Sentencia 2009-00048 de agosto 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 130012331000200900048 02 (19787)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Rafael del Castillo y Cía. S.A. antes Compañía Harinera Industrial Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: IVA Implícito

Fallo

Bogotá, D. C., veintiuno de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales la Administración Especial de Aduanas de Cartagena rechazó la solicitud de devolución del IVA implícito pagado en las importaciones de trigo realizadas durante los años 1999 y 2000, por valor de $168.232.680.

La Sala, a efectos de considerar la procedencia de un estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, examinará si se configuró la excepción de caducidad de la acción, como lo decidió el a quo.

El artículo 515 del Decreto 2685 de 1999 dispone que “contra el acto administrativo que decida de fondo procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a su notificación y que el término para resolverlo será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de su interposición”.

Por su parte, el artículo 516, ibídem, establece que el recurso puede presentarse directamente por la persona contra la cual se expidió el acto administrativo que se impugna, o a través de apoderado especial, y que deberá presentarse personalmente ante la autoridad aduanera a la cual se dirige.

El 27 de febrero de 2003, el apoderado de la sociedad CIA. Harinera Industrial Ltda. interpuso recurso de reconsideración contra la resolución que rechazó la solicitud de devolución. En el memorial indicó:

“Recibo notificaciones en mi oficina, cuya ubicación y dirección aparece en el membrete”

La dirección aludida corresponde a la “Carrera 7ª Nº 32-33 Oficina 1102, de la ciudad de Bogotá”.

Según el artículo 562 del Decreto 2685 de 1999, la notificación de los actos de la Administración Aduanera deberá efectuarse a la dirección informada por el declarante en la declaración de importación, exportación o tránsito, o a la dirección procesal, cuando el responsable haya señalado expresamente una dirección dentro del proceso que se adelante, para que se notifiquen los actos correspondientes, en cuyo caso la Administración deberá hacerlo a dicha dirección.

Asimismo, dispone la norma que cuando no exista declaración ni dirección procesal, el acto administrativo se podrá notificar a la dirección que se establezca mediante la utilización de los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, guías telefónicas, directorios especiales y, en general, la información oficial, comercial o bancaria.

De la norma en cita, se infiere que no es potestativo para la Administración notificar el contenido de los actos administrativos a una dirección diferente a la informada como dirección procesal.

La notificación es un acto simbólico y solemne mediante el cual el Estado entera al particular de una determinación unilateral, respaldada en la supremacía que le confiere la autoridad soberana que le distingue y le separa de los administrados. Sólo a partir de esa ceremonia de poder, surtida, sin embargo, en un trámite secretarial, la providencia puede producir efectos. En el fondo se trata de una garantía y de la manera jurídica de hacer efectivos los derechos porque, desde ese momento el particular puede interponer los recursos y ejercer las acciones que la Constitución y la ley consagran a su favor para restablecer el equilibrio perdido en tan desigual intercambio. Ningún querer o manifestación del gobernante puede variar semejante mecanismo de defensa de los derechos y libertades.

Teniendo en cuenta que la notificación tiene como fin garantizar la participación del particular afectado por la actuación administrativa y activar la potestad del Estado, la falta de ésta o su irregularidad, violan los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa; la ejecución del acto administrativo se considera ilegal al no tener el carácter de ejecutorio y, por tanto, se entiende que el acto no es oponible a terceros y que el Estado no puede ejecutarlo.

En materia aduanera, existen varias formas de notificación de los actos administrativos, la personal, por correo, por edicto, por aviso y por estado.

Según el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, deben notificarse personalmente los requerimientos especiales aduaneros, el acto administrativo que decreta el decomiso de la mercancía, el acto administrativo que impone una sanción, el acto administrativo mediante el cual se formula una liquidación oficial de corrección o de revisión de valor, el acto administrativo mediante el cual se decide la devolución de mercancías aprehendidas, el acto administrativo mediante el cual se archiva una investigación y los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa.

En el sub examine, la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, mediante la Resolución 00820 del 9 de mayo de 2003, confirmó la Resolución 000137 del 31 de enero de 2003, por medio de la cual la División de Recaudación y Cobranzas rechazó la solicitud de devolución; asimismo, ordenó notificar la providencia al doctor Óscar Jiménez Leal, en calidad de apoderado de la CIA Harinera Industrial Ltda. a la Carrera 7ª Nº 32-33 Oficina 11-02 de la ciudad de Bogotá, dirección procesal.

El 12 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Documentación de la Administración mencionada, profirió el Oficio DIDOC-0006073-001485, en el que se lee:

“Señor

OSCAR JIMENEZ LEAL

APOD. CIA HARINERA INDUSTRIAL LTDA

CARRERA 7ª Nº 32-33 OFC 11-02

BOGOTÁ

Referencia: RES.00820 JUR.

Cordial saludo:

Atentamente le cito para que comparezca ante la División de Documentación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, ubicada en Manga 3ª avenida Nº 25-76, para que se notifique del asunto en referencia, dentro de los diez (10) días siguientes a la introducción al correo de la presente comunicación.

Si no compareciere dentro del término señalado, la presente providencia se le notificará por edicto de conformidad a lo estipulado en el artículo 565 del Estatuto Tributario, inciso 2. (…)”.

De lo anterior, advierte la Sala que la entidad envió el aviso de citación para surtir la notificación personal, a la dirección procesal informada por el apoderado de la sociedad demandante para ese específico proceso, por lo tanto, era obligación de la Administración Aduanera, notificarle a esa dirección las actuaciones correspondientes, como lo dispone el artículo 562 del Decreto 2685 de 1999, al indicar expresamente que “deberá” hacerlo.

Tal circunstancia descarta el empleo de otros medios de ubicación, comoquiera que el apoderado de la actora señaló claramente que recibía notificaciones en su oficina, cuya ubicación y dirección aparecían en el membrete y que, como antes se advirtió, corresponde a la Carrera 7ª Nº 32-33 Oficina 1102, de la ciudad de Bogotá.

El artículo 564 del Estatuto Aduanero dispone que la notificación personal se practicará en el domicilio del interesado, o en la sede de la Administración de Aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente a notificarse o por que haya mediado citación para el efecto, en cuyo caso, se deberá dejar constancia en el expediente.

Precisa la Sala que la citación, enviada por correo certificado, fue devuelta por la Administración Postal Nacional - ADPOSTAL, por la causal “NO RESIDE”, conforme con el acuse de recibo Nº 60-27247 del 19 de mayo de 2003, visible en el folio 42 del cuaderno principal.

Prescribe el artículo 565 del Estatuto Aduanero, que si no se puede hacer la notificación personal al cabo de los diez (10) días del envío de la citación, se fijará en la sede de la Administración Aduanera, por el término de diez (10) días, edicto que deberá indicar el nombre e identificación del interesado, el número y fecha del acto administrativo que se está notificando, la parte resolutiva del mismo y la fecha y hora en que se fija y se desfija.

Al advertir que la citación había sido devuelta por el correo, a pesar de haber sido enviada a la dirección que correspondía, la Administración estaba facultada para notificar la actuación administrativa como lo indica el artículo 565 aludido, esto es, mediante edicto y así procedió a hacerlo, fijándolo a las 8:00 a.m. del 27 de mayo de 2003 y desfijándolo a las 6:00 p.m. del 10 de junio del mismo año.

De esta manera, la Administración Aduanera garantizó el debido proceso administrativo en cuanto al derecho de defensa se refiere y dio cumplimiento a los principios de publicidad, celeridad y eficacia que deben regir la función pública.

De lo expuesto hasta el momento, es claro para la Sala que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado de la demandante fue notificada en debida forma, porque el aviso de citación para surtir la notificación personal se remitió a la dirección procesal informada por el apoderado del importador y, ante la falta de comparecencia del interesado para la práctica de la notificación personal, la Autoridad Aduanera procedió a hacerlo por edicto.

Así pues, la actuación administrativa fue notificada el 10 de junio de 2003 y quedó ejecutoriada el 11 del mismo mes y año, fecha a partir de la cual la actora podía interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, a partir del 12 de junio de 2003 y hasta el 12 de octubre del mismo año, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, no es de recibo el argumento del apoderado de la actora en cuanto afirma que el acto administrativo se notificó por conducta concluyente el 29 de octubre de 2008, fecha en la que la Administración Aduanera le respondió el derecho de petición en el que requirió sobre el recurso de reconsideración que había presentado cinco años atrás.

Finalmente, la Sala precisa que la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada el 27 de enero de 2009 fue presentada por fuera del término de cuatro meses dispuesto por la norma aludida, razón por la cual la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia apelada que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y revocará el numeral segundo que denegó las súplicas de la demanda para, en su lugar, declararse inhibida de estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia del 3 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Rafael Del Castillo y CIA S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

2. REVÓCASE el numeral 2 de la sentencia apelada. En su lugar, la Sala se INHIBE de proveer sobre las pretensiones de la demanda.

3. RECONÓCESE personería a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 380 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».