Sentencia 2009-00026/45598 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso Nº 41001233100020090002601 (45598)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Hospital del Rosario de Campoalegre Huila ESE

Demandado: Faiver Augusto Segura Ochoa

Acción: Repetición

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la sala decidir sobre la apelación formulada por la entidad demandante contra la sentencia del 19 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, para lo cual abordará el análisis del asunto de la referencia en el siguiente orden: i) mérito probatorio de los documentos allegados en copia simple, ii) la competencia para conocer el proceso; iii) presupuestos procesales de procedencia de la acción de repetición, iv) características y elementos de la acción de repetición y v) el caso concreto.

1. Mérito probatorio de las pruebas allegadas en copia simple.

Al plenario fueron aportados algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia, consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Se adujo:

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes(4).

En la sentencia de unificación, se estableció que tratándose de procesos ejecutivos el título de recaudo que soporte la obligación debe obrar en original o en copia auténtica en los eventos autorizados por la ley, sin embargo, dicha exigencia solo opera para aquellos procesos que se tramiten de esa forma, esto es para los denominados procesos ejecutivos, excluyéndose por lo tanto de tal carga a los procesos ordinarios como el de repetición que ahora se decide en segunda instancia, puesto que lo que se pretende en este último no es otra cosa que acreditar la configuración de la responsabilidad del demandado, de allí que aunque la prueba documental respectiva corresponda a un título ejecutivo o, incluso, a un título valor, sí podrá apreciarse y valorarse en cuanto hubiere sido aportada o recaudada en copia simple.

Luego entonces, la sala valorará todos los documentos aportados en copia simple.

2. Jurisdicción y competencia.

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que el proceso tiene vocación de doble instancia y corresponde al Consejo de Estado el conocimiento de la apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila.

En efecto, frente a la competencia para conocer las acciones de repetición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación ha considerado que:

(…) conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la Ley 678-01 establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(5).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma Ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del CCA, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad”(6) (Negrillas fuera de texto).

En el presente asunto, fue el Tribunal Contencioso Administrativo de Huila, quien profirió, el 10 de agosto de 2004 (fls. 437-456, cdno. pbas. 3), la sentencia condenatoria contra el Hospital del Rosario de Campoalgre ESE dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho adelantado por el señor Luis Gómez, decisión que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en decisión del 31 de enero de 2008 (fls. 551-561, cdno. pbas. 3).

Así las cosas, esta corporación cuenta con competencia para conocer, en segunda instancia, del presente litigio, dado que la acción de repetición se inició ante el mismo tribunal administrativo que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, en aplicación del principio de conexidad, según la jurisprudencia consolidada de esta sección.

3. Presupuestos procesales de procedencia de la acción de repetición.

3.1. Normatividad aplicable.

La sala advierte que los hechos debatidos en este proceso tuvieron su origen en la Resolución 43 del 21 de marzo de 1995 (fl. 14, cdno. pbas. 1), expedida por el director del Hospital del Rosario de Campoalegre, a través de la cual, el señor Luis Gómez fue declarado insubsistente del cargo de asistente administrativo, acto administrativo que fue expedido antes de la expedición de la Ley 678 de 2001(7), razón por la cual la mentada norma solo se aplicara al caso sub lite para asuntos procesales, mientras que los aspectos sustanciales serán los vigentes para la época de ocurrencia de los hechos que llevaron a la conciliación prejudicial.

Ciertamente, esta corporación ya en diversas oportunidades se ha referido al tránsito legislativo de la Ley 678 de 2001 al expresar que cuando los hechos por los cuales la entidad fue condenada se originaron antes de la expedición de dicha ley, se aplicarán para efectos sustanciales las normas vigentes para el momento en que ocurrieron, mientras que los aspectos procesales se regirán conforme la Ley 678. Así fue explicado:

Teniendo en cuenta que los hechos del caso que ocupa la atención de la sala ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 678, expedida el año 2001, norma que, como se dijo, contiene la regulación actualmente vigente acerca de la acción de repetición, debe la Sala establecer cuál es la normatividad que resulta aplicable al caso concreto.

En virtud del principio general de irretroactividad de las leyes, salvo las que establecen normas procesales, principio que se erige con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el derecho constitucional al debido proceso, la sala ha sostenido(8) que por cuanto la Ley 678 regula tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición, se ha de precisar cuáles son las normas aplicables respecto de cada uno de dichos aspectos:

i) En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actúo con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal.

ii) En cuanto a las normas procesales, por ser estas de orden público y regir a futuro con efecto general e inmediato, se aplican las contenidas en la Ley 678, tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento en que empezó su vigencia, como, desde luego, a los que se iniciaron con posterioridad a dicha vigencia, con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

En consecuencia, en relación con los aspectos sustanciales, además de las normas constitucionales pertinentes, resultan aplicables al presente caso, por tratarse el fondo de la litis de la responsabilidad patrimonial presuntamente generada a raíz de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter laboral proferido el 25 de octubre de 1995, las normas generales contenidas en el CCA, Decreto-Ley 1º de 1984, vigentes al momento de expedición del acto cuya declaratoria de nulidad dio origen a la acción que ocupa la atención de la sala (…).

De otra parte, en cuanto a las normas procesales, se ha de aplicar lo dispuesto en el CCA, y en la Ley 678, que entró en vigencia el día 4 de agosto de 2001, esto es antes de que se hubiere instaurado la demanda que dio origen al proceso que ahora se decide, salvo los términos que hubieren comenzado a correr(9).

Ahora bien, en lo que respecta a los asuntos procesales y sustanciales que conciernen a la acción de repetición, la sección en diversas oportunidades ha expresado que tan solo la conducta dolosa o gravemente culposa(10) del agente causante del detrimento patrimonial de la entidad, se debe analizar a la luz de las normas vigentes al momento de ocurrencia de los hechos; mientras que los demás elementos de la acción de repetición son analizados conforme la Ley 678 de 2001; sobre el particular se mencionó:

Para determinar cuáles son los asuntos procesales y sustanciales que gobiernan el caso, es necesario determinar los elementos de la acción de repetición, los cuales han sido explicados por la sala en varias oportunidades:

— La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

— La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

— El pago realizado por parte de la administración; y

— La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa.

Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó, aspecto que también se predica de la caducidad de la acción. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(11).

Así las cosas y para el caso en comento, como quiera que la demanda fue impetrada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la caducidad de la acción, la determinación de la calidad del agente causante del supuesto daño, la existencia de una condena judicial y el pago realizado por la administración, serán analizados bajo la óptica de dicha ley; mientras que la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, será analizada conforme a los presupuestos legales vigentes para el año de 1995.

3.2. Caducidad de la acción.

La caducidad de la acción es un fenómeno jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la facultad de acudir ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley para ese efecto. Así, para que opere dicho fenómeno deben concurrir dos supuestos: i) El transcurso del tiempo y ii) el no ejercicio de la acción.

Para el caso de la acción de repetición, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total(12) efectuado por la entidad.

Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas(13).

“PAR.—La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.

Sobre el mencionado artículo, cabe precisar que conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-832 de 2001, existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, esto es: 1) A partir del día siguiente a aquel en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y 2) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el inciso 4º del artículo 177 del CCA, previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

La Corte Constitucional en la referida sentencia, al analizar el tema de la caducidad en la acción de repetición del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contado a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, bajo el presupuesto que:

(...) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, la entidad accionante a partir de la ejecutoria de la sentencia por la cual fue declarada patrimonialmente responsable —o el auto que apruebe la conciliación—, cuenta con 18 meses para pagar las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido este plazo comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición; en su defecto, si la entidad pública cancela las condenas impuestas en su contra dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el término de caducidad de la acción comenzara a contarse a partir de la fecha efectiva de dicho pago.

En el sub lite, se tiene que la entidad demandante persigue el reintegro del pago total de la obligación a la que fue condenada, por lo que es necesario analizar cuándo se produjo la sentencia condenatoria y el pago, pues, como fue expuesto, es a partir de estos dos elementos que se verifica el presupuesto procesal del ejercicio oportuno de la acción.

Revisado el expediente, la sala encuentra que con el fin de acreditar el pago efectivo, reposan en el plenario los siguientes documentos:

i) Sentencia del 31 de enero de 2008 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 10 de agosto de 2004, que resolvió entre otros aspectos, reconocer y pagar al señor Luis Gómez el valor de todos los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro (fls. 551-561, cdno. pbas. 3).

ii) Constancia de notificación de la sentencia del 31 de enero de 2008 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, notificada por edicto del 6 de junio al 10 de junio de 2008 y, de lo cual se tiene que quedó en firme el día 11 de junio de 2008 (fl. 562, cdno. pbas. 3).

iii) Resolución 317 del 25 de noviembre de 2008, mediante el cual el gerente del Hospital del Rosario del Municipio de Campoalegre ESE (Huila) ordenó pagar al señor Luis Gómez, todos los emolumentos salariales y prestaciones de percibir, desde el 21 de marzo de 1995 hasta el 17 de diciembre de 1999, en cumplimiento de las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por aquel (fls. 15-32, cdno. ppal.).

iv) Resolución 337 del 12 de diciembre de 2008, mediante el cual el gerente del Hospital del Rosario del municipio de Campoalegre ESE (Huila) confirmó la Resolución 317 del 25 de noviembre de 2008 (fls. 34-46, cdno. ppal.).

v) Acta de liquidación del 15 de diciembre de 2008, a través de la cual se estableció que los valores a pagar en cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado era de $ 150.065.073,073, correspondiendo: i) $ 128.527.103.66 al señor Luis Gómez por concepto de indemnización laboral, ii) $ 2.000.000 al Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva en razón de un embargo contra el señor Luis Gómez, iii) $ 10.845.847.85 al Fondo de Pensiones de Cajanal, iv) $ 3.863.165.12 a la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar, $ 2.897.373.84 al ICBF, y v) $ 1.931.582.56 al Sena.

vi) Comprobante de egreso Nº 8712, mediante el cual se indicó que mediante cheque Nº 169692 se pagó la suma de $ 128.527.103.66 al señor Luis Gómez, por concepto de liquidación de indemnización laboral. El comprobante de egreso se encuentra firmado por el beneficiario señor Luis Gómez (fl. 68, cdno. ppal.).

vii) Recibo de consignación de aportes parafiscales del 29 de diciembre de 2008, en el cual se indica que en la cuenta de Comfamiliar Huila, se consignó el cheque Nº 170883 por valor de $ 5.794.747.68, de los cuales $ 3.863.165,12 eran para la caja de compensación y $ 1.931.582.62 corresponde a pagos al Sena (fl. 53, cdno. ppal.) y recibo de caja del 30 de diciembre de 2008 de Comfamiliar HUILA, mediante el cual indican que les fue consignado la anterior suma de dinero (fl. 54, cdno. ppal.).

viii) Comprobante de egreso Nº 8921 del 29 de diciembre de 2008, mediante el cual se indicó que mediante cheque Nº 170883 se pagó la suma de $ 5.794.747.68 a favor de la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar (fl. 52, cdno. ppal.).

ix) Recibo del Banco Agrario referido a la consignación de aportes al ICBF del 29 de diciembre de 2008, en el cual se indica que en la cuenta del ICBF, se consignó el cheque Nº 170884 por valor de $ 2.897.373.84 (fl. 57, cdno. ppal.).

x) Comprobante de egreso Nº 8922 del 29 de diciembre de 2008, mediante el cual se indicó que mediante cheque Nº 170884 se pagó la suma de $ 2.897.373.84 a favor del ICBF, (fl. 56, cdno. ppal.).

xi) Recibo de consignación del Banco BBVA, del cual se tiene que el día 30 de diciembre de 2008 se consignó en la cuenta de la Caja Nacional de Previsión Social un cheque por valor de $ 12.859.623.53 (fl. 62, cdno. ppal.).

xii) Comprobante de egreso Nº 8920 del 29 de diciembre de 2008, mediante el cual se indicó que mediante cheque Nº 5715 se pagó la suma de $ 12.859.623.53 a la Caja Nacional de Previsión Social por concepto de aportes a pensión (fl. 60, cdno. ppal.).

xiii) Recibo de consignación del Banco Agrario, mediante el cual se tiene que el 4 de enero de 2009 se consignó en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva la suma de $ 2.000.000 (fl. 66, cdno. ppal.).

xiv) Comprobante de egreso Nº 8927 del 29 de diciembre de 2008, mediante el cual se indicó que mediante cheque Nº 170889 se pagó la suma de $ 2.000.000 en la cuenta de depósitos judiciales a favor del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva (fls. 63-64, cdno. ppal.).

Así pues, para el término de caducidad, en el presente caso debe tenerse en cuenta el cumplimiento del término contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues, como quedó visto, a la luz de lo dispuesto en la Sentencia C-832 de 2001, frente a la caducidad de la acción de repetición debe tomarse lo que ocurra primero en el tiempo.

Así pues, de lo anterior se tiene que la sentencia que confirmó la condena impuesta por el Tribunal Contencioso del Huila quedó ejecutoriada el 11 de junio de 2008, mientras que el último pago para cumplir aquella se realizó el 4 de enero de 2009(14), mientras que la demanda se presentó el 23 de enero de 2009 (fl. 13, cdno. ppal. 1), esto es, antes del vencimiento del término de dos años de que trata el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se tiene que la acción fue impetrada dentro de la oportunidad legal.

3.3. Legitimación en la causa.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, el Hospital del Rosario de Campoalegre ESE se encuentra legitimado en la causa por activa para impetrar la acción, por ser la entidad que fue condenada en sentencia del 10 de junio de 2004 (fls. 437-456, c. 3 pruebas) proferida por Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en proveído del 31 de enero de 2008 (fls. 551-561, cdno. pbas. 3).

Por su parte, el señor Faiver Augusto Segura Ochoa se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al haber sido el gerente del Hospital del Rosario de Campoalegre ESE que expidió el acto administrativo de insubsistencia que posteriormente dio a lugar la sentencia condenatoria contra la aquí entidad demandante.

4. Características y elementos de la acción de repetición.

La acción de repetición tiene como propósito el reintegro de los dineros que hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, por razón de una sentencia o acuerdo conciliatorio, y que tuvieron que salir del patrimonio de la entidad como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario, ex servidor público o particular investido de una función pública; sobre el particular, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

El referido mandato constitucional, encuentra amplio desarrollo en la Ley 678 de 2001 que definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor, ex servidor público o particular investido de funciones públicas que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En cuanto a la prosperidad de la acción de repetición, la jurisprudencia colombiana ha señalado que con independencia de la fecha que dio lugar a entablar dicha acción, aquella está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos:

i) La existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente.

ii) El pago de la indemnización por parte de la entidad pública;

iii) La calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular en ejercicio de funciones públicas;

iv) La culpa grave o el dolo en la conducta del demandado(15); y

v) Que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

En relación con lo anterior, esta corporación ha precisado que la no acreditación de uno de los tres primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante por sentencia judicial o acuerdo conciliatorio, el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad y la calidad del demandado, torna improcedente la acción y relevan al juez de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados; en tales casos se deberá negar las súplicas de la demanda(16).

5. Caso concreto.

En este orden de ideas, debe la sala establecer, si efectivamente se encuentran estos requisitos o si por el contrario debe desestimarse la acción.

5.1. La existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente.

Obra en el proceso copia de la sentencia proferida el diez de agosto de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en donde se condena al Hospital del Rosario de Campoalegre ESE al pago de indexado de salarios con sus respectivos aumentos convencionales y legales dejados de devengar por el señor Luis Gómez. (fls. 437-456, cdno. pbas. 3). Obra también en el proceso copia auténtica de la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la cual se confirma la sentencia de primera instancia (fls. 551-561, cdno. pbas. 3).

Así las cosas se tiene debidamente probado el primero de los requisitos exigidos, esto es la existencia de la decisión judicial que impuso a la entidad demandante la obligación de pagar una suma de dinero a favor del señor Luis Gómez.

5.2. El pago de la indemnización por parte de la entidad pública.

Con el fin de acreditar el pago efectivo que de tal obligación habría realizado la entidad demandante, se allegó, entre otros documentos ya anteriormente señalados —referidos en folios 15 a 17—:

i) Copia del comprobante de egreso por valor de $ 128.527.103.66 (fl. 68, cdno. ppal. 1) firmado por el señor Luis Gómez, mediante el cual se señala que efectivamente recibió la suma que la entidad demandada ordenó cancelarle directamente mediante Resolución 317 del 25 de noviembre de 2008 (fls. 15-32, cdno. pbas. 3).

ii) Recibo de consignación del Banco Agrario del 4 de enero de 2009, por el cual se tiene que se consignó la suma de $ 2.000.000 en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva (fl. 66, cdno. ppal.).

iii) Recibo de consignación del Banco BBVA, del cual se tiene que el día 30 de diciembre de 2008 se consignó en la cuenta de la Caja Nacional de Previsión Social un cheque por valor de $ 12.859.623.53 (fl. 62, cdno. ppal.).

iv) Recibo de consignación de aportes parafiscales del 29 de diciembre de 2008, en el cual se indica que en la cuenta de Comfamiliar Huila, se consignó el cheque Nº 170883 por valor de $ 5.794.747.68, de los cuales $ 3.863.165.12 fueron para la caja de compensación y $ 1.931.582.62 corresponde a pagos al SENA (fl. 53, cdno. ppal.).

v) Recibo de caja del 30 de diciembre de 2008 de Comfamiliar HUILA, mediante el cual se indicó que les fue consignado la anterior suma de dinero (fl. 54, cdno. ppal.).

vi) Recibo del Banco Agrario referido a la consignación de aportes al ICBF del 29 de diciembre de 2008, en el cual se indica que en la cuenta del ICBF, se consignó el cheque Nº 170884 por valor de $ 2.897.373.84 (fl. 57, cdno. ppal.).

vii) Acta de liquidación de indemnización laboral del 15 de diciembre de 2008 (fls. 48-51, cdno. pbas. 3).

Así mismo, junto con los comprobantes de egresos y consignaciones realizadas, reposa en el plenario el testimonio del señor Vicente Sánchez Quimbaya(17), persona que estuvo vinculada al Hospital El Rosario de Campoalegre y, quien señaló fue el encargado de realizar la liquidación de la indemnización a favor del señor Luis Gómez y haberle entregado directamente el cheque por el valor del dinero que resultó de la liquidación.

Luego entonces, se tiene debidamente probado el segundo de los requisitos exigidos.

5.3. La calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular en ejercicio de funciones públicas.

Este presupuesto también se encuentra acreditado en el proceso, comoquiera que obra en el plenario la resolución de nombramiento y acta de posesión del señor Faiver Augusto Segura Ochoa como médico director del Hospital del Rosario de Campoalegre (fls. 194-195, cdno. pbas. 1; fls. 331 y 332 cdno. pbas. 2), así como la Resolución 43 del 21 de marzo de 1995 suscrita por el demandado en su calidad de director del Hospital del Rosario (fl. 14, cdno. pbas. 1), condición por la cual fue vinculado a este proceso(18).

5.4. La culpa grave o el dolo en la conducta del demandado.

Respecto del cuarto y quinto requisito, según el artículo 90 de la Constitución Nacional, para que prospere la acción de repetición el funcionario causante de la condena a una entidad pública debió haber actuado con culpa grave o dolo. La Corte Constitucional en la Sentencia C-778 del 2003 dice:

“La Corte considera oportuno resaltar que en el caso de que la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición deriven de la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad de este no acarrea necesariamente la responsabilidad patrimonial del agente público, puesto que con fundamento en lo establecido en el art. 90 de la Constitución siempre se requerirá la demostración de su culpabilidad en las modalidades de dolo o culpa grave.”

El Código Civil, respecto de la culpa grave y el dolo, señala:

“ART. 63.—<Culpa y dolo>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

La culpa grave o el dolo exigen una manifestación de reproche sobre la conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre los deberes de conducta impuestos por el ordenamiento, en tanto implican un comportamiento ajeno al derecho y dirigido a causar daño o cuando menos producto de una negligencia que excluye toda justificación.

Luego entonces, se debe estudiar si la actuación del servidor que dio lugar a la condena en contra del Estado, tuvo la intención de dañar o si la conducta de aquel demuestra una negligencia en el manejo de los asuntos ajenos que no admite comparación, o en otras palabras, si se cuenta con elementos que permitan calificar la conducta como falta de diligencia extrema, equivalente a la señalada intención.

Así pues, con miras a determinar la existencia o no del dolo o la culpa grave del demandado, la sala encuentra una serie de pruebas sobre las que hace las siguientes precisiones:

5.4.1. Al proceso fue aportado en copia auténtica el expediente contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por el señor Luis Gómez en contra del Hospital del Rosario ESE e identificado con el número 41001233100119958216, proceso que fue trasladado a este plenario por solicitud que hicieren ambas partes procesales(19) y cuyo traslado se produjo con el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto por la ley.

Frente a esto último, se tiene que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho reposan varios testimonios de personas que conocieron del caso, declaraciones que serán analizadas por la sala en tanto su traslado se solicitó por ambas partes procesales que pidieron su incorporación(20).

5.4.2. Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, frente a los hechos que dieron lugar a la condena del Hospital del Rosario de Campoalegre ESE, la sala encuentra lo siguiente:

5.4.2.1. Mediante Resolución 289 del 14 de julio de 1986, el señor Luis Gómez fue nombrado como sindico administrador del Hospital del Rosario de Campoalegre, cargo que ejerció desde el 24 de julio de 1986, para luego pasar a ser asistente administrativo del referido centro hospitalario (fls. 16, 24 y 147, cdno. pbas. 1).

5.4.2.2. Pasados más de ocho años desde que el señor Luis Gómez ingresó al Hospital del Rosario de Campoalegre, mediante Resolución 269 del 21 de febrero de 1995, el doctor Nelson Alberto Castro Tovar, Secretario de Salud del Departamento del Huila, ordenó el traslado del doctor Faiver Augusto Segura Ochoa, médico director del Hospital Local San Antonio de Tarqui, al cargo de médico director del Hospital del Rosario de Campoalegre, del cual tomó posesión el 1º de marzo de 1995 (Resolución 269 del 21 de febrero de 1995 fl. 332, cdno. pbas. 2, acta de posesión Nº 004 del 1 de marzo de 1995, fls. 194-195, cdno. pbas.; fl. 331, cdno. pbas. 2).

5.4.2.3. Al día siguiente en que tomara posesión del cargo del director del Hospital del Rosario de Campoalegre, el doctor Nelson Alberto Castro Tovar, Secretario de Salud del Departamento del Huila, mediante oficio D-237 del 2 de marzo de 1995, le envío al doctor Faiver Augusto Segura Ochoa una hoja de vida de una aspirante para ser nombrada en el cargo de asistente administrativo, así (fl. 15, cdno. pbas. 1):

Me permito presentar a usted la hoja de vida de la señorita Gladys Carvajal Lara, administradora de empresas, egresada de la Universidad Surcolombiana, candidata por esta Secretaría de Salud para que sea nombrada como asistente administrativa en el hospital a su digno cargo.

5.4.2.4. Para marzo de 1995, el cargo de asistente administrativo era ocupado por el señor Luis Gómez, quien luego del anterior oficio, mediante Resolución 43 del 21 de marzo de 1995 proferida por el doctor Faiver Augusto Segura Ochoa, médico director del Hospital del Rosario de Campoalegre, fue declarado insubsistente del cargo de asistente administrativo, así (fls. 14 y 113, cdno. pbas. 1):

El médico director del Hospital del Rosario de Campoalegre, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 10 de enero 10 de 1990 y sus decretos reglamentarios,

RESUELVE

“ART. ÚNICO.—Declárese insubsistente del cargo de asistente administrativo del Hospital del Rosario de Campoalegre (Huila) al señor Luis Gómez, a partir del veintiuno de marzo de 1995”.

5.4.2.5. Al día siguiente de la anterior resolución, esto es, el 22 de marzo de 1995, mediante Resolución 60 de dicha fecha, el doctor Faiver Augusto Segura Ochoa, director del Hospital del Rosario de Campoalegre, nombró a la señora Gladys Carvajal Lara en el cargo de asistente administrativo, quien tomo posesión ese mismo día (acta de posesión del 22 de marzo de 1995 fl. 167, cdno. pbas. 1; Resolución 60 del 22 de marzo de 1995 fl. 168, cdno. pbas. 1).

5.4.2.6. Luego de su desvinculación, el señor Luis Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que lo declaró insubsistente al considerar que en su desvinculación existió una falsa motivación (fls. 1-12, cdno. pbas. 1)

5.4.2.7. La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila, que en sentencia del diez de agosto de 2004 declaró la nulidad de la Resolución 43 del 21 de marzo de 1995, al considerar que existió una falsa motivación y una desviación de poder. Dijo el tribunal (fls. 437-456, cdno. pbas. 3):

En la medida en que el Hospital del Rosario de Campoalegre, es una entidad dotada de personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, es obvio que su director estaba asistido de la facultad nominadora. En tal virtud, es equivocado decir que carecía de competencia para expedir el acto acusado.

No aparece en la prueba documental aportada al proceso que el demandante estuviera inscrito en carrera administrativa, ni se hizo afirmación alguna en tal sentido en la demanda.

Como quiera que tampoco está establecido que gozara de algún fuero especial, ha de entenderse que el cargo por él desempeñado era de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, su nombramiento en ejercicio de la facultad discrecional podía ser declarado insubsistente. Desde luego, en procura de obtener eficiencia en la prestación del servicio.

De acuerdo con los antecedentes obrantes dentro del plenario, se puede advertir, que a pesar de la autonomía de que goza —y gozaba en ese entonces— el ente hospitalario municipal, es evidente la injerencia del secretario de salud del departamento del Huila en sus decisiones nominadoras.

En el caso concreto que nos ocupa, ese mismo funcionario recomendó a la persona que reemplazó al demandante.

No obstante que esas “recomendaciones”, “sugerencias” o “presentaciones”, no tenían carácter vinculante para su director, es innegable, que si influyeron en sus decisiones.

En lo que respecta a la presentación de Gladys Carvajal Lara para ocupar el cargo de “asistente administrativo”, de acuerdo con su contenido, se concluye que:

Existió una insinuación-orden de parte del secretario de salud del departamento hacia el director del hospital para proceder a su vinculación (…).

Es indudable, que dada la calidad de superior funcional del secretario de salud del departamento sobre el director del Hospital del Rosario de Campoalegre, la recomendación que aquel le hiciera, tenía un efecto contundente en sus decisiones.

A pesar de que Gladys Carvajal Lara, superaba académicamente a Luis Gómez, el fundamento de su desvinculación antes de mejorar la prestación del servicio fue permitir el acceso de la candidata del secretario de salud.

Todas esas circunstancias a que se ha hecho alusión, permiten inferir, que a pesar de que el director del Hospital del Rosario tenía la facultad de nombrar y remover discrecionalmente a su “asistente administrativo”, la finalidad perseguida con la Resolución 43 del 21 de marzo de 1995, no estuvo inspirada en el interés público y en el mejoramiento de la prestación del servicio a la comunidad. A contrario sensu, los fines perseguidos y los móviles fundantes, no fueron otros que atender reverencialmente los deseos del secretario de salud del Huila y proceder en consecuencia a vincular a una de sus recomendadas. Conducta, que riñe con los principios y valores que informan el Estado social de derecho.

En ese orden de ideas, aflora una falsa motivación y una clarísima desviación de poder, que de conformidad con el precepto contenido en el artículo 84 del CCA desvirtúa la presunción de legalidad del acto acusado y en los términos consagrados en el artículo 85 ibídem, impone su declaratoria de nulidad y el restablecimiento del derecho del actor. —Negrillas fuera de texto—.

El Tribunal Administrativo del Huila, señaló que existió una desviación de poder, pues si bien es cierto la persona que reemplazó al señor Luis Gómez lo superaba académicamente, la desvinculación de aquel no obedeció al mejoramiento del servicio sino con el fin de vincular a una persona recomendada por el secretario de salud.

5.4.2.7. La decisión del Tribunal Administrativo del Huila fue confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 2008, decisión en la que se señaló que existió una desviación de poder. Se indicó (fls. 551-561, cdno. pbas. 3):

(…) milita en el proceso la Resolución 37 de 1970 proferida por el gobernador del departamento del Huila, que en su artículo 1º, expresamente reconoce personería jurídica al Hospital del Rosario de Campoalegre Huila. Igualmente, a los folios 179 a 186 obra la Resolución 5681 del 7 de diciembre de 1973 expedida por el Ministro de Salud por medio de la cual se aprueba el acuerdo Nº 008 de la junta directiva del hospital del rosario. En el artículo 23, literal d) se faculta al director para: “Hacer nombramientos, promociones y destituciones del personal del Hospital, de acuerdo con las disposiciones de este estatuto”.

Los actos administrativos referidos, permiten afirmar que la potestad nominadora de los empleados que laboran en el citado ente está en la cabeza del director, representante legal del establecimiento de salud y por ende, se concluye que la autonomía administrativa, financiera y de personal, que otorga la personería jurídica, implicaba un margen de libertad e independencia en el manejo de los destinos, que le permitieron en este caso al director del hospital del rosario hacer uso de la facultad discrecional para retirar del servicio al demandante (…).

El ejercicio de la facultad discrecional, para retirar del servicio a los empleados públicos, obedece a directrices encaminadas al mejoramiento del servicio (…).

Es abundante la prueba testimonial, por medio de la cual se infiere que el demandante prestaba eficientemente los servicios en la entidad demandada (…).

A su turno, Nelson Alberto Castro, secretario de salud del Huila para la época de la declaratoria de insubsistencia, a folios 395 y siguientes, fue interrogado sobre el grado de jerarquía que tenía el secretario de salud del Huila frente al hospital y/o frente al director del Hospital del Rosario de Campoalegre en la época en que el actor fue declarado insubsistente, frente a lo cual contestó:

Sí, ya lo había mencionado, hasta el 31 de diciembre de 1994, la persona que hacía absolutamente todos y cada uno de los movimientos, en todo el departamento y en todos los municipios, era el jefe de servicios seccional de salud (…) vino la descentralización y durante el tiempo que yo estuve de secretario que fue el año de 1995 estábamos en un periodo de transición y una de nuestras inmensas tareas fue precisamente comenzar desde enero a dar pedagogía a todos los alcaldes y a todos los directores de hospitales locales sobre que ellos tenían que asumir las riendas porque por efectos de la ley tarde o temprano iba a pasar.

Lo antecedente, demuestra inequívocamente que aún a pesar que la declaratoria de insubsistencia fue en el primer trimestre de 1995, lo cierto es que durante esa época el secretario de salud ejercía cierto control sobre los alcaldes y directores de hospitales del departamento, por la capacitación que este les brindo, con el fin de que asumieran “las riendas porque por efectos de la ley tarde o temprano iba a pasar”, lo que denota un cierto grado de jerarquía frente aquellos. Ese grado de jerarquía bien podía reflejarse en una “recomendación” para que nombraran a la candidata del secretario de salud, como en efecto ocurrió.

Así es, este funcionario le solicitó al señor Faiver Agusto Segura, director del hospital lo siguiente: Atentamente me permito presentarle a usted la hoja de vida de la señorita Gladys Carvajal Lara, administradora de empresas, egresada de la Universidad Surcolombiana, candidata por esta secretaría de salud para que sea nombrada como asistente administrativa en el hospital a su digno cargo.

Del texto anterior se puede entrever, que de la forma más abierta e inequívoca el secretario de salud del departamento del Huila, ejerció una influencia indebida, que se hace aún más evidente si se repara en que el empleo para el cual se produjo la “recomendación” no se encontraba vacante porque venía siendo ocupado por el demandante.

En ese orden, la sala no titubea en decir que amparándose en una recomendación incorrecta a la luz de la moral administrativa y que revela un dramático caso de tráfico de influencias ante el cual cedió el director del hospital, se retiró del servicio al actor, omitiéndose apreciar criterios justos enderezados en el beneficio del interés general, razón por la cual la causal de desviación del poder, se subsume en la expedición del acto acusado.

En conclusión, el examen del material probatorio, no deja duda que en la expedición del acto impugnado, el director del Hospital San del Rosario de Campoalegre, no actuó no en beneficio del interés general sino para satisfacer las exigencias del secretario de salud departamental, quien ejercitó una intromisión indebida, a la cual indudablemente pudo rehusarse y al no hacerlo, dejó al descubierto que la decisión obedeció a una causa que no tuvo como fundamento el mejoramiento del servicio sino que se encaminó a satisfacer intereses subjetivos.

La actuación administrativa materia de juzgamiento, revela un patético caso de clientelismo en el sector salud. Fue suficiente una “recomendación” del secretario de salud departamental para que el director del hospital, sin evaluar otra opción, nombrara al candidato recomendado, y para cumplir sus “órdenes” había que remover al demandante.

Sin contemplación alguna se adjudicó el cargo que ocupaba el demandante como si respecto de aquel pudiera ejercerse el derecho de propiedad. Es lamentable que se sometan los empleos públicos al animus domino que el dueño o poseedor de la cosa ejerce sobre ella, acto reprochable que la sala no duda en consignar en esta providencia.

Por las razones precedentes, se confirmará la sentencia apelada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la sala revocará la decisión de primera instancia y en su lugar declarara la responsabilidad del accionado, en cuanto existe una relación entre las razones jurídicas que llevaron a la imposición de la condena en contra de la administración y el fundamento de la acción de repetición, amén de la existencia de una culpa grave en el demandado, como director del Hospital del Rosario de Campoalegre.

En efecto, en los fallos dictados en el proceso contencioso laboral, existieron varios reproches respecto de la actuación del aquí demandado al desvincular al señor Luis Gómez, concretamente, al hecho de que la motivación del acto administrativo no estuvo en aras del mejoramiento del servicio, sino por el contrario, estuvo encaminada a satisfacer la recomendación del secretario de salud departamental, sin tener en cuenta otras opciones.

Sobre el particular, la sala observa que en el proceso contencioso laboral administrativo, el Hospital del Rosario de Campoalegre Huila al contestar la demanda, señaló que la insubsistencia obedeció al mejoramiento del servicio, pues en contra del señor Luis Gómez habían varias quejas, hecho este que conllevó a su desvinculación.

Tanto el Tribunal Administrativo del Huila como la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de revisar las pruebas, concluyeron que en contra del señor Luis Gómez no habían quejas, y por el contrario, de los testimonios obrantes en el proceso laboral se tenía que aquel durante todos los años que prestó sus servicios al hospital dio un buen servicio y, su desvinculación, no obedeció a otro criterio sino a la satisfacción de la solicitud que hiciere el secretario de salud departamental, quien pedía fuese nombrada una recomendada suya.

El aquí demandado y director del Hospital del Rosario de Campoalegre, a través de su apoderado, en la contestación de la demanda de la acción de repetición aceptó que la desvinculación del señor Luis Gómez se llevó a cabo por la recomendación dada por el secretario de salud departamental, la que en su sentir debía obedecerse dado que se trataba de su superior. Indicó en la contestación (fl. 112, cdno. ppal. 1):

Deja claro el análisis de la máxima corporación en lo administrativo que debido al grado de jerarquía que tenía el secretario de salud del Huila, Dr. Nelson Alberto Castro, frente al Hospital y/o frente al director del Hospital del Rosario de Campoalegre para la época de la declaratoria de insubsistencia (porque hacía absolutamente todos y cada uno de los movimientos, en todo el departamento y en todos los municipios, a través del jefe de servicios seccional de salud), fue por lo que se produjo el acto administrativo de desvinculación del señor Luis Gómez (…).

El Consejo de Estado hace énfasis en la nota del superior jerárquico Dr. Nelson Alberto Castro, secretario de salud al Dr. Faiver Augusto Segura, director del hospital, cuando prácticamente le ordena efectuar el nombramiento en lugar del señor Luis Gómez, así: “Atentamente me permito presentarle a ustedes la hoja de vida de la señorita Gladys Carvajal Lara (…) administradora de empresas (…) candidata por esta secretaría para que sea nombrada como asistente en el hospital a su digno cargo”.

Concluye en forma tajante el juzgador último de lo administrativo, que ese texto deja entrever de forma abierta e inequívoca que el secretario de salud del departamento del Huila, ejerció una influencia indebida, “que se hace aún más evidente si se repara en el que el empleo para el cual se produjo la recomendación no se encontraba vacante porque venía siendo ocupado por el demandante Luis Gómez, concluyendo que para esa corporación, el Dr. Faiber Augusto Segura Ochoa se amparó en una “recomendación” que resultó incorrecta “a la luz de la moral administrativa” y que “revela un dramático caso de tráfico de influencias”, ejerciendo el secretario de salud departamental, una intromisión indebida.

Está claro con este serio estudio del Consejo de Estado que mi poderdante no actuó con dolo ni con culpa grave, sino amparado en una idea de la superioridad del secretario de salud, que utilizando su jerarquía sobre él como simple director de un hospital, debía obedecer órdenes so pena de sufrir las consecuencias de desacato y por ende ser sometido a su cambio como director (…).

No puede contenerse otra conclusión, sino que mi poderdante no obró con la voluntad libre, espontánea, motiva por interés y con un claro objetivo de dañar (llamado dolo), sino que lo hizo bajo la presión de la idea de jerarquía que aún se mantenía en aquella época (que a la fecha ha cambiado grandemente más aún luego de la expedición de la Ley 909 de 2004 sobre carrera administrativa), entre la secretaría de salud y los hospitales que pertenecían a lo nacional, departamental y municipal, según la cual los directores de hospitales, debían acatamiento a las sugerencias u órdenes de sus superiores. No puede establecerse bajo ningún estudio, que el proceder personal de mi poderdante encaje dentro de las categorías de dolo o culpa grave, cuando se actúa bajo incuestionable orden o sugerencia de nombramiento, cuando aún persistía tal costumbre administrativa de que todos los movimientos de personal se hacían por la secretaria de salud a través del jefe seccional de salud. –Negrillas fuera de texto-.

A lo largo de la contestación de la demanda de repetición, el señor Faiver Augusto Segura Ochoa a través de su apoderado, no hizo ninguna mención a que la insubsistencia del señor Luis Gómez obedeciera al mejoramiento del servicio, sino que por el contrario, aceptó que fue en acatamiento de lo solicitado por el señor Nelson Alberto Castro, entonces secretario de salud departamental del Huila.

Sobre esto último, la sala recuerda que de conformidad con el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este proceso, la confesión por intermedio de apoderado judicial se presume en la contestación de la demanda y, para el caso en concreto, no obra en el plenario ningún documento suscrito por el señor Faiver Augusto Segura Ochoa en el que se realice alguna retractación de lo dicho en la contestación.

Así pues, se tiene que el demandante acepta que amparado en una idea de superioridad y, por temor a ser cambiado como director del hospital, removió de su cargo al señor Luis Gómez, de quien no se tenía queja alguna, para nombrar en su lugar, a una persona recomendada por el secretario de salud departamental.

El a quo señaló que no había culpa grave ni dolo por parte del aquí accionado, toda vez que el señor Luis Gómez en testimonio rendido al interior de este proceso había señalado que su desvinculación había obedecido a causas políticas y como las mismas no se probaron, no se podía indicar que existió un tráfico de influencias o una confrontación política y, en todo caso, tampoco se podía concluir que sí el secretario de salud pidió una recomendación, esta era una imposición.

Sobre el particular, la sala encuentra que si bien es cierto no está demostrado que la desvinculación del señor Luis Gómez obedeció a causas políticas, sí se encuentra probado y así lo acepta el demandado en la contestación de la demanda, que la salida de aquel obedeció a la recomendación del secretario de salud y no a alguna otra razón.

En efecto, en cuanto al buen servicio prestado por el señor Luis Gómez, en el proceso laboral reposan entre otros, los testimonios de los señores Jesús Alberto Casadiego Patiño(21) (fls. 298-301, cdno. pbas. 2) y Rodrigo Cleves Rodríguez(22) (fls. 376-380, cdno. pbas. 2) quienes laboraron junto aquel en el Hospital del Rosario de Campoalegre y, refirieron que en los años de servicio que el señor Gómez estuvo en el centro hospitalario, fue un funcionario eficiente, capaz y del cual no se tenía queja alguna.

Lo dicho por los testigos, refuerza lo que es aceptado por el demandado, esto es, que la razón de la desvinculación del señor Luis Gómez únicamente fue en atención a cumplir la recomendación del secretario de salud.

Ahora bien, el accionado refiere que cumplía una orden del secretario de salud y, por ende, no se puede predicar la existencia del dolo o la culpa grave. Al respecto, la sala encuentra que contrario a lo dicho por aquel, sí se predica una culpa grave, pues como director del Hospital del Rosario de Campoalegre era independiente del secretario de salud y, la desvinculación del señor Luis Gómez obedeció no a criterios de buen servicio, sino a razones totalmente opuestas de las cuales se configuró la existencia de una desviación de poder.

En efecto, en cuanto a que el señor Faiver Augusto Segura Ochoa debía cumplir la recomendación del secretario de salud, la sala observa que en el plenario no hay normativa alguna que indique tal hecho y, por el contrario, se tiene que el director del hospital tenía autonomía para designar y remover a sus empleados.

De acuerdo con la Resolución 111 de 1960 proferida por el Gobernador del Huila, el Hospital del Rosario de Campoalegre, tenía personería jurídica (fls. 212-213, cdno. pbas. 2) y, de conformidad con el artículo séptimo, literal K de la Resolución 160 del 11 de julio de 1978 (fls. 208-211, cdno. pbas. 2), por la cual se expidieron los estatutos del hospital, el médico director del Hospital tenía como una de sus funciones la de “nombrar y remover al personal técnico y administrativo del hospital y a todo el personal de los centros y puestos de salud de su área de influencia, hacer traslados, dar licencias, vacaciones y aceptar renuncias, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de personal”.

Por su parte, la secretaría de salud del Huila, creada mediante Decreto departamental Nº 427 de 1991 (fls. 402-404, cdno. pbas. 3), tenía como funciones entre otros, la de prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y a las entidades e instituciones que prestaban el servicio de salud en el ente territorial.

Una revisión al Decreto departamental Nº 427 de 1991, da cuenta que la Secretaría de Salud del Huila no tenía por función la de ordenar la remoción de los empleados de las entidades a las que les prestaba asistencia, aspecto que coincide con el Decreto Nº 732 de 1994, por el cual se creó y organizó el sistema de salud integral en el departamento del Huila (fls. 407-431, cdno. pbas. 3).

Sobre esto último, debe indicarse que aunque en el expediente laboral administrativo que fue trasladado a este proceso obren varios testimonios que indiquen que en los cargos de personal se debía consultar a la dirección seccional de salud(23) y que se estaba en una transición para que el hospital pasara a ser descentralizado, de las normas que regían al hospital y la secretaría de salud departamental del Huila se tiene que para el momento de los hechos el director del Hospital de Campoalegre era la persona a cargo de nombrar y remover el personal del hospital.

Lo anterior, coincide con lo expresado por el doctor Rodrigo Cleves Rodríguez, quien fuera director del hospital de Campoalegre desde el año de 1988 hasta febrero de 1995 y, quien en testimonio rendido al interior del proceso laboral, señaló sobre la independencia que existía en el director. Dijo el testigo (fls. 376-380, cdno. pbas. 2):

Preguntado: Dígale al despacho si el señor secretario del Huila en ese entonces José Nelson Castro debía hacer recomendaciones por escrito al señor director del Hospital de Campoalegre presentando candidatos que debían de ingresar a dicha planta a sabiendas que el cargo asistente administrativo no estaba vacante. Contestó: Bajo mi administración esto nunca sucedió ya que considero que uno como director o gerente de una institución y en este caso del hospital del Rosario, es autónomo para escoger y seleccionar el recurso humano que le pueda beneficiar por sus conocimientos y experiencia a la empresa, sin que sea sugerido o impuesto por un nivel jerárquico superior.

El señor Nelson Alberto Castro, secretario de salud departamental de la época, en testimonio rendido al interior de este proceso, señaló que “daba la recomendaciones” porque los directores de hospitales a veces así lo solicitaban y que en ningún momento daba órdenes a los directores de los hospitales. Dijo el testigo:

Preguntado: Dígale al tribunal si usted recuerda haberle enviado al Dr. Faiver Augusto Segura, un oficio o nota cuando se desempeñaba como Secretario de Salud del departamento del Huila y el Dr. Segura como director del Hospital del Rosario de Campoalegre, en el cual le presentaba la hoja de vida de la señora Gladys Carvajal Lara, administradora de empresas; como candidata por la secretaría, para que fuera nombrada como asistente administrativa en el mencionado hospital Contestó: La verdad yo no recuerdo muy bien con detalle los acontecimientos hace ya 15 años; pero sí recuerdo acorde con la respuesta anterior, que con frecuencia nos visitaban en la secretaría, los directores de los hospitales, a veces incluso los alcaldes solicitando profesionales de la salud para que hicieran su año rural obligatorio en sus municipios, y toda esta serie de cosas que yo llamaba en la respuesta anterior como consejos o ayudas, puesto que la dependencia directa regional de un hospital hacia los otros como en el caso del hospital de Garzón hacia los otros hospitales del centro de departamento; o del Hospital de Pitalito con los hospitales del sur; esa dependencia había desaparecido. Entonces probablemente cuando él me visitó y me pidiera que le aconsejara o proveyera alguna persona que pudiera desempeñar tal o cual cargo en su hospital, de las hojas de vida que había en la secretaría y que todo el mundo dejaba, se le aconsejaba alguna persona; pero nunca había ninguna imposición ni orden, simplemente se hacía con todos los municipios como una respuesta a sus peticiones de ayudar (…) Preguntado: Dígale al despacho si al no acoger las recomendaciones o consejos en materia personal que realizaba la secretaría de salud departamental, traía como consecuencia algún tipo de sanción, incluso al ser separado del cargo por parte del funcionario que no lo acogiera Contestó: No, en absoluto, como repito ya ellos eran autónomos, el alcalde así también lo sabía, en ese tiempo el ingeniero de apellido Gutiérrez, con el señor alcalde conversamos en muchas ocasiones. Pero el hecho de que un director por ejemplo de un hospital no llegara a ningún acuerdo con alguna persona que se le conseguía para llenar algún faltante en personal, eso no acarreaba ningún disturbio, ni mucho menos una sanción.

Aunque el testigo refirió que probablemente hizo una recomendación, porque así se lo pudo pedir el aquí demandado, de los documentos allegados al plenario, se tiene que no hubo tal petición.

En efecto, al día siguiente que el señor Faiver Augusto Segura Ochoa tomó posesión del cargo de director del Hospital de Campoalegre, el señor Nelson Castro le envió un documento recomendando a una persona para el cargo de asistente administrativo y, el aquí demandado para efectos de cumplir tal petición, declaró insubsistente al señor Luis Gómez.

El señor Luis Gómez, en testimonio que rindiera al interior de este proceso, señaló que una vez se posesionó el director del hospital, aquel le pidió su renuncia y como quiera que no la presentó fue declarado insubsistente. Dijo el testigo (fls. 159-162, cdno. ppal.):

Preguntado: Sírvase manifestarle al tribunal si conoce al Dr. Faiver Augusto Segura Ochoa, en caso cierto manifieste desde cuánto tiempo hace y por qué lo conoce? Contestó: Lo conocía el 1º de marzo de 1995, en esa época fue nombrado director del Hospital del Rosario de Campoalegre por la secretaría de salud departamental. Lo conocía en el Hospital. Yo era el asistente administrativo. Preguntado: Sírvase decirle al tribunal, cual fue el trato que usted recibió del Dr. Faiver Augusto Segura Ochoa, como director del Hospital del Rosario de Campoalegre, para usted como asistente administrativo? Contestó: Yo recibí trato del Dr. Segura todos los días pidiéndome la renuncia, y yo le contestaba que llevaba tanto tiempo administrando el hospital y no había tenido ningún problema con ningún director, el Dr. Marco Fernando Pastrana Borrero y el Dr. Cleves. Yo lo atendí muy bien, le conseguí sitio donde vendían la comida. En el Hospital le organicé una alcoba para que él viviera en el segundo piso. Hasta se lo presenté al gerente del banco como el nuevo director del hospital. Llegando el 21 de marzo de 1991 me declaró insubsistente, para nombrar a una señora Gladis Carvajal, que era recomendada por el señor gobernador Jaime Losada que en paz descanse. Preguntado: Cuál considera usted que fue la razón que tuvo el Dr. Faiver Augusto Segura Ochoa para que lo declarara insubsistente según ha hecho mención en esta diligencia. Contestó: Él me decía que eran cuestiones políticas del nuevo secretario Nelson Castro y del señor gobernador Jaime Losada. Preguntado: Manifiéstele al tribunal si además de su insubsistente, se produjo alguna otra desvinculación por parte del Dr. Faiver Augusto Segura Ochoa, y si conoció las razones de la misma Contestó: No, solamente a mí, que ese era el compromiso según el con las cuotas. Yo era el segundo mando del hospital. —Negrillas fuera de texto—.

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que si bien el cargo que ocupaba el señor Luis Gómez era de libre nombramiento y remoción y le asistía al director del hospital la facultad discrecional frente a sus empleados, la insubsistencia de aquel no obedeció al mejoramiento del servicio sino con el único objeto de cumplir la petición que hiciera el secretario de salud, como si el cargo le perteneciera aquel y pudiera ejercer derechos de señor y dueño sobre el mismo, tal y como se concluyó en el proceso contencioso laboral.

La desvinculación del señor Luis Gómez no obedeció a los fines del empleo público, no consulta las razones del buen servicio, ni las normas constitucionales y legales y, en ningún momento se observó si con su salida se satisfacía el interés general, el demandado acepta que la única motivación que ocurrió fue la de cumplir una orden del secretario de salud, que como quedó visto, aunque fuera el nominador del aquí demandado, no tenía ninguna facultad para decidir sobre la cargos al interior del hospital.

No pueden pasarse por alto los hechos que fundamentaron la desviación de poder, calificativo que evidencia el desconocimiento del ordenamiento jurídico, pues sin mayores consideraciones se desvinculó a un funcionario que llevaba más de ochos años laborando en el sector y del cual no se tenía queja alguna, con miras a nombrar a una persona, por solo la recomendación de otra.

Por lo anterior, del señor Faiver Augusto Segura Ochoa se predica la existencia de una conducta reprochable a la luz del ordenamiento jurídico y que configura actuación gravemente culposa que al reunirse los demás requisitos, conllevan a que prospere la acción de repetición.

En ese orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia y se condenará al señor Faiver Augusto Segura Ochoa al pago del capital debidamente actualizado, lo anterior, toda vez que no puede pasarse por alto lo que corresponde a intereses, los que estuvieron a cargo de la administración en cuanto obedecen a un plazo legal ajeno al demandado, si se considera que fueron pagados casi diez meses después de la ejecutoria de la sentencia condenatoria en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre el particular, el inciso 4º del artículo 177 del Decreto 1 de 1984, previó que las condenas impuestas contra las entidades públicas, serán ejecutables dentro de los dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. En ese orden se tiene que, proferida una sentencia que imponga una condena en concreto, las entidades procederán a: i) expedir la resolución que ordene el reconocimiento, liquidación y pago, ii) a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, incluida la apropiación presupuestal respectiva y iii) a liquidar los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia hasta cuando se haga efectivo el pago (art. 177). De lo que se sigue que la entidad no podrá ser ejecutada ante la jurisdicción contenciosa dentro de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria —artículo 177 del CCA en concordancia con los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998 que modificó los numerales 7º del artículo 132 y 7º 134B del CCA—.

Luego entonces, la condena en contra del señor Faiver Augusto Segura Ochoa se limitará al valor del capital debidamente actualizado con los índices de precios al consumidor, el que se pagará a plazos tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley 678 de 2001(24). Para el efecto, sin perjuicio de la facultad conferida en la misma disposición para fijarlo, se insta a la entidad para que lo convenga con el accionado en audiencia de conciliación citada para el efecto. De no ser posible convenirlo directamente, cualquiera fuere la causa, el pago a plazos, se hará la primera cuota dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el saldo final no podrá superar el plazo de los dos años desde la ejecutoria.

Así las cosas, el monto pagado asciende a la suma $ 130.556.413.85(25), los que fueron pagados en dos meses diferentes, la suma de $ 128.556.413.85 en el mes diciembre de 2008 y $ 2.000.000 que fueron pagados en el mes de enero de 2009, los que serán actualizados:

VP = $ 128.556.413.85(26) x 137,87

100

VP $ 177.240.728

VP = $ 2.000.000 x 137,87

100,59

VP = $ 2.741.227

Total = $ 177.240.728 + $ 2.741.227 = $ 179.981.955

En consecuencia, el señor Faiver Augusto Segura Ochoa pagará a favor del Hospital del Rosario de Campoalegre Huila ESE, la suma de ciento setenta y nueve millones novecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y cinco pesos ($ 179.981.955) m/cte.

COSTAS

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al señor Faiver Augusto Segura Ochoa por haber incurrido en culpa grave, en cuanto su conducta dio lugar a la condena impuesta al Hospital del Rosario de Campoalegre Huila ESE, mediante sentencia proferida el 10 de agosto de 2004, por el Tribunal Administrativo del Huila y confirmada en providencia del 31 de enero de 2008 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3. CONDÉNASE al señor Faiver Augusto Segura Ochoa a reintegrar a favor del Hospital del Rosario de Campoalegre Huila ESE, la suma ciento setenta y nueve millones novecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y cinco peso ($ 179.981.955) m/cte.

4. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

5. Las partes, podrán llegar a un acuerdo de pago, en audiencia de conciliación citada para el efecto. De lo contrario, el pago a plazos, se hará la primera cuota dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el saldo final no podrá superar el plazo de los dos años desde la ejecutoria.

6. DESE cumplimiento al numeral 2º del artículo 115 del C. de P.C., para el efecto se dejará constancia que solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo.

7. SIN CONDENA en costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

5 Original de la cita: Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, exp. 2007 00433 00, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, exp. 2001 02061 01, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

6 Auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Dr. Héctor Romero Díaz.

7 El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.

8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2.006. Expediente: 28.448. C.P: Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 31 de agosto de 2.006. Expediente: 17.482. C.P: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de octubre de 2007. Expediente: 22.098.

10 Elemento subjetivo.

11 Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: 27 de noviembre de 2006. Exp: 18.440; 6 de diciembre de 2006. Exp: 22.189; 3 de diciembre de 2008. Exp: 24.241; 26 de febrero de 2009. Exp: 30.329; 13 de mayo de 2009. Exp: 25.694.

12 Cabe indicar que mediante proveídos del 8 de febrero de 2012, Exp. 39.206; 12 de febrero de 2014, Exp. No. 39.796; 27 de enero de 2016 Exp. 35.894 y 24 de febrero de 2016, Exp. 36310 M.P. Hernán Andrade Rincón, esta corporación ha señalado que es factible la repetición por el pago de las sumas que la entidad canceló, así esta no sea la totalidad de la deuda. En la última providencia citada se indicó:

(…) resulta procedente ejercitar la acción con la pretensión de repetición incluso cuando el pago efectuado por la administración no se corresponda con el total al que haya sido obligada, pero, por obvias razones, en dicho evento solamente se podrá repetir por los valores efectivamente cancelados //. Este entendimiento no pugna con lo actualmente establecido en nuestro ordenamiento, en relación con el trámite a seguir para la realización de los estudios pertinentes, en punto a valorar la procedencia de la acción de repetición por parte de los Comités de Conciliación de las entidades públicas, toda vez que, si bien se dispone que el ordenador del gasto remita al día siguiente del “pago total” el correspondiente acto administrativo y sus antecedentes al respectivo comité, nada impide que haga lo propio respecto del pago parcial, igualmente dispuesto a través de acto administrativo // En consecuencia, frente a los valores que no se hubieren cancelado, el término de caducidad no se verá afectado por el recobro que se pretenda de lo que sí se pagó y habrá de estarse a un diferente tratamiento de conformidad con la ley.

13 La Corte Constitucional mediante Sentencia C-394 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis, declaró a propósito del inciso primero estarse a lo resuelto en la Sentencia C-832 de 2001 y condicionó en el mismo sentido la exequibilidad del inciso segundo.

14 Antes del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, los que vencían el 11 de diciembre de 2009.

15 Que como ya fue expuesto anteriormente, para el caso sub lite debe ser analizado conforme las leyes vigentes para la época en que fue proferido el acto administrativo de desvinculación del señor Luis Gómez.

16 Criterio expuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias del 1º de octubre de 2008, expediente 22.613; del 13 de noviembre de 2008, expediente 25.893; y del 11 de febrero de 2009, expediente 29.926.

17 Concretamente y frente al pago, dijo el testigo: “Estuve vinculado al Hospital El Rosario de Campoalegre desde el 15 de junio de 2006, hasta el 17 de noviembre de 2009, desempeñando el cargo de profesional universitario del área administrativa y financiera- (…) tengo conocimiento que el señor Luis Gómez demandó al hospital del rosario de Campoalegre porque el gerente del hospital de la época, doctor Faiber Segura lo declaró insubsistente y al hospital le correspondió adelantar los trámites para dar cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado y en esa época pues yo me desempeñaba como profesional universitario del área administrativa y financiera (…) yo efectué las liquidaciones respectivas que ascendieron a ciento cincuenta millones setenta y cinco mil pesos aproximadamente, más de dos millones trece mil pesos por concepto de los intereses al fondo de pensiones y al señor Luis Gómez se le giró el cheque por ciento veintiocho millones aproximadamente, los demás valores fueron girados al fondo de pensiones, Cajanal, los parafiscales que es para caja de compensaciones familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena y otro valor que ordenó un juzgado de Neiva retenerlo. Preguntado: Sírvase explicar sucintamente cómo se determinaros las sumas mencionadas por usted Contestó: La liquidación se efectuó de acuerdo a lo indicado en la Resolución 317 del 25 de noviembre de 2008 (…) Preguntado: Informe al despacho cómo se efectuó el pago de las sumas dinerarias mencionadas por usted anteriormente. Contestó: Esos pagos se efectuaron a través de cheques de Bancolombia, eso se liquidó con fecha 15 de diciembre de 2008, a él señor Luis Gómez se le notificó personalmente el 17 de diciembre, no tengo claridad si se le entregaron ese mismo día, pero yo le entregué a él por $128.527.000 pesos y los demás se consignaron a las respectivas entidades beneficiarias” (fl. 245-247, cdno. ppal. 1).

18 También reposa en el plenario certificación del 22 de abril de 1997 (fl. 318, cdno. pbas. 2), por medio de la cual la Jefe de la División administrativa y financiera de la secretaría departamental del Huila señaló que el señor Favier Augusto Segura Ochoa prestó sus servicios en el hospital del Rosario de Campoalegre, como director, durante el tiempo comprendido del primero de marzo de 1995 al 17 de marzo de 1997.

19 La parte actora, en el acápite de pruebas solicitó se oficiara a “la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila para que remita copia auténtica y con destino a este proceso, del expediente contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por el señor Luis Gómez (…)” (fl. 11, cdno. ppal. 1), petición que fue coadyuvada por el accionado en la contestación de la demanda y quien frente a esta prueba señaló: “es de recibo, bajo el entendido que servirá para desentrañar si existe prueba dentro de ese expediente que sea pertinente, conducente y útil, tendiente a demostrar el obrar doloso de mi poderdante” (fl. 94, cdno. ppal. 1). Así mismo, en el acápite de pruebas, el accionado solicitó se tuviera como pruebas: “el expediente contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por el Señor Luis Gómez en contra del Hospital del Rosario y distinguido con el Nº de radicación 41001233100119958216 a que hace referencia el epígrafe “Pruebas 1. Documentales A. Oficiosas” del líbelo de la demanda y solicitada como prueba, la cual coadyuvo para que sea practicada” (fl. 113, cdno. ppal.).

20 En el caso del señor Faiver Augusto Segura Ochoa, la sala encuentra que el demandado se opuso a la ratificación en este proceso de algunos testimonios, al considerar que los mismos ya reposaban en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, volverlos a practicar vulneraría el principio de economía procesal. Concretamente indicó el accionado frente a la práctica de los testimonios que: “no es útil toda esa prueba solicitada, si se tiene en cuenta que estos testimonios vienen trasladados con la copia de todo el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por el señor Luis Gómez. Por lo tanto me opongo a la dilación y falta al principio de economía procesal, con la recepción de esta prueba”.

21 El señor Jesús Alberto Casadiego Patiño, frente a la labor del señor Luis Gómez refirió: “Yo conozco al señor Gómez desde el año de 1991, época en que me vinculé a trabajar como médico director del agredo (h) y en donde las actividades que hacía en esa época el servicio seccional de salud, en donde nos reuníamos los directores, en esas circunstancias lo conocí. Posteriormente entré a trabajar como médico director del centro de salud de Yaguara en el año de 1994 y el señor Gómez Seguía en el cargo de director administrativo o de asistente administrativo de Campoalegre y Yaguara ante la descentralización, la administración dependía de Campoalegre- fue a partir de ese momento que tuve una relación más estrecha con él, a nivel de dependencia (…) En cuanto a lo del señor Gómez considero que una de las razones fundamentales fue su filiación política porque considero que fue un funcionario eficiente y capaz, máxime que después de la salida de él tuvimos muchas dificultades en el centro de salud de Yaguara en cuanto a dotación, suministro e incluso pago de salarios”.

22 El señor Rodrigo Cleves Rodríguez, quien había sido director del Rosario de Campoalegre y jefe del señor Luis Gómez, refirió: “Al señor Luis Gómez lo conozco de vista, trato y comunicación, hace más o menos unos catorce años, lo conocí cuando llegué a trabajar en el hospital del Rosario de Campoalegre, como director, en el año de 1988, Luis se encontraba trabajando en el hospital como sindico administrador, yo me retiré del hospital en el año de 1995, hasta febrero de 1995 yo estuve como director y el señor Luis salió del hospital hasta el mes de marzo de ese mismo año. El señor Luis fue desvinculado del hospital y creó que su salida se debió a compromisos de tipo político que tenían en ese entonces el señor gobernador del Huila y el señor secretario departamental de salud, doctor Nelson, José Nelson Castro, porque creo que no existió ninguna irregularidad ni ninguna falta que él hubiese cometido la cual hubiera originado su desvinculación (…) Preguntado: Sírvase decirle al despacho si a usted le consta como fue el desempeño del señor Luis Gómez en el cargo de asistente administrativo del hospital nuestra señora del Rosario o sindico administrador, cuando usted fue director de dicho hospital Contestó: El señor Luis cumplió a cabalidad con las funciones y tarea inherentes a su cargo y las indicadas por mí como director, nunca hubo la necesidad de hacerle ningún llamado de atención o alguna investigación de tipo disciplinario”.

23 El señor Marco Fernando Pastrana Borrero, en testimonio que rindió al interior del proceso laboral señaló que fue director del hospital hasta febrero de 1988 e indicó para dicha época el jefe de servicio seccional de salud era el jefe de la máxima jerarquía a nivel departamental y era quien se encargaba del nombramiento del director del hospital. Sobre su testimonio, es de resaltar que aquel se refería a hechos anteriores a 1995, cuando se produjo la desvinculación del señor Luis Gómez (fl. 389-390, cdno. pbas. 2).

24 “ART. 15.—Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales en acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.
Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 2002 “Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla. Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella”.

25 Los que corresponden a la suma de $130.527.103.66 por capital al señor Luis Gómez; $10.845.847.85 al fondo de pensiones de Cajanal, $3.863.165.12 a la caja de compensación familiar del Huila, $2.897.373.84 al ICBF y $1.931.582.56 al Sena, menos el valor de $19.508.659.45, que corresponden a intereses moratorios que no son imputables al demandado.

26 Todos los pagos realizados por la entidad demandante se hicieron en el mes de diciembre de 2008, con excepción del pago realizado en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, que se realizó en el mes de enero de 2009 y, por ende, a dicha suma se le aplica el IPC de dicho mes y año.