Sentencia 2009-00041 de septiembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Rad. 73001- 23-31-000-2009-00041-01 (1038-10)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Luis Guillermo Cárdenas Campos

Demandado: Hospital San Juan Bautista ESE municipio de Chaparral.

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

Se demanda en el sub lite la nulidad del Oficio GER-621-08 de 22 de septiembre de 2008, que dio respuesta negativa al derecho de petición elevado por el hoy demandante, tendiente a obtener el reconocimiento de una relación laboral de medio tiempo desde el 4 de febrero de 1999 hasta el 31 de julio de 2007, junto con el pago de las prestaciones sociales que de tal declaración se derivan; el reintegro al cargo que ocupaba o a otro de mayor categoría y remuneración y la declaratoria de no existencia de solución de continuidad desde la desvinculación hasta el reintegro.

Para desastar (sic) la cuestión litigiosa, es preciso revisar el tratamiento jurisprudencial que se ha dado a la figura en comento, en aras de preestablecer los presupuestos que la configuran y que por ende deberán ser revisados en el caso sub examine.

1. Antecedentes jurisprudenciales del contrato realidad.

El tema del contrato realidad ha generado importantes debates judiciales. Uno de ellos se dio con ocasión del examen de exequibilidad que realizó la Corte Constitucional al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público. Después de realizar precisiones constitucionales en materia de contratación estatal, de definir las características del contrato de prestación de servicios y de establecer las diferencias con el contrato de trabajo, la Corte estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustada a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para esconder la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente(1).

Esta corporación en fallos como el del 23 de junio de 2005 proferido dentro del expediente 0245 consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Tal consideración se contrapone a la jurisprudencia anterior, en la que se sostuvo que entre contratante y contratista palia existir una relación coordinada en sus actividades para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de horario, el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o reportar informes sobre sus resultados, sin que ello signifique necesariamente la configuración del elemento de subordinación(2).

Así las cosas, se concluye que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función pública en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de esta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.

Por el contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993, cuando: a) se pacte la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, b) el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, c) se le paguen honorarios por los servicios prestados y d) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que debe ser entendida solo en aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.

Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente conduce al reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el periodo realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de esta manera la: prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados(3).

De otra parte, en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demanda, la sección ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión es literalmente imposible con anterioridad a la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo(4).

Bajo las anteriores precisiones se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito(5).

La viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante según el aforismo “onus probandi incumbit actori, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta.

2. Del contrato realidad frente a la prestación de servicios médicos.

En reiteradas ocasiones se ha afirmado jurisprudencialmente, que en el caso de quienes prestan servicios de salud es válida la suscripción de órdenes de prestación de servicios, en tanto le ajustan al contenido del artículo 32 de la Ley 80 de 1993(6), en donde se prescribe la posibilidad de celebrar estos contratos con personas naturales cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de la entidad respectiva o cuando para tal efecto se requiere de conocimientos especializados, de tal manera que en atención a los conocimientos que se requieren para la prestación del servicio médico en sus diferentes disciplinas y a la autonomía e independencia inherente a la aplicación y ejercicio del mismo, se ha habilitado dicha modalidad para la contratación del personal médico(7).

Ahora bien, es necesario señalar que si bien en muchos casos resulta legítima la figura del contrato estatal para satisfacer las diferentes necesidades del servicio público de salud por disposición expresa de la Ley 10 de 1990 que reorganizó el sistema nacional de salud(8), la especialidad de que se revisten los servicios médicos —en tratándose de personas naturales—, no excluye por sí sola la posibilidad del empleo público, y mucho menos la configuración en ciertos casos de una verdadera relación laboral con el Estado al extralimitar el contenido real y la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, de manera que no puede admitirse categóricamente que en cuanto a tales servicios no quepa la figura del contrato realidad, desde luego, cuando a ello haya lugar, máxime si la prestación del servicio de salud constituye una función pública a cargo del Estado, inherente al objeto de las entidades estatales prestadoras del mismo.

Respecto del servicio médico en concreto, debe precisarse que en sus diferentes modalidades y especialidades se encuentra previsto como un empleo público del nivel profesional dentro del sistema nacional de salud y la organización del subsector oficial de salud de las entidades territoriales y sus entes descentralizados, con denominación y funciones detalladas en la ley, más exactamente en el artículo 3º del Decreto 1335 de 1990, por medio del cual el gobierno expidió el manual general de funciones y requisitos de los empleos pertenecientes al subsector oficial del sector salud(9), y los artículos 21 y 27 del Decreto-Ley 1569 de 1998, que establecen el sistema de nomenclatura y la clasificación de los empleos de las entidades públicas que conforman el sistema de seguridad social en salud(10).

Por ende, aún cuando el objeto del contrato haya sido la prestación de servicios de medicina especializada, no puede utilizarse la preceptiva arriba señalada como argumento in limine para descartar la posible existencia de una relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, pues descartadas la temporalidad, es decir, demostrada la permanencia y continuidad del servicio, y probados los elementos de una relación laboral en los términos inicialmente esbozados, se posibilita el reconocimiento del contrato realidad.

Debe precisar la Sala además, que la autonomía e independencia que ostenta el personal médico para aplicar sus conocimientos científicos específicamente a cada caso, no descarta la existencia de una relación de subordinación y dependencia, en tanto dicho elemento puede configurarse en otros aspectos de índole administrativo, como el cumplimiento de horario, la recepción de órdenes en los diversos aspectos que componen la prestación del servicio, el cumplimiento de las labores bajo las mismas condiciones de los demás empleados de planta etc., lo que a su vez supone, que tratándose de un verdadero contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia deba abarcar aún los aspectos anteriormente referidos.

Así las cosas, debe revisarse en cada caso las condiciones bajo las cuales fueron prestados los servicios en aras de esclarecer bajo el análisis probatorio pertinente, la verdadera naturaleza de la relación existente entre las partes, para no adoptar conceptos que de manera formal y restrictiva, homogenicen las causas propuestas ante esta jurisdicción, en detrimento del análisis sustancial particular que amerita cada caso.

Bajo las anteriores consideraciones preliminares que admiten la configuración del contrato realidad en cuanto a la prestación de servicios médicos, se efectuará el examen probatorio pertinente en aras de resolver el asunto demandado.

3. Caso concreto.

Con fundamento en los elementos de prueba obrantes en el plenario, confrontados con la doctrina del contrato realidad, la Sala llega a las siguientes conclusiones que permiten sostener la configuración de una verdadera relación laboral entre el actor y la administración, que fue encubierta bajo el ropaje de contrato de prestación de servicios.

En primer término, es necesario señalar que la relación contractual entre el Hospital San Juan Bautista con el médico especialista Luis Guillermo Cárdenas Campos se vio rodeada de unas condiciones bastante particulares, que permiten sostener que el vínculo excedió los linderos de la vinculación por prestación de servicios. En efecto, el hecho de exigir al supuesto contratista la atención de un número de pacientes determinado por la demanda diaria de usuarios; de obligarlo a estar en disposición permanente para atender cualquier eventualidad que se presente en el servicio; de sujetarse enteramente a las normas vigentes sobre atención, consulta y formulación de documentos y tratamientos, cirugías y reglas que el hospital le indique; de prestar oportunamente y dentro de los plazos que se le señalen, las estadísticas, balances, conceptos, declaraciones, inventarios que le fueren entregados bajo su responsabilidad y de permitir auditorías e inspecciones a las historias clínicas y tratamientos de aquellos pacientes que fueron atendidos por el contratista, reflejan sin asomo de duda la capacidad dispositiva del hospital sobre la labor del demandante, desvirtuando así su independencia y autonomía en la prestación del servicio y superando bajo tales circunstancias el tema de la coordinación necesaria en desarrollo de la actividad contractual, lo que en suma refleja la subordinación y dependencia en la labor desempeñada(11).

En segundo lugar, es necesario aclarar que aunque algunos de los testigos fueron enfáticos en sostener que las labores desempeñadas por el demandante no trascendieron el ámbito de coordinación que rige las relaciones contractuales(12), para la Sala resulta de especial relevancia la declaración dada por el médico y antiguo coordinador del Hospital San Juan Bautista, Rafael Montaña Zamudio, quien sin asomo de duda manifestó que el demandante cubría un horario de trabaje desde las 7 a.m. en la institución, cumplía el reglamento interno de la entidad y en cuanto a la programación de las consultas externas y especializadas señaló que tal función estaba a cargo suyo como coordinador médico. Expresó además que el actor desempeñaba sus funciones por periodos de 15 días con materiales, instrumentos y apoyo asistencial del hospital.

Estas particulares situaciones permiten a la Sala concluir, que la administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

En consecuencia, se revocará el fallo apelado para en su lugar, y a título de restablecimiento del derecho condenar al Hospital San Juan Bautista ESE del municipio de Chaparral a pagar a favor del Luis Guillermo Cárdenas Campos, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servido y, el correspondiente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales lo que conlleva al pago de las cotizaciones legales, tomando como base el valor de lo pactado en los contratos u órdenes de trabajo por los periodos contenidos en los diferentes contratos de prestación de servicios, como quiera que el cargo desempeñado por el actor no se encuentra previsto en la planta de personal de la entidad.

Ahora, sobre las sumas causadas, debe precisarse que, como inicialmente se indicó, no opera el fenómeno prescriptivo por tratarse esta de una sentencia de carácter constitutivo, a partir de la cual nace el derecho a favor del actor.

De acuerdo a lo anterior, las sumas que resulten serán ajustadas de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y con la siguiente fórmula:

R = Rh índice final

Índice inicial

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. Por tratarse de proceso, para la Sala es evidente que el demandante no desarrolló sus funciones de manera coordinada para predicar un vínculo meramente contractual.

En tercer lugar, merece especial mención la intemporalidad de la relación supuestamente contractual entre el hospital y el demandante, que desborda abiertamente los límites impuestos por la ley y la jurisprudencia para distinguir el contrato de prestación de servicios de la relación laboral. Las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la función que el accionante cumplía en la institución no fue de carácter transitorio o esporádico y que por el contrario se trató de una labor que fue desempeñada durante más de ocho años, como lo demuestra la relación de los contratos y los periodos en que fue contratado el demandante por el hospital como médico especialista, desde el mes de febrero de 1999 hasta el mes de junio de 2007 (fls. 33 a 94).

Esta desproporción en la utilización de la figura del contrato de prestación de servicios, conlleva a demostrar la necesidad del hospital de contar con personal de planta para la atención intermedia en las distintas especialidades básicas de la medicina, por tratarse de una institución de segundo nivel de atención.

Por último, resulta llamativo que en los contratos identificados con los números 013, 029, 042, 055, 003, 030 y 036 se le impuso al demandante prestar sus servicios 3 y 4 fines de semana al mes, mientras que en los contratos 054, 067, 076, 043, 059 y 070 se le asignaron días y horarios fijos para la atención de pacientes de la especialidad. Ya a partir del mes de septiembre de 2001 hasta el 30 de junio de 2007, el actor fue contratado por periodos de 15 y 16 días al mes.

Estas particulares situaciones permiten a la Sala concluir, que la administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.

No se accede a la pretensión de reintegro invocada por el demandante, porque del artículo 53 de la Carta Política no puede derivarse en su favor la condición de empleado público, pues como lo tiene sentado la Corte Constitucional:

“Si el juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la Constitución Política. Sin embargo a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de determinado régimen legal y reglamentado, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal.

(...).

“La mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se comprende, aparte de calificarse como relación laboral y derivar de ella los derechos contemplados en las normas que la regulan, no coloca a la persona que la suministra en la misma situación legal y reglamentaria en la que pueda encontrarse otra persona que desempeña como empleado público una actividad similar. Admitir que ello pudiera ser así, significaría hacer caso omiso de: (1) la existencia de un acto administrativo que ordene la respectiva designación, que es sustituido por una simple práctica realizada al margen de las condiciones constitucionales y legales que deberían darse para poder producir la vinculación; (2) la posesión para tomar el cargo, de modo que sigilosamente pueden ingresar al servicio público personas que no asumen públicamente el compromiso de obedecer la Constitución y las leyes; (3) planta de personal que no contempla el empleo o cargo que mediante la vía de hecho pretende consolidarse; (4) la disponibilidad presupuestal para atender el servicio, con lo cual se pueden generar obligaciones que superan las posibilidades fiscales, además por parte de personas y autoridades no autorizadas para gravar el erario público y a través de procedimientos no democráticos; (5) las regulaciones generales que gobiernan el ejercicio, las responsabilidades públicas y la forma de remunerarlas, las cuales son sustituidas por estipulaciones que, por desconocer el régimen legal, representan una invasión de poderes que son del resorte del Congreso, las asambleas o los concejos, o de otras autoridades”. (C. Cons., Sent. C-555/94).

Conforme con lo anterior se tiene, que para alcanzar la condición de empleado público es necesario que se profiera un acto administrativo que ordene la respectiva designación; que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio.

Ninguno de los supuestos antes mencionados está probado en este proceso, ni el actor ingresó por concurso, ni el cargo está contemplado en la planta de personal, ni tomó posesión del empleo, pues se repite, para acceder a un determinado cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos y condiciones señalados en la Constitución y en la ley; y ello porque el solo hecho de trabajar para el Estado no confiere la condición de empleado público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

VII. FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 4 de marzo de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.

En su lugar, se dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad del Oficio GER-621-08 de 22 de septiembre de 2008, que dio respuesta negativa al derecho de petición elevado por el hoy demandante, tendiente a obtener el reconocimiento de una relación laboral.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Hospital San Juan Bautista ESE del municipio de Chaparral, a reconocer y pagar a favor de Luis Guillermo Cárdenas Campos, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servicio por los periodos señalados en la parte motiva de esta providencia, debidamente indexadas.

El tiempo laborado se computará para efectos pensionares, para lo cual le entidad hará las correspondientes cotizaciones.

Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula:

R= Rh Índice Final

Índice Inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de prestaciones sociales, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que fue debió hacerse el pago).

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.

La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Corte Constitucional Sentencia C-154-97 M.P. Hernando Herrara Vergara.

(2) Sala Plena del Consejo de Estado. Sentencia del 18 de noviembre de 2003, Rad. IJ-0039 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

(3) Consejo de Estado. Sección Segunda-Subsección “A sentencia 17 de abril de 2008. Rad. 2776-05. C.P. Jaime Moreno García, sentencia del 17 de abril de 2008. Rad. 1694-07. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia del 31 de julio de 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia del 14 de agosto de 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(4). Sentencia del 6 de marzo de 2008 Rad. 2152-06. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(5) Consejo de Estado Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074- 2005. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

(6) Ley 80 de 1993. Artículo 32: (Apartes subrayados, condicionalmente exequibles).

(...).

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

(7) Sentencia del 17 de julio de 2003. Rad. 5685-02. Sentencia del 7 de abril de 2005. Rad. 5552-03. C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(8) Ley 10 de 1990. Articulo 6º Responsabilidades en la dirección y prestación de servicios de salud.

PAR.—Todas las entidades públicas a que se refiere el presente artículo, concurrirán a la financiación de los servicios de salud con sus recursos propios y con los recursos fiscales de que trata el capitulo V de esta ley, pudiendo prestar los servicios de salud mediante contratos celebrados para el efecto, con funciones o instituciones de utilidad común, corporaciones o asociaciones, sin ánimo de lucro, las entidades de que trata el artículo 22 de la Ley 11 de 1986 o, en general, con otras entidades públicas o personas privadas, jurídicas o naturales que presten servicios de salud en los términos del capítulo III de la presente ley (resalta la Sala).

(9) Decreto 1335 de 1990. Articulo 3º Denominaciones de cargos, naturaleza, funciones y requisitos mínimos. Establecénse para los diferentes empleos contemplados en los planes de cargos de los diferentes organismos del subsector oficial del sector salud de las entidades territoriales y sus entes descentralizados, las siguientes denominaciones de cargos, naturaleza de las funciones, funciones y requisitos mínimos:

(...).

Médico especialista - 321520

1. Naturaleza de las funciones del cargo.

Ejecución de labores especializadas en actividades de promoción, protección y rehabilitación de la salud del paciente, en una institución del primero, segundo o tercer nivel de atención.

2. Funciones.

— Practicar exámenes de medicina especializada, formular diagnóstico y prescribir el tratamiento que debe seguirse.

— Realizar intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellas y controlar los pacientes bajo su cuidado.

— Atender urgencias de su especialización.

— Realizar dentro de su especialidad las funciones correspondientes a medicina legal y preventiva.

— Velar por la consecución de recursos y el adecuado funcionamiento de los equipos de su especialidad, como por su custodia.

— Instruir a la comunidad sobre el cuidado que se debe tener para prevenir las enfermedades de su especialidad.

— Instruir a la comunidad sobre el cuidado que se debe tener para prevenir las enfermedades de su especialidad.

— Promover en su área de trabajo, la participación de la comunidad en actividades de salud e impulsar la conformación de los comités de salud y formación de líderes comunitarios en salud.

— Participar en la programación de actividades del área de su especialidad.

— Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria.

— Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los servicios de salud.

— Impartir instrucciones a personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de su especialidad.

— Participar en la elaboración e implantación del plan de emergencias para ser aplicado en los organismos de salud de su área de influencia.

— Participar en investigaciones de tipo aplicado, tendientes a esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud de la población.

— Participar en la elaboración y actualización del manual de normas y procedimientos del área.

— Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo.

3. Requisitos.

3.1. Estudios. Titulo de formación universitaria en medicina y post-grado en una de sus especialidades.

3.2. Experiencia. Un (1) año de experiencia relacionada.

(10) Decreto 1569 de 1998. Articulo 15. De la clasificación de los empleos de las entidades públicas que conforman el sistema de seguridad social en salud. De acuerdo con la naturaleza general de las funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos del área asistencial de las entidades territoriales que conforman el sistema de seguridad social en salud se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos.

Directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y auxiliar.

ART. 21.—De la nomenclatura y clasificación de empleos del nivel profesional. El nivel profesional está integrado por los siguientes empleos:

Código denominación del empleo

301 Médico especialista

(...).

ART. 27.—De los requisitos de los empleos del nivel profesional. Para el desempeño de los empleos correspondientes al nivel profesional de que trata el articulo (sic) del presente decreto se deberán acreditar los siguientes requisitos por cargo, así: (...) código denominación.

301 médico especialista.

Título universitario en medicina y postgrado en una de las especialidades de la medicina.

(11) De folios 33 a 94 del cuaderno principal, reposan las copias auténticas de las órdenes y los contratos de prestación de servicios celebrados por el actor con el hospital desde el 4 de febrero de 1999 hasta el 30 de junio de 2007, mediante los cuales se comprometió a cumplir entre otras, las siguientes funciones:

— Prestar sus servicios como médico especialista en ginecología de acuerdo con las necesidades de la institución.

— Atender las urgencias que se le presenten en especial los casos que requieran los servicios del especialista, en el área en que el contratista pasee especial idoneidad profesional. El tiempo transcurrido entre el llamado y la valoración del paciente, no puede exceder del tiempo normal y razonable para desplazarse al hospital y definir el ingreso del paciente o su retorno a su lugar de origen. Se exceptúan los casos en que el especialista se encuentre en cirugía.

— Realizar en forma oportuna la evolución (sic) de los pacientes y prestar un servicio oportuno y de excelente calidad.

— Atender en iguales condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad a los pacientes provenientes de empresas con que el hospital tenga contratos o convenios de prestación de servicios o de los pacientes institucionales, debiendo atender los pacientes que el hospital le asigne.

— Prestar asesoría y colaboración en la preparación del personal del hospital.

— Cuidar y preservar los materiales y equipos que con ocasión al desarrollo del objeto contractual, le sean asignados o prestados y que por razón de su especialidad utilice y responsabilizarse (sic) de ellos ante el hospital, responsabilidad que se asume desde el mismo momento en que le sean asignados y en el evento en que sean utilizados.

— En coordinación con la jefatura de atención o coordinación médica, fijar el número de consultas por día y demás actividades y el horario de atención de las mismas, el cual deberá ser respetado como condición contractual, y el número de pacientes será el que razonablemente le corresponda al contratista, conforme al número de atenciones que ingresen a la institución, y el resto del tiempo estará el contratista en disponibilidad permanente, disponibilidad que se encuentra, y para efectos del pago de honorarios, cancelada dentro del valor que se fija en la cláusula cuarta del presente contrato.

— Sujetarse enteramente a las normas vigentes sobre atención, consulta y formulación de documentos y tratamientos, cirugías y reglas y demás que esta le indique, respetando lógicamente la independencia del profesional y los conceptos especialidad propios de su especialidad.

— Prestar oportunamente y dentro de los plazos que se le señalen, las estadísticas, balances, conceptos, declaraciones, inventarios que le fueren entregados bajo su responsabilidad.

— Permitir que el hospital realice la inspección y control de las historias clínicas y tratamientos de aquellos pacientes atendidos por el contratista ya sea que la revisión esté hecha por la dirección o auditoria médica, para verificar que se cumpla las indicaciones y normas impartidas por el hospital.

(12) Yolanda Muñoz Olaya, Sol Marina Collazos de Arce y Argenis Vaquiro Olaya, empleadas del hospital, expresan que en la planta de personal de la entidad no se cuenta con el cargo de ginecólogo y por necesidades del servicio estas actividades debían ser contratadas con el demandante por periodos de 15 días por mes, mediante órdenes o contratos de prestación de servicios; las actividades desempeñadas por el actuante en las instalaciones y con equipos del hospital eran convenidas con el médico coordinador del área asistencial, quien era el interventor de los contratos firmados por las partes. Por su parte, el señor Boris Fernando Sánchez Polanía, médico general y coordinador del área médica en la misma institución, expresó que el actor era autónomo en el desarrollo de sus actividades, no tenía horarios de atención establecidos y él organizaba y distribuía las actividades a su disponibilidad de manera coordinada con el hospital.