Producto de dicha reunión, y atendiendo las sugerencias del funcionario del Ministerio Público, se autorizó la presentación de la prueba a dichos aspirantes (ver acta especial).

Una vez terminadas las pruebas, siendo las 12:45pm(sic), se constató que la prueba transcurrió sin ningún tipo de inconveniente técnico ni logístico”.

e. Convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, para proveer mediante concurso abierto de méritos 64 cargos de delegado departamental 0020-04, empleos de libre nombramiento y remoción. Allí se estableció gráficamente la siguiente estructura del proceso:

Fase
Descripción
Carácter/Puntuación(11)
I
Inscripción
Habilitante
II
Verificación requisitos
Habilitante
III
Análisis de antecedentes
Eliminatoria/Hasta 300 puntos
IV
Prueba de conocimientos
Eliminatoria/Hasta 400 puntos
V
Entrevista
Clasificatoria/Hasta 300 puntos
VI
Lista de elegibles
-o-

También se determinó la fase IV prueba de conocimientos en ambiente web - Prueba eliminatoria(12), de la cual se destaca:

“Para la presentación de esta prueba, los aspirantes deberán anexar las actas de grado, correspondientes a la obtención de título(s) universitario(s), y título(s) de formación avanzada, legalizados de conformidad con el trámite dispuesto para tal fin por el ministerio de educación nacional”.

Así como la siguiente tabla:

Carácter de la prueba:
Eliminatoria
El puntaje mínimo aprobatorio de esta fase es de doscientos treinta (230) puntos. Solo continuarán en el proceso los aspirantes que superen las dos pruebas que componen la fase de conocimientos, para lo cual deberán obtener un puntaje igual o superior al mínimo aprobatorio en cada prueba.
Valor porcentual
de la prueba
40% del total del concurso.
Puntaje de la
prueba
Cuatrocientos (400) puntos.
Fecha de
aplicación:
Una vez resueltos los recursos de reposición en la etapa de análisis de antecedentes, dentro del término de diez (10) días calendario siguientes el Registrador Nacional del Estado Civil citará a los participantes a través de la página web www.registraduría.gov.co para la realización de la prueba en ambiente web de conocimientos y competencias.
Publicación de
resultados
Al día siguiente a la fecha de presentación de la prueba la Registraduría Nacional del Estado Civil publicará a través de la página web www.registraduría.gov.co los resultados de la calificación obtenida por cada uno de los aspirantes evaluados, ordenados de mayor a menor.
Descripción de las pruebas
Nombre de la
prueba
Prueba escrita en ambiente web de conocimientos
Prueba escrita ambiente web de competencias comportamentales
Valor porcentual
de la prueba
30% del total del concurso
10% del total del concurso
Contenidos a
evaluar
• Derecho constitucional
• Derecho administrativo
• Derecho electoral
• Presupuesto
• Contratación estatal
• Gestión administrativa
• Administración pública
• Derecho disciplinario
• Gestión de calidad y MECI
• Administración de personal
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
• Habilidades administrativas
• Prueba psicotécnica

2. Copia auténtica de la Resolución 6053 del 27 de diciembre de 2000 “Por la cual se establecen el manual de funciones y los requisitos específicos para los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil”(13), expedida por el registrador, que en lo atinente a la acreditación de estudios determina:

“ART. 10.—De los estudios.

Se entiende por estudios la serie de contenidos académicos, realizados en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria, y en los programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado.

ART. 11.—De los títulos y certificados obtenidos en el exterior.

Los estudios realizados en el exterior requerirán para su validez, de las homologaciones y convalidaciones determinados por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

(...).

ART. 13.—De la certificación de la educación formal.

Los estudios, se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla de que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan”.

3. Copia auténtica de la Resolución 2714 del 11 de mayo de 2009, expedida por el registrador, mediante la cual se decidió “Conformar el listado de aspirantes que no superaron la fase IV de prueba de conocimientos en ambiente web prevista en el numeral 3.4 de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008, así:... [89 registros]”(14).

4. Copia auténtica de la Resolución 2713 del 11 de mayo de 2009, expedida por el registrador, mediante la cual se decidió “Conformar en estricto orden de mérito con base en los puntajes obtenidos, en orden de mayor a menor, el listado de aspirantes que superaron la fase IV de prueba de conocimientos en ambiente web prevista en el numeral 3.4 de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008, así:... [43 registros]”(15).

5. Copia auténtica de la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, expedida por el registrador, por medio de la cual se decidió “Rechazar a los aspirantes que se relacionan a continuación, los cuales no podrán continuar en el proceso de selección por concurso abierto de méritos establecido en la convocatoria 3 de 2008, para proveer sesenta y cuatro (64) cargos de delegado departamental 0020-04 empleados de libre remoción perteneciente al nivel directivo:... [54 registros]”(16).

6. Copia auténtica de la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009, expedida por el registrador, mediante la cual se dispuso “Corregir aritméticamente los resultados señalados en el artículo primero de la Resolución 2713 del 11 de mayo de 2009... [17 registros]”(17). Con esta resolución no se modificaron los resultados totales sino los parciales, tal como lo muestra el siguiente parangón:

icon
ver tabla
Código
registro
Resolución 2713 de 2009
Resolución 2766 de 2009
Total
Conocimientos
Competencias
Conocimientos
Competencias
30061150
152.50
77.50
150
80
230
30064595
152.50
77.50
150
80
230
30068511
155
75
150
80
230
30129799
162.50
67.50
160
70
230
30144669
155
75
150
80
230
30149178
162.50
67.50
160
70
230
30151030
162.50
67.50
160
70
230
30160529
155
75
150
80
230
30183334
147.50
82.50
140
90
230
30215548
162.50
67.50
160
70
230
30301869
152.50
77.50
150
80
230
30311926
157.50
72.50
150
80
230
30314763
147.50
82.50
140
90
230
30314932
155
75
150
80
230
30320511
155
75
150
80
230
30323827
175
55
170
60
230
30325525
145
85
140
90
230

La justificación de esa corrección derivó de la presentación de un concepto técnico por parte de la Universidad Sergio Arboleda, relacionado en la parte motiva de esta resolución y que en lo pertinente dice: “Que para algunas de las preguntas de la prueba comportamental, el software de calificación cargó los resultados en la base de datos a los obtenidos en la prueba de conocimientos específicos, sumando algunos puntajes a esta prueba”.

7. Copia auténtica de la Resolución 3100 del 21 de mayo de 2009(18), expedida por el registrador, mediante la cual se denegaron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2740 de mayo 11 de 2009, por los señores Carlos Sebastián Daza Lemus (C.C. 77.015.963), Gustavo Enrique Cotes Calderón (C.C. 77.018.483) y José Leber Perdomo Osuna (C.C. 19.214.013), por extemporáneos.

8. Copia auténtica de la Resolución 3075 del 20 de mayo de 2009(19), expedida por el registrador, mediante la cual se denegaron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2740 de mayo 11 de 2009, por los señores Liliana Arroyo Camargo, Niclaret Antonia Cárdenas Mendoza y Luis Francisco Tobio Barrios.

9. Copia auténtica de la Resolución 2952 del 19 de mayo de 2009(20), expedida por el registrador, mediante la cual se denegaron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2740 de mayo 11 de 2009, por los señores Abdala Awad Sarudt, José Domingo Toledo Ruiz, Duván Arturo Almanza Góngora, Myriam de la Ossa Nadjar, Jesús Bayardo Santander Melo, Jesús Alfredo Durán Delgado, José Isidro Cuy Vargas, Libardo Ramón Plaza, Luis Antonio Guida Meza, Carlos Eduardo Pimienta Tatis, Iván Serafín Romo Dorado, Gustavo Antonio Hernández Pomares, Jairo Alexander Horta Durán, Marín Castro, Jaime Aníbal Valencia Díaz, Cecilia María del Socorro Mercado Noguera, Diego Caicedo Lara, Doris Concepción Asela Moros, Roque Molina Aponte, Alberth Behaine Abdallah, Rosangela Estupiñán Calvache, Orlando Pedraza Cadena, José Lizardo Ortiz Cubillos, Humberto Espinosa Delgadillo, Diego Alvarado Livingstone Pomare, José Luis Alzate Grajales, Mónica Patricia Rodríguez Ortega, Hernando Delgado Quintero, Sor Priscila Sánchez Sanabria, Álvaro López Cárdenas, Jaime Iván Mosquera Lobo, Fanny Díaz Arias, Agustín Padilla Sequera y Luz Marina Montes Rojas.

10. Copia auténtica de la Resolución 3159 del 22 de mayo de 2009(21), expedida por el registrador, mediante la cual se conformó la lista de elegibles para la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008. Viene acompañada de una relación en la que se detallan los aspirantes, así como los puntajes obtenidos en cada una de las fases de la convocatoria.

11. Copia auténtica de la Resolución 2953 del 19 de mayo de 2009(22), expedida por el registrador, mediante la cual se denegaron las impugnaciones presentadas contra los resultados de la prueba de conocimientos publicados con la Resolución 2714 del 11 de mayo de 2009, por los señores Rafael Francisco Rojas Mattos, Danilo Medina Valdés, Ricardo Rivera Ardila, Arturo Arias Villa, Jorge Enrique Osorio Mastrodomenico, Óscar Humberto Duque Sanz, Gustavo Guzmán Rodríguez, Nepoleón del Cristo Imbett Gazabon y Rubén Darío Sánchez Herrera. De su parte motiva retoma la Sala:

“6. No puede la administración despachar favorablemente las inquietudes de los peticionarios, toda vez que la prueba de conocimientos en ambiente web se conformaba de dos partes:

La primera de ellas referida a conocimientos con un total de 30 preguntas y una calificación de 10 puntos por cada respuesta correcta y de cero puntos por respuesta incorrecta.

La segunda parte que correspondía a la prueba de carácter comportamental en donde no existía respuesta correcta o errada, ya que se asignaba una calificación en una escala de evaluación de 10, 7.5, 5 y 2.5 puntos, en relación con el criterio de ponderación construido por los metodologos en razón de su ajuste al perfil que se pretende determinar para las características del cargo de delegado departamental 0020-04”.

6. El caso concreto.

Corresponde a la Sala estudiar la legalidad de la designación del Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04 de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contenida en la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009, a la luz de las imputaciones que se formularon en la demanda.

6.1. Violación del debido proceso por expedición irregular.

Sostiene el accionante que con la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009, mediante la cual se designó al Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04, se violó el debido proceso porque dicho acto administrativo se expidió en forma irregular, en virtud a que se omitió evaluar al demandado y a los demás concursantes con sujeción a los términos establecidos en la fase IV de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 expedida por el registrador, en lo atinente a la prueba de conocimientos y competencias comportamentales. Anomalía que se proyectó en toda la actuación administrativa, así: (i) Porque con las resoluciones 2713 (Aspirantes que superaron la fase IV - Prueba de conocimientos) y 2714 (Aspirantes que no superaron la fase IV - Prueba de conocimientos) del 11 de mayo de 2009, se sumaron indebidamente los puntajes obtenidos en cada una de esas pruebas, además que en la última no se indicaron los recursos procedentes contra ese acto, como así lo disponen los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo; (ii) Porque con la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 (Rechazo de aspirantes), se exigió acreditar la legalización de títulos profesionales, sin que ello fuera legal, contrariando lo dispuesto en los artículos 84 Constitucional; 1º, 3º y 11 de la Ley 962 de 2005, 13 de la Resolución 6053 de 2000 de la registraduría, 62 del Decreto 2150 de 1995 y artículos 9º y 10 del Decreto 2772 de 2005; (iii) Porque esa anomalía se transmitió a la Resolución 3159 del 22 de mayo de 2009, por medio de la cual se conformó la lista de elegibles; (iv) Porque mediante las resoluciones 2952, 3075 y 3100 del 19, 20 y 21 de mayo de 2009 respectivamente, se rechazaron los recursos de reposición formulados por algunos aspirantes contra la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, entre otras razones por extemporaneidad; y (v) Porque el software de calificación se programó para evaluar diferente a los aspirantes, lo cual se demuestra con la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009, dictada para corregir errores aritméticos.

Pues bien, no puede la Sala abordar los anteriores planteamientos sin antes reconocer que efectivamente el debido proceso es una garantía de rango constitucional, con asiento en el artículo 29 superior, aplicable indistintamente a todas las actuaciones judiciales y administrativas, que busca rodear de cierta seguridad a los asociados frente a la administración pública en general, de modo que de antemano se tengan establecidos un mínimo de pasos o procedimientos que a su vez sirvan de marco de referencia para la actuación de la misma, al punto que de ser desbordado puede conducir a la ilegalidad de la actuación.

Es, como lo indica la doctrina constitucional, “... la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley...”(23). Por lo mismo, el debido proceso es clara emanación del principio de legalidad, en la medida que contribuye a sujetar el proceder de la administración pública a reglas claras y predeterminadas, que ubican su actuación por fuera de la arbitrariedad, tanto que las actuaciones que se adelanten ignorando o sobrepasando los exactos límites fijados en las regulaciones o procedimientos administrativos o judiciales, bien puede conllevar la ilegalidad de lo que así acontezca.

El legislador extraordinario recogió tal posibilidad en el artículo 84(24) del Código Contencioso Administrativo (Sub. Dto. 2304/1989, art. 14), pues allí elevó a la categoría de causal de nulidad general de los actos administrativos la infracción de normas superiores, así como la expedición irregular del acto, que en conjunto prefiguran la violación al debido proceso en lo que respecta a las formas propias de cada procedimiento judicial o administrativo. Así, como lo ha dicho la jurisprudencia de esta sección, dicha causal de nulidad, “... se configura por la demostración de irregularidades sustanciales ocurridas en el procedimiento de expedición del acto acusado, vale decir, el que se presenta cuando el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites determinantes o sustantivos de la decisión definitiva...”(25) (resalta la Sala). Por tanto, junto a la omisión de las formalidades y trámites previstos para el adelantamiento de una actuación, para que la expedición irregular adquiera entidad suficiente para llevar a la anulabilidad de la misma, se precisa de su cualificación, por manera que no toda irregularidad da pie a la ilegalidad de la actuación, sino solo aquellas que tengan tinte sustancial, o si se quiere que la irregularidad sea de tal magnitud que afecte principios fundamentales de la función administrativa, tales como la igualdad, la imparcialidad y la transparencia, entre otros (C.P., art. 209). O como lo dijera la jurisprudencia de esta sección:

“El vicio de expedición irregular, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, constituye una causal genérica de nulidad de los actos administrativos y corresponde a aquel referido a las irregularidades sustanciales que tengan lugar en la expedición del acto, vale decir, el que se presenta cuando el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites del caso que resulten determinantes en la decisión definitiva. Y por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo(26) (resalta la Sala).

Según lo anterior, deja en claro la Sala que los actos de elección o de nombramiento no se vician porque en su expedición la administración haya podido incurrir en cualquier irregularidad, ya que siendo inherente a la condición humana errar (errare humanum est), debe admitirse cierto grado razonable de tolerancia frente a los desaciertos procedimentales que se lleguen a presentar, en tanto no se traspase el límite que marca “... un principio constitucional o legal de suma importancia para la transparencia del procedimiento de escogencia...”(27). Pues bien, teniendo en cuenta las anteriores precisiones, se adentra la Sala en el estudio de las imputaciones lanzadas por el accionante.

a) Indebida formulación y aplicación de la metodología establecida en la convocatoria 3 de 2008:

Tanto el accionante como el coadyuvante consideran que las irregularidades en torno a la fase IV prueba de conocimientos en ambiente web - Prueba eliminatoria se dieron porque: (i) Al aprobarse la prueba con 230 puntos, resultaba imposible obtenerlos porque en la prueba de conocimientos se debía atinar en 23 de las 30 preguntas y porque en la prueba de competencias comportamentales “... por haber sido 10 preguntas se requería obtener 23 correctas para aprobar el puntaje mínimo...” (sic); (ii) Se sumaron los puntajes obtenidos en las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales; (iii) Con la Resolución 2766 de 2009 “... sin ninguna justificación técnica o jurídica se trasladaron resultados (publicados el día anterior) obtenidos de una prueba a otra...”; (iv) La calificación se dio con decimales, cuando se había establecido que sería en enteros; (v) Los mayores aciertos en la prueba de competencias comportamentales (10%) tienen mayor valor relativo que los aciertos en la prueba de conocimientos (3%), razón por la cual no se corresponden con el 10% y 30% que se asignó a las mismas, y (vi) La convocatoria 3 de 2008 no fijó la forma de asignar los puntajes, ello se vino a surtir con las resoluciones 2766 y 2953 de 2009, por cierto contradictorias entre sí.

Tras valorar cada una de las anteriores apreciaciones y confrontarlas con las pruebas regular y oportunamente incorporadas al proceso, concluye la Sala que esos reparos son infundados y que solo corresponden a una lectura incorrecta de los términos en que se concibió el concurso de méritos. En efecto, se retoman aquí algunos extractos de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008, expedida por el registrador para proveer mediante concurso abierto de méritos 64 cargos de delegado departamental 0020-04, donde la estructura del proceso se fijó así:

Fase
Descripción
Carácter/Puntuación(28)
I
Inscripción
Habilitante
II
Verificación requisitos
Habilitante
III
Análisis de antecedentes
Eliminatoria/Hasta 300 puntos
IV
Prueba de conocimientos
Eliminatoria/Hasta 400 puntos
V
Entrevista
Clasificatoria/Hasta 300 puntos
VI
Lista de elegibles
-o-

Y, en cuanto a la fase IV prueba de conocimientos en ambiente web - Prueba eliminatoria, el diseño fue el siguiente:

Carácter de la prueba:
Eliminatoria
El puntaje mínimo aprobatorio de esta fase es de doscientos treinta (230) puntos. Solo continuarán en el proceso los aspirantes que superen las dos pruebas que componen la fase de conocimientos, para lo cual deberán obtener un puntaje igual o superior al mínimo aprobatorio en cada prueba.
Valor porcentual
de la prueba
40% del total del concurso.
Puntaje de la
prueba
Cuatrocientos (400) puntos.
Fecha de
aplicación:
Una vez resueltos los recursos de reposición en la etapa de análisis de antecedentes, dentro del término de diez (10) días calendario siguientes el Registrador Nacional del Estado Civil citará a los participantes a través de la página web www.registraduría.gov.co para la realización de la prueba en ambiente web de conocimientos y competencias.
Publicación de
resultados
Al día siguiente a la fecha de presentación de la prueba la Registraduría Nacional del Estado Civil publicará a través de la página web www.registraduría.gov.co los resultados de la calificación obtenida por cada uno de los aspirantes evaluados, ordenados de mayor a menor.
Descripción de las pruebas
Nombre de la
prueba
Prueba escrita en ambiente web de conocimientos
Prueba escrita ambiente web de competencias comportamentales
Valor porcentual
de la prueba
30% del total del concurso
10% del total del concurso
Contenidos a
evaluar
• Derecho constitucional
• Derecho administrativo
• Derecho electoral
• Presupuesto
• Contratación estatal
• Gestión administrativa
• Administración pública
• Derecho disciplinario
• Gestión de calidad y MECI
• Administración de personal
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
• Habilidades administrativas
• Prueba psicotécnica

De acuerdo con lo anterior y con lo precisado por el registrador en la parte motiva de la Resolución 2953 del 19 de mayo de 2009, así como en las diferentes pruebas arriba relacionadas, que no fueron tachadas de falsas por ninguna de las partes, se tiene que la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web, se clasificó como eliminatoria, en la que se podía obtener un máximo de 400 puntos equivalente al 40% del concurso, repartidos así: a. La prueba de conocimientos que constó de 30 preguntas que se calificarían con 0 para los desaciertos y con 10 para los aciertos y que correspondía al 30%, de modo que allí se podría obtener un máximo de 300 puntos; y b. La prueba de competencias comportamentales que constó de 10 preguntas, que no eran como acierto o desacierto pues dependiendo de la respuesta seleccionada se podía obtener 2.5, 5, 7.5 ó 10 puntos, pudiendo alcanzar un máximo de 100 puntos, equivalente al 10%. Además, la prueba de conocimientos, en su integridad, se superaba si se obtenía un mínimo de 230 puntos.

Bajo este esquema no es cierto que fuera un imposible matemático alcanzar los 230 puntos requeridos para aprobar la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web, pues contrario a lo interpretado por la parte demandante, ese puntaje sería el fruto de sumar los resultados obtenidos tanto en la prueba de conocimientos como en la prueba de competencias comportamentales. Al constar la primera prueba de 30 preguntas y al calificarse cada acierto con 10 puntos, se podía llegar a un máximo de 300 puntos; y al constar la segunda prueba de 10 preguntas, en la que se podía obtener por cada una de ellas un máximo de 10 puntos, bien podía arribarse a un máximo de 100 puntos. Así, es lógico que alcanzar los 230 puntos mínimos aprobatorios, no era un imposible matemático, como sin acierto lo señala el demandante, pues se podían lograr con múltiples combinaciones de las sumatorias de los puntajes obtenidos en las dos pruebas que integraban la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web.

Admite la Sala que la regla fijada en el encabezado de la tabla de la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web, se redactó en forma confusa al haber prescrito que continuarían en el proceso los aspirantes que superaran las dos pruebas “... para lo cual deberán obtener un puntaje igual o superior al mínimo aprobatorio en cada prueba” (se resalta), como si en cada una fuera posible obtener un máximo de 230 puntos, cuando es lo cierto que ello sería imposible en la prueba de competencias comportamentales, por el número de preguntas y por los puntajes asignados a cada respuesta. Sin embargo, este escollo bien puede superarse aplicando una interpretación favorable o pro hominem, optando por la hermenéutica que más se ajusta al postulado general de esa regla, esto es, entendiendo que la fase IV se superaría cuando el aspirante obtuviera un puntaje no menor a 230 puntos en la misma, quedando descartada la hipótesis de que tal debiera ser el puntaje mínimo aprobada “en cada prueba”, por entrañar una imposibilidad lógica y matemática.

Así, la sumatoria de los resultados obtenidos en cada una de las citadas pruebas, no solo era parte de las reglas fijadas por la registraduría, sino que era una necesidad para evitar vulneraciones al debido proceso, lo cual sirve de fundamento para concluir que a las resoluciones 2713 (Aspirantes que superaron la fase IV - Prueba de conocimientos) y 2714 (Aspirantes que no superaron la fase IV - Prueba de conocimientos), no les cabe reparo alguno por el hecho de haber sumado los puntajes obtenidos por los aspirantes tanto en la prueba de conocimientos como en la prueba de competencias comportamentales; proceder que, por demás, resulta conforme al principio de igualdad, en virtud a que dicha regla se aplicó de manera uniforme para todos los aspirantes, es más, no se demostró que en la situación particular del demandado se haya aplicado una regla distinta.

De otra parte, se cuestiona la regularidad del procedimiento aplicado al concurso, en lo relativo a la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009 porque “... sin ninguna justificación técnica o jurídica se trasladaron resultados (publicados el día anterior) obtenidos de una prueba a otra...”. Según las pruebas recaudadas y enlistadas en esta providencia, se tiene que mediante esa resolución la administración se dispuso “Corregir aritméticamente los resultados señalados en el artículo primero de la Resolución 2713 del 11 de mayo de 2009...”, de la siguiente manera:

icon
ver tabla
Código
registro
Resolución 2713 de 2009
Resolución 2766 de 2009
Total
Conocimientos
Competencias
Conocimientos
Competencias
30061150
152.50
77.50
150
80
230
30064595
152.50
77.50
150
80
230
30068511
155
75
150
80
230
30129799
162.50
67.50
160
70
230
30144669
155
75
150
80
230
30149178
162.50
67.50
160
70
230
30151030
162.50
67.50
160
70
230
30160529
155
75
150
80
230
30183334
147.50
82.50
140
90
230
30215548
162.50
67.50
160
70
230
30301869
152.50
77.50
150
80
230
30311926
157.50
72.50
150
80
230
30314763
147.50
82.50
140
90
230
30314932
155
75
150
80
230
30320511
155
75
150
80
230
30323827
175
55
170
60
230
30325525
145
85
140
90
230

Sin embargo, esas modificaciones no fueron injustificadas, como infundadamente lo sostiene la parte demandante, ya que obedecieron a “Que para algunas de las preguntas de la prueba comportamental, el software de calificación cargó los resultados en la base de datos a los obtenidos en la prueba de conocimientos específicos, sumando algunos puntajes a esta prueba”, razón que además de no haber sido refutada con prueba alguna, se aviene a la lógica del esquema de calificación con que se diseñó la fase IV, pues debe recordarse que solo la prueba de competencias comportamentales admitía calificación con decimales, lo que no podía ocurrir frente a la prueba de conocimientos, para la cual se previó una calificación con números enteros. Por tanto, los puntajes que figuraban en la prueba de conocimientos de la Resolución 2713 de 2009, con números decimales, eran incoherentes con las reglas que se han citado, de modo que la corrección implementada con la Resolución 2766 de 2009 no resulta reprochable, como tampoco el hecho de que algunos aspirantes hayan resultado con un puntaje en decimales.

Se cuestiona también el peso relativo de los puntajes asignados a cada acierto de la prueba de conocimientos y de la prueba de competencias comportamentales. A primera vista advierte la Sala que el coadyuvante incurre en incorrecciones de tipo matemático al determinar el valor relativo de cada acierto, pues en su opinión el mayor acierto en la última equivale a un 10%, en tanto que un acierto en la primera equivale al 3%, rompiéndose así el 10% y el 30% asignado a las mismas. Recuerda la Sala que la prueba de conocimientos daba un máximo de 300 puntos y que se compuso de 30 preguntas, donde cada acierto daba 10 puntos, de donde puede inferirse que el peso relativo de cada acierto no es 3%, como equivocadamente lo indica el coadyuvante, sino 10%, que al multiplicarse por las 30 preguntas permitía llegar a los 300 puntos que como máximo se podían alcanzar allí de haber respondido correctamente todo el test.

Finalmente, sostiene la parte demandante que la convocatoria 3 de 2008 no precisó la forma de asignar los puntajes, lo cual solo vino a realizarse con las resoluciones 2766 y 2953 de 2009, contradictorias entre sí. Para la Sala con lo dicho en precedencia se desvirtúa esta imputación, ya que en las transcripciones de la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web se aclara que la registraduría sí fijó, en líneas generales, las pruebas y porcentajes que integraban dicha prueba, así como los temarios inherentes a cada una de ellas, todo lo cual vino a ser instrumentalizado por la Universidad Sergio Arboleda, quien según las partes fue contratada para adelantar las mencionadas pruebas.

Además, no es cierto que con las citadas resoluciones se hayan determinado las reglas inherentes a los puntajes. La Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009 se expidió por el registrador para “Corregir aritméticamente los resultados señalados en el artículo primero de la Resolución 2713 del 11 de mayo de 2009... [17 registros]”, en tanto que la Resolución 2953 del 19 de mayo de 2009 se dictó por el registrador para resolver las impugnaciones presentadas contra los resultados de la prueba de conocimientos publicados con la Resolución 2714 del 11 de mayo de 2009, por los señores Rafael Francisco Rojas Mattos, Danilo Medina Valdés, Ricardo Rivera Ardila, Arturo Arias Villa, Jorge Enrique Osorio Mastrodomenico, Óscar Humberto Duque Sanz, Gustavo Guzmán Rodríguez, Nepoleón del Cristo Imbett Gazabon y Rubén Darío Sánchez Herrera.

Es decir, ninguna de tales resoluciones se empleó para fijar reglas alusivas a la forma de calificar la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web. Y si bien la última resolución se refirió a los puntajes asignados a cada acierto en las diferentes pruebas, ello se hizo reproduciendo las reglas que aplicó la Universidad Sergio Arboleda para la prueba de competencias comportamentales, lo cual en nada se contradice con la Resolución 2766, donde se corrigió un error aritmético producido por deficiencias técnicas del sistema que, valga señalarlo, no incidieron en el resultado final del puntaje obtenido por cada concursante, pues se podrá constatar que el mismo se mantuvo incólume.

b) De la falta de aplicación de los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, respecto de las resoluciones 2713 y 2714 de 2009:

Para la parte demandante otra irregularidad está representada en el hecho de que mediante las citadas resoluciones se violó el debido proceso al no haberse concedido a los concursantes la oportunidad de interponer los recursos de la vía gubernativa, como así lo prescriben los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, que en lo pertinente enseñan:

“ART. 47.—Información sobre recursos. En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo”.

“ART. 48.—Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46”.

Del texto de la última disposición se tiene que la ineficacia jurídica allí consagrada se configura solo si la notificación se surte “Sin el lleno de los anteriores requisitos...”; esto es, si la misma se realiza sin sujeción a las reglas previstas en el artículo 47, fuente en la que debe concentrarse el análisis de la Sala.

Dicho precepto establece que en todas las notificaciones o publicaciones la administración debe cumplir el deber de indicarle al interesado “los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate” (se impone resaltado), así como las autoridades ante quienes deben formularse y el término en que ello debe ocurrir para que no sean rechazados por extemporáneos.

Nótese que la norma, en ningún momento, se refirió expresamente a los recursos de la vía gubernativa, y no lo hizo para guardar armonía con el carácter subsidiario que en punto de la función administrativa tiene el código contencioso administrativo en su primera parte, pues como bien lo precisó el legislador extraordinario en el inciso 2º del artículo 1º de esa obra “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”; de suerte que para calificar de irregular la situación denunciada por el actor es preciso demostrar que una disposición legal, entendida esta expresión en sentido material y no solamente formal, impone a la Registraduría Nacional del Estado Civil el deber de establecer los recursos pertinentes frente a las calificaciones de las distintas pruebas que se adelanten en sus concursos de méritos.

Sin embargo, la situación de esa entidad era sui generis, pues como lo precisó la Corte Constitucional en su Sentencia C-230A del 6 de marzo de 2008, para ese entonces no se había expedido por el legislador su régimen de carrera administrativa:

“No escapa al entendimiento de la Corte que la regulación del concurso de méritos que haga posible el ingreso a la carrera administrativa especial de la registraduría compete al legislador, quien la debe regular atendiendo a las características especiales de la registraduría, luego si el Congreso de la República adopta la ley que regule el concurso la convocatoria deberá hacerse de la manera como lo indique esa ley. Sin embargo, como puede acontecer que al momento de efectuar la convocatoria todavía no rija una nueva ley, el registrador, de conformidad con la legislación vigente, podrá expedir una reglamentación que le permita iniciar, dentro del plazo concedido, el concurso de méritos ordenado en la presente sentencia e incluso citar el concurso para otros cargos” (resalta la Sala).

Esa omisión legislativa, que ya fue superada con la expedición de la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009 pero que no puede aplicarse al sub lite porque su vigencia ocurrió tiempo después de expedida la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008, tiene como consecuencia que la ley del concurso de méritos que dio lugar a la expedición del acto acusado, sea precisamente la anterior convocatoria, pues como lo señaló la Corte Constitucional en dicha providencia, el Registrador Nacional del Estado Civil quedaba habilitado para expedir la reglamentación concerniente al concurso de méritos, como así lo hizo.

Así las cosas, por constituirse la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 en la ley del concurso, debe entenderse que los recursos legalmente procedentes contra las calificaciones de la fase IV - Prueba de conocimientos en ambiente web, según el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, solamente podían ser los que allí se dispusieran, los que según se vio no fueron consagrados.

Así, no se configura la irregularidad denunciada, puesto que en la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 —ley del concurso—, no se previó la procedencia de recurso alguno contra las calificaciones, además que los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, no albergan el contenido normativo alegado por el actor, por el contrario estipulan una fórmula abierta que se integran con las reglas especiales para cada sección de la administración.

Con todo, pese a que la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 —ley del concurso—, no dispuso la procedencia de recursos contra las calificaciones, destaca la Sala que las peticiones formuladas por algunos aspirantes frente a sus calificaciones publicadas mediante Resolución 2714 del 11 de mayo de 2009, fueron atendidas por la registraduría, quien las resolvió por conducto de la Resolución 2953 del 19 de mayo de 2009.

Además, la improsperidad de este reparo igualmente se sustenta en que la parte demandante no demostró de qué forma la falta de consagración de recursos contra los puntajes obtenidos en la fase IV, pudo haber incidido en la configuración de una causal de nulidad frente al acto acusado.

c) Sobre la legalización de títulos profesionales:

Los supuestos vicios de ilegalidad por violación del debido proceso por expedición irregular, los concentra en este capítulo el demandante en la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, con la cual, según él, se desconocieron las disposiciones contenidas en los artículos 84 Constitucional; 1º, 3º y 11 de la Ley 962 de 2005, 13 de la Resolución 6053 de 2000 de la Registraduría, 62 del Decreto 2150 de 1995 y artículos 9º y 10 del Decreto 2772 de 2005, en razón a que se rechazó un número importante de aspirantes por no haber cumplido un requisito legalmente inexistente e inexigible, como era la legalización de títulos por parte del Ministerio de Educación Nacional, anomalía que desde luego afecta las resoluciones 2952, 3075 y 3100 del 19, 20 y 21 de mayo de 2009 respectivamente, que rechazaron los recursos de reposición formulados por algunos de los afectados contra la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, así como la Resolución 3159 del 22 de mayo de 2009, por medio de la cual se conformó la lista de elegibles.

Como en esta oportunidad el vicio de ilegalidad denunciado recae completamente en la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, encuentra la Sala necesario citar en esta providencia lo primordial de su decisión:

“ART. 1º—Rechazar a los aspirantes que se relacionan a continuación, los cuales no podrán continuar en el proceso de selección por concurso abierto de méritos establecido en la convocatoria 3 de 2008, para proveer sesenta y cuatro (64) cargos de delegado departamental 0020-04 empleos de libre remoción perteneciente al nivel directivo: [54 registros].

ART. 2º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador Nacional del Estado Civil, que podrá ser presentado por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fijación de la misma, en la oficina 401 de la gerencia de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicada en la avenida calle 26 Nº 51-50 en la ciudad de Bogotá”.

Expuestas así las cosas, advierte la Sala que la parte demandante pretende, soterradamente, que se haga un control de legalidad a un acto administrativo diferente a la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009, mediante la cual el Registrador Nacional del Estado Civil designó al Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04, como es la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, lo cual no es procedente según las siguientes apreciaciones.

Según lo dispuesto en los artículos 128.2, 132.8, 136.12 y 229 del Código Contencioso Administrativo, el proceso electoral se instituyó con la finalidad de juzgar la legalidad de los actos de elección o de nombramiento, sin que allí quepa la posibilidad de someter a control de legalidad, en forma paralela, otras decisiones o actuaciones administrativas, puesto que ello debe ocurrir en proceso separado, a través de la acción correspondiente y con previa citación y audiencia de los legítimos contradictores. La imposibilidad de juzgar alternativamente la legalidad de otros actos administrativos ya ha sido señalada por la jurisprudencia de la Sala, al decir:

“Pues bien, lo discurrido hasta el momento permite afirmar que el juzgamiento de un acto administrativo electoral de contenido particular y concreto, como es la elección acusada, no puede desarrollarse desconociendo la presunción de legalidad propia de un acto administrativo de contenido general que sirvió, a su vez, de soporte a la expedición del acto acusado; además, veladamente tampoco se puede adelantar ese juicio de legalidad pretendiendo invocar como defectos de trámite lo que en verdad son argumentos contra actos administrativos generales y autónomos, pues de patrocinarse ese proceder la afectación al debido proceso sería bastante sería, en atención a que lo que ameritaría una acción de nulidad autónoma terminaría juzgándose en un escenario procesal no previsto por el legislador para ese objeto sino para uno bien distinto, como es el contencioso de nulidad electoral, establecido para juzgar actos de elección o nombramiento más no actos de contenido general”(29).

Más recientemente reafirmó la sección su jurisprudencia sobre el particular, al pregonar:

“Siguiendo las directrices sentadas por el legislador extraordinario en las normas anteriores, es claro que el objeto de estudio en las demandas electorales es único, referido en lo que a elecciones respecta, a “unas mismas elecciones” o al “acto por medio del cual la elección se declara”. Por lo mismo, la labor de auscultar la legalidad de los actos electorales, propia de esta jurisdicción, no puede ir más allá de confrontar el acto acusado frente a las normas jurídicas señaladas por el accionante, es decir que no se puede llevar al extremo de evaluar la presunción de legalidad de otros actos administrativos, bien sean de contenido particular o general, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta sección al sostener:”(30).

Así las cosas, lo que resta por determinar es si la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 puede ser objeto de control de legalidad, conjuntamente con el acto de designación que ahora se juzga. Para ello resulta apropiado recordar que según el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, los actos de trámite, por regla general, no admiten recursos en la vía gubernativa, lo que llevaría a sostener, en principio, que dicha resolución, por haberse expedido en el curso de la convocatoria 3 de 2008 no podría ser objeto de tal control. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, igualmente, que según lo dispuesto en el artículo 50 ibídem, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los recursos de reposición, apelación y queja, y que por actos definitivos se comprenden los “... que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.

En este orden de ideas, concluye la Sala que ciertos actos de trámite, no obstante su condición de tales por hacer parte de los pasos requeridos para culminar una actuación administrativa, adquieren la calidad de definitivos y por ende enjuiciables en forma separada ante esta jurisdicción, cuando por virtud de las decisiones allí asumidas imposibilitan la continuidad del adelantamiento del trámite respecto de ciertas personas. Es precisamente lo que acaece con la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, ya que mediante la misma el registrador adoptó la decisión de rechazar a los 54 aspirantes que allí se mencionan, con lo que sin duda cesó para ellos la posibilidad de continuar en el proceso de selección relacionado con la convocatoria 3 de 2008. Así lo entendió incluso la propia registraduría, ya que en el numeral 2º de su parte resolutiva advirtió a los interesados que contra lo decidido procedían los recursos de la vía gubernativa, en particular el de reposición que debía interponerse ante la misma autoridad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto.

Síguese de lo dicho hasta ahora, que la decisión administrativa adoptada por el Registrador Nacional del Estado Civil mediante la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, no puede ser objeto de examen de legalidad en este proceso, puesto que se trata de un acto diferente al aquí acusado, respecto del cual los interesados están habilitados para intentar, dentro de los términos legales, la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en forma separada.

Por lo mismo, no puede la Sala entrar a estudiar si con su expedición la registraduría violó las disposiciones jurídicas indicadas en la demanda, como tampoco si ese proceder pudo afectar la legalidad de las resoluciones 2952, 3075 y 3100 del 19, 20 y 21 de mayo de 2009, mediante las cuales se rechazaron los recursos de reposición formulados en su contra, pues se insiste, al tratarse de actuaciones diferentes al acto acusado el juez de la legalidad de la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009 —acto demandado—, no puede autohabilitarse para entrar a determinar si aquellas actuaciones estuvieron o no ajustadas a derecho, cuando por sabido se tiene que es en otro escenario procesal que debe surtirse ese control. Junto a lo anterior dirá la Sala, como ya lo adujo líneas arriba, que el demandante no demostró en qué forma la expedición de la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009, pudo haber configurado la nulidad del nombramiento impugnado, acto en el que por cierto no se trató la situación jurídica del demandado.

Las mismas apreciaciones sirven para descartar el estudio de legalidad de la convocatoria 3 de 2008, en lo atinente al requisito de legalización de títulos de pregrado y postgrado, pues por su condición de acto de contenido general su independencia jurídica resalta aún más, y por supuesto la incompetencia de esta Sala para evaluar su sujeción a las normas jurídicas señaladas por el accionante. Además, con la demanda el actor no pidió la inaplicación de la convocatoria 3 de 2008, por su oposición a la Constitución Política o a la ley, y tampoco advierte la Sala que las partes censuradas del mismo sean manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico, como para entrar a hacer pronunciamientos oficiosos al respecto.

Por otra parte, mirando el planteamiento desde su sustantividad igualmente debe colegirse que no está probada la expedición irregular. La disposición de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 que en opinión del actor dio lugar a la ilegalidad del acto enjuiciado prevé:

“Para la presentación de esta prueba, los aspirantes deberán anexar las actas de grado, correspondientes a la obtención de título(s) universitario(s), y título(s) de formación avanzada, legalizados de conformidad con el trámite dispuesto para tal fin por el Ministerio de Educación Nacional” (resalta la Sala).

La fuente de la ilegalidad la concreta el impugnante en la parte destacada de la anterior trascripción, donde dice que los títulos profesionales y de formación avanzada deberán presentarse debidamente legalizados por el Ministerio de Educación Nacional, entendiendo que lo mismo se refiere a los títulos obtenidos en Colombia.

Según lo entiende la Sala, la norma no lo dice así, es más, no precisa si aplica para los títulos expedidos por universidades nacionales o para los emitidos por universidades ubicadas en el exterior. Por el contrario, tanto en el numeral 2.3.4 de la convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 como en la parte motiva de la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 se trascriben las reglas que al efecto debían observarse y que son tomadas de la Resolución Interna 6053 de 2000, a saber:

“ART. 10.—De los estudios.

Se entiende por estudios la serie de contenidos académicos, realizados en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria, y en los programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado.

ART. 11.—De los títulos y certificados obtenidos en el exterior.

Los estudios realizados en el exterior requerirán para su validez, de las homologaciones y convalidaciones determinados por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

(...).

ART. 13.—De la certificación de la educación formal.

Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia.

(...).

(...) En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla de que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que la modifiquen o sustituyan.

(...).

PAR.—Entiéndese por formación avanzada los programas de postgrado definidos como especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, y demás normas que la sustituyan o la modifiquen”.

Pues bien, si la legalización de títulos censurada por el actor tiene fundamento en la convocatoria 3/2008 y en la Resolución Interna 6053 de 2000, y si tal legalización está expresamente referida a los títulos obtenidos en el exterior mediante el trámite respectivo ante el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, no puede alegarse, sin más, que el acto demandado adolezca de expedición irregular, pues para demostrarlo el demandante ha debido probar que las personas que según la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 fueron rechazadas del proceso de selección, lo fueron por razón de no haber legalizado sus títulos obtenidos en Colombia ante esas entidades, lo que dicho sea de paso no está acreditado en ninguno de los 54 casos referidos en esta resolución, pues ningún medio de prueba se adujo para establecer que la decisión de no permitir la continuidad en el concurso de méritos, para esas personas, surgió por haber presentado los títulos obtenidos en Colombia sin la legalización exigida para los obtenidos en el exterior.

Ante esa ausencia probatoria no puede suponer la Sala que la registraduría interpretó y aplicó indebidamente la citada normatividad y que a raíz de ello se afectó de irregularidad el proceso de selección y de contera el acto demandado, debido a que las providencias judiciales “debe[n] fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso” (CPC, art. 174), postulado que impide a los operadores jurídicos fallar los procesos a espaldas del acervo probatorio y aplicar presunciones frente a hechos no exentos de prueba, como es en este caso la afirmación de que a las personas rechazadas del proceso de selección con la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 se les exigió un requisito ilegal, presupuesto que según se demostró no tuvo una consagración normativa en la citada convocatoria. En fin, los anteriores razonamientos permiten colegir la improsperidad del cargo.

d) Sobre la manipulación del software de calificación:

Afirma la parte demandante que el software de calificación se programó para calificar discriminadamente a los aspirantes, lo que en su opinión se demuestra con la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009.

Dado que las decisiones judiciales deben fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (CPC, art. 174) y que la carga de la prueba incumbe a quien afirma (art. 177 ib.), encuentra la Sala que el anterior reparo no pasó de ser una mera conjetura del accionante, ya que en su apoyo no aportó ninguna prueba. La manipulación del software de calificación no es algo que se pueda suponer, pues lo que impera es la presunción de que las actuaciones de la registraduría y de la Universidad Sergio Arboleda estuvieron guiadas por los dictados de la buena fe; y mucho menos se puede inferir que el cargo resulta probado con la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009, pues como se estableció en precedencia, con la misma la administración no hizo nada distinto a corregir una falla de tipo técnico en la asignación de los puntajes de la prueba de conocimientos y de la prueba de competencias comportamentales, con la que no puede entenderse que se favoreció a algún concursante ya que el puntaje definitivo no varió, solo se modificaron las calificaciones parciales. Por ende, el cargo no prospera.

6.2. Violación del derecho a la igualdad.

Para la parte demandante esta irregularidad ocurrió porque: (i) Los aspirantes, a pesar de haber sido citados a la misma hora, empezaron a responder el cuestionario en horas distintas y frente a diferentes preguntas; (ii) Las preguntas no tuvieron un porcentaje equitativo y en algunos casos no versaron sobre la temática fijada en la convocatoria 3 de 2008.

Si bien la violación del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13(31) Constitucional puede llevar a la ilegalidad de los actos administrativos, puesto que las personas deben, en principio, recibir un trato igual por parte de las autoridades públicas, y porque las personas no pueden ser objeto de privilegios o discriminaciones injustificadas(32), de modo que cuando ello se altera porque la administración funciona apartada de la legalidad y de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, acudiendo únicamente a la arbitrariedad como sustento de sus determinaciones, estas pueden ser objeto de control jurisdiccional y por ende expulsadas del ordenamiento jurídico para restablecer la legalidad.

Sin embargo, ninguno de los planteamientos esgrimidos por la parte demandante tiene la fuerza suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad. Así, en cuanto a lo primero, sobre que los aspirantes a pesar de haber sido citados a la misma hora, empezaron a responder el cuestionario en horas distintas y frente a diferentes preguntas, dirá la Sala que ello es cierto pero jurídicamente inocuo por existir una justificación aceptable.

En efecto, desde la propia convocatoria 3 del 16 de diciembre de 2008 se determinó que “... la metodología de la prueba contempla que para el desarrollo de la misma se utilizarán estaciones de trabajo bajo un aplicativo en ambiente web”(33). Ello fue aclarado aún más por el coordinador logístico del proyecto designado por la Universidad Sergio Arboleda —contratada para ello—, quien con oficio del 19 de octubre de 2009(34) hizo saber:

“10. Al ser verificada la anterior información por el software utilizado para la prueba, la pantalla del computador del aspirante mostraba las instrucciones previas a la presentación de la prueba.

11. Entendidas las instrucciones, el aspirante accedía al aplicativo, que al azar, seleccionaba de un banco de preguntas aquellas que debería el aspirante responder. Al mismo tiempo, el software dejaba ver al aspirante un contador regresivo, que le indicaba el tiempo restante para finalizar la prueba.

12. Es de señalar que, de acuerdo con el procedimiento para la presentación de la prueba de conocimiento en ambiente web, el tiempo máximo de duración de la prueba se fijó en una (1) hora treinta minutos (30) minutos. En constancia, se adjunta a la presente un cuadro detallado dónde (sic) consta la hora de inicio y de finalización de la prueba en ambiente web, para cada uno de los aspirantes a las convocatorias 2 y 3 de 2008, las cuales se realizaron de manera concurrente (anexo 2).

13. Así las cosas, es preciso destacar que, independiente de la hora de ingreso del aspirante a la universidad o al salón dispuesto para la prueba, el software desarrollado para el examen permitía un período de una (1) hora treinta (30) minutos para la presentación de dicho examen”.

Así las cosas, que los aspirantes que presentaron la prueba en ambiente web hayan comenzado en diferente horario es una medida que no puede calificarse de irregular y menos aún contraria al derecho a la igualdad, pues como lo explicaron las autoridades competentes, durante la mañana del 10 de mayo de 2009 cada concursante dispuso de 1 hora y 30 minutos, los cuales se contabilizaban automáticamente en el computador dispuesto para el efecto, el cual se cerraba al cabo de ese lapso. Por lo mismo, sobre el particular debe señalarse que hubo un trato igual para todos los aspirantes, ya que todos contaron con el mismo tiempo para absolver el cuestionario que automáticamente se les iba presentando.

De otro lado, tampoco resulta afectado el acto demandado por el cuestionario que debieron enfrentar los concursantes, ya que como se probó en el proceso, la prueba en ambiente web implicó la implementación de un banco de preguntas que al azar iba presentando el aplicativo a cada concursante, garantizándose con ello el trato igual para cada uno de ellos.

Y, en cuanto al señalamiento de que las preguntas no tuvieron un porcentaje equitativo y en algunos casos no versaron sobre la temática fijada en la convocatoria 3 de 2008, la Sala lo desestima por impreciso e infundado. La parte demandante no precisa qué preguntas fueron indebidamente calificadas o estuvieron por fuera de la temática fijada en el acto de convocatoria, omisión que impide hacer un estudio integral del concurso porque a la misma concierne la carga de determinar los cargos, sin esperar que sea la jurisdicción la que adelante un estudio oficioso e integral del proceso de selección, ya que ello además de ir en contravía del principio de la justicia rogada, se opone a las garantías constitucionales que se deben reconocer a la parte demandada como son el debido proceso y el derecho de defensa.

E igualmente es infundado porque en lo atinente a los porcentajes de calificación la Sala ya estableció que los valores relativos de las preguntas de la prueba de conocimientos y de la prueba de competencias comportamentales, no eran los propuestos por el accionante; por el contrario, su diseño fue matemáticamente coherente y ponderado, además de que la Sala no podría entrar a cuestionar los porcentajes que la registraduría asignó a cada una de las fases y pruebas del proceso de selección, por estar dentro de su ámbito de competencia y porque allí no se advierte desproporción o irrazonabilidad. En consecuencia, estas imputaciones tampoco son admisibles.

6.3. Violación de la buena fe y confianza legítima.

Aduce la parte demandante que esos principios resultaron afectados con la expedición de la Resolución 2766 del 12 de mayo de 2009, dictada por el registrador para “Corregir aritméticamente los resultados señalados en el artículo primero de la Resolución 2713 del 11 de mayo de 2009... [17 registros]”. Aunque esta acusación se lanza con el hecho 10 de la demanda(35), observa la Sala que la parte demandante omite explicar de qué modo terminaron afectándose esos principios con la expedición de tal resolución, lo cual dispensa a la Sala del deber de estudiar el cargo, ya que además de indicar las normas violadas dicha parte tiene la carga de explicar las razones de su violación, lo que de no hacerse impide el estudio del reproche.

Ahora, si la violación de esos principios se quiere derivar de su contenido, ya explicó la Sala que lo allí decidido no contraría ninguna de las disposiciones indicadas por el accionante, puesto que se trató de la corrección de un error de tipo técnico, que por cierto no modificó el puntaje final obtenido por los aspirantes allí relacionados.

6.4. De los fallos de tutela como precedente judicial.

Se pide tener en cuenta como precedente la sentencia dictada el 30 de julio de 2009 por la Sección Segunda - Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro de la Acción de Tutela 25000-23-15-000-2009-00683-01 seguida por Jesús Alfredo Durán delgado contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual se dispuso readmitir al accionante como aspirante en la convocatoria 3 de 2008, rechazado por el tema de la legalización de los títulos profesionales. Tal posibilidad resulta jurídicamente inadmisible por lo siguiente:

En primer lugar, porque según lo dispuesto en el artículo 230 Constitucional “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar. De tal suerte, la presunción de legalidad del acto acusado no puede juzgarse con base en ese pronunciamiento jurisdiccional, que por cierto no se refiere al demandado.

En segundo lugar, porque según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, las sentencias dictadas en los procesos de tutela “... tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación solo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”. Por ende, lo dispuesto y discurrido en aquella sentencia solo opera frente al caso del señor Jesús Alfredo Durán Delgado y no respecto de la legalidad del acto aquí demandado. Además, la eventual aplicación de tales disquisiciones conduciría a la Sala a tener que examinar documental y jurídicamente la situación de cada uno de los aspirantes rechazados mediante la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009.

Y, en tercer lugar, porque la valoración del requisito de legalización de títulos profesionales de los aspirantes, implicaría examinar la legalidad de la convocatoria 3 de 2008 en esa parte, así como de la Resolución 2740 del 11 de mayo de 2009 que dispuso el rechazo de algunos aspirantes, lo cual resulta improcedente en este proceso electoral por tratarse de actos de contenido general y particular, respectivamente, cuyo juzgamiento debe surtirse por separado.

7. Conclusión.

Lo discurrido permite asegurar que la excepción formulada se declarará infundada y que las pretensiones serán desestimadas, ya que las imputaciones de ilegalidad de la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009, no son de recibo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR infundada la excepción de falta de competencia del Consejo de Estado para declarar la nulidad del acto demandado por tratarse de un acto de trámite, propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada.

2. DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral formulada por Gerardo Nossa Montoya contra la designación del Dr. Gabriel Cortés López como delegado departamental 0020-04 de la planta global de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contenida en la Resolución 3272 del 27 de mayo de 2009.

3. En firme esta providencia archívese el expediente.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese.»

(2) Folios 37 y 38, cuaderno 1.

(3) Diccionario de la Real Academia Española.

(4) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 22 de enero de 1996. Expediente: 1489. Actor: Ómar Édgar Borja Soto y Ligia Goyeneche. Demandado: Alcalde del municipio de Soacha. Sobre el particular también se pueden consultar las sentencias proferidas el 14 de enero de 1999 (Expedientes acumulados: 1871 y 1872), el 7 de diciembre de 2000 (Expediente: 2431) y el 10 de marzo de 2005 (Expediente: 3473).

(5) Esta disposición dice en lo pertinente: “3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes a la Cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso de la República, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional” (resalta la Sala).

(6) Folios 163 a 169, cuaderno 1.

(7) Folios 170 a 172, cuaderno 1.

(8) Folios 173 a 176, cuaderno 1.

(9) Folios 177 a 179, cuaderno 1.

(10) Folios 180 y 181, cuaderno 1.

(11) Folio 185, cuaderno 1.

(12) Folios 204 a 209, cuaderno 1.

(13) Cuaderno pruebas 1.

(14) Cuaderno pruebas 1.

(15) Cuaderno pruebas 1.

(16) Cuaderno pruebas 1.

(17) Cuaderno pruebas 1.

(18) Cuaderno pruebas 1.

(19) Cuaderno pruebas 1.

(20) Cuaderno pruebas 1.

(21) Cuaderno pruebas 1.

(22) Cuaderno pruebas 1.

(23) Corte Constitucional. Sentencia C-154 del 24 de febrero de 2004.

(24) La norma prescribe: “Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro” (resalta la Sala).

(25) Sentencia del 22 de mayo de 2008. Expediente: 110010328000200700035-00. Actor: Rodrigo Velasco Lloreda. Demandado: Representante sector productivo ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

(26) Sentencia del 20 de abril de 2006. Expediente: 680012315000200500003-01 (3926). Actor: Milton Villamizar Afanador. Demandado: Asamblea Departamental de Santander.

(27) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 6 de agosto de 2009. Expediente 110010328000200900005-00. Actor: Karol Mauricio Martínez Rodríguez. Demandado: Rector Universidad Surcolombiana.

(28) Folio 185, cuaderno 1.

(29) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 29 de enero de 2009. Expediente: 110010328000200800004-00. Actor: Germán Guevara Ochoa. Demandado: Representante estudiantes ante el consejo superior de la UPTC.

(30) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 4 de febrero de 2010. Expediente: 110010328000200900007-00. Actor: Armando Valencia Casas. Demandado: Rector Universidad Tecnológica del Chocó.

(31) Esta disposición enseña: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

(32) Así lo ha pregonado insistentemente la doctrina constitucional, puesto que sobre el particular ha dicho: “El derecho de todas las personas a la igualdad en la ley, explica la prohibición constitucional de otorgar un tratamiento diferente a las personas o grupos de personas que se encuentren en circunstancias sustancialmente iguales - atendiendo al objetivo perseguido por la norma. De otra parte, el mismo principio obliga al legislador a guardar una razonable proporcionalidad entre el trato disímil y el grado de la diferencia relevante que distingue a los grupos objeto de regulación diferenciada. Se trata de un principio que tiende a la interdicción de la arbitrariedad del legislador y que, en consecuencia, garantiza a los ciudadanos la expulsión del ordenamiento jurídico de perjuicios y privilegios injustos” (Sent. C-613, nov. 13/96).

(33) Folio 204, cuaderno 1.

(34) Folios 173 a 176, cuaderno 1.

(35) Folio 10, cuaderno 1.