Sentencia 2009-00036 de abril 27 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 0800122130002009-00036-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil nueve.

Se pronuncia la Corte sobre la impugnación interpuesta por Gustavo Páez González contra el fallo de 19 de febrero de 2009, proferido por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que concedió la tutela implorada por Luis Ernesto Páez González frente al Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad.

Antecedentes

Reclama el accionante la protección, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado, en vista de que en el juicio de restitución de inmueble arrendado promovido en contra suya por el impugnante, el despacho accionado desoyó sus excepciones, tacha de falsedad y recursos, así como su solicitud de pruebas, pese a que luego de ser notificado consignó $ 8’047.000, lo que lo legitimaba para ser oído; fuera de ello, la actuación está afectada de nulidad por no haberse allegado prueba de los requerimientos exigidos por el Código Civil y el juzgado no tiene competencia, por tratarse de un asunto de mínima cuantía; agrega que el contrato celebrado en forma verbal fue de arrendamiento pero bajo la figura de un leasing con vencimiento el 1º de febrero de 2007, por lo que ha pagado la suma total de $ 732’000.000; que empezó pagando $ 7’000.000, continúa, y en los últimos años $ 3’500.000 mensuales; que su contraparte alegó falta de pago de los meses de mayo, junio y julio de 2006, cuando debía era la de agosto y una parte de la de julio; su caso, prosigue, es similar al de una acción de tutela concedida por la Corte Constitucional.

Respuesta del accionado

Dijo que durante el proceso se le había hecho saber a la parte demandada que no podía ser oída mientras no consignara los cánones de arrendamiento, a lo cual hacía caso omiso, por lo que no se vislumbraba violación de algún derecho fundamental.

La sentencia del tribunal

Concedió el amparo demandado, pues, apoyado en providencias de la Corte Constitucional, consideró que, dadas las condiciones del juicio, el despacho demandado había vulnerado los derechos al accionante al no oírlo, razón por la que, en providencia aclaratoria, dejó sin efecto la sentencia y ordenó resolver el caso oyendo al arrendatario.

La impugnación

El demandante en el juicio de restitución recurrió esa decisión, aduciendo que del contenido del acta de la inspección judicial practicada por el tribunal se establecía de manera inequívoca el surtimiento del trámite con todas las garantías, contrario a lo sostenido por el accionante.

Consideraciones

1. La protección tutelar prevista en el artículo 86 de la Carta Política únicamente es viable activarla con el propósito de atacar pronunciamientos jurisdiccionales cuando los mismos lleguen a constituir “vía de hecho”, es decir, producto de la veleidad y antojo del funcionario, alejados por completo de la senda jurídica, a tal punto que en forma ilegítima ataquen o vulneren los derechos fundamentales, siempre que el titular de esas prerrogativas no tenga ni haya tenido otros medios judiciales para reclamar de los jueces la inmediata y efectiva protección, pues, en caso contrario, no puede operar, a causa de su estricta naturaleza residual.

2. Del contenido de la premisa anterior se infiere la viabilidad de la protección constitucional deprecada en este caso, teniendo en cuenta la existencia abinitio de serias dudas acerca de la naturaleza y contenido del contrato celebrado por las partes, pues mientras el demandante aseveró que se trataba de un arrendamiento común, el demandado dijo que era uno de leasing, con vencimiento el 1º de febrero de 2007, razón por la que ya era propietario del bien, luego de haber pagado en total $ 732’000.000, tanto más si no había prueba escrita de tal negocio, a tal extremo que cada una de las partes aportó declaraciones extra procesales en procura de demostrar sus respectivas afirmaciones, aparte de la discrepancia relativa al monto del canon, dado que el demandado aseveró que había comenzado pagando $ 7’500.000, mientras que en la demanda simplemente se señaló que el pactado era de $ 3’500.000, aspectos que obviamente deben esclarecerse en la sentencia; estas son circunstancias especiales que, por supuesto, ponían en evidencia la falta de certeza en torno a la cuantía de la obligación a cargo del demandado de pagar la renta mensual aducida como adeudada y sobre la vigencia de la que pudiera causarse con posterioridad y, por tanto, imponían al juzgador escuchar al demandado Luis Ernesto Páez González con el propósito de garantizarle el ejercicio de su derecho fundamental al debido proceso, pues es evidente que no estaban dadas las condiciones para la aplicación rigurosa de la sanción prevista en los numerales 2º y 3º, artículo 424 del Código de Procedimiento Civil; de ello se sigue que al haber procedido en forma contraria, el despacho aquí demandado vulneró dicha prerrogativa esencial al reclamante; en consecuencia, es procedente la prosperidad de la pretensión tutelar impetrada, como en forma acertada lo resolvió el tribunal.

Ha de verse cómo sobre el punto la Sala “ha prohijado una interpretación razonada y no mecánica de las normas arriba mencionadas, y ha señalado que en circunstancias excepcionalísimas el juez puede ordenar oír al demandado no obstante la falta de pago de los cánones de arrendamiento que se dicen adeudados, v.gr. cuando existan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento o de la obligación respectiva, caso en el cual ha de ponderarse por el juzgador la afectación que podría tener el derecho de defensa de realizarse una hermenéutica excesivamente rígida de la disposición que se comenta” (fallo de tutela de feb. 3/2009, Exp. 11001-22-03-000-2008-01684-01).

También observa la Corte que, aparte de las falencias denunciadas por el accionante, también advierte la Sala la existencia de otras, verbi gratia, el hecho de haber proferido el despacho accionado dos sentencias, sin saberse con exactitud por qué la primera dejó de tener vigor, y soportar el fallo en la supuesta falta de pago de mensualidades no invocadas en la demanda.

3. En suma, deviene plenamente justificada la intervención excepcional del juez constitucional en esta hipótesis, dados los específicos confines que ofrece, y no conlleva injerencia arbitraria en las funciones asignadas por la Carta Magna y por la ley al competente para desatar el conflicto de intereses materia de la relación procesal, ya que se trata es de hacer prevalecer las prerrogativas básicas del accionante, a quien se le vulneraron con la aludida forma de proceder del juzgado aquí demandado.

4. Por consiguiente, las razones de la impugnación no son de recibo, pues no alcanzan a desvirtuar los motivos sustentantes del fallo recurrido.

Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de la procedencia y fecha preanotadas.

Notifíquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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