Sentencia 2009-00028 de marzo 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 250002327000200900028 01 (18614)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Bayer S.A.

Demandado: UAE DIAN

Referencia: Deducción por destrucción de inventarios, gastos operacionales, devolución de saldos a favor

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Cuestión previa

Antes de resolver el asunto de fondo, se precisa que mediante oficio del 21 de febrero de 2017 la consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, manifestó su impedimento para conocer de este proceso, por encontrarse incursa en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso(12), porque integró la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profirió la sentencia de primera instancia. En consecuencia, solicitó que se acepte el impedimento y se le separe del conocimiento del asunto de la referencia.

En consideración a las razones expuestas por la Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto para declararse impedida y con fundamento en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(13), la Sala, integrada por dos Consejeros de Estado y por el conjuez, con quien se conformó el quórum decisorio(14), encuentra fundada la solicitud de impedimento, motivo por el cual, la acepta y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso.

1.1. Deducción por pérdidas por destrucción de medicamentos. Reiteración de jurisprudencia.

1.1.1. La Sección se ha pronunciado frente a la procedencia del costo de venta por destrucción de inventarios en el caso de contribuyentes obligados a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, entre otras, en sentencia de 16 de junio de 2016, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 21250. Dijo:

(…).

La Sala, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2006, fortaleció esa posición en un asunto en el que se estudiaba sobre la procedencia del costo de ventas por destrucción de inventarios en el caso de los contribuyentes obligados a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes(15). Allí se hicieron las siguientes consideraciones:

“La Sala considera que si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

En el caso, está demostrado que la destrucción de mercancías obedeció a conceptos como vencimiento, deterioro, contaminación u obsolescencia, es decir, que se adoptó en cumplimiento de disposiciones legales o administrativas, razón por la cual constituyen expensas necesarias en la actividad productora de renta de Vecol S.A.

Por tanto, son “expensas” que tienen una relación o vínculo de correspondencia con la actividad que desarrolla el objeto social de la entidad [fabricación, producción, venta y comercialización de productos biológicos, químicos y farmacéuticos para la sanidad humana, animal y vegetal], de manera que los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la entidad en la producción de sus ingresos o renta derivada de tal objeto social, es decir, se involucran en la actividad productora de renta.

En efecto, tratándose de productos para la salud humana, animal y vegetal, su producción, venta y comercialización, está sujeta a controles estatales de gran seriedad para determinar la seguridad y efectividad del bien que será distribuido y utilizado, controles que se realizan por lo general antes de ser lanzados al mercado y que en consecuencia si no son superados, los bienes deben ser destruidos por disposición legal, de lo cual es fácil inferir que su tratamiento debe ser el de “expensa necesaria”, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que tengan relación de causalidad “con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad” [E.T., art. 107].

Resulta entonces válido que en casos como el presente, cuando el contribuyente debe acatar órdenes de autoridades encargadas de controlar esta clase de bienes en pro de la seguridad y salubridad públicas o porque es usual su aplicación en el campo comercial, se vea avocado a destruir parte de su inventario y por ende lo refleje en una disminución de la renta a título de costo (expensa).

De otra parte, la apertura económica y la suscripción de tratados comerciales con otros países implica el fortalecimiento de medidas fitosanitarias, de salubridad pública o de cualquier otra índole que obligan a los contribuyentes a dar de baja determinados activos movibles (por vencimiento, deterioro, contaminación, etc.), merecen reconocimiento fiscal de expensa en el denuncio rentístico, pues de lo que se trata es de impulsar la producción y no de restringir tributariamente los incentivos previstos en la ley” (resaltado fuera de texto).

Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permitieron considerar que cuando dicho costo se solicitaba por medio de deducción, no debía rechazarse si se demostraban los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del estatuto tributario, norma común para costos y deducciones.

El anterior criterio fue reiterado en la sentencia del 19 de julio de 2007(16), para reconocer como deducción solicitada por la actora la destrucción de inventarios, específicamente de medicamentos, soportadas con actas de baja suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad.

Es necesario advertir también, que aunque la jurisprudencia transcrita hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.

Igualmente, debe precisarse que el criterio de la Sala es aplicable tanto a comercializadores como a productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual.

En el mismo sentido, la sentencia del 2 de julio de 2015 (exp. 18626) hizo notar la aplicación del artículo 107 del estatuto tributario para pérdidas en el inventario que obedecen a la práctica comercial, son necesarias, y que al ser gastos en los que se incurre ordinariamente por la actividad económica del empresario, tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta.

En síntesis, si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo del activo movible por el sistema de inventarios permanentes, ésta sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, pues si la medida tiene origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o prácticas mercantiles usuales, esta expensa está autorizada según lo establecido el artículo 107 del estatuto tributario, porque si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

De igual modo, la deducción o el gasto procede para todo tipo de inventarios, pero lo relevante es que se pruebe en cada caso concreto que los bienes no se pueden comercializar por tenerse que destruir, desechar o porque existe cualquier otra razón que impide su comercialización(17). 

En este orden de ideas, es claro que, si bien se puede admitir el valor de los activos movibles que fueron retirados por vencimiento o destrucción como “expensa necesaria”, se debe demostrar, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad (resaltado fuera de texto).

1.1.2. Conforme a la jurisprudencia citada, si la sociedad por disposición legal está obligada a establecer el costo del activo movible por el sistema de inventarios permanentes, esa sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

1.1.3. Por lo tanto corresponde a la Sala establecer si la deducción por destrucción de inventarios solicitada por la sociedad cumple con los requisitos señalados:

El objeto social que desarrolla la sociedad BAYER es: “la investigación, desarrollo, fabricación, importación, exportación, distribución y/o cualquier tipo de comercialización de toda clase de productos, tanto químicos, como farmacéuticos, veterinarios, agroquímicos, colorante, cosméticos, biogenéticos, mecánicos, o eléctricos, para su uso medicinal, odontológico, veterinario, agrícola e industrial, comercialización de todo tipo de equipos médicos (…)”(18).

Con ocasión de la respuesta al requerimiento especial la sociedad aportó actas de destrucción(19), en las que se describe el concepto de la eliminación de los medicamentos, así: (V) Vencido, (O) Obsoleto, (D) Descontinuado, (I) Invima y (ME) Mal estado, en otras actas se lee: (ME) Calidad del empaque devolución, (ME) Durante el proceso de manufactura, (ME) Rechazado por tableta delaminada, (V) Vencimiento por devolución, (ME) Averiado en recepción, (V) Vencimiento en planta, o (material obsoleto), (V) Devolución por vencimiento (cliente), (ME) Devolución mala calidad del empaque (averías cliente).

La Administración de Impuestos en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración una vez evaluada las actas de destrucción allegadas acepta la suma de $ 833.934.640.08, por considerar que los medicamentos expiraban en el 2004 y corresponden al objeto social de la compañía, por lo que tienen relación de causalidad con la renta.

Por el contrario, encuentra que la destrucción de inventarios por $ 657.015.836 “no correspondió en unos casos a vencimientos de los medicamentos y en otros su expiración ocurrió en años diferentes al gravable del 2004, como quiera que identifican fecha de vencimiento años anteriores y posteriores como los 2005 al 2010…”(sic)(20).

La sociedad por su parte alega que el valor rechazado por la DIAN de $ 657.015.836, corresponde a la destrucción de inventarios en razón de medidas de control de calidad y vigilancia sanitaria de medicamento, como se evidencia en las actas de destrucción, y los motivos que se tuvieron en cuenta:

Año de vencimientoMotivo de la destrucciónValor
Destrucción
2000Vencido13.561
2001Mal estado
Vencido

196.520
2002Mal estado
Vencido
Obsoleto - Descontinuado

10.107.349
2003Mal estado
Vencido
Obsoleto - Descontinuado

201.296.071
2005Invima
Mal estado
Obsoleto- Descontinuado
226.460.466
2006Invima
Mal estado
Obsoleto- Descontinuado

190.714.036
2007Mal estado17.308.347
2008Mal estado49.302
2009Mal estado
Obsoleto - Descontinuado
9.563.360
2010Mal estado1.306.824
Total 657.015.836

1.1.4. De acuerdo con el objeto social de la sociedad ésta se encuentra en el sector de productos farmacéuticos, y conforme con lo establecido en los artículos 596 del estatuto tributario y 203 del Código de Comercio, está obligada a presentar su declaración de renta firmada por revisor fiscal y, según el parágrafo del artículo 62 del estatuto tributario(21), debe establecer el costo de enajenación del activo movible por el sistema de inventario permanente o continuo, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico.

1.1.5. La sociedad debido a su actividad de fabricación, importación, exportación, distribución y cualquier tipo de comercialización de productos químicos y farmacéuticos, entre otros, para uso medicinal, odontológico, veterinario, agrícola e industrial, está sometida a controles estatales con el fin de garantizar que el producto terminado tenga estándares de calidad sin imperfecciones, en pro de la seguridad y salubridad pública. Por lo que, si no se superan esos controles, los medicamentos deben ser destruidos por orden legal.

1.1.6. Bayer S.A. tiene dentro de sus inventarios productos vencidos, en mal estado, obsoletos, descontinuados que ya no pueden ser comercializados, y se encuentra demostrado con las actas de destrucción de inventarios de los productos farmacéuticos, que el retiro sucedió en el año gravable 2004.

Si bien algunos de los productos no se encontraban vencidos, su destrucción obedeció a la observancia de disposiciones legales y de interés general, por su mal estado, obsoletos, o por estar descontinuados, y bajo dichas circunstancias, no es segura ni confiable su comercialización o distribución, siendo necesario darlos de baja.

Así las cosas, las expensas tienen:

i) Relación de causalidad con la actividad que desarrolla Bayer, es decir, los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la sociedad, en la producción de sus ingresos.

ii) Las razones para la destrucción de inventarios demuestran la necesidad, por cuanto estos productos no pueden ser comercializados, debido a los controles a los que están sometidos los medicamentos.

iii) Es proporcionada ($ 657.015.841.89) frente a los ingresos brutos registrados por la demandante para el año gravable 2004 ($ 243.927.759.000). Además, la deducción no ha sido reconocida por otros medios.

Por lo expuesto, para la Sala los medicamentos destruidos se retiraron del inventario por razones justificadas por lo que procede la deducción al constituir expensa necesaria en los términos del artículo 107 del estatuto tributario.

1.2. Rechazo gastos operacionales de administración y en ventas.

1.2.1. Alega la administración en el recurso de apelación que “la conciliación contable-fiscal que fue aportada por el contribuyente a la administración tributaria en la etapa de determinación y discusión del tributo, no demostró lo que observó la perito al realizar su experticio y que luego plasmó en su dictamen. (…) los soportes que tuvo en cuenta el tribunal para su decisión no fueron allegados a lo largo de la investigación administrativa, a pesar de habérsele solicitado a la sociedad actora, extendiéndose de manera injustificada el término otorgado en el artículo 781 del estatuto tributario respecto a la presentación de la contabilidad y sus soportes cuando la DIAN lo exija…”.

1.2.2. Observa la Sala que las pruebas que tuvo en cuenta el perito para el desarrollo de su experticia fueron: Copia del registro de los libros oficiales primera hoja, copia de anexos y formulario de la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 2004 la inicial y la corregida, anexos de declaración de renta del año 2004 de los renglones 56 y 57 por cuenta de los gastos declarados en cada renglón, balance de prueba del año 2004 y auxiliares del año 2004 de las cuentas que componen los renglones 56 y 57 de la declaración de renta del año 2004(22).

1.2.3. El dictamen pericial aclaró la confusión que se presentó, en los renglones 56 y 57 de la declaración de renta, así:

“…

Renglón 56Saldo en librosAjustes
Débito
Crédito Saldo fiscal

Gastos de personal
25.572.752.149
 
58.694.769

25.514.057.380
Gastos de publicidad
1.564.032.108
  1.564.032.108
Gastos de seguros, servicios y legales
8.151.877.312

 1.988.325.2696.163.552.043
Mantenimiento depreciaciones y diversos 9.328.381.1202.2000.602.865 11.528.984.685
     
Total a declarar 44.617.043.3892.200.602.865 2.047.020.03844.770.626.216

Ahora explicare la cifra de $ 1.988.325.269 la cual corresponde a la suma de las provisiones eliminadas según los anexos de la declaración de renta entregados por BAYER S.A. y esta se compone de:

Conceptos de los valores que aumentan o disminuyen de la declaraciónAjustes
Débito crédito

1. Eliminación amortización derecho de clubes 225.131.837
2. Eliminación gastos contable provisión prima de seguros 161.992
3. Inclusión provisión prima de seguros 24.545.870
4. Eliminación gasto contable provisión costos y gastos 1.787.577.310
4.1. -Gasto publicidad cuenta 523560 1.224.109.338
4.2. Otros gastos operacionales 563.467.972

Total restado de declaración por este concepto 1.988.325.269

Lo cual aclara que dentro del renglón 56 de la declaración según los anexos de BAYER S.A. y la anterior explicación si se restó la suma en discusión de $ 1.224.109.338 pero hago énfasis en que esta correspondía a la cuenta de publicidad propaganda y promoción que según plan de cuentas se debe manejar en el renglón 523560 gastos operacionales de ventas y que para efectos de declaración de renta debe declararse en el renglón 57 pero en su defecto si se restó este valor.

2. Que el ajuste crédito por provisión realizado por BAYER S.A. quedó intercambiado como quiera que el valor a rechazar del renglón 56, gastos de administración, bonificaciones de la declaración de renta del año 2004 se retiró en el renglón 57, gastos de venta, publicidad, es decir el valor que en principio debió retirarse en este renglón 56 era el de $ 1.224.109.338, sin embargo el valor que realmente se retiró correspondió a la suma de $ 1.446.016.172.

RESPUESTA

Al igual que en el punto anterior con los documentos que soportan la información contable y anexa de la declaración de la suma objeto del peritaje desglosaré inicialmente el renglón 57 de la declaración inicial de renta de BAYER S.A. para el año 2004 así:

(…).

Según anexos de la declaración de renta este renglón está compuesto por las cuentas: gastos de personal, honorarios y servicios de los cuales se declaró las sumas así:


Renglón 57

Saldo en libros
Ajustes
Débito

Crédito

Saldo fiscal

Gastos de personal
18.451.829.504

2.123.931.358

3.126.934.015

17.448.826.847
Gastos seguros, servicio y legales, mantenimiento
27.101.500.680

604.660.502

1.689.689.885

26.016.471.297
Depreciaciones y diversos    
Total a declarar 45.553.330.1842.728.591.8604.816.623.90043.465.298.144

Ahora explicare la cifra de $ 3.126.934.015 la cual corresponde a la suma de las provisiones eliminadas según los anexos de la declaración de renta entregados por BAYER S.A. y esta se compone de:

Conceptos de los valores que aumentan o disminuyen de la declaraciónAjustes
débito crédito

1. Eliminación gasto contable bonificaciones e indemnizaciones 223.931.358 246.385.100
2. Eliminación gastos contable provisión cvi 1.900.000.000 2.880.548.915
3. Eliminación gasto contable provisión CVI 2.880.548.915
3.1. -Gasto bonificación desempeño CTA 51 1.466.016.743
3.2. Gasto bonificación desempeño otras 1.414.532.172

Total restado de declaración por este concepto 1.003.002.657

Por tal razón la anterior explicación aclara que dentro del renglón 57 de la declaración según los anexos de BAYER S.A. si se restó la suma en discusión de $ 1.466.016.743, pero hago énfasis en que esta correspondía a la cuenta de bonificaciones administrativas que según plan de cuentas se debe manejar en el renglón 510548 gastos operacionales y que para efectos de declaración de renta debe declararse en el renglón 56, pero en su defecto si se restó este valor.

(...)”.

1.2.4. Por su parte el tribunal analizó la prueba recaudada y concluyó que: “…asiste razón a la sociedad cuando alega que nunca tomó como gasto deducible en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2004, las sumas correspondientes a provisiones por valor de $ 1.466.016.743 (gastos de administración, bonificaciones, renglón 56) y $ 1.224.109.338 (gastos de ventas, publicidad, renglón 57). Además, no era procedente que la administración rechazara los renglones 56 y 57 de la declaración que nos ocupa, teniendo en cuenta que la sociedad en el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión corrigió la declaración”.

1.2.5. El mencionado dictamen no fue objetado por error grave, el reproche por parte de la administración es la inclusión de pruebas distintas a las aportadas en sede administrativa, a pesar de habérselas solicitado a la sociedad actora, extendiéndose de manera injustificada el término otorgado en el artículo 781 del estatuto tributario, frente a la presentación de la contabilidad.

1.2.6. Al respecto, la Sala observa que las pruebas aportadas en vía gubernativa son las mismas que tuvo en cuenta el perito en el dictamen pericial, como son las conciliaciones contables del renglón 56 y 57, visibles en los folios 140 a 150 del cuaderno de antecedentes 1, igualmente obra en los folios 1294 y 1295 del cuaderno de antecedentes 7, certificación expedida por el contador de la sociedad de la conciliación utilidad declaración de renta inicial presentada el 15 de abril de 2005, la que corresponde a la allegada en el peritaje visible a folio 45.

Por lo anterior, no es de recibo la alegación de la DIAN respecto a que la conciliación contable-fiscal aportada por el contribuyente a la administración en la etapa de determinación no demostró lo que observó el perito, por cuanto se trata de los mismos documentos, lo que se advierte es que el perito desglosó cada uno de los renglones y detalló su concepto y valor, y concluyó que se presentó un intercambio de los renglones 56 y 57.

Si bien el hecho que el contribuyente no presente los libros de contabilidad, previa exigencia de la administración, esa actitud renuente está calificada como indicio en su contra, conforme al artículo 781 del estatuto tributario, y no podrá invocarlo posteriormente como prueba a su favor, también lo es, que en el caso que nos ocupa, no se advierte que la DIAN haya requerido al contribuyente para que allegara los libros de contabilidad, o la conciliación contable y fiscal, ya que estas ya obraban en el expediente administrativo.

1.3. Devolución del saldo a favor.

La demandante solicitó en la demanda, a título de restablecimiento del derecho, la devolución del saldo a favor de $ 998.225.000, registrado en la declaración presentada el 19 de febrero de 2008, junto con los intereses corrientes y de mora.

La Sala advierte que la sociedad solicitó la devolución de los saldos a favor de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2004, el 9 de octubre de 2006, no obstante, la Administración Especial de Impuestos por medio del auto de trámite de suspensión de términos 112-0035 de 21 de noviembre de 2006 suspendió el proceso de devolución o compensación de que trata el artículo 857-1 del estatuto tributario, para comprobar la veracidad de la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2004, presentada por BAYER S.A., por lo que es procedente la devolución de los saldos a favor, sin necesidad de una nueva solicitud.

Respecto al reconocimiento de intereses, el artículo 855 ídem(23), vigente para la fecha de presentación de la solicitud, disponía que la Administración de Impuestos debía devolver los saldos a favor en el término de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.

Y el artículo 863 ib., establecía que cuando hubiere en las declaraciones tributarias un saldo a favor, solo se causan intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos: Corrientes cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor. Moratorios a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación

La Sala(24) frente a la causación de los intereses de mora cuando se demande en acción de nulidad y restablecimiento del derecho el acto administrativo que niega el derecho a la devolución, precisó que estos se reconocerán a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que declaró nulo el acto que negó la devolución.

Con las precisiones hechas se reconocerán intereses corrientes desde la notificación del requerimiento especial 310632007000065 de 30 de marzo de 2007, esto es, el 2 de abril de 2007(25), hasta la fecha en que quede ejecutoriada la presente providencia, e intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la presente providencia hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

En atención a las consideraciones expuestas, se revocará la sentencia y, en su lugar, se anularán los actos demandados, se declarará la firmeza de la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2004, presentada por BAYER S.A., el 19 de febrero de 2008 y se ordenará a la DIAN la devolución del saldo a favor por $ 998.225.000, junto con los intereses corrientes y moratorios dispuestos en el artículo 863 del estatuto tributario, que deben liquidarse en la forma señalada en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto.

2. REVÓCASE la sentencia del 6 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta. Subsección A.

3. DECLÁRASE la nulidad de la liquidación oficial de revisión 310642007000123 de 18 de diciembre de 2007 y la Resolución 310662008000024 de 14 de octubre de 2008, proferidas por la división de liquidación y la división jurídica tributaria de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, por medio de las cuales modificó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2004, presentada por BAYER S.A.

4. A título de restablecimiento del derecho, se declarará la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2004, presentada por BAYER S.A., el 19 de febrero de 2008, y se ordenará a la DIRECCCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN devolver a la sociedad BAYER S.A. la suma de $ 998.225.000, junto con los intereses corrientes y moratorios dispuestos en el artículo 863 del estatuto tributario, que deben liquidarse en la forma señalada en esta providencia.

5. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Miryam Rojas Corredor, como apoderada judicial de la UEA DIAN, de conformidad con el poder que obra a folio 388 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

12 “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

13 “Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil [actual Código General del Proceso] y, además, en los siguientes eventos: […]”.

14 Numeral 3º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. “Cuando en un magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez”.

15 Expediente 15032, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

16 Expediente 15099, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

17 Sentencias del 6 de diciembre de 2012, expediente 18049, y 5 de septiembre de 2013, expediente 8494.

18 Folios 50-56, c.p.

19 Folios 661-729, c.a. 4.

20 Folio 115, c.p.

21 PAR.—Para los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los contribuyentes que de acuerdo con el artículo 596 de este Estatuto están obligados a presentar su declaración tributaria firmada por revisor fiscal o contador público, deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables, autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

22 Cuaderno anexo del dictamen pericial.

23 ART. 855.—La Administración de Impuestos deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.

24 Sentencias de 13 de junio de 2013, expediente 17973 y 4 de septiembre de 2014, expediente 19047, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

25 Folios 611-638, c.a. 4.