Sentencia 2009-00035 de marzo 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 52001-23-31-000-2009-00035-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Segundo Rafael Paredes Flórez.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Fallo de Segunda Instancia.

Bogotá D.C., veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 22 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en los términos del artículo 129 del CCA(30), en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Actos demandados.

La parte recurrente solicita la declaratoria de nulidad de las resoluciones 37-070-214-2008-636-0661 de 3 de abril de 2008 y 37-01-2008-601-1891 de 29 de septiembre de 2008, expedidas por la División de Fiscalización de la Administración Local de Aduanas de Ipiales y el administrador Local de Aduanas de ese municipio, respectivamente.

3. Problema jurídico.

Se contrae a determinar si los actos administrativos censurados deben ser declarados nulos, a la luz de los argumentos expuestos en el recurso de alzada(31).

En consonancia, esta Sala de Sección pasará a absolver cada uno de los cargos endilgados en contra de la decisión del a quo, como sigue:

3.1. Del presunto quebrantamiento de los derechos de defensa y debido proceso.

El recurrente manifiesta que, con su decisión de 22 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró sus derechos de defensa y debido proceso, pues falló el asunto sin esperar que las diligencias penales Nº 48692 fueran allegadas al plenario.

La valoración de esta investigación previa habría permitido concluir al a quo que el chasis y el motor del vehículo decomisado, fueron debidamente legalizados, pues el ente acusador autorizó la regrabación de los números allí plasmados(32).

En ese orden, el impugnante afirma que el desconocimiento de estos referentes normativos —defensa y debido proceso— se explica de igual manera por el hecho de que el Tribunal no hizo uso de los poderes oficiosos “para mejor proveer” en aras de constituir el caudal probatorio necesario para decidir el sub judice, ante la ausencia de valor probatorio de las copias de la diligencia penal allegadas con la demanda.

Bajo este panorama litigioso, la Sala anticipa que el cuestionamiento en estudio no dispone de la entidad jurídica necesaria para revocar la providencia recurrida por las razones que a continuación se exponen:

3.1.1. El yerro probatorio que se endilga no es imputable directamente al Tribunal Administrativo de Nariño. 

La falencia probatoria que aduce el recurrente no es el producto del actuar omisivo de la Judicatura de primera instancia, quien llevó a cabo los trámites jurisdiccionales necesarios a fin de que las diligencias solicitadas por el demandante fueran aportadas al proceso contencioso administrativo, luego de su decreto(33).

Se trató en efecto de una circunstancia de fuerza mayor que no podía ser superada por el a quo, toda vez que, a pesar de los requerimientos(34), la Fiscalía informó de la imposibilidad para encontrar la investigación previa Nº 48692 por la presunta comisión del delito de falsedad marcaria, tal y como lo expresó en oficio de 7 de mayo de 2010, que se trascribe in extenso por su pertinencia para absolver este cargo:

“Pasto, 7 de mayo de 2010

Señor

CARLOS ALBERTO REVELO RISUENO

Secretario (E)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARINO (sic)

(…).

En atención al oficio Nº 2634 del 27 de octubre de 2009, remitido por Usted a este despacho, le comunico que una vez oficiado al Grupo de Gestión Documental de Nariño y Putumayo de la Dirección Seccional de Fiscalías, el Coordinador de dicha oficina, mediante oficio DSF-GD-292 del 5 de mayo de 2010, nos informa que revisados los listados de la Fiscalía Décima Seccional, no se logró encontrar la Previa Nº 48692 en la Unidad de Gestión Documental (Archivo) de la Fiscalía.

(…).

EDITH AMANDA HUERTAS JURADO

Asistente de Fiscal III”(35) (negrilla fuera de texto).

Nótese que el ente acusador indica que, a pesar de la búsqueda en los listados de la Fiscalía Décima Seccional de Pasto, no resultó posible ubicar las diligencias penales correspondientes a la investigación Nº 48692.

De allí que no pueda predicarse irregularidad alguna en el actuar del Tribunal Administrativo de Nariño, pues si la documental echada de menos por la parte actora no pudo ser aducida al interior del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho y, por consiguiente, ser tenida en cuenta para fallar el sub judice, ello no fue el producto de las actuaciones que adelantó. El origen del presunto quebrantamiento de los derechos fundamentales del impugnante se encuentra por fuera de la órbita competencial del a quo.

La Sala precisa que si bien las garantías del debido proceso y defensa son cardinales en los trámites jurisdiccionales, lo cierto es que deben ser armonizadas con otros principios que guían la labor judicial del Estado, v. gr., la tutela judicial efectiva(36), que impone la adopción de decisiones en plazos razonables.

El extravío o no ubicación del expediente requerido en el asunto de autos fue una situación que pudo constatarse en el contexto del procedimiento administrativo aduanero, pues desde el 22 de octubre de 2008, la Fiscalía explicó a la DIAN ante el requerimiento que le fuera hecho con este propósito:

“San Juan de Pasto, octubre 22 del 2008

Doctor

MARIO ANDRÉS BENAVIDES R.

Coordinador Grupo Jurídico

Administración Local de Aduanas Nacionales

(…).

Atendiendo instrucciones impartidas por el señor Fiscal, cordialmente me permito comunicarle que las diligencias Nº 48.692 QUE FUERAN ARCHIVADAS EL 23 de mayo del 2002, no han sido localizadas hasta la fecha y tampoco se encuentran en la oficina de Gestión Documental, tal como se indica en el oficio proveniente del Coordinador de esa dependencia, cuya copia se anexa.

Se continuará con la búsqueda en el archivo general del despacho y una vez ubicadas se remitirán las copias requeridas.

(…)

ÁLVARO PABÓN SILVA

Asistente de Fiscal”(37).

Por lo anterior, el desconocimiento de los derechos de defensa y debido proceso del demandante no tiene lugar, comoquiera que, de un lado, la situación que materializaría este quebrantamiento no es imputable al a quo —quien fue respetuoso de las formas propias del juicio (solicitud y decreto de pruebas)—; de otro, el fallo no podía estar sujeto a la aducción de esa prueba en el plenario, ya que el Tribunal debía propender por la protección de otro tipo de referentes axiológicos que orientan la administración de justicia.

Esta idea se refuerza aún más si se evalúa la incidencia de ese medio de convicción en las resultas del trámite de primera instancia.

3.1.2. La incidencia de la investigación previa Nº 48692 respecto del fallo de 22 de febrero de 2017.

De los escritos de demanda(38) y apelación, se desprende un denominador común. El demandante pretende demostrar la legalidad de la introducción del camión decomisado al territorio aduanero nacional, mediante la regrabación de los números de chasis y motor autorizada en el marco de la investigación previa por falsedad marcaria adelantada en el año 2002.

En ese orden, explica que: “… las pruebas dejadas de practicar y evaluar [diligencias penales] son conducentes y pertinentes en la decisión final, ya que vuelvo a insistir el vehículo automotor al cual se le decreta la medida de decomiso, se encuentra perfectamente identificado, su número de chasis y motor fueron legalizados ante autoridad competente y sus accesorios, cabina carrocería, radio, pasa cintas y demás accesorios de lujo en ningún momento se probó por la DIAN, que fueran ilegalmente importados, ya que en gracia de discusión se sabe que lo que se importa solamente es el chasis y su motor”(39) (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Ahora, la regrabación facultada por el ente acusador —alteración de los ordinales consignados en motor y chasis— demostraría la legalidad del ingreso aduanero del automotor decomisado.

Desde esta perspectiva, este medio de convicción no dispone de incidencia para la resolución del asunto fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, por cuanto los consecutivos regrabados en algunas piezas del vehículo, no fue un asunto objeto de debate entre las partes en el marco del trámite administrativo cuestionado.

En efecto, la autoridad demandada admite los indicativos resultantes de la autorización dada por la Fiscalía referidos a la hora de identificar el camión International decomisado en el cuerpo mismo de los actos administrativos censurados.

Al respecto, señaló que:

“RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECOMISAR a favor de la NACIÓN - U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida con acta Nº 5438 del 05/12/07 (…) de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Resolución, y consistente en:

ÍtemMercancía
1VEHÍCULO CLASE CAMIÓN TIPO ESTACAS MARCA INTERNATIONAL AÑO DE FABRICACIÓN 1998, COLOR ROJO, PLACA SEY – 006 MOTOR Nº. 469TM2U0986075*AR, CHASIS Nº. TH 389976

“(Negrilla fuera de texto).

Se trata en efecto de las mismas secuencias numerativas que el demandante refiere como autorizadas por parte del Fiscal Décimo Seccional de Pasto, luego del archivo del expediente penal por falsedad marcaria. En ese sentido, adujo en su demanda:

“6. La Fiscalía Décima Seccional de la ciudad de Pasto, adelantó investigación cuyo proceso se identificó con el número 48692, por la presunta tipificación del punible de falsedad marcaria sobre las partes integrantes del vehículo aquí debidamente identificado y esta Fiscalía, en escrito calendado a 17 de mayo de 2002, dirigió al Señor Director de Tránsito del municipio de Guachucal, determinó: “Mediante resolución del día 15 de mayo, se autorizó la regrabación de los números de motor y chasis del automotor de placas SEI - 00, así motor 469TM2U0986075*AR y chasis Nº TH 389976”(40).

Se tiene que, más allá de discrepar sobre el asunto, las partes concuerdan en identificar el bien mueble a través de los seriales regrabados por autorización del ente acusador, motivo por el que acreditar la ocurrencia de este hecho no resulta relevante si lo que se pretende es la declaratoria de nulidad de las resoluciones por la cuales se prescribió el decomiso, cuyos fundamentos técnico - jurídicos consistieron en:

“En igual forma con relación al vehículo aprehendido este despacho considera que la causal de aprehensión no ha sido desvirtuada, toda vez que de acuerdo con la documentación recaudada al momento de la retención se verificó que la declaración de importación sticker Nº 13198010511966 presenta una serie de inconsistencias con relación a la descripción de la mercancía, el valor liquidado y el supuesto pago en bancos; además se estableció que el importador registrado en este documento no ha realizado la importación de este tipo de vehículos, razón por la cual se consultó el NIT. 890300682-1 relacionada en la mencionada declaración en el sistema RUE (Registro único Nacional), sin encontrar ninguna coincidencia con los registros de la base de datos de CONFECAMARA(41).

En otros términos, la regrabación de los números de chasis y motor del camión con placas SEY - 006 no cuenta con entidad jurídica para rebatir las consideraciones que sustentan los actos censurados, máxime si se tiene en cuenta que la legalidad en la identificación de este bien alegada por la parte demandante —que lo sanea en materia penal— no comporta, per se, su juridicidad en el contexto de la legislación aduanera.

Al no ser objeto de debate jurídico ni un aspecto pertinente para demostrar la desavenencia de las resoluciones con el ordenamiento, las diligencias previas que demuestran la autorización de la Fiscalía para regrabar los consecutivos de las piezas del camión decomisado no debían ser decretadas a través de las facultades oficiosas del juez, pues lo cierto es que ello le resulta permitido, a la luz de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, cuando se pretenda esclarecer la verdad o puntos oscuros o dudosos de la contienda(42), lo que no ocurre allí.

Estas consideraciones redundan en mérito para desestimar este cargo.

3.2. La ausencia de declaración de importación del vehículo decomisado es atribuible al Estado.

El recurrente señala que el proceso documental de importación está a cargo del Estado, motivo por el que la declaración que ampara el ingreso del vehículo al territorio aduanero nacional es del resorte de las autoridades administrativas y no del administrado.

En ese sentido, sostuvo: “[r]esulta insólito que después de muchísimos años de trabajo por el actor, se venga a imponer un decomiso sin caer en cuenta que la falla documental es propia del Estado”.

A la manera del cuestionamiento anterior, la Sala manifiesta que este no tiene vocación de prosperidad para infirmar la sentencia de 22 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. Lo anterior, con base en una revisión detenida de las disposiciones contenidas en el Decreto 2685 de 1999(43) —Estatuto Aduanero— cuerpo normativo que reguló el procedimiento administrativo que finalizó con el decomiso del automotor de placas SEY - 006, como pasa a explicarse enseguida.

La obligación aduanera en la importación surge de la entrada de mercancía de procedencia extranjera al país, hecho generador del que resultan un cúmulo de cargas que a las voces del artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 consisten en:

“… la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes”.

Se desprende de lo anterior la existencia de una multiplicidad de deberes relativos a la presentación, pago y conservación de la documentación que sustenta la transacción realizada en el exterior, cuya responsabilidad recae en importadores, exportadores, propietarios, poseedores y tenedores de la mercancía, de acuerdo con el tenor literal del artículo 3º ejusdem:

ART. 3º—Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente Decreto.

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

Esta armonización normativa —artículos 3º y 87— permite sostener que las cargas que resultan de la importación, pueden ser exigibles al propietario de los bienes de origen trasnacional, motivo por el que la custodia y guarda del soporte de la adquisición de efectos extranjeros lo concierne.

No obstante, los deberes que recaen en este no se limitan a estas obligaciones de naturaleza conservatoria, pues como lo ha prohijado la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, la responsabilidad aduanera del propietario se traduce en el desarrollo de un actuar diligente que le permita entender que la mercancía de procedencia extranjera que obtiene se reputa legal desde la perspectiva de ese subsistema normativo.

En palabras de esta Corporación:

“Siendo el comprador responsable también de las obligaciones aduaneras como lo prevé el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, junto con el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía e inclusive quien se haya beneficiado de la operación aduanera, debió tener el cuidado y diligencia de solicitar al importador o al vendedor, todos los documentos soportes tanto de la transacción que estaba realizando de compraventa, como de la importación de la mercancía extranjera y observar su legalidad(44) (Negrilla fuera de texto).

A la luz de estas glosas, la Sala erige las siguientes conclusiones aplicables al asunto que interesa:

— La presentación de la declaración de importación del camión International aprehendido el 5 de diciembre de 2007, era exigible al demandante en su condición de propietario.

— Los deberes aduaneros conllevaban la salvaguarda de la documentación pertinente para corroborar el legal ingreso de su vehículo al país.

— No puede la parte actora transmitir su propia incuria al Estado, pues lo cierto es que, bajo la égida de los postulados aduaneros, es uno de los sujetos a quien podía reclamársele el cumplimiento de las cargas que se originan en los procesos de importación.

Más allá de lo anterior, esta Colegiatura sostiene que el cuestionamiento objeto de estudio se presenta como un cargo nuevo, que excede el derrotero argumentativo formulado en la demanda, consideración adicional que lleva a denegarlo(45).

3.3. La regrabación autorizada por la Fiscalía Décima Seccional de Pasto permite colegir que el vehículo decomisado fue legalmente importado.

Para explicar este cuestionamiento, la Sala reproduce a continuación el extracto del recurso impugnatorio que lo sustenta, estructurado en forma de interrogante por el representante judicial:

“¿Si una autoridad competente como es la Fiscalía General de la Nación, en este caso a través de su operador Jurídico, la Fiscalía DECIMA (sic) Seccional de Pasto, AUTORIZA, la regrabación del chasis y del motor del vehículo que fue objeto de la medida de decomiso y esta decisión queda ejecutoriada, adquiriendo fuerza jurídica de obligatorio cumplimiento, en que momento procesal la DIAN, seccional Ipiales determinó que ese bien no fuera legalmente importado?”.

Como se expuso en acápites precedentes, la autorización de regrabar los números de chasis y motor dada por el Fiscal Décimo Seccional de Pasto acreditaría la legalidad de la importación del camión International decomisado al señor Paredes Flórez el 3 de abril de 2008.

Empero, la Sala desestimará este cargo, pues esta circunstancia no valida el ingreso del automotor al territorio aduanero nacional, que para el efecto requiere de la existencia y presentación de precisos títulos, al tenor de lo consagrado en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 2009:

“ART. 502.—CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. En el régimen de importación

(…).

1.6 Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.

Se colige del aparte normativo trascrito que en lo que concierne el régimen de importación, la mercancía que se ingresa al país podrá estar amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, soportes documentales sin los cuales proceden las medidas de aprehensión y decomiso de que se trata.

En punto a la declaración de importación, la Sección Primera del Consejo de Estado la ha caracterizado en los términos que se exponen:

“En este orden, para efectos de la legalización correspondiente, no desconoce esta Corporación el papel que juega la declaración de importación en el manejo y tráfico de la mercancía importada en el territorio nacional, que la Sala ha descrito como “fundamental...para amparar o acreditar la legalidad de las mercancías de origen extranjero que se encuentren en el territorio nacional, tanto que, haciendo un símil, se puede decir que esta es la cédula de ciudadanía de las mismas(46) (Negrilla fuera de texto).

El ordenamiento erige entonces un requisito “ad substantiam actus” que, más allá de probar la ocurrencia de la importación, determina su propia existencia(47) —desde una perspectiva jurídica—, razón por la que las irregularidades que se presenten en ella, deban ser reprimidas con el decomiso.

Por lo anterior, el argumento del actor según el cual, la juridicidad de la importación del vehículo decomisado se demuestra con la autorización de regrabación ordenada por la Fiscalía General de la Nación, carece de asidero, toda vez que no dispone de la entidad jurídica para justificar su desarrollo, lo que debió hacerse a través de la declaración de importación; no obstante, esta se vio afectada por irregularidades que, a decir verdad, no fueron cuestionadas y, por consiguiente, desvirtuadas por la parte actora.

Huelga recabar aquí que las incorrecciones detectadas por la DIAN en el documento declarativo de la importación trascendieron la identificación del medio de transporte, aspecto este que incluso no constituyó objeto de debate, pues, como se expuso en apartes precedentes, la autoridad demandada reconoció siempre los números de chasis y motor que el demandante pretendió probar(48) a través de ese medio de prueba.

En este orden, el cargo será desestimado, por cuanto, la legalización de algunos de los componentes del automotor decomisado no cuenta con la virtualidad de probar el legal ingreso de esta mercancía al territorio aduanero colombiano. Para ello se hacía necesaria la presentación de determinados requisitos, que, en el asunto de autos, se vieron viciados por inconsistencias relativas a la identificación del importador, la autoliquidación del impuesto y la ausencia de registro de la transacción extranjera en el sistema SIFARO.

3.4. La medida de decomiso debió limitarse al motor y al chasis.

El apoderado judicial manifiesta que, en el peor de los casos, la medida de decomiso debió recaer en el motor y el chasis, pero no en las demás piezas que conforman el vehículo, ya que las mismas “se encuentran totalmente legalizadas en el país”.

Del material probatorio obrante en el plenario, la Sala puede colegir que la transacción extranjera recayó sobre el vehículo automotor —en su conjunto— y no en algunos de sus elementos.

Al respecto, la declaración de importación, en lo que refiere a la descripción de este estableció:

CABINA 2560 MM ALTO TOTAL. 2515 MM. ANCHO. TOTAL. 2'403 MM (...) CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES: TRASERO RELACIONES EJE TRACTOR (...) EJE DELANTERO INTERNACIONAL (...) DIRECCIÓN SHEPARTHIDRAULICO (...) MOTOR MARCA INTERNACIONAL (...) CAJA DE CAMBIOS ESPAICER REF: 62-5A TIPO MECÁNICA (...) SUSPENSIÓN DELANTERA INTERNACIONAL (...) TORQUE Y RESORTES AUXILIARES - SISTEMA DE EMBRAGUE ESPAICER SAS 1 4 0 2 DOBLE DISCO TIPO SECO DE 14" DE DIÁMETRO CERÁMICO CON RESORTE COAXIALES - LLANTAS RADIALES Y DE REPUESTO RIN DE REPUESTO ADICIONAL…”(49).

En este orden, el argumento del demandante a partir del cual el decomiso debió cubrir exclusivamente el chasis y el motor del automotor, no cuenta con vocación de prosperidad, puesto que lo importado, al tenor de la declaración de importación aducida en el trámite administrativo, fue el automotor y no ciertas de sus partes.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que esta consideración defensiva es novedosa, si se tienen en cuenta aquellas planteadas en el escrito introductorio, lo que no resulta admisible, comoquiera que los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan las pretensiones son propios de la demanda y no del recurso de apelación.

En palabras de la Sección Primera de este Alto Tribunal “conviene recordar que no es procedente someter a consideración en el trámite de la segunda instancia, un argumento nuevo que no ha sido presentado en la primera, en la medida que tal oportunidad no está prevista legalmente para aducir los fundamentos de hecho y de derecho en que se basan las pretensiones, pues las mismas están circunscritas a la demanda y a su adición o corrección, de conformidad con los artículos 137 y 208 del CCA”(50).

3.5. Indebida valoración de la comunicación telefónica sostenida entre la DIAN y el presunto importador del vehículo decomisado.

El recurrente sostiene que para proferir el fallo denegatorio de sus pretensiones, el Tribunal Administrativo de Nariño valoró en indebida forma la comunicación telefónica sostenida entre la DIAN y el presunto importador del vehículo, ya que no se establecieron los extremos de la misma.

En ese sentido se preguntó: ¿quién efectuó la llamada, quién la contestó, cómo se identificó, dónde se encuentra dentro del expediente este acervo probatorio para que se le diera tanta credibilidad como se hace en este proceso?”.

La Sala considera que, a la manera como lo afirma el impugnante, la sentencia de 22 de febrero de 2013 no identifica de manera expresa al emisor y receptor de la comunicación, habida cuenta de que en ella el Tribunal Administrativo de Nariño se limita a exponer “… que al ser consultado telefónicamente quien figuró como importador en la copia de la declaración de importación, este indico que nunca había importado vehículos de la marca International que corresponde al vehículo incautado”(51).

Sin embargo, no es esta una situación que permita infirmar la providencia recurrida, pues lo cierto es que los vacíos que cuestiona el accionante pueden ser suplidos, de forma parcial, con el estudio de los antecedentes administrativos obrantes en el plenario.

En efecto, la fuente probatoria de la llamada telefónica a la que hizo referencia el a quo se encuentra en el oficio 087 / POJUD-IPI de 5 de diciembre de 2007, obrante a folios 117-118 del plenario, en el que el patrullero Fredy Cristancho Vera(52) deja a disposición de la Jefe de la División de Fiscalización de la DIAN de Ipiales el vehículo automotor que fuera objeto posteriormente de decomiso.

Dentro de las razones que conllevaron la retención del automotor, el funcionario policial manifestó que se comunicó con el presunto importador del vehículo, de conformidad con los datos plasmados en la declaración presentada, y que como respuesta se le adujo que dicha sociedad comercial nunca había importado automotores de la marca International, así:

“2. Se confronta con el importador (CHAINEME SALGADO), donde nos informa vía telefónica, que dicho establecimiento nunca ha importado vehículos INTERNATIONAL, solo trajeron para la fecha camiones DINA y que los únicos importadores de ese tipo de vehículos es la firma NAVITRANS”.

De esta manera, se absuelven algunas de las dudas puestas en consideración por el apoderado judicial del accionante, por cuanto se tiene que (i) la llamada fue efectuada por el policial Fredy Cristancho Vera; (ii) el medio de convicción del que se desprende la información replicada en el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño es el ya citado oficio 087 / POJUD-IPI de 5 de diciembre de 2007.

Si bien es cierto no pueden colegirse datos adicionales en este sentido —toda vez que no se cuenta en el expediente con la identificación de la persona que recepcionó la llamada al interior de la empresa CHAINEME SALGADO— ello no puede traducirse en la revocación de la sentencia de 22 de febrero de 2013, puesto que, adicionalmente, el hecho que se pretendió demostrar a través de esta llamada, puede ser corroborado con otra pieza procesal del plenario.

En ese orden, el objeto de la comunicación telefónica referida se circunscribió a demostrar la imposibilidad de identificar al importador del camión International con placas SEY - 006, lo que se persiguió igualmente a través de la búsqueda del NIT plasmado en la declaración de importación en el Registro Único Empresarial —RUE—(53), sin la obtención de resultado alguno(54).

Lo anterior significa que además de entablar contacto con el presunto importador del medio de transporte decomisado, el policial sustentó su informe a la DIAN en el hecho de haber examinado la veracidad de la información consignada en la declaración de importación, mediante el empleo de los sistemas pertinentes. Ello llevó a una misma conclusión: su no identificación, circunstancia que no fue rebatida en el presente trámite jurisdiccional, ni, incluso, en el procedimiento administrativo que le dio origen.

Por lo anterior, si en gracia de discusión se privara de cualquier valor probatorio a la comunicación en comento, ello no obsta para advertir que la circunstancia que se buscó probar, cuenta con sustento en otros de los medios de convicción allegados oportunamente al plenario. Esta línea argumentativa lleva a negar el cargo.

3.6. El demandante adquirió el bien de buena fe y la licencia de transporte expedida en favor suyo, su legalidad, no fue desvirtuada por la DIAN.

El demandante señala que el vehículo automotor decomisado fue adquirido de buena fe, ya que en la transacción de compraventa, por medio de la cual lo obtuvo, se observaron en debida forma las normas civiles y comerciales, situación que puede acreditarse con la expedición de la licencia de tránsito Nº 52480 OO6955, cuya legalidad no fue desvirtuada por la DIAN.

Esta consideración lleva a dilucidar este cuestionamiento en dos fases, manifestando anticipadamente que no prosperará.

3.6.1. La buena fe como argumento que enervaría la juridicidad de los actos administrativos demandados.

En principio, los argumentos que tienden a demostrar la buena fe del propietario de la mercancía aprehendida y, posteriormente, decomisada, no sanean las irregularidades de la importación que se censura.

La legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales estas medidas son decretadas, no se desvirtúa por la simple probanza de una actitud diligente en el momento en que se adquieren los bienes —título y modo— pues la situación jurídica de la mercancía sujeta a un procedimiento administrativo aduanero no pasa por establecer esta circunstancia, sino su debida introducción al territorio nacional, de conformidad con los requisitos y condicionamientos erigidos en el ordenamiento.

En este sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado ha expresado que:

“Por tanto, no puede aceptarse la tesis de la demanda según la cual, por el hecho de que el actor adquirió los buses de buena fe de una sociedad que también los había adquirido convencida de la legalidad del negocio jurídico dado el remate en pública subasta, se enerva la situación jurídica de la mercancía, como quiera que en vista de la inexistencia de la declaración de importación, la mercancía no se reputó como declarada ante la DIAN y, mal podría reconocerse la legalidad de dicha tradición. En síntesis, podría afirmarse que la buena fe que ha aducido el actor como adquirente de los dos buses que adquirió a la sociedad MARBAJUL Y CIA. LTDA., no saneó el estatus de ilegalidad de la importación”(55).

No obstante ello, se han admitido algunas excepciones, en las que, habida cuenta del estatus y calidad del vendedor, la buena fe de quien adquiere permite desvirtuar la juridicidad de los actos administrativos que decretan el decomiso de un bien, circunstancia que fue expuesta en fallo de 9 de diciembre de 2004 por parte de esta Corporación. En aquel momento se explicó que:

“De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la DIAN como medida cautelar puede aprehender la mercancía, por ejemplo en manos de un tercero, como es el caso de FRONTIER DE COLOMBIA S.A., pero, para proceder a su decomiso, es necesario verificar previamente la situación jurídica de dicho tercero como adquirente de buena fe de la mercancía aprehendida, pues se presume que quien adquiere un bien de procedencia extranjera en el comercio nacional, lo hace pensando que fue legalmente importado, sobre todo atendiendo la calidad y condiciones del vendedor, circunstancias que deben permitir identificarlo plenamente en el ámbito del comercio para efectos del cumplimiento de sus obligaciones aduaneras como importador. […]

Al haberle aportado la actora a la DIAN las facturas de compra de la mercancía a ella aprehendida y posteriormente decomisada, aquella debió dirigirse a quienes expidieron dichas facturas con el fin de exigirles la presentación de las respectivas declaraciones de importación, pues es evidente que no se le puede exigir al administrado más allá de lo que este esté en posibilidades de hacer que, para el caso, se reitera, era presentar las facturas que demuestran la compra de los elementos decomisados en el mercado nacional.

No obstante, es evidente que FRONTIER DE COLOMBIA S.A. hizo todos los esfuerzos por obtener los documentos de importación requeridos, tal como se comprueba con los oficios remitidos a algunos de los vendedores con el fin de obtenerlos”(56) (Negrilla y subraya fuera de texto).

La aplicación de este supuesto exceptivo se explica por el hecho de que la responsabilidad en lo que se relaciona con la legalidad de la importación recae, en principio, en el sujeto que la realiza. Por tanto, si este se encuentra debidamente identificado al interior del procedimiento administrativo aduanero, deberá ser requerido con el propósito de que aduzca las justificaciones del caso, lo que no exime al propietario de la mercancía de demostrar todas las diligencias efectuadas con el propósito de corroborar la legalidad de la introducción del producto de origen extranjero al territorio colombiano.

Descendiendo al caso en concreto, la Sala observa que uno de los cuestionamientos formulados por la DIAN en contra de la declaración de importación del vehículo automotor decomisado, radicó en la no identificación del importador, toda vez que su búsqueda, a través del NIT, no resultó favorable, como se explicó en apartes precedentes, por lo que no puede predicarse la configuración de la excepción caracterizada por la jurisprudencia de esta Corporación.

En ese mismo sentido, la buena fe que el demandante pretende demostrar se circunscribió al procedimiento de adquisición del bien, pero no respecto de la legalidad aduanera del vehículo, pues los únicos medios de convicción que allegó para ello se relacionan todos con el título y tradición de este(57). La diligencia y cuidado —que permitan acreditar la buena fe— deben extenderse al procedimiento de la importación de la mercancía(58).

Por las anteriores razones, este argumento deberá ser desestimado.

3.6.2. La licencia de tránsito del vehículo no fue desvirtuada por la DIAN.

En lo que respecta a este cuestionamiento, esta Sala de Decisión encuentra que no cuenta con asidero alguno. Lo anterior, por cuanto (i) la expedición de la licencia de tránsito no sanea la situación de contrabando, como en pretéritas oportunidades lo ha manifestado la Sección Primera del Consejo de Estado; (ii) el decreto del decomiso por parte de la DIAN no se encontraba supeditado a demostrar la ilegalidad del referido acto administrativo —de matrícula— sino las inconsistencias de la declaración de importación respecto de las normas aduaneras.

En lo que atañe al primero de las consideraciones, el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha considerado al respecto:

“Por ello es de presumir que recibió el automotor bajo la convicción de que se trataba de una mercancía legal, pues ello es lo que implican tales informes y el acto de matrícula, que si bien no sanea la condición de contrabando que pueda tener un automotor y, por ende, no evita su decomiso, de todas formas son actuaciones administrativas que están revestidas de la presunción de legalidad, que implica la de veracidad, y por lo mismo está llamado a generar confianza o seguridad a terceros de tener ante sí una situación ajustada a la ley…”(59).

En el referido asunto, la Sección Primera explicó que, si bien el acto de matrícula expedido en favor del demandante no enervaba la medida de decomiso, ello no era óbice para que esta misma circunstancia fuera tenida en cuenta para no imponer sanción aduanera en contra del mismo.

Y esta conclusión resulta extensible a la licencia de tránsito, por cuanto el objeto del procedimiento administrativo de transporte que culmina con el proferimiento de ese acto, no se centra en verificar el cumplimiento de los mandatos aduaneros, actuación que es propia de aquella que se objeta a través de este trámite jurisdiccional.

Lo anterior, a pesar de que la declaración de importación resulta necesaria para su expedición(60), lo que sin embargo no se traduce en corroborar, en principio, la información allí plasmada.

Por otro lado, la Sala encuentra que, habida cuenta de la causal de aprehensión y decomiso aplicada en el sub judice(61), no le era exigible a la DIAN desvirtuar la legalidad de la licencia de tránsito, pues su probanza dentro del trámite aduanero confiscatorio se limitaba a acreditar que el vehículo automotor, su introducción al país, no se encontraba amparada por declaración de importación, producto del cúmulo de irregularidades existentes en la que fue presentada por el demandante.

Aunado a lo anterior, se tiene que la DIAN no es competente para desvirtuar la juridicidad de los actos administrativos, toda vez que esta facultad solo es del resorte, por regla general, del juez de lo contencioso administrativo.

Bajo estas glosas, el cargo se despacha desfavorablemente.

3.7. La caducidad de la acción administrativa que finaliza con el decomiso.

La parte actora afirma que la facultad administrativa desplegada para decretar el decomiso del camión International fue ejercida por fuera del término de 3 años, al que hace referencia el artículo 478 del Decreto 2765 de 1999. En su sentir, el hecho que se pretende sancionar ocurrió hace “más de diez años”, razón por la que debe declararse la caducidad de la acción administrativa.

Por la pertinencia para absolver este cuestionamiento, la Sala se permite reproducir “in extenso” las consideraciones que para el efecto fueron erigidas en sentencia de 1º de febrero de 2018(62):

“En efecto, lo primero que se debe señalar es que el decomiso, se encuentra definido por el Decreto 2685 de 1999(63), en su artículo 1º, como el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de dicho Decreto.

Así las cosas, ha sido claro para la Jurisprudencia de esta corporación que el decomiso constituye una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, que de ninguna manera puede ser confundida o tratada como una sanción administrativa.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación(64) ha definido que:

“Del contenido de las normas anteriormente transcritas, se derivan las siguientes conclusiones:

El decomiso no es una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía. (…)

— Con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, las sanciones se clasifican en multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta. (…)

A la luz de las disposiciones vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron como resultado la expedición de los actos acusados, el decomiso aparejaba la sanción de multa, que sí constituye una sanción, (…).

Como quiera que aquí no se está discutiendo la imposición de multa alguna, sino el decomiso,el cual, se reitera, no es una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, bien podía laAdministración en cualquier tiempo, como en efecto lo hizo, aprehender el vehículo y, luego de surtido el respectivo procedimiento, proceder a decomisarlo” (Se subraya).

En consecuencia, es evidente que el decomiso no constituye una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, máxime cuando con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, las sanciones se clasificaron en multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta y que pueden presentarse.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que también se ha definido que al no constituir el decomiso una sanción, no puede predicarse del mismo la caducidad para ordenarlo, contrario a como si sucede respecto de las sanciones que la autoridad puede imponer por cuenta de las infracciones aduaneras que se presenten, pues conforme lo ordena el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999, la acción administrativa sancionatoria prevista en ese Decreto y que claramente no refiere al decomiso, caduca en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera.

En este sentido, la jurisprudencia de la corporación(65) ha definido lo siguiente:

“(…) El decomiso no es susceptible de caducidad porque no constituye una medida sancionatoria sino el procedimiento administrativo a través del cual se define la situación jurídica de una mercancía

El actor afirma que los actos acusados son nulos, porque ordenan el decomiso de la aeronave HK 3965, después de transcurridos tres (3) años de su ingresó al país, cuando ya había caducado la facultad sancionatoria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En este punto, la Sala precisa que son dos las actuaciones que debe adelantar la Autoridad Aduanera con motivo del ingreso ilegal de una mercancía al país; la primera, relativa a definir la situación de la misma y, la segunda, atinente a sancionar a la persona responsable de la contravención aduanera.

La primera de las actuaciones enunciadas, incluye la aprehensión física de la mercancía o su decomiso, la cual se puede realizar en cualquier momento, pues el transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de sanear su ilegal permanencia en el país. La segunda, que busca imponer una sanción a la persona que incumple la obligación aduanera; esta última sí tiene un término de caducidad, pues obedece al ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración.

Sobre el particular, en sentencia de 2 de mayo de 2013, con ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno, esta Sección puso de presente que “[…] el procedimiento administrativo tendiente a definir la situación jurídica de una mercancía, el cual puede culminar con su decomiso, no es objeto del término de caducidad en comento al no ser aquel una medida sancionatoria […]” (Se subraya).

En consecuencia de lo anterior, es claro que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido contundente al distinguir el concepto del decomiso como una medida totalmente distinta al de las sanciones a las que en virtud de la ley puede dar lugar la autoridad aduanera.

De igual manera, no cabe duda de que el decomiso no se puede someter al régimen de caducidad aplicable a la facultad sancionatoria del estado pues, se insiste, la jurisprudencia ha sido contundente al señalar qué tal medida no constituye una sanción susceptible de caducar, de tal suerte que el transcurso del tiempo no tiene, por ejemplo, la virtualidad de sanear la ilegal permanencia de una mercancía fuera de la zona especial aduanera a la que corresponde”.

Del aparte jurisprudencial trascrito se colige que el decomiso: (i) no es una sanción, sino una medida administrativa tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía aprehendida; (ii) corresponde al ejercicio de la facultad de control y fiscalización del Estado, que no a la potestad sancionatoria; (iii) no se encuentra sometido a término de caducidad, pues no se trata de una infracción administrativa.

A la luz de estos parámetros, la Sala estima que el cuestionamiento según el cual la actuación administrativa que conllevó el decomiso del vehículo automotor del accionante, no tiene asidero jurídico, ya que se trata de una institución jurídica que dista de las diversas sanciones establecidas en el Estatuto Tributario, que podrá ser ejercida en cualquier tiempo por parte de la DIAN, por lo que el término de los 3 años contenidos en el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999 no le resultan aplicables.

Las consideraciones que preceden redundan en mérito para confirmar el fallo de 22 de febrero de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. Falla

1. CONFIRMAR la sentencia de 22 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

Notifíquese y cúmplase».

30 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.

31 “ART. 357.—Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

32 Folio 15.

33 Cfr. Auto de 16 de octubre de 2009.

34 Ver al respecto folio 101 del expediente en el que solicita al ente acusador por parte del Tribunal, el envío de la totalidad de la actuación judicial llevada a efecto dentro de las diligencias penales, distinguidas con el Nº 48692, que autorizó la regrabación de los números de motor y chasis del automotor de placas SEY-006”.

35 Folio 265.

36 Convención Americana de Derechos Humanos. “ART. 25.—Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (Negrilla y subraya fuera de texto).

37 Folio 16 del expediente.

38 Folio 6 “No se esperó la llegada de esta prueba de suma importancia y su no valoración dentro del expediente administrativo que dio origen a la resolución que se pide su anulación, viola el derecho constitucional de defensa que le asiste al señor Paredes Flórez, ya que de haberse aportado este material probatorio que fue el que legaliza en todos sus aspectos el vehículo automotor decomisado, su valoración hubiera dado oportunidad para tomar determinación contraria a la expresada en la resolución de la cual se impetra su nulidad”.

39 Folio 6.

40 Folio 4.

41 Folio 165.

42 “ART. 169.—En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista. Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.

43 “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”.

44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Nº. 54001-23-31-000-2003-00581-01. Sentencia de 31 de julio de 2014. C.P. María Claudia Rojas Lasso

45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla. Rad. 68001-23-31-000-2001-02392-01. Actor: TALLERES FRIOCOL LTDA. Sentencia de 19 de enero de 2015.

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Rad. 2001-00161 (8987). Actor: FRONTIER DE COLOMBIA. Sentencia de 9 de diciembre de 2004.

47 Respecto de la diferencia entre actos solemnes y formales, ver: Corte Constitucional. SU-1185 01. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La existencia de los actos solemnes está supeditada a la observancia de las formas prescritas en la ley o determinadas por las partes, es decir, la voluntad de los agentes debe expresarse a través de un preciso cauce legal o convencional, de tal manera que su inobservancia hace que el acto se repute inexistente, o que se transforme en otro acto (teoría de la conversión de los actos jurídicos). La institución de los actos solemnes se debe a que la ley, inspirada en los criterios de seguridad e interés social, ha exigido ciertos requisitos con la finalidad de asegurar, precisar y conservar ciertos hechos u operaciones que repercuten en el ámbito social”.

48 CHASIS: TH 389976 – MOTOR: 469TM2U0986075*AR”.

49 Ibídem.

50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla. Rad. 68001-23-31-000-2001-02392-01. Actor: TALLERES FRIOCOL LTDA. Sentencia de 19 de enero de 2015.

51 Folio 376.

52 Funcionario de la Policía Judicial.

53 NIT. 8900300682-1.

54 Folio 120.

55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Nº. 25000-23-27-000-2002-01500-01. Sentencia de 11 de febrero de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso.

56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Rad. 2001-00161 (8987). Actor: FRONTIER DE COLOMBIA. Sentencia de 9 de diciembre de 2004.

57 Contrato de compraventa de 13 de julio de 2006. Licencia de tránsito 52317. Pago del seguro obligatorio. Certificado expedido por el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte.

58 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Nº. 54001-23-31-000-2003-00581-01. Sentencia de 31 de julio de 2014. C.P. María Claudia Rojas Lasso. “Siendo el comprador responsable también de las obligaciones aduaneras como lo prevé el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, junto con el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía e inclusive quien se haya beneficiado de la operación aduanera, debió tener el cuidado y diligencia de solicitar al importador o al vendedor, todos los documentos soportes tanto de la transacción que estaba realizando de compraventa, como de la importación de la mercancía extranjera y observar su legalidad”.

59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Nº. 05001-23-31-000-2000-03129-01. Sentencia de 6 de diciembre de 2007. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

60 Ley 769 de 2002. ARTÍCULO 35. EXPEDICIÓN. La licencia de tránsito será expedida por cualquier organismo de tránsito o por quien él designe, previa entrega de los siguientes documentos: Factura de compra si el vehículo es de fabricación nacional. Factura de compra en el país de origen y licencia de importación. Recibo de pago de impuestos. Certificado de inscripción ante el RUNT.

61 Art. 502 Numeral 1.6. del Decreto 2685 de 1999: Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión.

62 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P: Rocío Araújo Oñate. Rad. 25000-23-24-000-2011-00574-01. Sentencia de 1º de febrero de 2018.

63 Vigente para efectos del análisis del presente proceso.

64 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de junio del dos 2004. C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicado No. 25000-23-24-000-2000-00811-01(8805).
Ver además sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, de 1º de noviembre de 2007, Radicación 2003-00803-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; de 25 de marzo de 2010, Radicación 1995-09830-01, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta; de 22 de abril de 2009, Radicación 2002-00035, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 22 de junio de 2006, Radicación 2001-00195, C.P. Camilo Arciniégas Andrade; de 25 de junio de 2004, Radicación 0081, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y del 22 de junio de 2006, Radicación 2000-2240, C.P. Gabriel E. Mendoza Martelo; de 9 de julio de 2009, Radicación 2002-00756-01, C.P. Marco Antonio Velilla; de 28 de agosto de 2003, Radicación 8031, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

65 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de agosto de 2017. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado Nº 25000-23-24-000-2006-00664-01.