Sentencia 2009-00038 de octubre 4 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 130011102000200900038-01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: 4 de octubre de 2011.

Aprobado según acta de Sala 094 de la fecha.

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y conforme al artículo 256-3 ibídem conocer de las faltas en que incurran los funcionarios judiciales, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para resolver en apelación de algunas decisiones emitidas por los consejos seccionales de la Judicatura.

Del poder conferido. Se tiene en autos que el Dr. Alí Antonio Silva Castillo otorgó poder al abogado Néstor Torres Pérez para que lo represente en este proceso disciplinario, el cual tiene presentación personal ante esta Sala y notaría. Por tal razón y teniendo en cuenta tal apoderamiento, se reconocerá al profesional del derecho en mención como procurador judicial del disciplinable en los términos del poder conferido, a su vez, se tendrá al dependiente judicial del apoderado en esa condición y en la puntual facultad otorgada.

El caso. Se trata de resolver por vía de apelación, sobre la sentencia del 22 de noviembre de 2010, por la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo, como Juez Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar, al Dr. Alí Antonio Silva Cantillo, con ocasión de la compulsa de copias ordenada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 29 de septiembre de 2008, colegiado que estima la existencia de conducta irregular en el comportamiento del citado funcionario judicial, al tramitar y decidir tanto acción de tutela como desacato contra el alcalde de esa municipalidad, decididas mediante providencias del 18 de abril y 14 de mayo de 2008, en acción de amparo presentada por la señora Carmen Helena Sanjuán Cantillo.

La nulidad. Al revisar la actuación procesal dada en este asunto disciplinario, encuentra la Sala que frente a los puntos de controversia planteados en la apelación, siendo ellos, la nulidad por factores de violación al debido proceso y derecho de defensa por motivo de la no notificación del pliego de cargos y recaudo probatorio fuera de términos en fases procesales y la no responsabilidad del disciplinado en la falta imputada, se detiene la Sala únicamente en el aspecto referido a la nulidad, por cuanto su prosperidad hace inane cualquier otro estudio del caso disciplinario.

En concreto, uno de los aspectos a tener en cuenta, esto es, la falta de prueba para condenar, bajo el entendido del apelante que las pruebas se recopilaron por fuera de los términos para agotar fase procesal, sin decir cual, bien puede la Colegiatura de entrada inaceptar tal postura defensiva, por cuanto, no sólo no especifica cuál fue esa fase procesal que dice no agotó con el allegamiento de prueba, sino que tales probanzas fueron ordenadas en el interregno de fase de la investigación.

Pues bien, la compulsa de copias que ordenó el Tribunal Superior contra el juez de autos, el 29 de septiembre de 2008, se dio en los precisos términos de “REMITIR copias de las actuaciones estudiadas, y de la presente providencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar...” (se resalta fuera de texto), es decir, la copia de las actuaciones del funcionario judicial en la tutela y desacato contra el alcalde del Carmen de Bolívar, al fin de cuentas, fueron los hechos que fundan el trámite y decisión disciplinaria.

Es más, cuando avocó conocimiento la Sala a quo, el 4 de febrero de 2009, lo hizo directamente con apertura de formal investigación disciplinaria, providencia que fue notificada personalmente al investigado y a través de comisionado el 18 de marzo de ese mismo año y en la cual se ordenó tener “como pruebas las documentales incorporadas al expediente hasta este momento”, ello significa que desde el comienzo de la acción disciplinaria existía prueba para tramitar este expediente disciplinario; pero además los 6 meses de ley para calificar esa fase procesal se vencieron a mediados de septiembre de igual anualidad.

Por lo tanto, cuando el 6 de agosto de 2009 se ordenó traer a los autos copias de la acción de tutela de Carmen Helena Sanjuán Cantillo contra el alcalde del Carmen de Bolívar —fl. 106— y del fallo del desacato, aún se estaba dentro de la fase legal prevista para surtir la investigación, sin desconocer que la compulsa, como se dijo, dispuso la remisión de toda la actuación al seccional de instancia. Quiere decir entonces, que no hubo práctica de pruebas por fuera del término de ley que pudieran tomarse como inexistentes.

Tal afirmación se corrobora aún más con la comunicación que obra a folio 108, en la cual el secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar, le informó al Seccional a quo: “me permito comunicarle que la acción de tutela instaurada por la señora Carmen Helena Sanjuán Cantillo contra el señor alcalde de El Carmen de Bolívar, fue enviada a esa honorable corporación, el día 15 de mayo del presente año, según Oficio 474 la cual fue solicitada por el señor Luis García Torres, según Oficio suyo Nº SGD-2003-2883-2009 dentro del disciplinario Nº 161 de 2009...” (se resalta fuera de texto).

Lo anterior demuestra pues, que ninguna prueba se recaudó en forma extralegal que pudiera dar al traste con la valoración propia de este tipo de juicios ético funcionales, por tal razón, no prospera esa pretensión por este aspecto en concreto.

Nulidad por falta de notificación de los cargos y falta de preclusión de fase procesal. Con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

En términos generales, esta corporación ha considerado que las garantías del debido proceso y del derecho de defensa se vulneran si el operador disciplinario omite cumplir su deber de respetar las fases o etapas procesales fijadas por la ley, en cuanto garantiza la celeridad, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la misma, al hacer efectivo el derecho a la defensa y contradicción, los cuales integran el núcleo esencial del debido proceso.

Más allá de las consideraciones sobre el incumplimiento de los ciclos procesales, la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento y respecto de derechos que trascienden a una efectiva y material defensa técnica, al interior de las etapas y fases dentro de las cuales se desarrollen las investigaciones.

Sobre este particular la Corte Constitucional indicó:

“El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia (...)”(5) (resaltado fuera del texto original).

Por lo tanto, resulta necesario que las etapas del procedimiento se encuentren razonablemente diseñadas, ofreciendo a sus titulares oportunidades ciertas para el ejercicio del derecho de defensa, de lo contrario, podría hacer nugatorio el derecho de contradicción o ilusoria la pronta resolución de su situación disciplinaria.

Entonces, en lo que sí se detiene la Sala, es en la omisión que tuvo el a quo para garantizar el derecho defensa técnica que le asiste a todo sujeto disciplinable, pues emitido el pliego de cargos, lo obvio y legal, es que se garantice su comparecencia al proceso personalmente o por intermedio de apoderado, bien de confianza ora de oficio.

Así se tiene que esa pieza procesal fue emitida el 26 de abril de 2010 y a la fecha, tenía nombrado en el proceso abogado de confianza para su defensa, el 26 de mayo de igual año se libra comunicación al acusado —fl. 120— para que comparezca a notificarse, so pena de hacerlo en forma sustitutiva, al igual que se libró comunicación a folio 121 a la dirección en Barranquilla por él aportada oportunamente; no obstante, aunque figuraba como abogado de confianza el Dr. Gerlein Enrique Yepes Romero —fl. 95— no se le comunicó tampoco esa decisión, no se le requirió para su debida notificación. Menos se comisionó al lugar de trabajo del disciplinable para esos efectos, tratándose de notificación personal, tal como sí se hizo en la apertura de investigación (ver. fl. 80, cdno. ppal.).

Al respecto existe constancia secretarial que sugiere el nombramiento de defensor de oficio por estar suspendido el funcionario judicial investigado y porque el defensor no aportó dirección para ser ubicado; sin embargo, tampoco se buscó su contacto con el propio disciplinado.

El caso es que por auto del 13 de julio de 2010, se nombró como defensor de oficio al abogado Aníbal Alvis Ruiz —fl. 126— y a folio siguiente se encuentra comunicación dirigida al lugar de trabajo del profesional del derecho —la cual no se sabe quién la suministró—, pero lo que interesa, es que en parte alguna se encuentra notificación de dicho auto, en tanto sólo registra el plenario algunas comunicaciones libradas, mas no la materialización de esa actuación procesal consistente en la debida publicidad, no otra que a notificación personal o por lo menos a su defensor.

Actuación posterior, sin haberse notificado el pliego de cargos y por obvias razones sin agotar fase probatoria subsiguiente a los descargos, se emitió auto del 16 de septiembre de 2010, se dio “traslado por cinco días al Ministerio Público para que presente sus alegatos de conclusión”. Es decir, no se precluyó una fase procesal que le permitía continuar con el proceso.

Tan solo el 30 de septiembre de 2010, el abogado de confianza aparece solicitando acumulación de procesos —fl. 193— en aras de evitar posibles fallos contradictorios el 5 de octubre de igual año, en escrito dirigido por el Dr. Silva Cantillo solicitó copias del expediente.

Acto seguido, el 6 de igual mes y año le otorgó poder el disciplinable a la abogada Ana Milena de la Rosa Tapia, quien aceptó el encargo profesional y de inmediato solicitó la nulidad y alegó de conclusión, pues se tiene por cierto que al disciplinado se le estuvo enviando comunicación para notificarle el pliego de cargos.

Precisamente el expediente se encontraba en fase procesal de alegatos de conclusión, conforme lo dispuso el magistrado a cargo en auto del 16 de septiembre de 2010 —fl. 132—.

Quiere decir entonces, sin mayores elucubraciones al respecto, que en realidad se saltó a la fase de alegatos sin haberse agotado los ritos procesales de notificación del pliego de cargos y descargos, lo cual conlleva grave afectación de derechos fundamentales como el de defensa y debido proceso, pues en esa coyuntura donde el auto de cargos se convierte en la piedra angular y columna vertebral del juicio disciplinario, no puede obviarse la oportunidad de defensa.

No bastaba con nombrar un defensor de oficio para dar por suplida la garantía de defensa técnica, sin notificarle incluso el pliego de cargos, cuando la Ley 734 de 202 (sic) es clara en pretender preservar esas mínimas posibilidades de controversia.

Por ende, no puede tenerse como subsanada la actuación con la aparición de la nueva defensora de confianza, quien lo hace en fase de alegatos de conclusión, pero como se dijo, no se había agotado la de notificación y descargos frente al pliego de cargos.

Bien puede afirmarse que la designación de defensor de oficio obedece a la garantía de defensa técnica a que tiene derecho todo procesado, respecto de quien se ha determinado que no concurre al proceso, por ello el Estado está en la obligación de implementar esa garantía, que como principio del debido proceso no puede pasar desapercibido.

Pero esa designación no es nominal, por el contrario, conlleva obligaciones de tipo procesal tendientes a materializar la defensa del disciplinado, por lo tanto no es una opción que se pueda ejercer o no, ni es un acto de diletantismo jurídico, mucho menos una mera formalidad, es un imperativo en esa función para el defensor de oficio y una obligación del Estado garantizar ese derecho.

No es posible avalar el simple nombramiento ausente de ejecución material de actos tendientes a la defensa técnica, por cuanto no es potestativo presentar descargos, bajo el entendido que la actuación no se paraliza conforme reza el artículo 167 de la Ley 734 de 2002, sin que sea una opción guardar silencio, pues una teoría en ese sentido, le quita razón de ser a la norma que obliga nombrar defensor de oficio para quien no rinde descargos, por lo tanto, la designación en ese cargo, vincula en un deber de diligencia para el designado y premisa de garantía en el operador disciplinario.

No puede el Estado aceptar la teoría que si nombra defensor de oficio para garantizar defensa técnica, también coadyuve el silencio de quien fue nombrado para esa misión, porque las garantías quedarían en letra muerta al interior de un derecho viviente como es en la actualidad; no tiene sentido garantizar defensa como obligación del Estado pero al mismo tiempo consentir un dejar de hacer y permisión de un silencio como estrategia defensiva. Siendo así, nada estaría garantizando a quien es sujeto disciplinable en ausencia, lo peor, es que se pase a fases subsiguientes en la estructura del proceso disciplinario diseñado por la Ley 734 de 2002, sin agotamiento previo de aquellas otras obligadas conforme al principio de preclusión que rige el procedimiento.

El artículo 143 de la Ley 734 de 2002 diseñó como causal de nulidad la violación al derecho de defensa y la existencia de irregularidades que afectan el debido proceso, a su turno, el artículo 146 Ibídem autoriza la declaratoria de nulidad en forma oficiosa, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de esas circunstancias normativas.

Partiendo de las anteriores premisas legales, en el asunto sub examine se advierte la existencia de las dos causales, como es la violación al derecho de defensa del procesado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, tal como se demostró en precedencia.

El artículo 29 de la Carta Política establece la garantía de ser oído y vencido en juicio, consagrando así el derecho de defensa, el cual se manifiesta a través del cumplimiento de distintos actos procesales que traslucen las razones y argumentos del procesado (en los juicios sancionatorios), la intervención en las audiencias e interposición de los recursos pertinentes, la contradicción de las pruebas, la solicitud de los medios probatorios donde se fundamentan las alegaciones o pretensiones del enjuiciado, porque tal como lo consagra el precitado canon constitucional, quien sea sindicado tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. Actuación que de no ser posible por cualquier razón del directamente interesado, el Estado tiene la obligación de garantizar tal ejercicio contradictorio en forma material.

por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECONOCER al abogado Néstor Torres Pérez como procurador judicial del disciplinable en los términos del poder conferido, a su vez, se tendrá al dependiente judicial del apoderado en esa condición y en la puntual facultad otorgada.

SEGUNDO. Negar la nulidad pedida por motivo de la presunta ilegalidad en el recaudo probatorio conforme lo dicho en esta providencia.

TERCERO. DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos, dejando el mismo a salvo, al igual que las pruebas recaudadas en el presente asunto, para que el a quo rehaga la actuación conforme lo motivado en esta providencia, pero en punto de la indebida notificación del pliego de cargos y preclusión de fase procesal sin agotar.

Devuélvase el expediente al seccional de origen. Cúmplase.»

(5) Sentencia C-416 de 1994.