Sentencia 2009-00026/41921 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad. Núm.: 63001-23-31-000-2009-00026-01(41921)

Actor: Daniel Johan Rubio Vega y Otros

Demandado: La Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia)

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C., veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete.

Extractos «VI. Consideraciones

1. Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(25), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Daniel Johan Rubio Vega, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, Elizabeth Vega Fuentes (madre), Eliover Vega y Reiner Rubio Vega (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación- Rama Judicial.

Para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación(26) y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito(27)-(28) e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial - Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

De manera que la actuación conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio, entre el juez y el fiscal, se desprende la responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil(29) y no en la teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones(30).

Ahora, esta regla general de legitimación debe revisarse en el juicio de imputación donde habrá de revisarse si la privación injusta de la libertad tuvo lugar como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(31), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(32). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(33).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(34).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 5 de septiembre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(35).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(36) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(37).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(38).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(39).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(40)-(41) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(42).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Código Penal, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(43).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)”. (Resaltado fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(44).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala revocará la sentencia a quo y en su lugar negará las pretensiones de la demanda, de conformidad con los siguientes hechos probados.

La Sala encuentra demostrado que el proceso penal iniciado en contra del señor Daniel Johan Rubio Vega como presunto autor del delito de extorsión tuvo su génesis en la denuncia presentada por los señores Manuel Antonio Robles Hoyos y María Lucelly Valbuena Arce contra indeterminados, en el mes de septiembre de 2005 en la ciudad de Montenegro - Quindío, en la que indicaron ser víctimas de llamadas y mensajes extorsivos, solicitándoles dinero y posteriormente una ayuda en mercados, al parecer por miembros de una agrupación de autodefensas(45).

En el trascurso de la investigación el grupo del Gaula de la Policía Nacional capturó al señor Daniel Rubio Vega en flagrancia, toda vez que él entregó unos documentos a los que eran extorsionados y en consecuencia de ello recibió un paquete que contenía el pago de la extorsión.

El 10 de mayo de 2006 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montenegro-Quindío(46) llevó a cabo la audiencia preliminar solicitada por la Fiscalía Séptima en la que se legalizó la captura y se efectuó la formulación de imputación y medida de aseguramiento y en donde se dijo: (i) que el señor Daniel Johan Rubio es indiciado por el punible del delito de extorsión; (ii) la captura se declaró legalizada; y (iii) se le imputó al demandante el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, cargos que el imputado no aceptó.

Por último, se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en la cual la fiscalía solicitó la detención preventiva del sindicado toda vez que el mismo constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas, petición que refutó la defensa, pero que el juez encontró ajustada, por lo cual dictó detención preventiva en contra del señor Rubio Vega en la Cárcel San Nicolás de Montenegro - Quindío.

El 23 de junio de 2006 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Quindío(47) con Funciones de Conocimiento se constituyó en audiencia pública de juzgamiento para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía Séptima de Montenegro contra el señor Daniel Johan Rubio Vega por el delito de extorsión en la que se señaló: (i) el actor fue capturado en flagrancia; (ii) el imputado aportó como pruebas las que recolectó la policía judicial; (iii) el abogado defensor adujó que el acusado tenía una cita médica a las 11:40 de la mañana del día que fue capturado lo que indica el por qué se encontraba en el lugar; y (iv) por último las partes indicaron que no existía nulidad procesal alguna.

El 20 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro - Quindío adelantó el juicio oral donde la Fiscalía acusó al señor Rubio Vega del delito de extorsión; y en la que el abogado defensor aportó varias pruebas en las que señaló que el actor padecía trastorno psicótico, según consta en la historia clínica, que era analfabeta y una persona manipulable y que para el día de su captura este tenía una cita odontológica.

En continuación de la audiencia, al momento de los alegatos de conclusión, la Fiscalía “declina su teoría del caso, reconsidera las pruebas de la defensa y depreca la aplicación del ‘in dubio pro reo’, es decir, considera que debe ser absuelto su inicialmente acusado, de los cargos imputados”, el ministerio público (…) “consideró que existía ausencia de responsabilidad del enjuiciado, que el mismo fue utilizado de manera instrumental para la comisión del delito”. (Resaltado propias del texto)

Obra en el expediente el acta de juicio oral del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Conocimiento de Montenegro - Quindío en la que decidió absolver al señor Daniel Johan Rubio Vega de los cargos lanzados en su contra por la conducta punible de Extorsión, conforme a la acusación efectuada en su contra por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de esta localidad, por cuanto encontró demostrado la ausencia de culpabilidad en la acción desplegada por el acusado pues su única participación fue llevar el día de su captura el sobre extorsivo a las víctimas, pero desconociendo su contenido, no hubo dolo especifico en su conducta, es decir, conocimiento de la conducta punible y conciencia de la antijuridicidad, que son los dos momentos del dolo(48).

En la misma acta se encuentra que el apoderado del señor Rubio Vega aportó “copia de la historia clínica del acusado solicitada por la Defensoría del Pueblo en donde se indica como este sufre de trastorno delirante y explicación mágica de él y su núcleo familiar”, asimismo señala que la “certificación del Comandante del Batallón de Ingenieros # 8 del 25 de mayo de 2006, indicando como el acusado fue reiterado del servicio militar ya que al efectuársele un examen de aptitud psicofísica presentada trastorno sicótico” y de los profesionales “quienes efectuaron entrevistas al acusado advirtiendo que es persona que no piensa más allá del día de hoy, no se proyecta adelante, cree que puede sucederle, conceptos que son relevantes en la medida que el acusado sufre trastorno delirante conforme se indica en la historia clínica del acusado, y del retiro del servicio militar sicótico”.

Asimismo obra en el plenario la certificación del 13 de abril de 2010 proferida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el que se señaló “me permito informarle que revisada la base de datos de dactiloscopia y sistema nacional se pudo verificar que el señor Daniel Johan Rubio Vega (…) registra ingreso con fecha 11 de agosto de 2006 a este establecimiento mediante resolución 115 de Dirección Regional Viejo Caldas Procedente de la Cárcel Municipal de Motenegro. Sindicado del delito de Extorsión a órdenes del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montenegro. Dentro del Proceso s/n con fecha de captura 10 de mayo de 2006, y sale en libertad el 7 de septiembre boleta 9627 Ordenada por el Juzgado 2 Promiscuo Municipal Montenegro Libertad Inmediata Proceso 2006-00815”.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el a quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

Al respecto, en primer lugar se encuentra demostrado en el expediente que el señor Daniel Johan Rubio Vega tenía problemas de salud mental, también, está demostrado que el actor fue capturado en flagrancia entregando un sobre que contenía un paz y salvo de una extorsión y a su vez recibió un sobre que contenía la simulación de un pago.

Al respecto, la Sala resalta que es importante diferenciar la responsabilidad penal y la responsabilidad civil del Estado, pues en el caso bajo estudio si bien el actor dentro del proceso penal demostró su padecimiento mental y que la conducta por la cual fue capturado en flagrancia se ocasionó por dicha situación, los demandantes no pueden pretender un resarcimiento por parte del Estado por cuanto la privación de la libertad del actor se ocasionó por un punible que el cometió y por el cual se le adelantó la investigación penal en su contra.

Al respecto esta Corporación ha señalado lo siguiente:

“(…) entre una y otra acción, la penal y la administrativa se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa... Si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos (…) Pero además de lo anterior, observa la Sala que no siempre son la mismas partes las que intervienen en cada uno de los procesos y en este punto también difieren la acción penal de la administrativa...En las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima la Sala que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por la Sala, entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991...donde se dijo: “Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución en aparente contradicción con aquella. Se dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquél. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió”.

Así las cosas, es importante resaltar que, si bien la sentencia dictada dentro del proceso penal que se adelantó contra el señor Daniel Johan Sánchez Vega no culminó con condena, sino absolviéndolo de la responsabilidad penal, lo cierto es que el actor fue capturado en flagrancia de manera que fue su actuar, el que dio lugar a la apertura de la investigación penal en su contra.

Así, si el actor estuviera en la obligación de soportar la investigación penal, no es de recibo para la Sala que los familiares del demandante consideren ser resarcidos por un supuesto daño que se le ocasionó por la privación injusta del señor Rubio Vega, pues ellos conocían de los problemas de salud mental que éste padecía y como mínimo lo debían acompañar a las citas médicas.

En consecuencia, la Sala no encuentra que la administración haya incurrido en una responsabilidad, pues se reitera el actor fue capturado en flagrancia, lo que determinó que se iniciara un proceso penal para determinar la responsabilidad penal del actor a quien se le respetaron todas las garantías constitucionales y procesales.

De conformidad con lo anteriormente expuesto la Sala considera que el señor Daniel Jhohan Rubio Vega dio lugar a la investigación penal y a la privación de la libertad porque el actor cometió el punible que se le imputo, por lo tanto no encuentra una actuación irregular o reprochable por parte de la entidad demandada que amerite responsabilizarla patrimonialmente por la privación de la libertad que se le ocasionó al señor Daniel Johan Rubio Vega, pues por el contrario se acreditó en el proceso que el actor si actuó por su propia voluntad, sin embargó también se demostró el padecimiento de la enfermedad mental que éste sufre.

Con fundamento en el análisis del caso sub examine concluye la Sala, que el actor comprometió su responsabilidad por cuanto actuó de manera negligente e imprudente y en contravía de sus deberes legales e institucionales, al recibir el sobre que contenía el paz y salvo de la extorsión y por otra parte recibir el dinero de la extorsión, pues si actuar le generó una responsabilidad penal y se encuentra configurado un eximente de responsabilidad del Estado como lo es la culpa de la víctima.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Conocimiento de Montenegro - Quindío en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de extorsión pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, toda vez que no se encuentra configurado el daño pues el actor fue capturado en flagrancia y por ello fue sometido a un proceso penal para que en él se determinara sí existía o no responsabilidad penal, por otra parte, los elementos de prueba aportados en el expediente se encuentra demostrada en la culpa grave y exclusiva de la víctima - Daniel Johan Rubio Vega, en el acaecimiento del daño - privación injusta de la libertad, por lo que no es posible endilgarle responsabilidad al ente demandado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Quindío, y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

2. RECONOCER personería a Sandra Lorena Arias Forero, identificada con la cédula de ciudadanía 24.336.232 de Manizales, Caldas y portadora de la tarjeta profesional 178.619 del C.S. de la J como apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

25. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

26. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004.

27. Arts. 250 de la C.P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004

28. Artículo 250 de la C.P.

29. “ART. 2344.—Responsabilidad Solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

30. La jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”. Consejo de Estado - Sección Tercera, Sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.

31. “ART. 21.—Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

32. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

33. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

34. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

35. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

36. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, p.174.

37. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

38. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

39. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

40. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

41. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

42. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

43. Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.

44. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577 M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.

45. Fl. 44 Cdno.1

46. Fl 33 Cdno.1 CD que contiene la audiencia inicial.

47. Fl. 33 Cdno.1 CD que contiene la audiencia inicial.

48. Fls.44-47 Cdno.1