Sentencia 2009-00024 de junio 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200900024 01 [18699]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Sigmaplas S.A. (NIT 890919355-4)

Demandado: Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos

Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros Bim. 4 a 6 del 2002, 1 a 6 del 2003, 2004 y 2005

Fallo

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso, se discute la legalidad de las resoluciones 1012DDI072896 del 18 de septiembre del 2007 y DDI116644 del 16 de septiembre de 2008 por las cuales la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital practicó liquidación de aforo a la demandante por concepto del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros correspondiente a los bimestres 4, 5 y 6 del 2002 y 1 a 6 de los años gravables 2003, 2004 y 2005, y la confirmó, respectivamente.

En los términos del recurso de apelación, la Sala procederá a establecer si está probado que la actora cumplió la obligación de declarar y pagar en el municipio de Itagüí en el que está ubicada la sede fabril o, como lo afirma la apelante, la demandante debió presentar, en Bogotá, las declaraciones del ICA por los períodos cuestionados, por la actividad comercial que desarrolló en esta ciudad y que sostiene está probada en el expediente.

Sea lo primero indicar que el Distrito Capital adelantó el procedimiento de aforo contra la actora, por lo que luego de emplazarla y de imponerle la sanción por no declarar, ante la renuencia a cumplir la obligación tributaria exigida, procedió a liquidar oficialmente el tributo por los períodos mencionados.

En efecto, el ordenamiento jurídico establece un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento. En el estatuto tributario nacional está previsto en los artículos 715 a 719 y en el ordenamiento distrital en el artículo 103 del Decreto 807 de 1993(9).

El mencionado artículo 103 preceptúa que en el evento en que los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de declarar, la Dirección Distrital de Impuestos podrá determinar los tributos, mediante liquidación de aforo y, para ello, debe tener en cuenta el procedimiento previsto en los artículos 715 a 719 del estatuto tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62 del mismo decreto.

Al respecto el régimen nacional dispone:

“ART. 715.—Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.

“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

“ART. 716.—Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643”.

De conformidad con las normas citadas, el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar que omitan el cumplimiento de este deber, se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

El efecto jurídico de no presentar la declaración respectiva en el término otorgado en el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar, prevista en el ordenamiento legal, que para el caso, está señalada en el numeral 3 del artículo 60 del Decreto 807 de 1993, por tratarse de la omisión de la declaración del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del estatuto tributario, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la administración puede determinar mediante liquidación oficial de aforo la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 ib.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas a saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo(10). Si bien, el emplazamiento es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; así también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo.

En el caso, la Administración Distrital agotó las etapas del procedimiento de aforo y mediante los actos demandados cuantificó el impuesto a cargo de la sociedad actora por la presunta actividad comercial desarrollada en esta ciudad, durante los períodos cuestionados.

El tribunal declaró la nulidad de la liquidación de aforo y del acto que la confirmó al considerar que la contribuyente cumplió la obligación formal de declarar en Itagüí, municipio en el que desarrolló la actividad industrial y, en la parte considerativa, llamó la atención a la actora para que cumpliera la obligación sustancial “en caso de que no lo haya hecho”.

Este llamado de atención sirvió al Distrito Capital para interponer el recurso de apelación al confundir la obligación formal con la sustancial, pues aunque no expresó inconformidad alguna en cuanto el tribunal encontró cumplida la obligación de declarar, fundamentó el recurso en el supuesto no pago del tributo, aspecto que no es objeto de discusión en el proceso.

Sin embargo, para mayor claridad, la Sala considera procedente hacer referencia a los elementos de prueba que demuestran que la actora cumplió la obligación formal en la sede fabril y, en consecuencia, procedía la nulidad de la liquidación de aforo practicada por la administración del Distrito Capital.

Al respecto, se advierte que el tribunal en la primera instancia decretó la prueba pericial(11) y una vez rendido el dictamen por el perito contador público(12), se dio traslado del mismo a las partes por el término legal, sin que haya sido objetado.

En su dictamen, el perito indicó que visitó las instalaciones de la planta de producción en el municipio de Itagüí, que examinó los documentos “jurídicos y contables” anexos, entre los cuales están las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 2002 a 2005 y libros y soportes de contabilidad, de lo cual verificó que la contribuyente “realiza su actividad fabril como comercial en las ciudades de Itagüí, Medellín, Montería y Pereira”, pues desde allí concreta las ventas con todos sus elementos, esto es, precio, cantidad, calidad, envíos y plazos de pago.

Indicó que con las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 2002 a 2005, realizó una conciliación de la que obtuvo como resultado que “son las cifras base de las diferentes liquidaciones por cada ente territorial observando que el valor correspondiente a clientes con domicilio en Bogotá se incluyeron en las respectivas declaraciones de ICA en Itagüí...” (resaltado fuera del texto).

De las conclusiones consignadas en el dictamen, se destacan las siguientes:

— Que la empresa tiene software contable en el que lleva los libros mayor y balances, diario mayor e inventarios y balances; que los tiene registrados en la Cámara de Comercio de Itagüí, además, que lleva libros auxiliares de las cuentas y subcuentas y lo hace en debida forma.

— Que, lleva comprobantes de contabilidad con soportes externos, registro, reporte de la información contable y financiera, plan de cuentas (PUC, D.R. 2650/93), de acuerdo con la naturaleza de su actividad.

— Que el sistema parametrizado del software para el manejo detallado de los movimientos de las cuentas mayores y auxiliares, se ajusta a la técnica, normas contables y tributarias y está debidamente soportado con documentos idóneos de orden interno y externo exigidos por los preceptos legales.

— Que, verificó “que las cuentas contables utilizadas están correctamente seleccionadas, el uso y su naturaleza, así como el registro del movimiento contable durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005 y que cumplen con las normas de asociación, prudencia, reconocimiento del hecho económico, causación, clasificación, asignación, definición y amortización del activo diferido”.

— Que, “dio cumplimiento en la presentación de sus obligaciones del impuesto de industria y comercio (...) de los años en litigio 2002, 2003, 2004 y 2005”.

— Que, cumplió la obligación de declarar en las ciudades en las que desarrolló la actividad gravada y “por tanto declaró y pagó la totalidad de sus ingresos de industria y comercio por los años 2002, 2003, 2004 y 2005”.

— Y que “referente a los ingresos base para el pago del impuesto de industria y comercio, realizó los registros correctamente, dando cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y presentó en forma adecuada y oportuna cada una de sus declaraciones por (...) ICA, sin omitir ningún ingreso, ni desconocer sus obligaciones formales en cada ente territorial”.

Esta prueba pericial ofrece certeza a la Sala de que la demandante presentó las declaraciones del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, correspondientes a los períodos cuestionados, en el municipio de Itagüí, en el que está ubicada la sede fabril, sobre el total de los ingresos obtenidos en las actividades gravadas.

Lo anterior teniendo en cuenta que la prueba fue practicada por un contador público, que examinó los libros y demás documentos contables que le permitieron verificar la información contenida en las declaraciones tributarias presentadas por la demandante en los períodos acusados, además, se reitera, el dictamen rendido por este profesional no fue objetado.

Esta prueba pericial permite corroborar que la demandante cumplió la obligación formal de declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, correspondiente a los períodos enjuiciados, en el municipio en el que tiene la sede fabril, sin que este hecho haya sido desvirtuado por el apelante.

Además, se advierte que en el cuaderno de antecedentes están las respectivas declaraciones tributarias(13), las cuales gozan de la presunción de veracidad, sin que el demandado las haya desvirtuado, por el contrario, puede corroborarse con la prueba pericial practicada.

El pago de las obligaciones tributarias contenidas en las declaraciones presentadas por la contribuyente no es asunto objeto del presente proceso, pues en caso de que no hubiera sido cumplida la obligación sustancial, la administración tributaria correspondiente tendría que adelantar el respectivo proceso ejecutivo.

Ahora bien, en cuanto a la actividad comercial en la que insiste el Distrito Capital en la apelación, debe indicarse que las resoluciones 4063 DDI 12907 del 15 de marzo de 2007(14) y DDI 5624 del 31 de enero de 2008(15), por las cuales la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital impuso a la demandante la sanción por no declarar el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros correspondiente a los bimestres 1 al 6 de los años gravables 2002, 2003, 2004 y 2005, fueron demandadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B(16) que las anuló mediante sentencia del 30 de noviembre de 2011(17), notificada por edicto desfijado el 23 de enero de 2012(18).

Aunque la copia de la providencia y del edicto fueron allegadas con los alegatos de conclusión, esto es, fuera de la oportunidad procesal para aportar pruebas, la Sala no puede desconocer ese hecho, por lo que consultado el proceso en la página de internet de la rama judicial se corroboró la fecha del fallo, el sentido de la decisión y la forma y oportunidad en que fue notificado; además, que el proceso fue archivado el 9 de marzo de 2012.

En esas condiciones, al haber sido anuladas las resoluciones que sancionaron a la actora por no declarar en Bogotá el impuesto y períodos a los que se refieren los actos aquí demandados, se corrobora la falta de sustento, pues, en esa oportunidad, como aquí, la jurisdicción encontró que la contribuyente cumplió tal obligación en el municipio de Itagüí en el que opera la sede fabril.

Por las razones anteriores, la Sala no dará prosperidad al recurso de apelación y, en consecuencia, confirmará la sentencia apelada que anuló los actos acusados.

Sin embargo, se advierte que el tribunal en el ordinal primero de la parte resolutiva menciona períodos que no hacen parte de los actos demandados, por lo que se modificará para precisar los bimestres a los que hacían referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el ordinal Primero de la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva, el cual quedará así:

Primero: anúlanse la Resolución 1012DDI072896 del 18 de septiembre de 2007 y la Resolución DDI 116644 del 16 de septiembre de 2008 y, a título de restablecimiento del derecho, Declárase que la sociedad Sigmaplas S.A. no está obligada a presentar las declaraciones ni a pagar suma alguna por concepto de los impuestos de industria, comercio avisos y tableros correspondientes a los bimestres 4, 5 y 6 del año gravable 2002 y 1 al 6 de los años gravables 2003, 2004 y 2005 a la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, D.C.

2. Confírmase en lo demás la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(9) Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el estatuto tributario nacional...”.

(10) Sentencia del 3 de octubre de 2007, Expediente 17001-23-31-000-2002-01149-01 (15530), actor: Hidromiel S.A. ESP, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, reiterada en providencia del 13 de noviembre del 2008, Expediente 25000-23-27-000-2005-00749-01(16350), actor: Bel-Star S.A., C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Auto del 12 de noviembre de 2009 (fl. 155, c.p.).

(12) El dictamen pericial está en dos cuadernos separados.

(13) Ver folios 36 y siguientes de la carpeta I de los antecedentes administrativos.

(14) Fl. 251, c.a. II

(15) Fl. 339, c.a. II

(16) Proceso 25000-23-27-000-2008-00098-01, Sigmaplas S.A./Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, D.C., M.P. Dra. Beatriz Martínez Quintero.

(17) V. fl. 244 y ss., c.p.

(18) V. fl. 266, c.p.