Sentencia 2009-00022 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 44001-2331-000-2009-00022-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Codere Colombia S.A. y otro

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Referencia: Valor probatorio de las copias simples. Decomiso de mercancías.

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Los actos administrativos acusados y sus fundamentos fácticos y jurídicos.

Se encuentran representados en las resoluciones números 14 del 14 de abril de 2008 y 24 del 2 de octubre de 2008, expedidas por la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Riohacha, mediante las cuales, en su orden: i) se ordenó el decomiso de una mercancía, y ii) se resolvió un recurso de reconsideración en el sentido de confirmar el acto inicial. Según consta en la primera resolución, sus fundamentos fácticos se resumen en lo siguiente:

El 11 de febrero de 2008 funcionarios de la división de fiscalización aduanera de la Administración Local de Impuestos y Adunas Nacionales de Riohacha practicaron visita de control aduanero al establecimiento de comercio denominado Fantasía Royal (en el que funcionan juegos de máquinas tragamonedas y de suerte y azar), la que fue atendida por su propietario, señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez. En la visita se realizó a la verificación de los documentos para control aduanero, con los siguientes resultados: se encontraron 22 máquinas tragamonedas de fabricación extranjera y se presentaron las declaraciones de importación respectivas; también se encontraron otras 17 máquinas tragamonedas ensambladas en Colombia y “al aportar la declaración de importación, se encuentra que esta no coincide con las descripciones de las partes que conforman la máquina”, por lo que se procedió a su inmovilización y entrega en depósito de las máquinas al propietario del establecimiento comercial, quien es el tenedor de los aparatos. El señor Vergara Bermúdez se comprometió en la visita a aportar la documentación que ampare las partes que componen las máquinas y que son de procedencia extranjera, para lo cual le fue concedido un término de tres (3) días hábiles, que venció el día 14 de febrero de 2008. Al vencerse dicho plazo no se dio cumplimiento a lo antes señalado, por lo cual la DIAN procedió al retiro de las máquinas.

Realizado el inventario físico de las mercancías, se procedió a su aprehensión por la causal establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (modificado. art. 48, D. 1232/2001 y 6º, D. 1161/2002), “por no encontrarse amparada en una declaración de importación”. La mercancía se encuentra relacionada en el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, a nombre de Manuel Arturo Vergara Bermúdez. El señor Vergara Bermúdez, tenedor o poseedor de la mercancía aprehendida, no presentó documento de objeción a la aprehensión y hasta la fecha de expedición del acto acusado tampoco allegó documentación alguna que permita establecer que dicha mercancía se encuentra legalmente en el país conforme a las normas aduaneras vigentes.

Explicó la DIAN en la resolución de decomiso que de acuerdo con el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999, se entiende que una mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando “a) No se encuentre amparada en una declaración de importación”; que de conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (modificado. art. 48, D. 1232/2001 y 6º, D. 1161/2002), es causal de aprehensión y decomiso de la mercancía que esta “no se encuentre amparada en una declaración de importación”; y que al tenor del artículo 3º ibídem es responsable de la obligación aduanera “el poseedor o tenedor de la mercancía”. Indicó que “a la luz de memorando 269 de fecha 4 de mayo de 2006, que trata de operaciones de juegos de suerte y azar en donde en unos (sic) de sus aparte (sic) dice que la máquina haya sido ensamblada en Colombia o en el exterior, en su inciso b) “que la máquina haya sido ensamblada con partes nuevas incluyendo la carcasa que puede ser de fabricación nacional, evento en el que se verificarán las de procedencia extranjera a la luz de los documentos aportados” y hasta la fecha el señor Manuel Arturo Vergara, no aportado (sic) documento que desvirtúe, la causal 1.6 del Decreto 2685 de 1999”.

Señaló que como la mercancía aprehendida es de procedencia extranjera y no está amparada en una declaración de importación se tiene como una mercancía no declarada y que al aprehenderse con fundamento en la causal antes señalada y no presentarse ningún documento que acreditara su legal introducción al territorio aduanero nacional, no es procedente su legalización en los términos de los artículos 228 (inc. 1º) 232 del Decreto 2685 de 1999 y debe ser decomisada. Por consiguiente, resolvió decomisar a favor de la Nación - UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía aprehendida a Manuel Arturo Vergara Bermúdez mediante el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, con un valor de $335.411.887.00.

Mediante la Resolución 24 del 2 de octubre de 2008 se resolvió el recurso de reconsideración(2) interpuesto contra la resolución de decomiso por el señor Vergara Bermúdez, obrando como usuario. Consta en este acto administrativo que el recurrente alegó como motivos de inconformidad: 1. Que las máquinas decomisadas no fueron importadas y sus partes se importaron legalmente al país; 2. Que como la mercancía decomisada no fue importada, no era procedente aprehender ni decomisar las máquinas sino solamente su componente extranjero (monitor y billeteros); y 3. Que el inventario y avalúo solamente se podía realizar respecto de dicho componente. Y que solicitó, en consecuencia, que se revocara la resolución de decomiso, se declarara que la mercancía se encuentra debidamente amparada en los documentos de importación presentados, y se ordenara su devolución inmediata al tenedor y/o independiente o conjuntamente a la sociedad Codere Colombia S.A., en su calidad de importadora y propietaria de los bienes decomisados.

Para negar la prosperidad del recurso y confirmar la decisión impugnada la DIAN consideró que en la visita del 11 de febrero de 2008 se encontraron 17 máquinas tragamonedas ensambladas en Colombia, “de lo cual [el propietario del establecimiento de comercio visitado] exhibió documento que estas no coinciden con la descripción de las partes que conforman la máquina, en consecuencia no demostrada la legal introducción en el territorio aduanero nacional se optó por su aprehensión por la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999”, y que el interesado no presentó documento de objeción a la aprehensión, siendo por ello que se expidió la resolución de decomiso al configurarse la causal de que trata la citada norma.

Agregó que solo hasta el día 9 de mayo de 2008 el interesado radicó un memorial recurriendo la resolución de decomiso, en el que aportó fotocopia simple de un contrato celebrado entre aquel y Codere Colombia S.A. para la explotación de unas máquinas tragamonedas, documento que además de no reunir los requisitos para ser tenido como prueba en los términos del artículo 254 del CPC, no acredita que fuesen importadores y/o propietarios de las máquinas. Resaltó, frente a esto último, que no basta con comparecer al proceso y allegar unos documentos como lo hizo Codere, sino que es necesario alegar y demostrar algún interés en el proceso, tal y como lo dispone el artículo 177 del CPC.

Indicó que el recurrente aportó fotocopias simples de las declaraciones de importación de las partes que integran las máquinas aprehendidas con el fin de desvirtuar la causal de aprehensión, e igualmente fotocopias de libros radicadores o de contabilidad para demostrar la fabricación en Colombia de algunas de las máquinas. La DIAN desestimó como pruebas los documentos aportados para acreditar la producción de algunas de las máquinas y/o sus partes por ser fotocopias simples sin valor probatorio de acuerdo con el artículo 254 del CPC.

Así mismo, ordenó verificar ante la Administración Especial de Aduanas de Bogotá las declaraciones de importación allegadas, obteniendo como respuesta que “no es posible expedir fotocopia certificada de las declaraciones de importación 13358090157084 de 04/06/07, 01047090141085 del 06/05/06, 07237290472297 del 25/04/07, […] ya que el original de las mismas no reposa en esta dependencia”, y por lo anterior, concluyó que “comparadas entonces con las aportadas por el usuario Manuel Arturo Vergara Bermúdez, se encuentra que no coinciden los seriales con las máquinas aprehendidas”.

6.2. El problema jurídico a resolver.

Como quiera que la presente instancia se encuentra delimitada rigurosamente por los términos de la impugnación presentada por la parte actora, la Sala se ocupará de establecer:

(i) Si se vulneró o no el derecho al debido proceso de Codere Colombia S.A. al no permitirle ser parte en la actuación administrativa, por no ser sujeto de investigación y no acreditar con pruebas idóneas su interés para intervenir en ella.

(ii) Si en este asunto debieron valorarse las copias de los documentos aportados por los demandantes para acreditar la legal introducción al territorio aduanero nacional de algunas de las partes de las máquinas tragamonedas.

(iii) Si la decisión de decomiso adoptada mediante los actos acusados se ajustó o no a la legalidad.

(iv) En caso de que se determine la legalidad del decomiso, si debió descartarse o no el dictamen pericial practicado en el proceso para efectos de establecer el valor real de los bienes decomisados.

6.3. Análisis de la impugnación.

6.3.1. Consideraciones generales previas sobre el valor probatorio de las copias simples.

En atención a que los problemas jurídicos (i) y (ii) plantean cuestiones acerca del valor probatorio de las copias simples presentadas por los demandantes tanto en la actuación administrativa como en el proceso judicial, la Sala se referirá previamente al valor probatorio de dichas copias.

El Código de Procedimiento Civil ha previsto unas reglas en tratándose de la[s] prueba[s] documental[es] referidas, de un lado, a los documentos auténticos, y de otro, al valor probatorio de las copias.

De acuerdo con el inciso 1º del artículo 252 de este estatuto “[e]s auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado […] [e]l documento público se presume auténtico, mientras no se haya comprobado lo contrario mediante tacha de falsedad”. Esta norma se refiere también en los incisos posteriores a los casos en que el documento privado es auténtico y a aquellos en se presume como tal. En el inciso 4º, con la modificación introducida por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, se estableció sobre el particular que: “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”(3).

De otro lado, el artículo 254 del CPC (modificado. D. 2282/98), dispone que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: “1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada, 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, y 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Esta Sección —en aplicación de las anteriores reglas procesales— negó en algunos pronunciamientos el valor probatorio a las copias simples de documentos aportadas a los procesos contencioso administrativos, al no reunir estas los requisitos de que trata el artículo 254 del CPC. En sentencia de 28 de abril de 2011 señaló al respecto: “La Sala, al referirse al punto, ha manifestado que tales documentos adolecen de valor probatorio, al carecer de un requisito que es esencial de toda prueba, que es precisamente el de saber a ciencia cierta si los mismos fueron otorgados realmente por quien los suscribe, sin que exista razón jurídica alguna para presumirlo, motivo por el cual ni siquiera pueden ser considerados como principios de prueba escrita. Dicho de otra manera, para que la copia de un documento pueda ser valorada en el proceso y se le pueda reconocer valor probatorio, es preciso que la misma haya sido aportada en forma debida, es decir autenticada, pues las copias simples traídas no tienen el mismo valor que el original y no pueden presumirse auténticas. […] Por virtud de lo anterior ‘[…] las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado [...]’”(4).

El anterior criterio, no obstante, no tenía en cuenta que el derecho procesal moderno se ha inclinado por abandonar posturas rígidas en las cuales se privilegia el proceso en sí mismo considerado en desmedro de los derechos sustanciales de los sujetos procesales, y que por ello las recientes reformas legales tienden a concebir disposiciones que obedezcan a los postulados constitucionales que obligan a que se le dé preeminencia al derecho sustancial sobre el formal.

En efecto, basta con examinar las modificaciones que en ese sentido se han introducido en el ordenamiento jurídico para corroborar esta afirmación. Al respecto deviene pertinente reparar en ellas a fin de concluir cuál es el panorama actual en este preciso punto y así establecer el derrotero a seguir para adecuar las decisiones judiciales a las exigencias del derecho procesal de hoy.

Específicamente en lo que tiene que ver con el valor probatorio de las copias simples la Ley 1395 de 2010 introdujo una modificación al inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de presumir la autenticidad de los documentos privados suscritos por las partes que sean presentados en el proceso, en original o en copia, sin necesidad de que previamente se les haya hecho presentación personal o autenticación, con excepción de los documentos que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

En la misma línea, el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que las copias allegadas a un proceso se presumen auténticas salvo prueba en contrario, correspondiendo a las partes o sujetos procesales promover el incidente de tacha de falsedad cuando estimen que aquellas no concuerdan con su original o son apócrifas. Esta disposición, sin embargo, fue derogada expresamente por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del Proceso(5).

En los artículos 244, 245 y 246 de la Ley 1564 de 2012 se mantiene la tendencia de las disposiciones explicadas anteriormente, habida cuenta de que en ellos se consagra la posibilidad de que los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros se presuman auténticos sin importar si fueron aportados al proceso en original o copia, presunción que podrá ser desvirtuada por los sujetos procesales interesados aportando las pruebas para ello o tachando de falsedad los correspondientes documentos(6).

En ese orden de ideas, resulta evidente que el legislador viene optando por imponer reglas procesales que abandonan el excesivo rigor formal, dando paso a un proceso garante de los derechos de las partes basado en los principios de buena fe y primacía del derecho sustancial. Por consiguiente, la interpretación que a luz de los postulados constitucionales de la buena fe y de preeminencia del derecho sustancial debe hacerse respecto al valor probatorio de las copias simples, conduce a que estas se presuman auténticas a menos que su autenticidad sea desvirtuada a través de medios probatorios o mediante tacha de falsedad, carga procesal que se radica en la parte que cuestione la veracidad del documento.

La Sala, acogiendo los anteriores planteamientos, ha rectificado su posición sobre la materia(7) y ha expresado que no existe razón válida que justifique dudar del contenido de las copias simples aportadas a un proceso, si quien tuvo la oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo hizo, precisando que este nuevo criterio se acompasa con el derecho procesal moderno que, siguiendo el artículo 228 Constitucional, se caracteriza por imprimir prevalencia a lo sustancial frente a lo formal.

6.3.2. Sobre la supuesta violación del derecho al debido proceso y a la defensa de Codere Colombia S.A.

6.3.2.1. Advertencia previa. El examen de los motivos de inconformidad de Codere Colombia S.A. frente a lo decidido por el a quo en relación con el cargo de la violación al debido proceso y al derecho de defensa al no permitirle ser parte en la actuación administrativa demandada, corresponde a un asunto que además implica en el fondo el análisis de la legitimación en la causa por activa de dicha sociedad en este proceso contencioso administrativo, lo cual no fue analizado por el tribunal.

6.3.2.2. Inconformidad de la demandante Codere Colombia S.A. Insiste en que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa, en consideración a que la Administración Local de Impuestos y Adunas Nacionales de Riohacha rechazó su intervención en la actuación administrativa argumentando que esta no era seguida en su contra. Además, cuestiona que el tribunal haya negado la prosperidad de esa acusación con el argumento simplista consistente en que en últimas los fundamentos de su defensa coincidieron con los del señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez, que sí fueron analizados por la demandada, pues, a su juicio, esa circunstancia meramente accidental no garantiza debidamente sus derechos.

6.3.2.3. Análisis de la Sala.

(i) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999 (estatuto aduanero), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es competente para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. En el régimen de importación, según lo dispone el artículo 87 del estatuto aduanero, la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, y comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.

Son responsables de las obligaciones aduaneras, según el artículo 3º ibídem, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía.

En desarrollo de tales potestades atribuidas a la DIAN esta entidad cuenta con precisas facultades de fiscalización y control que, entre otros asuntos, le permiten definir la situación jurídica de mercancías e imponer sanciones por la comisión de infracciones al régimen aduanero, atendiendo en uno y otro caso al procedimiento establecido en ese estatuto (arts. 470 y 504 y ss.). El proceso para definir la situación jurídica de mercancías se inicia con el acta de aprehensión, en la que, entre otros datos, se debe señalar la identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el interesado o responsable de la mercancía aprehendida deberá acreditar la legal introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional o desvirtuar la causal que generó la aprehensión, presentando y/o solicitando las pruebas pertinentes para el efecto. La DIAN, practicadas las pruebas, si hay lugar a ellas, procederá a definir la situación jurídica de las mercancías mediante resolución motivada(8), que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración que debe ser formulado directamente por la persona contra la cual se expidió el acto administrativo que se impugna, o a través de apoderado especial(9).

El examen de las disposiciones atrás referidas, permite concluir a la Sala que en la actuación administrativa de definición de la situación jurídica de mercancías es procedente la intervención de distintas personas, entre ellas, el propietario de estas.

Ello se explica en varias razones: en primer lugar, en la indecencia que tiene sobre sus derechos patrimoniales la medida de decomiso, que está definida legalmente(10) como el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Constituiría una violación evidente a la garantía constitucional al debido proceso y a la defensa que el titular del derecho de propiedad sobre los bienes aprehendidos y decomisados no tuviera la oportunidad de acreditar su legal introducción al territorio aduanero nacional. En segundo término, porque el propietario es responsable del cumplimiento de las obligaciones aduaneras (entre ellas, presentar la declaración de importación). Y en tercer lugar, porque la acreditación de la legal introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional o la carga de desvirtuar la causal que generó la aprehensión no solo está en cabeza de quien atendió la diligencia sino del interesado o responsable de la mercancía y, por lo antes dicho, el primer interesado en ella es su propietario.

El interés derivado de la calidad de propietario de las mercancías lógicamente tiene que ser demostrado ante la autoridad aduanera a través de las pruebas pertinentes.

(ii) Según consta en los antecedentes de los actos administrativos acusados, mediante el antes citado escrito de fecha 26 de marzo de 2008, radicado en la DIAN en esa fecha con el número 1125, la sociedad Codere Colombia S.A., a través de su representante legal para asuntos judiciales o trámites administrativos, anunció el envío de una documentación (facturas comerciales y órdenes de producción) “que soporta la legalidad de las diecisiete (17) máquinas que se encontraban ubicadas en el local denominado “Fantasía Royal Arimaca” […] en la carrera 1º # 8-75 de Riohacha”.

Con posterioridad, el 9 de mayo de 2009, presentó conjuntamente con el señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez recurso de reconsideración contra la Resolución 14 de 14 de abril de 2008, mediante la cual ordenó el decomiso de unas mercancías(11). En el capítulo de anexos de la impugnación se relacionaron, entre otros, los siguientes documentos: el certificado de existencia y representación legal de Codere Colombia S.A., un contrato de cuentas en participación de fecha 4 de agosto de 2004, suscrito entre la sociedad Interamericana de Electrónica Interec S.A. (hoy Codere Colombia S.A.) y el señor Vergara Bermúdez, y “las declaraciones de importación de los componentes de origen extranjero de las máquinas, así como las órdenes de producción de las máquinas de origen nacional y factura”(12). A folios 309 a 455 del expediente obra copia simple de los citados documentos, los cuales hacen parte de los antecedentes administrativos remitidos por la DIAN al tribunal de primera instancia.

Las órdenes de producción y las facturas mencionadas fueron presentadas en copia autenticada de copia como anexos de la demanda(13).

(iii) En el presente asunto la DIAN se abstuvo de reconocer a la sociedad Codere Colombia S.A. como parte en la actuación administrativa en distintas oportunidades: en primer lugar, a través del Oficio 8025076-133 de 16 de abril de 2008(14) dirigido a su representante legal, en el que señaló que no sería tenido en cuenta su escrito de fecha 26 de marzo de 2008(15) (con el que presentó una documentación para acreditar la legalidad de las diecisiete (17) máquinas tragamonedas inmovilizadas) en consideración a que “revisados nuestros archivos de acta de aprehensión y puesta [a] disposición no figura nada contra ustedes”. En segundo lugar, a través de la Resolución 4 de 29 de mayo de 2008(16) mediante la cual rechazó el recurso de reconsideración interpuesto conjuntamente por Codere Colombia S.A. y el señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez contra la Resolución de decomiso 14 de 14 de abril de 2008, por no cumplir el requisito previsto en el literal c) del artículo 518 del Decreto 2685 de 1999, en tanto que “no se interpuso directamente por la persona contra la cual se expidió el acto que se impugna”, pues la citada sociedad no fue vinculada al proceso ni contra ella se dirigió el acto administrativo impugnado.

Y finalmente, en la Resolución 24 de 2 de octubre de 2008, en la que resolvió el recurso de reconsideración —que tuvo como presentado solo por el señor Vergara Bermúdez—, en la que señaló que para que alguien sea tenido como parte en el proceso debe demostrar su interés y en este caso Codere Colombia S.A. no lo hizo, puesto que presentó copias de documentos que no reúnen las exigencias del artículo 254 del CPC.

(iv) En el presente asunto, a la luz de las consideraciones previas expuestas en el numeral 6.3.1, considera la Sala que se debieron valorar las copias aportadas por Codere Colombia S.A. para acreditar la propiedad de las máquinas tragamonedas decomisadas y, de esta forma, su interés para intervenir en la actuación administrativa, y su legitimación en la causa por pasiva en este proceso. Esas copias no fueron controvertidas ni tachadas de falsas en el proceso por la entidad demandada.

Por consiguiente, la Sala procederá a su análisis, así:

En el artículo 1º de la parte resolutiva de la Resolución 14 de 14 de abril de 2008, en el que se dispone el decomiso de la mercancía aprehendida mediante el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, ésta es descrita en la forma que aparece en el hecho 3 de sus considerandos(17), que para tales efectos acude a lo señalado en el documento DIIAM 3925102167 de 12 de febrero de 2008(18), cuyo texto es el siguiente:

ÍtemDescripción de la mercancíaCantUndMarcaModeloSerie
01Máquinas electrónicas paga monedas. Varios tamaños.17USin marcaSF-41000217
     SF-60000772
     SF-6200B0409
     STELLA1630
     SF-60000521
     SF-6200B0397
     SF-41000386
     SF-61000223
     VF-30058
     S21AL2351
     SF61000396
     STELLA1125
     SF6200B0287
     SF-60000871
     STELLA1500
     S21AL2349
     SF-60000449

En el expediente figuran copias de facturas cambiarias de compraventa y de órdenes de producción de Interamericana de Electrónica - Interec S.A. (hoy Codere Colombia S.A.) para acreditar la propiedad de las máquinas tragamonedas(19). La Sala al revisar estos documentos advierte que las referencias y seriales de las máquinas en ellos relacionadas no corresponden en su totalidad con los indicados en los documentos de identificación de las máquinas aprehendidas y decomisadas elaborados por la DIAN, según se precisa en el siguiente cuadro:

FacturasIdentificación DIANReferencia en el documento aportado
CN-0100395 de 20 de diciembre de 2001 y CN-0104190 del 30 de diciembre de 2004S21AL2349
S21AL-2351
S21ALDOBLE B/POK. EBA11 CC/ S21AL DRAWW POKER EBA11
Orden de producciónIdentificación DIANReferencia en el documento aportado
96-08-13SF-6100-0223Olimpic Games -0223
97-10-20SF6200B-0287SF6200IN-287
SF6100-0396SF6200IP-396
SF-6200B0397SF6200IP-397
95-03-13SF-4100-0217Olimpic Games -0217
SF-4100-0386Sevens y Bars-0386
SF-6200B-0409Sevens y Bars-0409
STELLA-1125Horse Race Snow 3x3-1125
SF-6000-0449Sevens y Bars-0449
94-12-29VF-3-005820 de julio-058
96-12-18SF-6000-0521SF-6000-0521
SF-6000-0772SF-6000-0772
SF-6000-0871SF-6000-0871
95-10-07STELLA-1500No es legible el número en el cuadro visto a folio 450. En el cuadro del folio 163 aparece como Sevens y Bars 3x1-1630 || No es legible el número en el cuadro visto a folio 449.
STELLA-1630

Del cuadro anterior se advierte que solo frente a las máquinas con referencias SF-6000-0521, SF-6000-0772 y SF-6000-0871 se acredita que corresponden a las producidas por Interamericana de Electrónica - Interec S.A. Como legalmente no se exige ninguna solemnidad para acreditar la propiedad de bienes muebles como los aquí señalados, estos deben tenerse como de propiedad de la empresa que los produjo, pues no existe prueba alguna en el proceso que acredite que luego de su fabricación las máquinas tragamonedas fueron vendidas a una tercera persona, esto es, no se prueba que el derecho de dominio sobre ellas sea ostentado por otra persona.

(v) En estas condiciones, al estar demostrada idónea y válidamente la propiedad de algunas de las máquinas tragamonedas decomisadas se encontraba acreditado el interés de Codere Colombia S.A. para intervenir como sujeto procesal en la actuación administrativa adelantada por la DIAN para definir la situación jurídica de tales mercancías, de forma tal que el rechazo de su intervención vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa.

(vi) La anterior constatación, tal y como se advirtió al inicio de las consideraciones sobre este cargo, conduce necesariamente a concluir que la sociedad demandante sí tiene legitimación en la causa por activa, como quiera que las decisiones acusadas tienen la potencialidad de afectarla en un derecho subjetivo protegido en el ordenamiento jurídico.

En efecto, en el ámbito del proceso, la legitimación en la causa puede ser entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial que se ha planteado en el proceso y en torno a la cual gira la controversia. En ese sentido, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional, “podría decirse que la legitimación en la causa es la idoneidad jurídica que tiene una persona para discutir el objeto sobre que versa un litigio”(20).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del CCA: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.

En relación con la legitimación en la causa en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho esta corporación(21) ha precisado que: “Cuando la controversia se centra en la nulidad de un acto administrativo y un consecuente restablecimiento del derecho, el legitimado para ejercer la acción es la persona que pretenda demostrar que el acto administrativo enjuiciado quebranta o lesiona sus derechos amparados por una norma jurídica” (se resalta).

En el presente asunto la controversia planteada tiene que ver con la legalidad de las resoluciones administrativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de las cuales se dispuso el decomiso de una mercancía, el cual es definido en la legislación aduanera(22) como el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

La sociedad demandante solicita en la demanda que se declare la nulidad de tales decisiones y como restablecimiento del derecho que la mercancía decomisada le sea entregada. La Sala encuentra que la demandante sí tiene legitimación para reclamar judicialmente la nulidad de las mencionadas resoluciones y para obtener la restitución de la mercancía.

Del anterior análisis se desprende que sí está llamada a prosperar la acusación sobre la violación del debido proceso y el derecho de defensa alegada por la firma Codere Colombia S.A. Ahora bien, la Sala procederá al examen del cargo referido a la legal introducción de la mercancía de origen extranjero al país, planteado por el también demandante Manuel Arturo Vergara Bermúdez, tenedor de la mercancía, a quien la DIAN decomisó las máquinas tragamonedas a través de los actos acusados.

6.3.3. El cargo sobre la valoración de las copias simples de los documentos aportados para acreditar la legalidad de las mercancías decomisadas.

6.3.3.1. Los documentos allegados a la actuación administrativa. Como se expresó en el capítulo precedente de esta providencia, en los antecedentes administrativos de los actos acusados consta que el 9 de mayo de 2009 la sociedad Codere Colombia S.A. y el señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez presentaron conjuntamente recurso de reconsideración contra la Resolución 14 de 14 de abril de 2008, mediante la cual se ordenó el decomiso de unas mercancías, recurso con el que allegaron los siguientes documentos: certificado de existencia y representación legal de Codere Colombia S.A., un contrato de cuentas en participación de fecha 4 de agosto de 2004, suscrito entre la sociedad Interamericana de Electrónica Interec S.A. (hoy Codere Colombia S.A.) y el señor Vergara Bermúdez, y “las declaraciones de importación de los componentes de origen extranjero de las máquinas, así como las órdenes de producción de las máquinas de origen nacional y factura”. A folios 309 a 455 del expediente obra copia simple de los citados documentos, los cuales hacen parte de los antecedentes administrativos remitidos por la DIAN al tribunal de primera instancia.

6.3.3.2. La posición de la DIAN en los actos acusados. En la Resolución 24 del 2 de octubre de 2008, en la que decidió el recurso de reconsideración, la DIAN indicó que el recurrente aportó fotocopias simples de las declaraciones de importación de las partes que integran las máquinas aprehendidas con el fin de desvirtuar la causal de aprehensión, y que ordenó verificar ante la Administración Especial de Aduanas de Bogotá su autenticidad, obteniendo como respuesta que “no es posible expedir fotocopia certificada de las declaraciones de importación 13358090157084 de 04/06/07, 01047090141085 del 06/05/06, 07237290472297 del 25/04/07, […] ya que el original de las mismas no reposa en esta dependencia”. Por lo anterior, concluyó que “comparadas entonces con las aportadas por el usuario Manuel Arturo Vergara Bermúdez, se encuentra que no coinciden los seriales con las máquinas aprehendidas”.

6.3.3.3. Los documentos aportados con la demanda y la posición de la DIAN al contestarla. Con la demanda se allegaron como prueba, entre otros documentos, copia autenticada ante notario de las declaraciones de importación identificadas con los números 01047090141085, 23224012224915, 07237290472297, 07237300472008 y 23290033208863(23), documentos aportados para amparar los monitores y billeteros de las máquinas decomisadas(24).

En la contestación de la demanda(25) la apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al referirse a los hechos que la sustentan afirmó que los documentos que se encontraban en el expediente administrativo no coincidían con las mercancías aprehendidas y no demostraban la titularidad de la mercancía en cabeza de la sociedad Codere Colombia S.A. En relación con la certeza o autenticidad de los documentos aportados con la demanda la DIAN no efectuó reproche alguno. En el capítulo de pruebas de la contestación de la demanda solicitó tener como tales, además de los documentos aportados por la DIAN (actas de hechos 59 y 70 de 11 y 18 de febrero de 2008, respectivamente, y Oficio COD 03-86-118-1398 de 18 de junio de 2008), “[l]os documentos allegados como pruebas por la parte demandante”(26).

Por auto de 28 de mayo de 2009(27) se abrió a pruebas el proceso y se decretaron como tales, entre otras, los documentos aportados por (sic) con la demanda y con su contestación. Esta providencia quedó legalmente ejecutoriada, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes.

6.3.3.4. El análisis efectuado por el a quo y la inconformidad del apelante. Al referirse el tribunal en la sentencia apelada sobre la prueba documental allegada por los demandantes afirmó: (i) Que las pruebas aportadas por los demandantes en sede administrativa —aun en copia simple— fueron decretadas por la DIAN mediante auto del 3 de junio de 2008, en el que se dispuso realizar una inspección aduanera a las mercancías aprehendidas y verificar la autenticidad de las declaraciones de importación allegadas con el recurso de reconsideración ante la Administración Especial de Aduanas de Bogotá y obtener copia de ellas; (ii) Que ninguna de las declaraciones de importación allegadas, visibles a folios 329, 342, 345, 349, 352, y 355 del expediente, corresponden a Interamericana de Electrónica Interec S.A. o a Codere Colombia S.A.; y (iii) que respecto de la documentación que posteriormente fue aportada por Codere Colombia S.A. “estas no solo fueron allegadas en copias simples, como antes se anotó, sino que además, según la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, no fue posible expedir fotocopias certificadas de las declaraciones de importación, puesto que en esa dependencia no se encuentran copias originales de las mismas, y haciendo entonces la comparación con las aportadas por el usuario se observa que ellas no coinciden con los seriales de las máquinas aprehendidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—”.

El demandante al apelar el fallo de primera instancia considera que el tribunal se equivoca en el análisis sobre el valor de las copias simples, pues no tiene en cuenta que distintas disposiciones legales posteriores al Código de Procedimiento Civil han consagrado la inoperancia de la exégesis del artículo 254 de ese estatuto, dando en cambio aplicación al principio de la buena fe en esta materia. Aduce, en efecto, que no había lugar a rechazar como prueba los documentos allegados en copia simple, más aun cuando ni la propia administración aduanera ni el tribunal en parte alguna de la sentencia apelada tacharon tales documentos como falsos. Agrega que una vez el administrado ha aportado copia de las declaraciones de importación, o de cualquier documento con fines probatorios, cuya copia se supone fue expedida por la propia administración, la única causal legal válida para su rechazo es la tacha por falsedad por la contraparte y/o el establecimiento de dicha falsedad por el tribunal, lo cual no ocurrió en este proceso.

6.3.3.5. El criterio de la Sala. En el presente asunto, a la luz de las consideraciones expuestas en el numeral 6.3.1, considera la Sala que se debieron valorar las copias aportadas por el demandante para acreditar la legal introducción de los elementos importados de las máquinas decomisadas por la DIAN.

En efecto, el tribunal de primera instancia debió reconocer valor probatorio a las copias simples que fueron decretadas como pruebas en el proceso, y que corresponden a los documentos que hicieron parte de los antecedentes administrativos de los actos acusados, presentados como anexos del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de decomiso (entre estos, las declaraciones de importación de los monitores y billeteros —partes importadas de las máquinas tragamonedas—), en tanto que en el proceso no fueron tachados de falsos por la entidad demandada.

Con esa misma perspectiva, se debió reconocer valor probatorio a las copias auténticas aportadas con la demanda, y que corresponden a las declaraciones de importación 01047090141085, 23224012224915, 07237290472297, 07237300472008 y 23290033208863, puesto que se trata de la copia auténtica de un documento público que tampoco fue desvirtuada en el proceso. Estos documentos, además, permitían determinar la validez probatoria de las copias simples de las declaraciones de importación allegadas en sede administrativa, efectuando la confrontación respectiva.

En el caso sub examine la parte demandada pudo controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada en la etapa probatoria, circunstancia que no acaeció, tanto así que los argumentos expuestos para oponerse a las pretensiones no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario, sino con aspectos sustanciales de fondo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar los principios constitucionales de buena fe y de primacía del derecho sustancial sobre las formalidades reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso, en razón a que no ha sido controvertida ni tachada de falsa, advirtiendo, como lo ha hecho esta corporación en otras oportunidades en que se ha presentado una situación similar, que “Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (ultractividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (retroactividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su silencio, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(28)”.

6.3.4. El cargo relativo a la supuesta ilegalidad de la decisión de decomiso.

6.3.4.1. El análisis efectuado por el a quo y la inconformidad de los apelantes. En la sentencia apelada el Tribunal Administrativo de la Guajira se refirió a la ausencia de valor probatorio de las copias simples allegadas a la actuación administrativa (reiterando el criterio de la DIAN en los actos acusados), para concluir que no se acreditó por los demandantes la legalidad de estas en el territorio aduanero nacional. Agregó, en ese sentido, que ninguna de las declaraciones de importación que se presentaron en sede administrativa corresponden a Interamericana de Electrónica Interec S.A. o a Codere Colombia S.A., y que no se logró demostrar —ni aun con el dictamen pericial practicado— si en verdad tales declaraciones coinciden con las 17 máquinas tragamonedas aprehendidas por la DIAN, “pues del mismo solo se puede extractar que en la gran mayoría de las declaraciones de importación coinciden algunos seriales en ellas contenidos, los billeteros y monitores importados, pero de manera alguna que ellos correspondan con los de las máquinas que fueron fruto del decomiso por la autoridad aduanera”.

En el recurso de apelación se aduce que sobre las partes de las máquinas tragamonedas que son de origen extranjero y que fueron decomisadas sí existe prueba de su legal introducción al país, pero que, si en gracia de discusión, ello no fuese admitido, lo que legalmente procedía era convalidar parcialmente la decisión administrativa (esto es, modificar el acto administrativo demandado) y por lo tanto ordenar la devolución de la parte restante de los bienes que claramente son nacionales, esto último si se tiene en cuenta que el tribunal admite que las únicas partes importadas de los bienes decomisados son los billeteros y monitores. Estima, que como el a quo no procedió en esa forma avaló la extralimitación de poder de la administración aduanera, quien decomisó los componentes diferentes a los extranjeros, frente a los cuales no procedía legalmente tal medida.

Agregan que el tribunal en la sentencia apelada acepta que los seriales de las partes (monitores y billeteros) coinciden con los documentos de importación que obran en el proceso, pero exige que las declaraciones de importación de dichas partes también lo sean de las máquinas, lo que, en su criterio, no es lógico, ya que estas últimas al ser de origen nacional no fueron importadas.

6.3.4.2. Examen de la Sala.

6.3.4.2.1. Tal como se señaló en otro aparte de esta providencia, el Decreto 2685 de 1999 o estatuto aduanero prevé que son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, y que en el régimen de importación la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y comprende la presentación de la declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes (art. 3º y 87).

De conformidad con lo previsto en el artículo 232 del Decreto 2685 de 1999 (adicionado D. 1232/2001) se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando a) No se encuentre amparada por una declaración de importación; b) No corresponda con la descripción declarada; c) En la declaración de importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración de importación. En estos casos —agrega esta norma— procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá solo respecto de las mercancías encontradas en exceso.

En armonía con esta disposición, el artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999 (modificado art. 48, D. 1232/2001 y art 6º, D. 1161/2002) prevé que, en el régimen de importación, dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia, entre otros, de cualquiera de los siguientes eventos: “Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos 1º y 2º del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión” (negrillas ajenas al texto original).

6.3.4.2.2. Como quedó antes visto, mediante los actos acusados la Administración Local de Impuestos y Adunas Nacionales de Riohacha decomisó a favor de la Nación – UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía aprehendida a Manuel Arturo Vergara Bermúdez mediante el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, con un valor de $335.411.887.00, por encontrase incursa en la causal consagrada en el citado numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (modificado. art. 48, D. 1232/2001 y art. 6, D. 1161/2002).

En la Resolución de decomiso 14 de 14 de abril de 2008, la DIAN señaló que en la visita de control aduanero encontró 22 máquinas tragamonedas de fabricación extranjera y que se aportó su respectiva declaración de importación. Así mismo, indicó que en dicha diligencia encontró 17 máquinas tragamonedas ensambladas en Colombia y que “al aportar declaración de importación, se encuentra que esta no coincide con las descripciones de las partes que conforman la máquina”; que por lo anterior, requirió al tenedor de estas para “aportar la documentación pertinente que ampara las partes que componen la máquina y que son de procedencia extranjera”; y que en consideración a que “el propietario no hizo llegar la documentación, declaración de importación de las partes que integran las máquinas tragamoneda[s] , y que son de procedencia extranjera”, procedió al retiro de las máquinas inmovilizadas, que se habían dejado en custodia del señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez. Agregó la DIAN que después de realizar el inventario físico de las mercancías se dispuso su aprehensión, las que relacionó en el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, por no encontrarse amparada en una declaración de importación. Y concluyó que, como hasta la fecha de la Resolución 14 no se había presentado documentación alguna que permitiera establecer que la mercancía aprehendida mediante la citada acta se encontraba en el país conforme a las normas aduaneras, era legalmente procedente su decomiso, en los términos de las normas antes citadas.

6.3.4.2.3. Consta lo siguiente en los antecedentes administrativos en relación con la descripción de la mercancía:

(i) En el documento DIIAM 3925102167 de 12 de febrero de 2008(29), se lee lo siguiente:

ÍtemDescripción de la mercancíaCantUndMarcaModeloSerie
01Máquinas electrónicas paga monedas. Varios tamaños.17USin MarcaSF-41000217
     SF-60000772
     SF-6200B0409
     STELLA1630
     SF-60000521
     SF-6200B0397
     SF-41000386
     SF-61000223
     VF-30058
     S21AL2351
     SF61000396
     STELLA1125
     SF6200B0287
     SF-60000871
     STELLA1500
     S21AL2349
     SF-60000449

(ii) En el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, aparece lo siguiente: “Máquinas tragamonedas varios tamaños, identificada con los modelos y seriales: SF-4100-0217; SF-6000-0772; SF-6200B-0409; STELLA-1630; SF-6000-0521; SF-6200B0397; SF-4100-0386; SF-6100-0223; VF-3-0058; S21AL-2351; SF6100-0396; STELLA-1125; SF6200B-0287; SF-6000-0871; STELLA-1500; S21AL2349; SF-6000-0449”(30).

(iii) En el numeral 3º del capítulo de hechos de la Resolución de decomiso 14 de 2008 se cita el documento DIIAM 3925102167 de 12 de febrero de 2008, indicándose la misma descripción de la mercancía referida en este, con excepción de una de las máquinas que aparece como “SFG100-0396” en vez de “SF6100-0396”(31). En el artículo 1º de su parte resolutiva, en el que se dispone el decomiso de la mercancía aprehendida mediante el acta de aprehensión 098-FISCA de 4 de marzo de 2008, esta es descrita en la forma que aparece en el hecho 3 citado(32).

(iv) No se indica en ninguno de los documentos antes citados, ni en las actas de hechos 59 de 11 de febrero de 2008 y 70 de 18 de febrero de 2008, ni en ninguno otro de los actos de la DIAN obrantes en los antecedentes administrativos (incluida la resolución que resolvió el recurso de reconsideración), descripción distinta a la antes mencionada. En esta descripción, como se observa, se identifican expresamente las máquinas tragamonedas, pero no así las partes de estas que son de procedencia extranjera, respecto de las cuales se exigió la correspondiente declaración de importación. La identificación de estas partes que, según el demandante, consistían en monitores y billeteros, fue suministrada por estos a la DIAN en la relación anexa y en los documentos allegados con el recurso de reconsideración, en los que figuran las declaraciones de importación para demostrar la legalidad en el territorio aduanero nacional de esas “partes de procedencia extranjera” y las órdenes de producción y facturas que pretenden acreditar la propiedad de las máquinas “ensambladas en Colombia”.

6.3.4.2.4. Al analizar los actos acusados así como sus antecedentes administrativos, llama la atención de la Sala que aunque la DIAN pretendió en principio el decomiso de las partes de origen extranjero de las máquinas tragamonedas, elementos estos importados y respecto de los cuales era exigible acreditar su legal introducción al territorio aduanero nacional a través de la declaración de importación(33), finalmente extendió esa medida administrativa a la integridad de las máquinas, lo cual claramente resulta improcedente.

En efecto, se observa con claridad que la entidad demandada desde un principio entendió que su control aduanero se ejerció frente a las partes de origen extranjero —que no identificó expresamente en ninguno de sus actos— de las 17 máquinas tragamonedas “ensambladas en Colombia”. En esas condiciones, la aprehensión y el decomiso no podía extenderse, como ocurrió en este caso, a la integridad de tales máquinas, esto es, tanto a sus partes fabricadas en Colombia como a las importadas. Además, es relevante precisar que en ninguno de los apartes de los actos demandados ni de las decisiones previas (actas de hechos, acta de aprehensión, documento de ingreso, inventario y avalúo de mercancías aprehendidas, etc.) se expresa por la DIAN que estas últimas partes no fueran separables de la máquina ni que no fuera posible su individualización e identificación, aspecto este que fue suplido por los interesados, quienes manifestaron que dichas partes corresponden a “monitores y billeteros” y aportaron los documentos que pretendían amparar su legalidad en términos aduaneros (copias simples de declaraciones de importación). La Sala tendrá como cierta esa identificación, atendiendo al principio constitucional de buena fe y a que esta no fue controvertida ni desconocida por la DIAN ni en la actuación administrativa ni en este proceso judicial.

En el anterior contexto, tal como se afirma en la impugnación, de encontrarse ajustada a la legalidad la decisión de decomiso adoptada en los actos acusados esta solo deberá circunscribirse a los elementos importados de las máquinas tragamonedas aprehendidas por la DIAN y no a los elementos de origen nacional.

6.3.4.2.5. Por consiguiente, la Sala procederá a verificar si los elementos importados de las máquinas tragamonedas se encontraban amparados o no en una declaración de importación y si era procedente o no su decomiso por la causal señalada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Con el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de decomiso se acompañó la siguiente relación de monitores y billeteros, así como de la declaración de importación soporte correspondiente:

MonitoresNúmero declaración de importación
Q85071360656D.I. 13358090157084
Q85071361442D.I. 13358090157084
Q85070763206D.I. 23224012224916
PUC054860761D.I. 1047090141085
PUC054860751D.I. 1047090141085
PUC054860740D.I. 1047090141085
PUC054860870D.I. 1047090141085
Q85070703761D.I. 23224012224916
Q85071360703D.I. 13358090157084
Q85071360631D.I. 13358090157084
BilleterosNúmero declaración de importación
C70023106144D.I. 0723730047200
C50019106006D.I. 07237290472297
C70023106006D.I. 0723730047200
C70027096027D.I. 0723730047200
C70010116015D.I. 07237290472297
C70023106012D.I. 0723730047200
307629284D.I. 23290033208863

Así mismo con el citado memorial se acompañó copia simple de seis (6) declaraciones de importación, de las que solo resulta plenamente legible la número D.I. 13358090157084(34). Esta declaración de importación ampara a los monitores con referencia Q85071360656, Q85071361442, Q85071360703 y Q85071360631(35).

En las demás declaraciones de importación no se aprecia con claridad ni su número ni la referencia del elemento importado que amparan. No obstante lo anterior, según se expresó en el capítulo relativo al primer cargo de la apelación, con la demanda los actores presentaron copia auténtica de las declaraciones de importación 01047090141085, 23224012224915, 07237290472297, 07237300472008 y 23290033208863, documentos que la Sala apreciará por tener valor probatorio por tratarse, de un lado, de copias auténticas de un documento público que no fueron desvirtuadas en el proceso ni tachadas de falsas, y de otro, de documentos que permitirán en todo caso determinar la validez probatoria de las copias simples de las declaraciones de importación allegadas en sede administrativa, efectuando la confrontación respectiva.

Al hacer la verificación documental pertinente se observa lo siguiente: a) Que la D.I. 01047090141085 sustenta la legalidad de los monitores de referencias PUC054860761, PUC054860751, PUC054860740 y PUC054860870(36); b) Que la D.I. 23224012224915 sustenta la legalidad de los monitores de referencias Q85070763206 y Q85070703761(37); c) Que la D.I. 07237290472297 sustenta la legalidad de los billeteros C50019106006 y C70010116015(38); d) Que la D.I. 07237300472008 sustenta la legalidad de los billeteros C70023106144, C70023106006, C70027096027 y C70023106012(39); y e) Que la D.I. 23290033208863 sustenta la legalidad del billetero de referencia 307629284(40).

Debe la Sala precisar que aunque en las declaraciones de importación referidas no obre como importador Interamericana de Electrónica Interec S.A. o Codere Colombia S.A., ello no es óbice para tenerlas domo documento soporte de la importación de los elementos allí relacionados, como equivocadamente lo hizo el tribunal, pues de acuerdo con la normativa aduanera, el declarante no necesariamente es el propietario de las mercancías importadas, siéndolo, por regla general, la agencia de aduanas que actúa en nombre de aquel(41).

Así mismo, debe destacar que se equivoca el tribunal cuando señala que los seriales que aparecen en las declaraciones de importación no coinciden con los de las máquinas decomisadas, pues la confrontación documental respectiva debía hacerse con los seriales de las partes importadas de estas y no con los de las máquinas en su integridad, las cuales no tenían por qué estar relacionadas en tales documentos, al ser ensambladas en Colombia.

En el anterior contexto, es evidente que no había lugar al decomiso de los elementos de origen extranjero de las máquinas tragamonedas, como quiera que estos sí estaban amparados en una declaración de importación. Por consiguiente, le asiste razón al demandante al señalar que se vulneró el artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, al ser inaplicado indebidamente en este asunto.

La ilegalidad de la decisión de decomiso, releva a la Sala del estudio del último problema jurídico planteado en la segunda instancia(42), como quiera que este dependía de que se encontraran ajustados a la ley los actos demandados.

6.4. Conclusión.

En el anterior contexto, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos demandados, ordenando a título de restablecimiento del derecho devolver al señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez las máquinas tragamonedas decomisadas a través de aquellos, por ser este el tenedor de la mercancía al momento de su decomiso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR LA SENTENCIA APELADA y, en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 14 del 14 de abril de 2008 y 24 del 2 de octubre de 2008, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Riohacha - expediente DM-2008-2008-0099), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Riohacha, la devolución inmediata de las mercancías decomisadas mediante los actos declarados nulos al señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez, por ser este el tenedor de la mercancía al momento de su decomiso.

2. RECONOCER personería a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder a ella conferido visto a folio 13 del cuaderno de segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

2 El recurso de reconsideración fue presentado conjuntamente por el Señor Manuel Arturo Vergara Bermúdez y la sociedad Codere Colombia S.A., siendo radicado ante la DIAN con el número 1929 el 9 de mayo de 2008, según aparece en el escrito respectivo, que obra a folios 298 a 308 del expediente. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales local Riohacha, mediante Resolución 4 de 29 de mayo de 2008, rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por Codere Colombia S.A. por no cumplir el requisito previsto en el literal c) del artículo 518 del Decreto 2685 de 1999, en tanto que “no se interpuso directamente por la persona contra la cual se expidió el acto que se impugna”. Señaló la DIAN en este acto que, en efecto, la citada sociedad no fue vinculada al proceso ni contra ella se dirigió el acto administrativo impugnado (fls. 463 y 464 del expediente).

3 Esta modificación legal fue una reiteración literal de lo que previamente había dispuesto el legislador en el artículo 11 de la Ley 446 de 1998. Con anterioridad a esta última ley, el legislador extraordinario había previsto en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 que “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

4 Sentencia proferida en el proceso con radicación 25000-23-15-000-2010-02234-01(PI), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

5 Artículo corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012.

6 Estas disposiciones empezaron a regir a partir del 14 de enero de 2014, conforme al mandato de vigencia contenido en el numeral 6º del artículo 627 del CGP.

7 Entre otras, ver las sentencias de 26 de noviembre de 2015 (exp. 05001-23331-000-2008-00956-01), C.P. María Elizabeth García González y 4 de febrero de 2016 (exp. 73001 2333 000 2015 00121 01 (PI), C.P. Guillermo Vargas Ayala.

8 En todo caso, en cualquier estado del proceso, cuando la autoridad aduanera establezca la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o cuando se desvirtúe la causal que generó la aprehensión, el funcionario competente ordenará, mediante acto motivado que decida de fondo, la entrega de la misma y procederá a su devolución (art. 506, D. 2685/99, modificado. art. 15, D. 4431/2004).

9 Decreto 2685 de 1999, artículos 504, 505-1, 511. 512 y 516.

10 Decreto 2685 de 1999, artículo 1º.

11 Folios 298 a 308 del expediente.

12 En el recurso de reconsideración se aclara que estos documentos ya habían sido remitidos previamente a la DIAN.

13 Folios 72 a 216 del expediente.

14 Folio 309 del expediente.

15 Folios 310 a 313 del expediente.

16 Folios 463 y 464 del expediente.

17 Folio 47 del expediente.

18 Folios 273 del expediente.

19 Folios 71 a 216 y 359 a 454 del expediente.

20 Sentencia T-247 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 1999, proferida en el proceso con radicado 10.610, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

22 Decreto 2685 de 1999, artículo 1º.

23 Folios 54 a 63 del expediente.

24 Se anuncia en el capítulo de pruebas de la demanda que se acompaña también copia auténtica de la D.I. 13358090157084. No obstante, revisado el expediente este no figura en él.

25 Folios 237 a 243 del expediente.

26 Folio 242 del expediente.

27 Folios 253 y 254 del expediente.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, proferida en el proceso con radicación 05001-23-31-000-1994-00288-01(24530) A, C.P. Enrique Gil Botero.

29 Folios 273 del expediente.

30 Folios 264 a 266 del expediente.

31 Folio 42 del expediente.

32 Folio 47 del expediente.

33 Según se explicó previamente, conforme al artículo 87 del Decreto 2685 de 1999, la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y comprende, entre otros aspectos, la presentación de la declaración de importación.

34 Folios 329 y 340 del expediente.

35 Folio 340 del expediente.

36 A folios 342 y 343 obra copia simple de una declaración de importación y aunque esta no es legible completamente se observa que corresponde al mismo documento obrante en copia auténtica a folios 60 a 62 del expediente.

37 A folios 345 y 346 obra copia simple de una declaración de importación y aunque esta no es legible completamente se observa que corresponde al mismo documento obrante en copia auténtica a folios 57 y 58 vto. del expediente.

38 A folios 352 y 353 obra copia simple de una declaración de importación y aunque ésta no es legible completamente se observa que corresponde al mismo documento obrante en copia auténtica a folio 59 del expediente.

39 A folios 349 y 350 obra copia simple de una declaración de importación y aunque ésta no es legible completamente se observa que corresponde al mismo documento obrante en copia auténtica a folio 56 del expediente.

40 A folios 355 y 356 obra copia simple de una declaración de importación y aunque ésta no es legible completamente se observa que corresponde al mismo documento obrante en copia auténtica a folio 55 vto. del expediente.

41 Sobre el particular ver los artículo 10 y 11 del Decreto 2685 de 1999.

42 Establecer, en caso de que se determinara la legalidad del decomiso, si debió descartarse o no el dictamen pericial practicado en el proceso que estaba dirigido a determinar el valor real de los bienes decomisados.