Sentencia 2009-00047/44101 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 44001-23-31-000-2009-00047-01(44101)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos o XXX dependiendo el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Actor: J. C. F. y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá D.C., veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(31), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes J. C. F., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, P. B. Z. (compañera permanente), Y. P. F. B. (hija), J. V. F. B. (hija), R. C. F. B. (hija), R. F. A. (hijo), K. S. F. M. (hija), J. A. F. M. (hijo), E. J. F. A. (hija) y N. J. F. N. (hija), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(32), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(33). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(34).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(35).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2008 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(36).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(37) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(38).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(39).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(40).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(41)-(42) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(43).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(44).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C -037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), puesnosolosetratadeguardareldebidorespetohacialosfuncionariosjudiciales,sinoquetambiénsereclamadelosparticularesunmínimodeinterésydecompromisoenlaatenciónoportunaydiligentedelosasuntosquesometenaconsideracióndelaramajudicial.Granpartedelaresponsabilidaddelasfallasyelretardoenelfuncionamientodelaadministracióndejusticia,recaeenlosciudadanosquecolmanlosdespachosjudicialescondemandas,memorialesypeticionesque,obiencarecendevaloroimportanciajurídicaalguna,obienpermaneceninactivosantelapasividaddelospropiosinteresados.Porlodemás,lanormabajoexamenesuncorolariodelprincipiogeneraldelderecho,segúnelcual“nadiepuedesacarprovechodesupropiaculpa

(…)”. (Subraya fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(45).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Conforme al objeto de la apelación y los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a determinar si en el caso de autos la Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable por la presunta privación injusta de la libertad a la que se vio sometido J. C. F. y la suscripción del acta de compromiso que le imponía la carga de “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite; 2. Informar todo cambio de residencia; 3. No salir del país sin previa autorización” de conformidad con los siguientes hechos probados.

Sobre el particular, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado en contra de J. C. F. tuvo su génesis en la detención que se llevó a cabo el 22 de julio de 2005 por miembros de la Policía Nacional, con fundamento en:

“los siguientes hechos: El día de hoy 22 de julio de 2005, en la XXXXXX de este municipio, siendo las 10:00 horas se practicó requisa al vehículo en mención [camión Chevrolet tipo estacas, modelo 81, color azul, de placas XXXXXXX], encontrándose en su interior 2300 pies de madera (caracolí), de su propiedad el cual no presentó documentación de autoridad ambiental (Corpoguajira), que autorizara el transporte de la misma, madera puesta a disposición de autoridad ambiental, Corpoguajira Fonseca (…) Anexo: Acta Derechos del capturado, Acta incautación elementos vehículo, acta de inmovilización de vehículo, inventario vehículo, copia oficio dejando a disposición madera”(46).

Así, J. C. F. fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Delegada de Fonseca Guajira, quien dio apertura a la instrucción con fundamento en el informe policivo antes citado, por la presunta comisión del delito de Aprovechamiento Ilícito de los Recursos Naturales Renovables y ordenó la formalización de la captura del demandado mediante la diligencia de indagatoria(47)(48), donde manifestó que:

“(…) Yo administro un taller de carpintería hace 20 años desde entonces estoy trabajando con la madera y le vendo a la mina el cerrejón y nunca había tenido ningún problema con la madera porque la madera tiene su correspondiente permiso de donde viene a su lugar y Corpoguajira dice que está sin permiso, no valorizan ni le dan importancia al permiso de la madera que tengo yo, entonces me detuvieron por el permiso de Corpoguajira viendo que la madera viene de otro departamento del departamento de Santander, ese fue el motivo. (…) eneltallerseprocesa[madera]enlistonesyenmuebles,ysemehaceimposibleaparasacarunpermisodeCorpoguajiraporcadalistónqueproceseyvenda,ademásalláenUrumitahayunaoficinadeCorpoguajirayseencuentratodoeltiempocerradoquedebehaberunfuncionariotrabajandoahíparapodersacarelpermisoporcadalistónqueyovenda(49).

Seguidamente, el mismo 22 de julio de 2005 la Fiscalía Segunda Delegada Local profirió resolución en la que señaló que el delito “por el que aquí se procede es de aquellos que no aparece enlistado, en el art. 357 como los que se resuelve su situación jurídica, por lo que se hace necesario ordenar su libertad, previa la suscripción de diligencia de compromiso”(50).

Para el efecto, se suscribió la correspondiente acta de compromiso, donde J. C. F. se comprometió a: “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite; 2. Informar todo cambio de residencia; 3. No salir del país sin previa autorización. (…) Se le hace saber a quien se compromete, que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones acarrea sanciones judiciales (…)”(51).

El 16 de septiembre de 2005 la Fiscalía Segunda Delegada hizo entrega provisional a J. C. F. del automóvil incautado(52).

Ahora bien, en consideración a “que en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional Estación Hatonuevo, el día 22 de julio del 2005 dejaron a disposición de Corpoguajira un producto forestal de propiedad del señor J. C. F., el cual era transportado sin el debido salvoconducto de movilización”, en esta misma fecha, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - Corpoguajira decomisó preventivamente el producto y adelantó la correspondiente investigación administrativa por violación a las normas ambientales, la cual concluyó con la Resolución 5857 de fecha 18 de octubre de 2005, por medio de la cual se resolvió el decomiso forestal y se sancionó a J. C. F. “por violación a las normas ambientales vigentes”. La sanción ascendió a la suma de $ 1.897.500(53).

De la mencionada resolución se extrae:

“Si bien es cierto que el señor J. C. F. a través de su empresa legalmente constituida “Ebanistería y Carpintería Urumita” cuenta con los salvoconductos de movilización que amparan los productos forestales decomisados para su transporte desde el interior del país a las ciudades de Urumita y Villanueva en el Departamento de La Guajira, no es menos cierto, que al momento del decomiso del producto forestal ya transformado y elaborado y transportado en la ruta de Urumita hasta Hatonuevo, no contaba con el salvoconducto de removilización otorgado por Corporguajira, tal como lo establece el artículo 95 del Acuerdo 11 de 1989, anteriormente descrito(54).

Que con lo anteriormente descrito se concluye que si bien el producto forestal tiene un origen legal incluido su aprovechamiento al estar amparado por salvoconductos de movilización de CRANTIOQUIA y AMVA y de removilización de la CDMB como autoridades ambientales, también se concluye que al momento del decomiso no tenía ampara legal para su transporte.

(…)

Que el artículo 97 del Acuerdo 11 de 1989 referido a las sanciones para movilización ilegal de productos forestales, en su literal g. establece que la movilización de producto forestal sin salvoconducto pero con permiso de aprovechamiento se sanciona con el 75% del valor del producto en la plaza”.

Por su parte, El 17 de enero de 2008 la Fiscalía Segunda Delegada precluyó la investigación adelantada en contra de J. C. F. con fundamento en las siguientes consideraciones(55):

“(…)

Así las cosas, tenemos que para que la conducta se estructure, es necesario que el producto introducido, explotado, transportado, traficado, comercializado, aprovechado, se encuentre amenazado o en vía de extinción, sin embargo, como ya se indicó, esta no es la situación del Caracolí, habida cuenta que no es una especie amenazada o en vía de extinción, como ya se indicó antes.

Paraestedelegado,laincautacióndelamaderadeacuerdoalasnormaspertinentesycitadasporlaCorporaciónAutónomaRegionaldeLaGuajirasieraprocedente,peronoporquelaconductadesplegadaporelencartadoseencuadrarádentrodeltipopenalarribaseñalado,sinoporviolaciónalasnormassobremovilizacióndelproducto,loquedalugaralaimposicióndesancionesadministrativasrespectivas,comoefectivamentesehizomediantelaResolución3857deoctubre18de2005porpartedelaCorporaciónmencionada. 

Estando como están las cosas, resulta forzoso para este despacho dar aplicación a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 600 del 2000 y precluir la presente investigación a favor del señor J. C. F. por considerar que la conducta investigada es atípica. En consecuencia, se dispondrá la entrega definitiva del vehículo automotor involucrado en los hechos (…)”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra probado que la investigación penal adelantada en contra de J. C. F. fue precluída porque la conducta investigada resultó atípica, de manera que no encuadraba dentro del tipo penal de ILÍCITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES(56), aunque sí constituyó una contravención de tipo ambiental que fue sancionada por la respectiva autoridad ambiental.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el A quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

A la sazón, la Sala considera que aunque la conducta desplegada por el demandante no constituyó un delito, en el caso de autos sí se presentó un comportamiento irregular que, además de la actuación administrativa surtida por Corpoguajira, requirió la investigación penal adelantada por la Fiscalía Segunda Delegada, pues, el ente investigador tenía que establecer si la conducta del infractor ambiental constituía o no una conducta de tipo penal.

De manera que la Sala comparte los argumentos de la demandada, en el sentido de considerar que fue la culpa exclusiva de la víctima la que dio lugar a la investigación penal adelantada en su contra. Culpa esta que se califica como grave bajo el entendido que J. C. F., en su calidad de comerciante y gerente de la empresa comercializadora de maderas, ostenta la aptitud de profesional y esta calidad lo obliga a conocer y cumplir la normatividad ambiental que rige la materia, por lo que su desconocimiento es calificado como grave, pues, a su vez, esto implica que J. C. F., no le dio al manejo de su negocio el “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.

En conclusión, el actor comprometió su responsabilidad cuando con su proceder gravemente culposo incumplió el deber legal de tener toda la documentación requerida para transportar la madera procesada, sobre lo cual es claro que él mismo tenía conocimiento de cada uno de los trámites que debía adelantar y ante qué autoridades, sin que resulte aceptable el argumento según el cual la oficina “de Corpoguajira se encuentra todo el tiempo cerrad[a]”.

Así las cosas, tiene razón el A quo cuando considera que existe una culpa en la víctima que “transportaba mercancía con el salvoconducto vencido” o, lo que es peor, sin el correspondiente salvoconducto de removilización.

Sin embargo, la primera instancia consideró que la culpa era compartida entre la administración y el demandante, sobre lo cual el recurso de apelación presentado por dicho demandante manifestó:

“No nos explicamos cómo, si una persona es detenida y después se concluye que su conducta es atípica porque debe concurrir su culpa con la del Estado. A caso es responsable de las equivocaciones de quienes lo capturaron”.

Pese a esto, es forzoso concluir que no le asiste razón al A quo, en el sentido de compartir la responsabilidad, y mucho menos al actor, quien pretende obtener un beneficio de su propia culpa. Pues, contrario a lo manifestado por el demandante, la Sala no se explica cómo una persona quiere hacer responsable al Estado de las equivocaciones con que maneja su propio negocio.

O dicho de otra manera, la Sala no se explica cómo el demandante quiere hacer responsable al Estado del incumplimiento de la normatividad que regula la transformación, comercialización y transporte de productos forestales, el cual activó el poder de las autoridades públicas y dio lugar a una investigación penal en su contra.

Entonces, fue J. C. F. quien ocasionó que la Fiscalía iniciara la investigación penal, toda vez que existían indicios que comprometían su responsabilidad como lo era transportar la madera procesada sin el salvoconducto de removilización expedido por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

De modo que, frente a la existencia de un producto forestal sin salvoconducto, le correspondía a la entidad demandada investigar si dicha madera pertenecía o no a las especies protegidas. Y en este sentido, la Sala comparte la apreciación del Ministerio Público que, en síntesis, consideró “Había una conducta que investigar y el demandante tenía la carga de soportar la investigación”.

Ahora bien, frente a la restricción del derecho a la libertad, la Sala encuentra que J. C. F. no estuvo privado de la libertad, toda vez que en el mismo momento de la retención, fue puesto a disposición del Fiscal Delegado quien procedió a dejarlo en libertad mediante la suscripción de la correspondiente acta de compromiso, en la cual se comprometió a “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite (…) 2. Informar todo cambio de residencia (…) 3. No salir del país sin previa autorización”.

Dicho de otra manera, no habría lugar a reconocer monto alguno por privación injusta de la libertad, pues en el sub judice no existió privación efectiva de la libertad ni domiciliaria ni intramural ya que como se ha dicho a lo largo de esta providencia el demandante quedó en libertad, aunque bajo compromiso.

Ahora bien, con relación a la suscripción de la diligencia de compromiso, la Sala debe anotar que ella, per se, no configura la concreción de un daño antijurídico, pues para ello es necesario que la víctima demuestre que las obligaciones allí impuestas lesionaron efectivamente su derecho de locomoción.

Así, por ejemplo, en el caso de autos no está acreditado que J. C. F. haya sido requerido para presentarse ante el funcionario judicial y, mucho menos que tal requerimiento haya lesionado su derecho.

Tampoco es dable aseverar que la obligación de informar los cambios de residencia configura un daño antijurídico; ni que el requerimiento de autorización previa para salir del país, en sí mismo, es una lesión al derecho de locomoción, sino que deben demostrarse elementos adicionales que realmente acrediten que la víctima se vio imposibilitada para viajar al exterior. Sobre lo cual debe tenerse en cuenta que la Fiscalía no impuso una prohibición para salir del país sino simplemente la autorización de la autoridad penal, se insiste, en razón de la investigación a que dio lugar el propio demandante.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpagraveodolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía Segunda Delegada, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

Ensuma,laSalaresaltaquecomosedijoenlaparteconceptualdeestasconsideraciones,aunqueeldemandantefueabsueltoporlajusticiapenal,ellonoquieredecir,perse,queseconfigurelaresponsabilidadpatrimonialdelaadministración,puesnopuedepasarseporaltolaculpadelpenalmenteinvestigado,yaquesibiensuactuaciónnotuvolamagnitudparaconfigurareldelitoendilgadoensucontra,exonerapatrimonialmentealaentidaddemandada. 

Enestesentidotambiénsedijoqueelactuarirregularynegligentedelaparteactoranofuesuficienteantelajusticiapenalparaproferirunasentenciacondenatoria,ensedederesponsabilidadloesparaencontraracreditadalaculpagraveyexclusivadelavíctimaenloshechosquedieronlugaralainvestigaciónpenaly,porsupuesto,alaprivacióndelalibertaddelaquefueobjetolapartedemandante,yexonerarderesponsabilidadalaentidaddemandada. 

En síntesis, la Sala revocará la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011(57) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y en su lugar negará las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

6. Condena en costas.

En cuanto a la condena en costas, la Sala observa que la Ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que solo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente.

Ahora bien, en el caso de autos la Sala evidenció que la situación que dio lugar a la investigación penal adelantada en contra de J. C. F., tuvo lugar como consecuencia de la culpa grave y exclusiva de la víctima, quien además pretende un reconocimiento económico del Estado, lo que hace que la actuación del impugnante resulte temeraria al no existir un fundamento razonable para interponer su recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala condenará en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán en el 1% sobre el total de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de La Guajira y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. CONDENAR en costas a la parte actora por el 1% del total de las pretensiones de la demanda.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

31 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

32 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (Subrayado fuera de texto)

33 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

34 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

35 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

36 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

37 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200 (sic), Expediente: 15989.

40 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

41 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

42 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

44 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577 M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz

46 Fl. 21 del C.1

47 Fls. 27-28 del C.1

48 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

49 Fls. 29-31 del C.1

50 Fl. 33 del C.1

51 Fls. 53-54 del C.1

52 Fl. 92 del C.1

53 Fls. 116-121 del C.1

54 “Parágrafo: para la expedición de salvoconductos de removilización, el interesado deberá presentar a la Corporación, el salvoconducto que ampara la primera movilización e igualmente se deberá constatar los productos a removilizar”

55 Fls. 145-137 del C.2

56 Artículo 328 de la Ley 599 de 2000. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

57 Fls. 454-484 del C.P