Sentencia S2009-00049/41401 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Rad.: 81001-23-31-000-2009-00049-01 (41.401)

Actor: Libardo Velandia Romero y otros.

Demandado: Fiscalía General de la Nación.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(17), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(18), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(19).

En este caso, se observa que la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación penal a favor de Libardo Velandia Romero, por el delito de rebelión, quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2007(20); así, el plazo para demandar iba hasta el 1 de agosto de 2009.

Sin embargo, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de julio de 2009; por lo tanto, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, de modo que, al reanudarse el cómputo del mismo, debían contarse los 23 días calendario que faltaban para completar aquel término.

Como el 8 de octubre de 2009 se expidió el acta que certifica que la audiencia de conciliación celebrada se declaró fallida, el término de caducidad se debía reanudar el 9 de esos mismos mes y año y, por tanto, los demandantes tenían hasta el 31 de octubre de 2009 para presentar la demanda; no obstante, como esta última fecha coincidía con un día feriado, el plazo se corrió hasta el primer día hábil siguiente, esto es, hasta el 3 de noviembre de 2009(21). Como aquélla se presentó el 29 de octubre de 2009, es claro que para ese momento la acción aún no había caducado.

Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Libardo Velandia Romero, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Consideración previa.

Antes de decidir el asunto puesto a consideración, resulta pertinente señalar que la Fiscalía General de la Nación tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

Así mismo, es preciso aclarar que, como el recurso de apelación se contrajo únicamente a controvertir la decisión del Tribunal en lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad en contra de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Velandia Romero, la Sala no hará análisis alguno respecto de los perjuicios solicitados y del monto al cual se condenó en primera instancia.

Bajo esa perspectiva, es evidente que el recurso de apelación se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que se deberá resolver la impugnación en los términos previstos en el artículo 357 del C. de P. C., el cual establece:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla …(negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia; por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados en el recurso, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, (sic) condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, (sic) constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem ‘tantum devolutum quantum appellatum’(22).

El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que, como la privación injusta de la libertad del acá demandante Libardo Velandia Romero se produjo, según la demanda, del 30 de octubre de 2005 al 31 de julio de 2007, se tiene que ello ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996(23), que establece:

“ART. 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. 

“(…)

“ART. 68. Privacion Injusta de la Libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(24), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en Sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..”(25) (Se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(26).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(27).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(28). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(29).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(30). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(31).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(32): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(33).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en Sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(34).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, pues en ese caso el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (art. 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(35).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (art. 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(36).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

—En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

—En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(37).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(38).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, a la luz del material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte demandante, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto Libardo Velandia Romero.

Caso concreto.

El 28 de octubre de 2005, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, Estructura de Apoyo de Arauca — Unidad Nacional contra el Terrorismo profirió resolución de apertura de instrucción contra Libardo Velandia Romero y otros, por los delitos de terrorismo y rebelión, vinculándolos al proceso penal mediante indagatoria; para el efecto, ordenó librarles orden de captura(39).

El 30 de octubre de 2005, miembros de la Policía Nacional capturaron a Libardo Velandia Romero, según acta de derechos del capturado de esa misma fecha(40).

Mediante oficio 1711 del 1 de noviembre de 2005, la Fiscal Especializada de la Estructura de Apoyo solicitó al Director de la Cárcel del Circuito Judicial de Arauca mantener en custodia, en condición de retenido, al señor Velandia Romero(41).

El 7 de noviembre de 2005, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, Estructura de Apoyo de Arauca - Unidad Nacional contra el Terrorismo impuso a Libardo Velandia Romero y otros medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de terrorismo y rebelión(42).

El 26 de noviembre de 2005, se remitió la actuación penal, por competencia, a la Fiscalía Especializada de Cúcuta (Oficina de Asignaciones). El 12 de diciembre del mismo año, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Especializados de Cúcuta avocó el conocimiento del asunto.

El 1 de marzo de 2006, la Fiscalía Primera Delegada antes los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a Libardo Velandia Romero y otros, precluyó la investigación a su favor por el delito de terrorismo y remitió el proceso, por competencia, a la Unidad de Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito de Arauca, para que continuara la investigación por el delito de rebelión(43). En dicha providencia, se lee (se transcribe como obra en el expediente):

“Con las anteriores consideraciones, concluye el Despacho que no existe circunstancia concreta y seria, imputación directa y prueba para endilgar a los acá implicados la comisión del delito de Terrorismo de la manera genérica y abstracta como se ha efectuado la sindicación en este proceso, cobrando en consecuencia relevancia la abundante prueba testimonial sobreviniente recaudada, proveniente de personas residentes en el municipio de Cubará …, quienes bajo juramento se refieren a los sindicados como personas de buen comportamiento que no han estado comprometidas en acciones que pudieran ser calificadas como terroristas.

“Remata lo anterior el estudio mesurado de los únicos señalamientos hechos por Joselín Jerez Arias contra varios de los sindicados o imputados, los cuales solo corresponderían a actividades exclusivas de la acción rebelde o conexas con presuntos punibles distintos a los expuestos, es decir, de manera alguna sustento para endilgarles la comisión del delito de Terrorismo.

(…)

“Conforme a lo evaluado, debe el Despacho dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 363 del C. de P.P., al considerarse que se encuentran desvirtuados los fundamentos que se tuvieron para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de Terrorismo a … Libardo Velandia Romero.

“De la misma manera, dada la especial connotación que tuvo la radicación de este cargo, es decir, por imputación genérica y abstracta para todos los sindicados, sin que obre prueba directa, concreta que demuestre la existencia de este delito para cada uno de ellos, es procedente dar aplicación al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal ordenando la preclusión a favor de estos…

“La anterior decisión conlleva que los acá sindicados continúen vinculados exclusivamente por el delito de Rebelión, punible que en iguales condiciones debe ser el único imputable a las demás personas pendientes de vinculación por vía de declaratoria de personas ausente.

(…)

“En torno a la petición de cierre de la investigación invocada por el defensor de varios de los sindicados, no se decretará al advertirse que de acuerdo a lo decidido por el Despacho, el único cargo a persistir para estos es el de Rebelión, lo que fuerza jurídicamente a que opere un cambio de competencia, por lo tanto, no puede procederse a clausurar la etapa de instrucción, más cuando el término de la misma no está vencido …”(44).

Mediante providencia del 31 de marzo de 2006, la Fiscalía Primera Delegada antes los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta decidió no reponer la resolución mediante la cual revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación a favor de los sindicados por el delito de terrorismo; sin embargo, modificó su ordinal octavo y dispuso remitir el proceso a la Unidad de Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito de Saravena, para que continuara la investigación por el delito de rebelión(45).

El 10 de julio de 2006, la Fiscalía Tercera de la Unidad Delegada ante el Tribunal de Distrito de Cúcuta, la cual se pronunció sobre el recurso de apelación contra la resolución del 1 de marzo de 2006, se abstuvo de conocer de la revocatoria de la medida de aseguramiento invocada por los defensores de los sindicados en dicho recurso, con el argumento de que no tenía la competencia para considerar una situación que no había sido objeto de pronunciamiento por parte del a quo y sobre la cual no podía adoptar oficiosamente alguna decisión, so pena de violar los derechos de las partes.

En esa misma providencia, la Fiscalía dispuso, previa prestación de caución, la libertad provisional de Libardo Velandia Romero y de otros, como quiera que el mérito de la instrucción —por el delito de rebelión— no se calificó dentro del término que contempla el numeral 4 del artículo 365 del C. de .P.P.(46); por consiguiente, el 11 de julio de 2006 se expidió su boleta de libertad (fl. 1870 del cdno. 6).

En resolución del 20 de julio de 2007, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Saravena revocó la medida de aseguramiento impuesta contra Libardo Velandia Romero y otros y precluyó la investigación por el delito de rebelión, en los siguientes términos (se transcribe como obra en el expediente):

“8. Libardo Velandia Guerrero (sic). Alias Volquetero. Bolemugre o Walter. Los informes de inteligencia lo registran como participe en la muerte de un ciudadano el 10 de Noviembre del 2002 por hurtarle $ 600.000.oo pesos, del hostigamiento del pozo petrolero cedeño, donde murieron dos soldados y ser enlace de la comisión Ernesto Che Guevara.

(…)

“De igual manera como se ha argumentado dentro de la presente diligencia la sindicación en contra de Libardo Velandia, mantiene la línea de ser generalizada abstracta y ‘gaseosa’, donde no se señalan las circunstancias temporo modales y espaciales en donde presuntamente desarrollaba el actuar delictivo el aquí imputado.

“Siendo suficiente la prueba sobreviniente que se desprende de los pronunciamientos posteriores y los testimonios arrimados a la foliatura, como suficientes para revocar la medida de aseguramiento que se encuentra vigente por el delito de rebelión en contra de Libardo Velandia, y ante la carencia de elementos de prueba que comprometan la responsabilidad del aquí implicado en el reato que se investiga se procederá a Precluir a su favor la presente investigación, en aplicación del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.”(47).

Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, pues, según la administración de justicia, Libardo Velandia Romero no cometió los delitos de terrorismo y rebelión, por los que fue vinculado a un proceso penal y restringida su libertad.

Desde esa perspectiva, resulta por completo desproporcionado pretender que se le exija al citado señor que asuma, como si se tratase de una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad, la privación de su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el señor Velandia Romero no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, pues su actuación constituyó la causa eficiente de la injusta detención.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(48), causales que no fueron acreditadas en el plenario.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Libardo Velandia Romero.

Ahora, el Tribunal de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Libardo Velandia Romero, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $4.449.940; por consiguiente, se procederá a su actualización, de conformidad con la siguiente fórmula:

FORMULA 00049-1
 

Donde (Ra) es igual a la renta histórica, esto es, la suma reconocida por el Tribunal de primera instancia ($4.449.940), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta providencia, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la sentencia de primera instancia:

FORMULA 00049-2
 

Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el ordinal tercero de la Sentencia del 3 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el cual quedará así:

“3: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Libardo Velandia Romero, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $5.453.585,91”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de primera instancia.

3. Sin condena en costas.

4. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008 (expediente 2008 00009).

18 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

19 Entre otras, Sentencias del 14 de febrero de 2002 (expediente 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (expediente 21.801).

20 Folio 2399 del cuaderno 2.

21 Al respecto, el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, establece: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

22 Al respecto, Sentencia del 13 de febrero de 2012, expediente 21.060.

23 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

24 “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

26 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, expediente 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.

28 Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, expediente 7058.

29 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, expediente 8666.

30 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, expediente 9391.

31 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, expediente 10056.

32 RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

33 Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

34 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980.

35 GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

36 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en Sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

37 Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

38 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional.

39 Folios 299 a 301 del cuaderno 12.

40 Folio 378 del cuaderno 12.

41 Folio 417 del cuaderno 11.

42 Folios 543 a 572 del cuaderno 11.

43 Folios 1478 a 1492 del cuaderno 4.

44 Folios 1486, 1487, 1488 y 1490 del cuaderno 4.

45 Folios 1650 a 1652 del cuaderno 3.

46 Folios 1780 a 1786 del cuaderno 3.

47 Folio 2388 del cuaderno 2.

48 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009 (expediente 17.517), reiterada en Sentencia de abril 15 de 2011 (expediente 18.284) y en Sentencia del 26 de mayo de 2011 (expediente 20.299).