Sentencia 2009-00053/46137 de mayo 18 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso número: 080012331000-2009-00053-01 (46137)

Demandantes: G.H.L. y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala.

1. Presupuestos Procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Comoquiera que dentro de la controversia se encuentra una entidad pública, la Nación, representada en el sub lite por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, (arts. 82 y 149 del CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(4).

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(5) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Demandantes.

Toda vez que el señor G.H.L. fue la persona de quien se dice fue el afectado directo con la actuación de la entidad pública demandada (cdno. 2 a cdno. 22 Anexos), este se encuentra legitimado para reclamar los perjuicios derivados de la privación de su libertad(6).

De igual forma, se encuentra legitimados los accionantes H.E.H.B. y J.D.J.H.T., quienes con los registros civiles de nacimiento allegados al plenario, acreditaron ser respectivamente los hijos del señor G.H.L. (fl. 37-38, cdno. ppal). Las relaciones de parentesco entre este último y los demandantes, en principio, los legitima para accionar, en tanto se presume la existencia de un perjuicio.

Lo anterior, también se predica respecto de los señores A.M., M.E., R.D., E.R., M.D., J.F., B., B.C., L.A. y A.M.H.G., así como L.F., Y.Y., D.L., O.E., F.J., C.J., M.I. y B.D.L.C.H.M., quienes con los registros civiles de nacimiento allegados al plenario, acreditaron ser respectivamente los hermanos del señor G.H.L. (fls. 36, 40-57, cdno. ppal 1).

La señora C.B. acreditó con los testimonios de las señoras B.O.T. (fls. 144-145, cdno. ppal 1) y A.D.T.P.(7) (fls. 151-152, cdno. ppal 1), ser la compañera permanente del señor G.H.L., de tal forma que su calidad se encuentra demostrada en el plenario.

Por su parte, en cuanto al accionante A.R.P.B. observa la Sala que con el registro civil de nacimiento aportado (fl. 39, cdno. ppal 1), acreditó ser hijo del señora C.B.M., quien es compañera permanente del señor G.H.L. En la demanda, el citado actor señaló que demandaba, en su calidad de hijo de crianza del señor G.H.L., relación que se encuentra acreditada en el proceso.

En efecto, obran en el plenario los testimonios de B.O.T. (fls. 144-145, cdno. ppal 1) y A.D.T.P. (fls. 151-152, cdno. ppal 1), personas que manifestaron pertenecer al círculo social del señor G.H. y quienes señalaron conocer al actor desde hacía más de veinte años al momento en que ocurrieron los hechos (11 de marzo de 1997, fecha de su captura) y que tenía un total de tres hijos (dos propios y uno que no), los cuales convivían con él y su compañera la señora C.B.M., siendo el señor H.L. la persona que proveía la subsistencia, educación y manutención del hogar.

La Corte Suprema de Justicia(8), respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ha señalado respecto de los hijos extramatrimoniales —aspecto que igual puede ser extendido a los hijos de crianza— que los elementos configurativos de dicho estado (esto es el de ser tomado como hijo) son el trato, la fama y el tiempo; siendo el primero, la actitud del padre frente al hijo, esto es que efectivamente haya provisto su subsistencia, educación o establecimiento; la fama, que es la conciencia que en torno al vínculo paterno-filial se arraiga en los deudos, amigos o el vecindario y, el tiempo, que de conformidad con el artículo 398 del código civil exige que dicho trato y fama hayan perdurado por lo menos cinco años.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala, previa valoración de los testimonios rendidos dentro del plenario, encuentra acreditada la condición de “hijo de crianza” de A.R.P.B. frente al señor G.H.L. y, en virtud de dicha condición se encuentra legitimado para accionar.

1.2.2. Por pasiva.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de manera que la Nación, representada por tales entidades, se encuentra legitimada como parte demandada en el asunto de la referencia. La responsabilidad patrimonial de la misma, será estudiada de fondo.

1.3. La caducidad.

Comoquiera que la investigación penal seguida contra el señor G.H.L. culminó una vez se dictó la prescripción de la acción penal, encuentra la Sala que la misma fue proferida el 30 de noviembre de 2006 por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fls. 192-207, cdno. anexo 4) y se notificó por estado el 22 de enero de 2007 de conformidad con la constancia de notificación visible en el fl. 30 vto., cdno. ppal 1.

Por su parte, si bien en el plenario no obra constancia de la fecha en que quedó ejecutoriado el anterior proveído, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 (vigente para el momento en que se profirió el mismo), las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de su notificación, por lo que en el caso sub lite, se tiene que el proveído proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia alcanzó su ejecutoria el 25 de enero de 2007.

Así las cosas, debido a que el auto que declaró la prescripción de la acción penal quedó ejecutoriado el 25 de enero de 2007, el término para presentar la demanda de reparación directa vencía el 26 de enero de 2009 y, como comoquiera que las demandantes presentaron la acción el 21 de enero de 2009 (fl. 17 vto., cdno. ppal 1), es claro que se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1º de 1984, normatividad aplicable al proceso por factor temporal.

2. Cuestiones Preliminares.

2.1. En relación con los hechos de que trata el asunto, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:

2.2.1. Si bien es cierto que en el expediente obran algunos documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(9), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y Lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su Veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

2.2.2. En el expediente obran copias auténticas de la investigación penal 1998-108 seguida contra el señor G.H.L. por el delito de concusión (cdno. 2 a cdno. 22 Anexo), las que serán tenidas en cuenta como prueba, así como las declaraciones que obran en su interior, teniendo en cuenta que fueron debidamente incorporadas, estuvieron al alcance de las partes para el ejercicio del derecho de contradicción(10) y el proceso del cual provienen se gestó con intervención de las mismas partes que ahora lo son en este proceso, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta Corporación;(11) así mismo, fueron allegadas en copia auténtica por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla donde reposa el expediente penal(12).

1.2.3.(sic) De otro lado, dentro del expediente penal reposa las indagatorias rendidas por el señor G.H.L., las que serán valoradas habida cuenta que se cumple con uno de los presupuestos conforme a los cuales esta Corporación, excepcionalmente, ha considerado su carácter probatorio; cual es que a pesar de carecer del apremio de juramento, fue practicada por la entidad aquí demandada, fue conocida por ambas partes y el actor rindió diversas indagatorias en las que realizó ampliaciones en las que se advierte un sentido contradictorio de su versión(13).

1.2.4.(sic) En el plenario obra copia del recorte del 13 de marzo de 1997 perteneciente a la Crónica Judicial del Diario La Libertad y referente a la captura del señor G.H.L. (fl. 18 cdno. ppal. 1), el que será valoradas como prueba, en tanto al ser analizado, guarde conexidad y coincidencia con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente(14).

3. Problema Jurídico.

3.1. Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad que soportó el señor G.H.L. como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito de concusión y, que culminó con proveído de prescripción de la acción penal, constituye una detención injusta imputable a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, o por el contrario, la demandada debe ser exonerada de responsabilidad, al existir un eximente como lo sería la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

3.2. En caso de que se decida que es procedente la declaración de responsabilidad de la entidad demandada a través de sus representadas, es necesario que la Sala determine, en virtud del recurso de apelación, la existencia, acreditación y monto de la indemnización de los perjuicios solicitados por los actores.

4. Hechos Probados.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

4.1. El día 11 de marzo de 1997, en horas de tarde, el señor R.A.G., representante legal de la empresa XXXXXXXXX Ltda., se comunicó vía telefónica con la Unidad Investigativa Regional del Gaula de Barranquilla e informó que estaba siendo víctima de extorsión por una persona que decía pertenecer al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (denuncia penal fls. 2-3, cdno. 3 anexo y fls. 2-3, cdno. anexo 8).

4.2. Ante la llamada del señor A.G. acudieron ese mismo día a la empresa XXXXXXXXX Ltda. dos integrantes del miembro del Gaula de Barranquilla, quienes mientras se entrevistaban con el señor R.A. fueron informados que la persona que presuntamente lo estaba extorsionando había llegado al lugar y solicitaba entrevistarse con aquel, razón por la cual, los agentes del Gaula se escondieron en el baño ubicado en la oficina de la gerencia de la empresa XXXXXXXXX Ltda. y escucharon la conversación entre el señor A. y su interlocutor, a quien procedieron a dar captura (denuncia penal fls. 2-3, cdno. 3 anexo y fls. 2-3, cdno. anexo 8, informe policial fls. 14-15, cdno. anexo 3 y fls. 14-16, cdno. anexo 8).

4.3. La persona capturada resultó ser el señor G.H.L., quien para el momento de los hechos ostentaba el cargo de Auxiliar Judicial Local de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla y quien al momento de su aprehensión tenía en su poder un folder de 85 folios con documentos relacionados con la empresa XXXXXXXXX Ltda. La captura del aquí demandante fue publicada en el diario periodístico Crónica Judicial La Libertad (acta de derechos de capturado del 11 de marzo de 1997 fl. 4, cdno. 3 anexo y fl. 4 cdno. 8 anexo; acta del 11 de marzo de 1997 por medio de la cual se le incauta al señor G.H. una carpeta contentiva con 85 folios con documentos pertenecientes a la empresa XXXXXXXXX fl. 8, cdno. anexo 3 y fl. 8, cdno. anexo 8; carpeta con 85 folios cdno. 18 anexo y cdno. 19 anexo, constancia del 25 de febrero de 1997 mediante la cual la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía señala que el señor H. labora en sus dependencias fl. 62, cdno. 10 anexo; Resolución del 5 de noviembre de 1996 mediante el cual el señor G.H. es nombrado en el CTI fl. 60, cdno. 10 anexo; carnet 6671 en el que se indica que G.H. desempeña el cargo de auxiliar judicial local de la Dirección Seccional del CTI; artículo periodístico Crónica Judicial Diario La Libertad fl. 18, cdno. ppal 1).

4.4. Ese mismo 11 de marzo de 1997, el señor R.A.G. instauró denuncia penal contra los señores G.H.L. y L.M.F.L. por el delito de extorsión, al señalar que el primero le había pedido la suma de $25.000.000 a cambio de los documentos que tenía en su poder y habían sido anteriormente hurtados por una antigua empleada suya, los que a voces de quien lo extorsionaba podían comprometerlo penalmente. Se indicó en la denuncia (fls. 2-3, cdno. 3 anexo y fls. 2-3, cdno. anexo 8):

Soy comerciante, propietario y representante legal de XXXXXXXXX Ltda., cuyo domicilio principal es la ciudad de Barranquilla, la actividad de esta empresa es la distribución y venta de equipos para procesar alimentos en hoteles, cafeterías, restaurantes de comida rápida y panaderías. El año pasado, en el mes de julio o agosto separé del cargo de departamento de importaciones a una empleada de nombre D.S.C., la causa del despido fue por hurto y sustracción de documentos de la compañía, de dineros, que se le entregaban para ser consignados a favor de proveedores y agentes de aduana. Con fundamento en lo anterior se le formuló la correspondiente denuncia penal ante la fiscalía de delitos contra el patrimonio económico. El proceso penal fue ventilado por la Fiscal 12. En el transcurso del proceso esta señora manifestó el deseo de reintegrar lo hurtado (dinero), fue así como se logró hacer una conciliación con ella y efectivamente devolvió los dineros mediante autorización de retención de sus prestaciones sociales; sin embargo, la serie de documentos sustraídos a la empresa, tales como facturas, manifiestos de aduana, certificaciones de cámara de comercio y otros jamás los devolvió. Pensamos que este problema había quedado resuelto, sin embargo, y para nuestra sorpresa, en el mes de diciembre se presentó un señor quien se identificó ante la recepcionista de mi empresa, portando un carnet de la fiscalía, llamado G.H.L., solicitando la hoja de vida de D.S. y además solicitando hablar conmigo, no le pare (ilegible) a esto en esos momentos debido a que estaba próximo a cambiarme de oficina. En el día de hoy, en las horas de la tarde como a las 14.30 horas se presentaron dos individuos, uno de contextura gruesa, alto y calvo, quien al parecer venía conduciendo el taxi en que llegaron y otro de contextura gordo de cara grasosa, quien se identificó como G.H.L. presentando un carnet de la fiscalía, manifestándole a la recepcionista el deseo de habar conmigo, le dije a mi recepcionista que le dijera a ellos que me esperaran afuera que yo con gusto los atendía más tarde. Posteriormente los atendí y el señor G.H. se identificó como funcionario de la fiscalía-CTI y me manifestó que tenía en su poder una serie de documentos que me comprometían penalmente ante la fiscalía, ya que en ellos se probaba una serie de conductas dolosas como importaciones ficticias, lavado de dólares y que además yo tenía nexos o vínculos con un turco que pertenecía a una red de lavado de dólares, me exigieron que para arreglar el asunto que les diera veinticinco millones de pesos ($25.000.000). Con el fin de que la policía conociera de este hecho, les manifesté a estos individuos que regresaran como a las 17:00 horas que yo les tendría una respuesta, tan pronto se fueron para regresar más tarde conversé con mi señora y acordamos llamar por teléfono a la Policía, como a los 15 o 20 minutos se presentaron tres miembros de la Policía quienes se identificaron como miembros del grupo Gaula. Le manifesté lo que habían pedido estos señores y en razón de que estos iban a regresar (señor G.H. y el otro), el oficial de la Policía de apellido S. me dijo que iban a estar pendientes en el baño de la oficina para oír lo que querían estos tipos y si era dinero lo que querían aprehenderlos enseguida. Efectivamente se acordó lo propuesto por el teniente y como a las 16:00 horas se presentó el señor G.H. con su acompañante, hice pasar a mi oficia al primero de ellos y me manifestó que qué había pasado de la oferta que él me había hecho de los $25.000.000 millones de pesos para evitarme problemas con la justicia penal en razón de los documentos que él tenía en su poder. Que él me financiaba ese dinero entregándole cinco millones de pesos $5.000.000 mensual. En el momento que dijo esto el teniente de la policía y su compañero estaban oyéndolo todo, salieron del baño, se identificaron y procedieron a detenerlos. Se pusieron extremadamente nerviosos y el señor G.H. me decía gracias con una mirada amenazante y me decía que lo ayudara después de estar retenidos por los funcionarios de la policía, pude constatar que los documentos que el señor G.H.L. llevaba eran los documentos que se habían desaparecido de la oficina cuando se fue D.S. Acto seguido se los llevaron y yo procedía a instaurar la denuncia. Preguntado: Diga el denunciante si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia Contestó: Creo que no hay más nada que decir (…).

4.5. Mediante informe 217 del 12 de marzo de 1997 con destino a la Fiscalía Delegada del Gaula Urbano, los agentes de la Unidad Investigativa del Gaula que participaron en la captura del señor G.H.L. corroboraron la denuncia instaurada por el señor R.A.G. y comunicaron sobre la captura de aquel, así (fls. 14-15, cdno. anexo 3 y fls. 14-16, cdno. anexo 8):

El día de hoy 110397, siendo las 15:30 horas aproximadamente nos entrevistamos con el señor R.A.G. en la empresa XXXXXXXXX, quien me informó que un señor identificado como G.H., portando carnet de la Fiscalía CTI, momentos antes se había hecho presente a su oficina para decirle que tenía en su poder varios documentos que lo involucraban con delitos de lavado de dólares e importaciones ficticias, y que si quería evitar que lo investigaran debía cancelar la suma de 25 millones de pesos, para ellos entregar los documentos que lo involucraban mostrándole una carpeta de documentos que meses antes se habían perdido de la empresa, hechos que investiga la Fiscal 12 de Delitos contra el patrimonio económico, a lo cual el señor R.A., le manifestó a G.H., que para disponer de esa cantidad de dinero debía consultarlo, que regresaran más tarde y él les tenía alguna respuesta.

En vista de lo anterior, el señor R.A., solicitó nuestra colaboración, estando entrevistándolo a eso de las 17:00 horas se hicieron presentes el señor G.H. y otra persona que después fue identificada como L.M.F.P., conductor del vehículo en que se movilizaban, quien se quedó en la entrada de la empresa permitiéndosele el ingreso a G.H. a la oficina de la gerencia, momentos en que nosotros nos ocultábamos en el baño de esa oficina para escuchar las pretensiones del presunto extorsionista.

Es así, como H., le solicita el pago de los 25 millones de pesos por los documentos que él tiene en su poder y si es del caso la negociación que podía financiar en cuotas de cinco millones de pesos cada una, en estos momentos luego de escuchar a G.H. procedimos a capturarlos.

Es de anotar que en el mes de diciembre esas dos personas estuvieron en el mismo vehículo y G.H. amparado en el carnet de la fiscalía CTI, solicitó la hoja de vida de la señora D.S.C., persona que había sido desvinculada de esa empresa por la pérdida de esos documentos y hurto.

4.6. El conocimiento de estos hechos correspondió a prevención a la Fiscalía Delegada ante el Gaula Urbano de Barranquilla, quien mediante resolución del 12 de marzo de 1997 resolvió: i) legalizar la captura de los señores G.H.L. y L.M.F.P., ii) ordenó la apertura de instrucción penal contra aquellos, iii) ordenó escucharlos en indagatorias y iv) dispuso que una vez escuchados en indagatoria, fueran puestos en la cárcel de El Bosque a disposición de la Dirección Seccional de Fiscalías, por ser la competente.

4.7. El 12 de marzo de 1997, el señor G.H.L. rindió indagatoria ante Fiscalía Delegada ante el Gaula Urbano de Barranquilla y manifestó que: i) Si bien no tenía funciones de investigador del CTI su superior le daba tales atribuciones y, el día 10 de marzo de 1997 junto con sus compañeros le fue asignada una misión de investigación en el lugar denominado XXX XXXXX, en el desarrollo de la misma, el día 11 de marzo de 1997 en horas de la mañana tuvo contacto con un informante quien le entregó una carpeta con unos documentos indicándole que la señora D.S. podía estar relacionada con los hechos materia de investigación (concretamente que presuntamente embarcaba droga en barcos al exterior), razón por la cual al ver que los documentos pertenecían a la empresa XXXXXXXXX se había dirigido a dicha empresa, ii) contrario a lo dicho por el denunciante, era la primera vez que acudía a la empresa XXXXXXXXX por lo que no la había visitado en el mes de diciembre, iii) en efecto había acudido en horas de la tarde a la empresa XXXXXXXXX y había preguntado por el señor R.A.G., pero éste se le había negado y le indicó que volviera más tarde lo que así hizo, iv) en la segunda visita que hizo ese 11 de marzo de 1997, el señor A.G. lo hizo pasar a la oficina de gerencia y contrario a lo dicho por éste último, quien hizo el ofrecimiento del dinero a cambio de la carpeta contentiva de los documentos fue el señor A., en otras palabras, que era el denunciante quien lo estaba incitando al delito, v) señaló que durante la conversación con el señor R.A., éste le comunicó que estaba siendo víctima de extorsión por parte de personas que decían ser del CTI, empero, que no le quiso indicar los nombres de dichos sujetos, vi) al momento de querer salir de la oficina fue capturado por dos agentes del Gaula por el presunto delito de extorsión, vii) que debía desvincularse de la investigación al taxista que lo había llevado a la empresa, toda vez que lo había tomado en la calle y no conocía al conductor, viii) que en ningún momento extorsionó al señor R.A., que llegó a la empresa con la intención de buscar información sobre D.S. y que en su criterio, el señor A. se quería vengar pensando que él hacía parte de los presuntos funcionarios del CTI que sí lo estaban extorsionando por la suma de $25.000.000, ix) que en su criterio, en la oficina debía haber una grabadora donde constaban los hechos y x) que cometió el error de no informarle a su superior jerárquico la actividad que iba a realizar. Por la importancia de la indagatoria, la misma se transcribe in extenso (fls. 21-26, cdno. 3 anexo y fls. 21-26, cdno. 8 anexo):

Preguntado: Dígale a la fiscalía las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo su captura, haciendo un relato amplio y detallado de todo cuanto sepa y le conste. Contestó: Nosotros, los investigadores del CTI teníamos una misión encomendada por el doctor L., creo que se llama J., él es subdirector del CTI Seccional, mandó a hacer unas averiguaciones al investigador H.M.O. (sic), O. Gerlves (sic), se nos comisionó para hacer una vigilancia constante en XXX XXXXX, dicha comisión la firmé antes de ayer, ayer en la mañana llegó por las esquinas del CTI un informante y me da la información sobre la señora D.S., quien fue funcionaria de XXXXXXXXX, que estaba operando en esos lados de los muelles, dicho informante me trajo unas facturas para que yo hablara con el señor R.A., que yo no conocía ni nunca había visto, entonces tomé la decisión de hablar con el señor R.A. para ver si eran originales, siendo las 3 de la tarde llegué a XXXXXXXXX, XXXX XX con XXXXXX XXX, no me sé el número y el señor R. me dijo que no estaba que volviera a las cuatro de la tarde, cuando regreso a las cuatro de la tarde veo una camioneta LUV del grupo XXXXX en la puerta, sé que es del XXXXX porque yo había visto esa camioneta en las instalaciones de aquí, sin embargo yo entré y me identifiqué como funcionario del CTI y esto lo hacía con el fin de recoger la mayor información para después pasársela al doctor L., para que remitiera esto a anticorrupción, me hacen entrar a la oficina del señor R., cuando veo que es el mismo que me había dicho que no estaba y le he preguntado, señor R. vengo con el fin de decirle que hay personas que lo quieren perjudicar a usted y si me puede decir quiénes son esas personas, entonces me contestó, una de esas es D.S. porque de esa factura que usted tiene en la mano ella se la robó y con esa factura unos funcionarios del CTI me habían extorsionado, le he dicho yo que por favor no me da el nombre de esos funcionarios para dárselos al Jefe doctor L. y él tome cartas en el asunto, entonces me dijo cuál es la persecución con D., que querían con D., entonces yo le dije que si ella lo robó yo no veo por qué usted no me quiera colaborar con la señora D., entonces me dijo que ella no estaba aquí, entonces que hablara con su abogado y yo le dije que me da la dirección de su abogado y yo habló con él, esto lo hice con el fin de que cuanto al señor se le oficiara si D.S. trabaja allí él no se negara por medio de oficio, entonces me dijo pero vamos arreglar esto, que es lo que tú quieres, plata, no sé quién es usted, yo le vengo a pedir una colaboración, si quiere extrajudicial o si no se le manda el oficio, entonces me dijo que quieres 50 mil, 100 mil, yo no le contestaba nada, ciento cincuenta mil y quemamos esos papeles, yo le dije que si usted nos colabora nosotros le colaboramos a usted, porque el fin mío era conseguir la dirección de D.S. porque yo no conseguí el otro apellido de ella. Porque la forma de identificar a una persona tiene que ser con su nombre y sus dos apellidos, entonces cuando yo me decido salir fue cuando salió el teniente apuntándome a la cabeza y diciéndome que era una extorsión, pero yo me imaginé que si el señor iba a hacer una redada de eso y quería verificar si lo estaba extorsionando en verdad me supongo que debía tener por allí una grabadora, y sé que si él la tiene no la hace llegar porque el señor R. era quien me estaba incitándome al ilícito, yo le dije al teniente pero cual extorsión donde está la plata, si yo al señor lo que vengo es a verificar una información, porque yo no soy investigador, pero me dan atribuciones porque yo me le se meter a la gente para sacarle información y las evalúo y se las presento al señor L.. Mi cargo en sí, que no lo funciono, es notificador, pero el doctor L. me ha dado funciones de buscar información, evaluarla y ellos proceden hacer lo pertinente. En donde el señor A. únicamente fui a buscar la dirección de D.S., porque ella está embarcando droga en los barcos de XXXXX, a mí me dijo eso fue un informante, yo antes he hecho averiguaciones en el caso del alcohol adulterado de las Nieves, por ejemplo. Entonces salió un agente de aquí, T. y un teniente de aquí poniéndome el revolver en la cabeza, que eso era una extorsión, entonces fueron hasta donde un señor taxista que me hizo la carrera a XXXXXXXXX, y lo encañonaron, yo a este señor no lo conozco, a él lo encañonaron y lo trajeron a la oficina del señor A., el teniente supo que ese el taxista que me había llevado porque las secretarias ya me habían visto, es que ya estaba montado el operativo sin haber todavía dialogado con el señor A. nada, me supongo yo que el señor A. en vista que yo me había identificado como CTI pensaría que yo lo iba a extorsionar como los otros, yo al señor A. nunca lo había tratado ni conocido y ya pensaba que ya yo lo iba a extorsionar. Preguntado: Según denuncia instaurada ante unidad de policía judicial del Gaula Urbano de esta ciudad, el señor A. dice que usted se presentó a la empresa XXXXXXXXX identificándose con un carnet de la fiscalía ante la recepcionista de la empresa y solicitándole la hoja de vida de D.S. y hablar con el citado denunciante, dígale a la Fiscalía si lo anterior es cierto, en caso afirmativo relate cuanto sepa y le conste. Contestó: No, no es cierto, porque yo no tenía conocimiento de esa empresa, sino que el señor tiene ánimo de perjudicarme porque ese señor quiere tomar venganza por lo que hicieron otros funcionarios, él está diciendo cuestiones falsas, yo no me presenté en diciembre y si me presenté porque no hizo lo que hizo ahora. Preguntado: Porque dice usted que el señor R.A. quiere tomar venganza contra usted, si como lo acaba de decir en su dicho anterior nunca lo había visto a él ni él a usted. Contestó: Eso es un decir porque yo lo veo como resentido como miembros del CTI y eso es lo que yo veo en él. Él me dijo a mi ese día que unos funcionaros del CTI le habían quitado 25 millones, yo le dije que me dijera quienes eran para informarle al Jefe. Preguntado: Dígale a la fiscalía si el día de ayer 11 de marzo usted se presentó a las oficinas de XXXXXXXXX en compañía de un señor alto, de contextura gruesa y calvo a bordo de un taxi preguntando por el señor R.A. e identificándose usted G.H., como funcionario del CTI, diciéndole al señor A. que usted tenía una serie de documentos que lo comprometían penalmente ante la fiscalía, por cuanto en esos documentos se comprobaba una serie de conductas dolosas y vínculos con un turco que pertenece a una red de lavado de dólares, que para eliminar dichas pruebas le diera la suma de 24 (sic) millones de pesos, ante lo cual él le dice que regrese a las 5 de la tarde y cuanto usted regresa es cuando lo captura la policía, que tiene qué decir ante tales imputaciones Contestó: primero que todo yo nunca le hablé de proceso al señor R.A., porque yo no tengo facultad para eso, yo me limité a preguntar por D.S., ni le he dicho que tiene problemas con las fiscalía y miente totalmente cuanto me dijo que volviera a las 5, porque cuanto yo llegue a las 3 él me dijo que no estaba y las 4 es cuando tiene a la gente del Gaula y la captura mía es a las cuatro y media de la tarde, y que dicho dinero yo nunca le exigía nada que fuera referente a dinero, porque yo lo quería hacer era para ver si lograba un positivo con la señora D.S. (…) Preguntado: Concretamente que era lo que usted buscaba en la oficina de XXXXXXXXX el día de ayer 11 de marzo y por orden de quien exactamente, Contestó: Buscaba a la señora D.S., basándome en la misión que nos dieron por los barcos de XXXXX, pero yo llegué a buscar la dirección de D.S. o su segundo apellido, el señor A. me dijo que ella era la persona que había hecho las importaciones ficticias y era el que lo había metido en líos . Yo fui allá por actitud propia, la misión mía es conseguir la información a lo que cueste (…) El trabajo que hice lo hice con la intención de servirle al Estado, el único error fue que el doctor L. no estaba cuando yo salía, a las 3 de la tarde o si no le comunico lo que yo iba a hacer, porque la más mínima información la ponía en conocimiento del doctor Vivas. (…). —Negrillas fuera de texto—.

4.8. Una vez rendida la indagatoria, el proceso pasó por reparto a la Dirección Seccional de Fiscalías, correspondiéndole a la Fiscalía Dieciocho Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico ante los Jueces Penales del Circuito, que mediante resolución del 14 de marzo de 1997 avocó el conocimiento de la investigación penal y ordenó la práctica de una serie de pruebas (Res. 56 del 13 de marzo de 1997 por medio de la cual la Directora Seccional de Fiscalías de Barranquilla asignó el conocimiento de un proceso fls. 34-35 cdno. 3 anexo, Res. del 14 de marzo de 1997 por el cual se avocó el mismo fls. 36-38 cdno. 3 anexo y fls. 36-38, cdno. 8 anexo).

4.9. Entre las pruebas ordenadas y recaudadas por la fiscalía se encontraron los testimonios de H.E.M.H. y O.G.D. rendidos dentro del proceso penal el 17 de marzo de 1997 y, quienes eran al momento de los hechos compañeros de labores del señor G.H.L. Los dos testigos señalaron que el aquí demandante no tenía funciones de investigador, que solo estaba facultado para recaudar información y, que si bien es cierto a los tres les habían asignado una misión referente a XXXXX, la misma debía desarrollarse a las afueras de la ciudad de Barranquilla —no en el sector de XXX XXXXX— y, en todo caso, dicha misión no se había iniciado pues debían esperar las ordenes de su superior jerárquico(15). Así mismo, enfatizaron que toda labor de inteligencia que cada uno desarrollara debía ser puesta de antemano en conocimiento de su superior’. De otro lado, el señor M.H. señaló que el taxista que había sido capturado con el señor G.H. era un conocido de aquel y que lo reconoció, toda vez en otras oportunidades lo había visto en compañía del señor H. (testimonios de H.E.M.H. fls. 46-49, cdno. 3 anexo y, O.G.D.(16) fls. 50-54, cdno. 3 anexo).

4.10. Luego de recaudadas algunas pruebas, mediante resolución del 19 de marzo de 1997 la Fiscalía Dieciocho Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico ante los Jueces Penales del Circuito dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario sin excarcelación en contra del señor G.H.L. por el presunto delito de concusión del que resultara víctima la administración pública y el señor R.A.G. (fls. 69-74, cdno. 3 anexo).

4.11. El 3 de abril de 1997, el señor G.H.L. rindió ampliación de indagatoria y, en dicha oportunidad manifestó, entre otros aspectos que: i) Fueron los agentes del Gaula los que convencieron al señor R.A. para que lo acusara de la extorsión de la cual estaba siendo víctima, ii) los agentes del Gaula le tienen resentimiento a los funcionarios del CTI y por esa razón querían “embalarlo”, iii) insistió que en diciembre no había acudido a la empresa XXXXXXXXX a preguntar por D.S., iv) refirió que en su primera versión mintió al señalar que no conocía al taxista L.F., que en realidad es un pariente de un cuñado suyo pero que en la primera versión mintió por “un mal asesoramiento de la abogada” que tenía entonces, v) que los agentes del Gaula al momento de la aprehensión le quitaron a su pariente la suma de ochenta y siete mil pesos, vi) que en su primera versión no dijo nada de los anteriores hechos, por temor y ser “presa fácil”, vi) que si bien su cargo era de Auxiliar Judicial Local, le habían asignado funciones de investigador, vii) insistió que estaba en una misión por orden de su superior —doctor L.— para el caso de XXXXX y que obtuvo la información de XXXXXXXXX por informante de quien no dio su nombre y viii) que los documentos los obtuvo a través de su informante el mismo día de su captura y, al estar en inglés prefirió acudir a la empresa para preguntar por la Veracidad de los mismos. Dijo en ampliación de indagatoria (fls. 93-104, cdno. 3 anexo):

(…) Cuando me trasladaron al Gaula, los agentes que estaban comentaron que el teniente quería embalarme, y le dijo al señor que me pusiera una denuncia por 25 millones de pesos y que se tratara de conseguir cinco millones para ponerlo como si yo lo hubiera recibido y él le hacía una acta de entrega de la plata al señor, y dijo “pa” “joder al hijueputa” del CTI, ese que no tiene sino mil pesos en el bolsillo y una lista de teléfonos, porque si quiera hubiera tenido trescientos lo pongo como si me hubiera sobornado para meterle el cohecho también, porque a ellos hay que joderlos para que se le quiten los “zumos de grandes investigadores”. Cuando el señor teniente me captura a mi yo le pregunto ¿qué cual extorsión?, ¿qué donde había dinero? o algo por estilo que demuestre que yo estaba extorsionando al señor y me dijo: Con el solo hecho de usted estar en esta oficina yo lo embalo. Quiero dejar claro que este teniente tiene represalias con la institución por su forma de actuar y él necesitaba hacer posito (sic) engañado hasta el mismo general diciendo que nosotros éramos falsos agentes del DIAN y lo sacaron en el periódico La Libertad y me ponen como delincuente común (…) y quiero aclarar que el teniente le robó en forma discriminada o sea frenteao (sic), la suma de 87 mil pesos a F. y yo le dije que no dijera nada porque después era capaz de decir que yo lo traté de sobornar, y yo le doy gracias a Dios, que menos mal que ese señor no aceptó de poner los cinco millones porque ahí él quería hacer un acta de entrega falsa, y ponérmelo en la foto para el periódico, porque él quería demostrar que el Gaula que él maneja es el mejor Gaula de Colombia, y para mi concepto todo el conocimiento que tengo de investigador ese teniente lo que quiere es engañar a toda la ciudadanía con sus informes falsos a la prensa y quiero dejar copia del periódico, a la señora fiscal, para que la señora fiscal vea al ánimo de dañarme moralmente, de dañar mi trabajo y hasta mi integridad porque cuando me paso para los calabozos del F-2 le dijo a todos los presos que estaban ahí le dijo “Ojo con este, que es funcionarlo del CTI-” eso lo hizo con el fin de que los demás presos me agredieran. Cabe anotar que cuando el señor teniente me captura lo único que tenía como identificación era mi carnet del CTI, una lista de teléfonos en el cual estaba elaborando un trabajo relacionado con unos presuntos narcotraficantes. Con esa lista se quedó el teniente y es muy importante para mi trabajo. Esto que estoy diciendo ahora no lo dije anteriormente en las instalaciones del Gaula, porque era presa fácil para ello, ya que me tenían en los calabozos del F-2 y vi la forma como el Gaula, saca a la gente en la madrugada (…). Quiero aclarar que al señor L.F., si lo conozco, quien es pariente de un cuñado mío. Anteriormente dije que no lo conocía por un mal asesoramiento de la abogada y como yo estaba ofuscado y nervioso seguí los consejos. Yo le dije a la doctora que yo iba a decir la verdad porque sé que la fiscalía investiga y ella me contestó que la que me iba a defender era ella y en verdad es así yo le seguí los consejos. Sin embargo el doctor P. mi apoderado me dijo que dijera toda la verdad porque con la verdad sale todo a la luz del día. Sin embargo a mí me daba miedo decir porque no sé la actitud que pueda tomar el teniente en contra mía porque lo estoy denunciando como ladrón e inepto en sus funciones siendo un grupo que está combatiendo el secuestro y la extorsión actué de esa manera antiprofesional. Cabe anotar que mi cargo es Auxiliar Judicial Local pero estoy asignado por el doctor J.F.L., como investigador acompañado por el señor H.M. y O.G. Cabe anotar que yo tengo una misión de trabajo de la empresa XXXXX, la firme un día antes, pero ya teníamos conocimiento con anterioridad desde que llegó el señor A., creo que es presidente o abogado de la empresa XXXXX y el cual ya hablamos hecho contacto con otro informante y le habíamos dado 30 mil pesos, para que arreglara un carro de venta de arroz de lisa, para que se nos infiltrara en XXX XXXXX (…) le pido al señor teniente que le devuelva los 87 mil pesos al señor M.F. y sus hijos están pasando necesidades (…) Preguntado: Diga al despacho exactamente quien le entregó a usted, los documentos que tenían que ver con la empresa XXXXXXXXX.— Contestó: Eso me los entrega un informante casual, me los había entregado el martes, es decir el mismo día a las 2 y 20 de la tarde y yo subí a consultarle al doctor L. al cual no encontré, porque el señor H. y el señor O. estaban en curso de Policía Judicial, entonces yo decidí por voluntad propia verificar esos documentos ya que no los entendía nada porque están en inglés y no sé qué es Io que dicen esos documentos y como vi que eso no era peligroso de preguntar la originalidad de esos documentos, me trasladé allá y posteriormente entregárselos al doctor L. porque siempre hacia yo esas funciones de establecer las informaciones para que después hiciera lo pertinente al grupo que le correspondía eso que es el de anticorrupción.— Preguntado.— Diga al despacho porqué debía trasladarse a verificar la originalidad de los documentos.— Contestó: Fui a verificar las originalidad de los documentos, ya que la única forma de entrar en dialogo con el señor era esa porque de otra forma como podía yo entablar conversación con él y establecer lo de D.S., porque mi meta no es el señor R.A., sino la señora D.S. (…) Preguntado: Diga al despacho si usted en el mes de diciembre pasado fue a las instalaciones de XXXXXXXXX. Contestó: Nunca, yo no sabía ni que existía esa empresa Preguntado.— usted manifiesta que los documentos que le fueron entregados estaban en inglés y que usted no entendía de eso; diga de dónde sacó el nombre de D.S. si usted no entendía los documentos que le fueron entregados.— Contestó: Las facturas son en inglés, pero hay un papelito o un memo ahí en español donde ella remite algo. (…) —Negrillas fuera de texto—.

4.12. Luego de la ampliación de indagatoria del señor H., la Fiscalía Dieciocho Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico ante los Jueces Penales del Circuito en resolución del 7 de abril de 1997 ordenó la práctica de varias pruebas (fls. 119-120, cdno. 3 anexo), entre estas, se oyera el testimonio del señor J.F.L.A., quien para el momento de los hechos era el jefe inmediato del señor G.H.

En su declaración, el señor L.A.(17) manifestó que el día de los hechos (11 de marzo de 1997) le había ordenado al señor H.L. hacer el monitoreo de unas interceptaciones telefónicas, que en ningún momento aquel le comentó que iba a salir en horas de la tarde, que en el caso de la investigación de XXXXX no se había concertado con el equipo de trabajo las labores que cada quien debía realizar y, que no tenía conocimiento de las pesquisas que el señor G.H. manifestaba estar realizando (fls. 126-131, cdno. 3 anexo).

4.13. En escrito de abril de 1997, el señor G.H. a través de su apoderado solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra, y en su lugar se le concediera la libertad provisional (fls. 143-149, cdno. 3 anexo), petición que fue negada por la fiscalía en resolución del 29 de abril de 1997 y, mediante la cual se resolvió sustituir la medida de aseguramiento por la detención domiciliaria, previa caución prendaria y suscripción de diligencia de buena conducta y compromiso, las que fueron realizadas ese mismo día (Res. 29 de abril de 1997 fls. 180-189, cdno. anexo 3 y fls. 180-189. cdno. 8 anexo, consignación de caución prendaria fls. 191-192, cdno. 3 anexo y fls. 191-192, cdno. 8 anexo, acta de compromiso fl. 193, cdno. 3 anexo; comunicación del 29 de abril de 1997 al Director de la Cárcel El Bosque, informando sobre la decisión tomada fl. 196, cdno. 3 anexo).

4.14. El 10 de junio de 1997, el Coordinador de Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigación allegó a la Fiscalía un casete sobre una conversación telefónica que fue grabada el día 11 de marzo de 1997 entre el señor G.H. y la señora C.B. La grabación fue realizada luego de la captura del señor H. y, en ella, se tiene que aquel le informó de su aprehensión a la señora C. y le solicitó botar los papeles que le entregó “Cachete” (fls. 280-284, cdno. 4 anexo).

4.15. El 18 de julio de 1997, la Fiscalía Dieciocho Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico ante los Jueces Penales del Circuito dictó resolución de acusación contra el señor G.H.L. por el delito de concusión, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla en resolución del 15 de octubre de 1997 (Res.18 de julio de 1997 fls. 264-278, cdno. 3 anexo y fls. 264-278, cdno. 8 anexo; Res. 15 de octubre de 1997 fls. 7-20 cdno. 5 anexo, fls. 1-11 cdno. 11 anexo, fls. 6-15 cdno. 14 anexo).

4.16. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, que mediante proveído del 30 de abril de 1998 concedió al señor G.H.L. el beneficio de la libertad provisional, previa firma de acta de compromiso la que fue suscrita ese mismo día (Proveído del 30 de abril de 1998 fls. 308-310, cdno. 4 anexo y fls. 308-310 cdno. 9 anexo; acta de compromiso fls. 311 cdno. 4 anexo y fl. 311 cdno. 9 anexo).

4.17. En mayo de 1998 el señor H. solicitó una serie de pruebas que fueron ordenadas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla en proveído del 21 de julio de 1998 (escrito de mayo de 1998 fls. 316-321, cdno. 4 anexo; Auto del 21 de julio de 1998 fls. 379-384, cdno. 4 anexo).

4.18. Luego de practicadas las pruebas ordenadas, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla ordenó la realización de la audiencia de juicio de oral, la que tuvo que realizarse en varias sesiones para culminar el 3 de abril de 2001 (fls. 416-425, cdno. 4 anexo).

4.19. Posteriormente, en Sentencia del 29 de junio de 2001, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento condenó al señor G.H.L. a la pena principal de dos años de prisión como autor responsable del delito de concusión en grado de tentativa, del que resultó víctima el señor R.A.

En su decisión, el Juzgado restó toda credibilidad a los dichos del señor G.H. y señaló que lo afirmado por la víctima del delito se encontraba soportado en varias pruebas, tales como los testimonios de los agentes del Gaula, la testigo Magdalena Pájaro(18) e incluso los testimonios de quienes eran compañeros de labores y superior jerárquico del señor H.

Así mismo, el Juzgado refirió que aunque el señor A. entró en contradicción en sus versiones sobre las horas y momentos en los que habló con el aquí demandante, ello no implicaba que debía desecharse su testimonio, pues lo cierto era que en el plenario estaba plenamente probado la exigencia de dinero por parte del señor G.H. Se indicó en la sentencia de la cual se transcribe in extenso los apartes más importantes (fls. 476-497, cdno. 9 anexo):

Para fines de 1996, R.A.G., había despedido a D.S. de XXXXXXXXX por la apropiación de dinero y documentación de la empresa, lográndose conciliar con relación al capital, entregando a cambio el valor de su liquidación, sin lograr la recuperación de dichos papeles. Por estos hechos se elevó la correspondiente denuncia.

El señor en referencia venía siendo objeto de extorsión desde finales de ese mismo año por personas que decían pertenecer al CTI, con los mismos documentos cuya pérdida o sustracción contribuyera también al despido de la empleada antes mencionada, como quedó dicho.

El 11 de marzo de 1997, G.H.L., visita la empresa XXXXXXXXX, siendo atendido por la recepcionista Magdalena Pájaro, quien lo reconoce como la misma persona que para diciembre de 1996 se presenta a esa firma preguntando por D.S.. En esta ocasión solicitaba al señor R.A.G., quien no se encontraba pero hizo su ingreso posteriormente, logrando enterarse de la presencia del sindicado, por lo que impartió la orden de pedir que regresara más tarde, dando así lugar a llamar al grupo Gaula de Barranquilla, haciéndose presentes los oficiales M.F.S.V., R.T.V. y W.J.B.D.L.H..

Dos de los uniformados en referencia, porque el otro esperaba afuera en la patrulla, en el momento en que se recogían información fueron alertados de la presencia allí nuevamente de H.L. y del que manejaba el vehículo de servicio público en el que había llegado; por lo que los oficiales procedieron a introducirse al baño de la oficina, logrando sorprender al sindicado cuando hacía la exigencia de dinero para destruir la documentación que portaba, aduciendo constituir evidencia de transacciones ilegitimas tales como exportaciones ficticias, lavado de activos, etc., por lo que procedieron a capturarlo al igual que a L.M.F.P., conductor del taxi.

H.L., en el momento de su aprehensión portaba el carnet expedido por el CTI, que lo identifica como auxiliar local, igualmente, la carpeta contentiva de documentos relacionados con registro de importación, certificado de cámara de comercio, declaraciones de aduana, copia de la cédula de ciudadanía de R.A.G., recibos de la DIAN, etc., como consta en el acta de incautación y en el folder. Hecho incontrovertible que jamás se atrevió a negar el acusado (…).

No hay duda, como lo sostiene la defensa, que el denunciante entra en contradicción consigo mismo y con la declaración rendida por la recepcionista Magdalena Pájaro, por cuanto expresa algunas veces que G.H.L., logró comunicarse con él en las dos oportunidades, ese 11 de marzo de 1997, presentando la exigencia desde la primera, por lo que le sugirió regresar y así tener tiempo de avisar a las autoridades, olvidando que inicialmente expresara no haberlo recibido en un principio (…).

Antes estas disparidades el despacho procedió a analizar cada una de las declaraciones de los oficiales antes relacionados y a concatenarlas con el resto del caudal probatorio, en busca de la certeza legal, de lo que concluye que R.A., en la primera oportunidad no atendió al acusado sino después cuando los agentes del Gaula, se encontraban en su oficina siendo estos también sorprendidos con la presencia de ese miembro del CTI (…).

La inspección judicial practicada al sitio de los acontecimientos demostró que los miembros del grupo Gaula, sí estuvieron en condiciones de escuchar la conversación desde el sitio en donde se encontraban, en el baño.

No hay la menor duda de la captura en flagrancia del proceso. Las declaraciones del denunciante y los oficiales así lo revelan. Además en ese momento se le aprehendió en posesión de documentos pertenecientes a la empresa cuya perdida el denunciante adjudicara a D.S., con ánimo de perjudicarlo, dentro de sus instalaciones, portando un carnet del CTI aspecto que por incontrastables no estuvo en condición de negar.

No encuentra el despacho que la conducta del sindicado corresponda a lo que de él espera la sociedad, al rol que debe cumplir un investigador del CTI. Presentarse a determinada oficina en nombre del organismo que representa, con documentos pertenecientes a esa firma, ignorando si el contenido comprometía o no a esta y sin que esa misión se le haya encomendado. Téngase en cuenta que él afirma no haber llegado a ninguna conclusión por encontrarse elaborados en idioma extranjero. Lo pertinente era someterla a los estudios de rigor por parte del personal especializado, a no ser que con ellos se pretendiera obtener un beneficio económico ilícito como el denunciado por la víctima y corroborado por los oficiales del grupo Gaula (…).

[c]oincidió que dos días antes de su captura se habían notificado de una comisión a emprender en contra de XXXXX (…) de la que desconocía siquiera el denunciante y solo se sabía que tendrían que actuar fuera de Barranquilla (Guajira y Santa Marta) donde operaba, optó por hacer acopio de ella sin ningún éxito por cuanto todo lo aducido al respecto fue totalmente desvirtuado por su jefe inmediato J.F.L., sus otros compañeros de actividad judicial H.N. y O.G. y hasta el momento presente, no obstante el largo tiempo transcurrido desde entonces, nada presentó que justificara su argumentación. Además afirmó que la visita obedecía al caso relacionado con XXXXX. En la que podía estar relacionada D.S., olvidando que ya desde diciembre se había presentado a la empresa a preguntar por esta, sin tener en cuenta que el caso de esta firma se había suscrito hacía aproximadamente dos días y aduciendo haber recibido la documentación de un informante también el día anterior, refulgiendo así la contradicción y mendicidad de sus afirmaciones (…).

J.F.L.A., Jefe de Investigaciones del CTI, e inmediato del sindicado, no duda también en confirmar que el sindicado tenía la misión esa tarde de monitorear determinado abonado telefónico, habiendo hablado con él, no comentarle que iba a salir y no obstante reunirse esa tarde para encargarlo de tal menester debido a que los otros dos compañeros estaban participando en un evento de capacitación.

Lo anterior indica que no contaba con labor a desarrollar en ese momento, aisladamente de las otros dos personas que con él conformaban el grupo distinto al monitoreo del abonado telefónico.

Esta declaración igualmente resulta coherente con lo expuesto por los otros investigadores en lo que corresponde a la misión en la cual se hallaba involucrado XXXXX. Sobre esto afirma que solo se encuentra firmada únicamente, sin concretarse la tarea a emprender y ni siquiera se había hecho algún comentario o apreciación de la información con que se contaba y que por consiguiente, el procesado faltó a la verdad cuando afirmó que ya se había realizado una reunión (…).

Entonces, ¿cómo el procesado pretende justificar su presencia dentro de la firma XXXXXXXXX, como miembro del CTI, cuando no existía orden de trabajo con la que pudiera relacionarse a esta empresa, ni siquiera a D.S. y con la documentación incautada?. (…)

Se cuenta igualmente con el indicio de mentira plasmado en la indagatoria.

Esa diligencia no solo es un medio de defensa sino de prueba. De tal manera que cuando en ella se falta a la verdad en esas oportunidades, se deduce el indicio de mentira.

El acusado en esa salida procesal, además de la serie de argumentos que fueron desvirtuados y con los cuales buscaba darle validez a su presencia en el sitio con dicha documentación y en nombre del CTI, niega conocer al conductor del taxi que lo transportara hacia el sitio de los acontecimientos y al saber que esa descomunal falsedad no había sido posible sostenerla por cuanto los mismos compañeros de trabajo de H.N. y O.G., afirmaron tratarse de un pariente de él, a quien veían con mucha frecuencia en el CTI recogiéndolo e incluso, en su casa y en otro lugar cuando adelantaban labores investigativas, decide ampliar su indagatoria para dar reversa al igual que el involucrado L.M.F.P., de quien no es de dudar, le colaboraba en sus ilícitos propósitos.

El representante de la administración pública que nos ocupa, ante la evidencia en su contra, no le quedó más que alegar que esa falencia se debió a la presión ejercida en su contra por el teniente del grupo Gaula que dirigía la misión, el operativo tratarse de un montaje para ese grupo ganar positivo y pasar como el mejor cuerpo investigativo de la ciudad. Termina afirmando que su compañero de fechorías, había resultado objeto de hurto por parte de ese mismo oficial, en el sitio de su aprehensión, en cantidad de $87.000 cuando el otro indagado no logró precisar o concretar la acriminación limitándose a afirmar que el dinero se lo habían sacado del bolsillo, después que de la guantera del carro, no saber por quién no quien le devolvió la billetera sin la plata, cuando en su primera versión afirmara haber invertido el monto de los $6.000 de la carrera, en gasolina dando a entender que para ese momento no contaba con más recursos.

Ahora, como es posible afirmar encontrarse en esas instalaciones presionado y no dejar constancia de ello o por lo menos el abogado que lo asistía, o relatar ese hecho a su esposa, cuando solicitó prestado el teléfono para ordenarle la destrucción de documentos que lo comprometían, pues no a otra conclusión se puede llegar. Además de que ella le preguntaba afanosamente si se le había sorprendido con esos papeles en la visita efectuada a R.A.

Si bien esta interceptación no aparece ordenada por fiscal alguno, no es menos cierto que el procesado no la desconoció y en la audiencia pública, se trajo, a petición de la defensa, a C.B.M., corroborándola al tiempo que afirma que la orden de destruir los documentos la impartió su esposo, procediendo a ello, claro está, reservándose el contenido.

De no ser comprometedora esa información y en cambio servir para encausar alguna investigación, la orden no hubiese sido en ese sentido sino la de entregarla a sus inmediatos superiores, en caso de temer que el grupo Gaula, llegara hasta allí e hiciera mal uso de ella. Esto indica que los pasos que estaba dando, no iban por buen camino y al menos acorde con el uso de la función, además no se entiende esa revancha con el otro cuerpo armado cuando deben trabajar en coordinación, armónicamente, por cuanto los objetivos convergen en un mismo punto, la prevención del delito (…).

Demostrada la autoría del injusto, a título de dolo por cuanto el procesado para el momento del hecho conocía la prohibición legal y gozando de conciencia y voluntad libre, se determinó en ese sentido, sin que concurra en su favor causal alguna de inculpabilidad, se procede a someterlo a las consecuencias punitivas que las normas demandan (…)

RESUELVE

CONDENASE a G.H.L. a la pena principal de dos años de prisión y multa en cuantía de 25 salarios mínimos mensuales vigentes, como autor responsable de un delito en el grado de tentativa contra la administración pública (concusión) del que resultó víctima R.A.G. el 11 de marzo de 1997 y por las razones anotadas en la parte considerativa de esta sentencia (…).

4.20. La anterior decisión, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en Sentencia del 10 de diciembre de 2001 (fls. 59-66, cdno. 16 anexo, fls. 6-13, cdno. 20 anexo y fls. 5-12, cdno. 22 anexo).

4.21. En escrito del 31 de enero de 2002, el apoderado del señor H.R. manifestó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que interponía el recurso extraordinario de casación en contra de la Sentencia del 10 de diciembre de 2001 y, que en su momento presentaría los alegatos contentivos del recurso (fl. 3, cdno. 16 anexo y fl. 18, cdno. 22 anexo).

4.22. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en Auto del 8 de febrero de 2002 concedió el recurso extraordinario de casación (fls. 5, cdno. 16 anexo), el que fue presentado por el apoderado del señor H. el 11 de abril de 2002 (fls. 67-76, cdno. 16 anexo y fls. 26-36, cdno. 20 anexo).

4.23. Vencido el traslado a los no recurrentes del recurso extraordinario de casación (fl. 77, cdno. 16 anexo), mediante oficio 1276 del 2 de mayo de 2002, la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla remitió por Adpostal a la Corte Suprema de Justicia el proceso penal seguido contra el señor G.H. (fl. 2, cdno. 16 anexo y fl. 37 cdno. 22 anexo).

4.24. El 1 de junio de 2006, cuatro años después de lo anterior, el señor G.H.L. solicitó al Tribunal Superior de Barranquilla se declarara la prescripción de la acción penal. En la petición, el señor H. señaló que había indagado en la oficina postal y se le había informado que el archivo operativo había sido hurtado (fls. 88-93, cdno. 16 anexo y fls. 39-43, cdno. 20 anexo).

4.25. Ante lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla en proveído del 5 de junio de 2006, ordenó que: i) se remitiera la solicitud de prescripción al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, por ser quien emitió la sentencia condenatoria de origen, ii) se oficiara a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que informara sobre el trámite dado al recurso de casación y iii) se oficiara a la Administración Postal de Barranquilla, con el fin de que informara la suerte del envió 23070 del 7 de mayo de 2002, mediante el cual se remitió un proceso penal a la Corte Suprema de Justicia (fls. 48-52, cdno. 20 anexo y fls. 47-51, cdno. 22 anexo).

4.26. En oficio del 6 de junio de 2006, la Administración Postal Nacional informó que “hemos estudiado cuidadosamente su solicitud de fecha 5 de junio de 2006, relacionado con la copia de la planilla de entrega de certificados a domicilio del envió número 23070, impuesto en nuestro servicio en esta ciudad el día 7 de mayo de 2002 y me permito comunicarle que el archivo operativo de la regional con el que se contaba fue hurtado según denuncia anexa por lo que en la actualidad es imposible hacerle el respectivo seguimiento”. (fls. 100-101, cdno. 16 anexo, fls. 7-8 cdno. 17 anexo y fls. 59-60, cdno. 20 anexo).

4.27. En oficio del 10 de julio de 2006, la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que revisado el sistema de de gestión, los libros radicadores y consultada la relatoría, no se encontró en dicha corporación registro alguno a nombre del señor G.H.L. Así mismo, refirió que consultada la oficina de correspondencia de la Corte Suprema de Justicia se tiene que no se recibió el oficio 1276 del 2 de mayo de 2002, con el cual se allegaba el proceso del señor H.L. (fl. 79 y fl. 86, cdno. 20 anexo).

4.28. Ante lo anterior y en vista que el expediente se había perdido en su envío tal y como lo informaba la Administración Postal Nacional, el Tribunal Superior de Barranquilla en Auto del 18 de julio de 2006 ordenó la reconstrucción del proceso (fls. 105-106, cdno. 16 anexo y fls. 82-83 cdno. 20 anexo).

4.29. Una vez culminada la reconstrucción, mediante oficio del 5 de septiembre de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla remitió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a fin de que procediera a dar trámite al recurso extraordinario de casación (fl. 2, cdno. 7 anexo y fl. 92, cdno. 20 anexo).

4.30. En Auto del 30 de noviembre de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal, así (fls. 22-31, cdno. ppal 1, fls. 16-24, cdno. 7 anexo y fls. 15-23, cdno. 21 anexo):

Consideraciones de la Corte.

(…) La acción penal se ha extinguido por causa de la prescripción, pues no hay duda que desde el 15 de octubre de 1997, fecha de la resolución de acusación de segunda instancia, a hoy han transcurrido más de seis años y ocho meses, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal, el cual se consolidó el 15 de junio de 2004, cuando el expediente aún no había llegado a esta Corporación por encontrarse supuestamente extraviado.

Por lo tanto, al ser incuestionable que la acción penal se ha extinguido por causa del fenómeno de la prescripción, necesariamente se impone su declaratoria y, en consecuencia, se dispondrá la cesación de todo procedimiento contra G.H.L. en relación con el citado punible, razón por la cual la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación.

El juzgado de primera instancia adoptará las medidas relacionadas con lo decidido en esta providencia.

2. Por último, la Corte dispondrá la expedición de copias tanto de esta providencia como de los folios 37 a 87 del cuaderno del Tribunal Superior de Barranquilla con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, a fin de que ordene una exhaustiva investigación penal por razón de la pérdida de los cuadernos originales de este expediente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de G.H.L.

2. DECLARAR que la acción penal por el delito de concusión en grado de tentativa a que se contrae este expediente y en el que aparece como procesado G.H.L., se encuentra prescrita. En consecuencia, decretar en su favor la cesación de la actuación procesal (…)

5. Análisis de la Sala

De conformidad con los hechos probados, está debidamente acreditado que el señor G.H.L. fue privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y, que estuvo en detención preventiva en establecimiento carcelario del 11 de marzo al 29 de abril de 1997 y con detención domiciliaria desde esta última fecha hasta el 30 de abril de 1998, momento en el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla le concedió la libertad provisional.

En relación a lo anterior, la Sala encuentra que fue bajo el amparo del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 que se dictó la prescripción de la acción penal a favor del señor G.H. y por tanto, es bajo dichas normas que se analizara la decisión reparatoria.

En ese orden de ideas, se tiene que la Corte Constitucional al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996(19), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

Al respecto, la Sala ha considerado(20) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

De igual forma, si bien el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente haya sido privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido.

Teniendo en cuenta lo anterior y, toda vez que en caso bajo estudio acaeció la prescripción de la acción penal, el régimen de responsabilidad aplicable por la presunta privación injusta de la libertad, es en principio objetivo, razón por la cual no es necesario establecer la existencia de una falla en la prestación del servicio(21). No obstante, ello no es óbice para que en el sub júdice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la demandada, cabe decir que aquella se dará, cuando se demuestre una causal exonerativa de responsabilidad, tal y como que existió un hecho exclusivo de la víctima, como por ejemplo, que estaba en el deber jurídico de soportar la detención.

En el caso bajo estudio, de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario, la Sala encuentra que no hay lugar a declarar la existencia de la privación injusta de la libertad, toda vez que se configuró el hecho de la víctima, como pasa a explicarse.

5.1 Sobre el hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos(22), en el numeral 6º del artículo 14 preceptúa que:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido —Negrillas fuera de texto—

De conformidad con lo anterior, procede la indemnización para aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad, cuando la decisión por la cual estuvieron retenidas fue posteriormente revocada; empero, dicha indemnización no procede cuando se demuestre que la privación debía ser soportada por la persona a la que se impuso, cuando esta “no reveló todo o en parte el hecho desconocido” por el cual se dio la investigación.

La Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al estado, así:

“ART. 70.—Culpa Exclusiva de la Victima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado

La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada, en Sentencia C-037 de 1996, manifestó:

Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”. —Resaltado fuera de texto—

Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, esto es, de quien sufrió el perjuicio. Dijo esta Corporación(23):

A efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así, “... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor J.T.J.:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”

En la sentencia en cita, el Consejo de Estado declaró la existencia de la culpa de la víctima y exoneró de responsabilidad a la accionada, al determinarse que fue la propia conducta de la investigada la que dio lugar a al proceso penal, así:

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora A.M.T. no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, dado el desorden, la impericia, el desgreño y la incuria con las cuales manejó los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a que, cuando se practicó la experticia correspondiente dentro de la investigación penal, apareciera comprometida por los faltantes encontrados en el almacén, lo cual la implicaba seriamente en la comisión del presunto delito que se le imputaba y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales —se insiste—, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.

Sólo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de Administración de pronta y cumplida Justicia.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro.

En el caso estudiado por la Corporación en la providencia citada, el hecho de la víctima que dio lugar a la exoneración de la accionada tuvo que ver con la conducta que aquella había asumido antes de la investigación, y que a su vez fue determinante para que la misma iniciara.

Lo antedicho, ha sido reiterado en varias providencias, por ejemplo, en Sentencia del 11 de abril de 2012 con ponencia del doctor M.F.G., se indicó(24):

Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”(25)

De igual forma, se ha dicho:

“…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

—Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

—El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración….”(26)»(27) (…)

El hecho exclusivo de la víctima, entendido como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el ciudadano, exonera de responsabilidad a la Administración, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, está demostrada en el expediente la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, esto es del señor J.A.R.P., en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra, es decir, la pérdida de su libertad.

Y es que, a juicio de la Sala, está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues la privación de la libertad del señor J.A.R.P. no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administración de Justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que el señor R.P. no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible, esto es acreditar tanto la propiedad como el correspondiente permiso de porte y/o tenencia respecto del arma de fuego, tipo revólver, marca Llama, modelo Martial, calibre 38, que le fue incautada el día de su detención —la cual posteriormente fue puesta a disposición del Ejército Nacional—. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, el hoy demandante —bueno es insistir en ello—, portaba la referida arma de fuego sin los permisos correspondientes, lo cual dio lugar a que apareciera comprometida su responsabilidad por el delito por el cual se lo investigó.

Aunque en las sentencias citadas se analizó el hecho de la víctima como aquella conducta determinante que dio origen a la investigación penal, es importante precisar que ello no significa que se esté realizando un reproche de la actuación desde la óptica del tipo penal, sino que el análisis del accionar tiene su estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la perspectiva de la responsabilidad civil.

En efecto, la Sala en varias decisiones ha afirmado que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima(28).

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 se dijo(29):

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede (art. 63 del CC) se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. (Se destaca).

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(30), el que no solo se circunscribe a la conducta determinante que dio origen a la investigación penal —señalada en párrafos anteriores—, sino también a otras actuaciones de la víctima que dieron lugar a la imposición de la medida, como sería tales como que aquella en el proceso penal asumió una conducta dolosa o gravemente culposa que no permitió el avance de la investigación, tal sería el caso, verbi gratia, cuando el perjudicado da varias declaraciones bajo juramento, contradictorias entre sí ante la autoridad judicial, que conllevan a esta a mantener la medida de privación, o que sin estar privado de la libertad, la víctima no compareció al proceso lo que conllevó a que se dictara en su contra medida de aseguramiento a fin de garantizar la continuidad de la investigación penal(31).

Ahora bien, en el sub lite, respecto a la investigación seguida en contra del señor G.H.L., la Sala encuentra que el demandante realizó una serie de conductas que llevaron a que se diera inicio a la acción penal y, con independencia de que se haya declarado la prescripción, lo cierto es, desde el punto de civil, su actuación reúne los presupuestos para ser considerada, al menos, como una culpa grave.

En efecto, como ya fue señalado en precedencia, el artículo 63 del Código Civil señala que la culpa grave, es aquella negligencia grave que consiste en no manejar los negocios con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

En el sub lite, se tiene que el actor laboraba en el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que su cargo era el de Auxiliar Local y que no tenía entre sus funciones —al menos nominalmente— las de investigador.

De igual forma, de los hechos probados, se tiene que el 11 de marzo de 1997 el jefe inmediato del señor G.H.L. le había asignado la misión de escuchar unas conversaciones telefónicas, función que debía realizar en el mismo sitio en el que laboraba y sí requería retirarse de su puesto de trabajo, debía comunicarlo previamente a su superior, así como que también debía mantenerlo al tanto de toda la información que recolectaba.

En el caso bajo estudio, se tiene que ese 11 de marzo de 1997 el señor G.H.L. salió de su lugar de trabajo sin informárselo a su jefe inmediato (aspecto que el mismo demandante en la indagatoria admitió que fue un error), sino que también según su dicho se puso adelantar labores investigativas sin comunicárselo a su superior jerárquico.

Ahora bien, el que el señor H.L. llegara a la empresa XXXXXXXXX con una carpeta de documentos que el señor R.A. reconoció como los que le había hurtado meses atrás una ex empleada suya, hizo que se tuvieran todas las sospechas sobre la conducta del aquí demandante, más cuando aquel no dio una explicación satisfactoria de como obtuvo los documentos, ni por qué no se los llevó en forma inmediata a su superior cuando los tuvo en su poder.

En efecto, en la indagatoria el señor H.L. refirió que fue un informante “informal” el que se los suministró, que los documentos estaban en inglés y que por su cuenta decidió indagar sobre la procedencia de los mismos toda vez que el informante le indicó que D.S., ex empleada de XXXXXXXXX estaba involucrada en el negocio del narcotráfico.

Al respecto, es de señalar que el actor en el proceso penal nunca dijo el nombre del informante ni señaló que razones tenía para no revelarlo y, en todo caso, falto a su deber de informar sobre la conducta punible de la cual tuvo conocimiento.

Ciertamente, el Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, indicaba en sus artículos 25 y 26 que el deber de denunciar correspondía a todos los habitantes del territorio nacional y, que se exoneraba de ese deber según ciertas circunstancias, así:

“ART. 25.—Deber de Denunciar. Todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente.

“ART. 26.—Exoneracion del Deber de Dar Noticia del Hecho Punible. Nadie está obligado a dar noticia o a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar los hechos punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente secreto profesional. — Negrillas fuera de texto—.

En el caso bajo estudio, el señor G.H. estaba en la obligación de informar a su superior jerárquico sobre la supuesta comisión de los delitos realizados por D.S. y, no ponerse a investigar motu proprio de los mismos, cuando no tenía dicha facultad asignada, ni mucho menos una misión u orden de trabajo en dicho sentido.

Así mismo, no estaba exonerado de revelar el hecho punible pues no era un secreto profesional y, como el mismo lo reconoció en su indagatoria quería por sí mismo establecer la veracidad de los hechos.

La Sala observa las actuaciones gravemente culposas de la víctima al: i) llegar a la empresa XXXXXXXXX a indagar por una ex empleada, sin tener previamente una orden para ello —o por lo menos, que su actividad era de conocimiento por su superior jerárquico—, ii) tener en su poder documentos pertenecientes a la empresa XXXXXXXXX y no indicar en forma clara cómo los obtuvo, máxime cuando la víctima señalaba que le habían sido hurtados meses atrás y iii) no informar a las autoridades competentes (o por lo menos a su superior jerárquico) del hecho punible del que presuntamente tuvo conocimiento.

El que el señor H.L. acudiera a la empresa XXXXXXXXX, sin comunicárselo previamente a nadie, resulta gravemente descuidado, más cuando el señor R.A. estaba siendo víctima de un punible, algo que el demandante H. no cuestionó en el proceso penal, sino que se señala que eran posiblemente otros los funcionarios que lo extorsionaban y que la víctima creyó que también él sería uno de dichos funcionarios.

Aunado a lo anterior, se tiene que el demandante faltó a su deber de revelar en tiempo el hecho desconocido, pues inmediatamente a su captura debió informar y poner de presente que los funcionarios del Gaula querían “embalarlo” y, no meses después, denunciar dichos hechos, cuando la investigación se había adelantado en torno a su actuación.

De igual forma, no puede perderse de vista el que faltara a la verdad en sus declaraciones, hecho que el mismo demandante reconoció pero que justificó por un mal asesoramiento y temor. Ciertamente, en su primera indagatoria el demandante manifestó que era el extorsionado el que le ofreció indebidamente. Después dijo que eran los miembros del Gaula los que presionaron a la víctima para que lo denunciara, por supuestas rencillas con ese grupo. También sostuvo que no conocía al taxista que lo había llevado a la empresa XXXXXXXXX; sin embargo, luego de que sus compañeros de labores identificaran al conductor como un conocido suyo, reconoció que en efecto era un familiar lejano, para inmediatamente señalar que no lo había dicho antes porque su abogada así se lo aconsejó.

Finalmente, debe señalarse que los demandantes en el recurso de apelación manifestaron que la pérdida del expediente penal fue en manos de los jueces penales, que por ello existía un defectuoso funcionamiento en la administración de justicia por el cual se les debía indemnizar.

Frente a lo anterior, la Sala observa que en la demanda los actores fueron claros en señalar que sus pretensiones estaban encaminadas a los daños causados con la privación de la libertad del señor H.L. y, en ningún modo a los daños causados por la pérdida del expediente penal, por lo que en el recurso de apelación no se puede cambiar el petitum de la demanda.

En todo caso, lo cierto es que en el plenario se encuentra establecido que la pérdida del expediente ocurrió durante su remisión a la Corte Suprema de Justicia y, en ningún momento se probó que la empresa Adpostal haya informado del hecho a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Superior de Barranquilla, éste último quien tuvo conocimiento de la pérdida, cuando el demandante solicitó la prescripción de la acción penal.

Así mismo, se insiste que aunque la responsabilidad de la privación injusta de la libertad en principio objetiva, hay lugar a exonerar a la entidad cuando de por medio se demuestre que existió el hecho de la víctima, tal y como aconteció en el caso bajo estudio.

7. Costas Procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la Sentencia del 17 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Subsección de Descongestión que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en esta instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

4. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. M.F.G., Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

5. “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

6. Durante el curso del proceso, la apoderada de los demandantes informó que el señor G.H.L. había fallecido y como prueba allegó el registro civil de defunción de aquel, al respecto, es importante indicar que la muerte del demandante no termina el proceso (art. 69 del CPC ) y en caso de existir responsabilidad de las demandadas, la indemnización se realizara con cargo a la sucesión procesal de aquel en los términos del Art. 60 del Código de Procedimiento Penal-

7. Al proceso fue allegada una declaración extraprocesal suscrita por las señoras B.O.T y A.D.T.P. (fl. 58, cdno. ppal 1), en la que se refieren a la familia del señor G.H.L., el contenido de dicha declaración es ratificado en los testimonios que rindieron al interior del plenario y en el que expresan que la señora C.B.M.es la compañera permanente del señor G.H. y que A.R.P.B. es hijo de crianza de aquel.
La señora B.O.T señaló: “Yo conocí primero a G.H., hace muchos años, muy joven, después se unió en unión libre con la señora C.(sic). Ella tenía un niño que el señor G. lo cogió de muy pequeño, el niño se llama Antonio, se llama Einer y una niña que se llama Jennifer. Ellos vivieron en mi casa después de muchos años de conocernos. Él era el sustento de la señora C.y de los niñitos, vivían en mi casa arrendada, fueron puntuales en sus pagos. Después empezó a quedar mal, me enteré que era que estaba detenido y después tuvo la casa por cárcel” (fls. 144-145, cdno ppal 1).
La señora A.D.T.P. indicó: “Conozco al señor G. desde hace más de 20 años. Mi mamá lo conoce a él desde cuando estaba joven. También fueron a vivir a la casa en un apartamento que mi mamá arrienda. Convive con C.(sic) hace también más de 23 años, tienen 3 hijos. Supe que estuvo privado de la libertad, primero fue en la cárcel y después le dieron la casa por cárcel. Sé que C.(sic) depende económicamente de él y sus hijos también, Sé que pasaron por una situación difícil en ese entonces y después debido a que G. era el sustento de esa familia. Eso me consta porque vivieron en la casa durante todos esos años y porque mi mamá y yo fuimos una de las personas que nos tocó tenderle la mano en esa situación”.

8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 de mayo de 2001. Exp. 5668. M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles

9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

10. Así por ejemplo, la parte actora en el libelo solicitó se oficiara al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla para que remitiera al plenario “copia auténtica legible del expediente radicado bajo el 102, adelantado contra G.H.L.” (fl. 16, cdno. 1), mientras que la Fiscalía General de la Nación en sus distintas salidas procesales fundó sus alegaciones y argumentos en las piezas procesales del expediente penal.

11. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12. El tribunal de primera instancia como prueba de oficio ordenó se allegara copia íntegra del expediente penal. El que fue arrimado y trasladado en debida forma a las partes procesales.

13. Sobre el valor de las indagatorias, se puede mirar Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B del 30 de marzo de 2017, Exp. 38851. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

14. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran la Sentencia del 14 de julio de 2015 de la Sala Plena Contenciosa. Exp. 2014-00105(PI). M.P. Alberto Yepes Barreiro.

15. El señor H.E.M.H. en su testimonio agregó que no se había iniciado la misión pues él y O.G.D.se encontraban haciendo un curso de actualización (fls. 46-49, cdno. 3 anexo).

16. El testigo refirió que: “Los grupos de investigadores operamos consiguiendo información, esta información se le informa al Director para que él sepa y valore la información y nos comisioné para adelantar labores de inteligencia. Normalmente operamos en los grupos que estamos asignados según el rendimiento a disponibilidad del señor director quien va rotando el personal, con el nuevo director pertenecemos a la subdirección y el señor G. hacía parte del grupo nuestro, que conformamos H.M.,G., pero aclaró él hacía parte del grupo en cuanto a conseguir la información pero no tenía la misión de presentarse como nosotros si lo hacemos ante los funcionarios de las oficinas, porque nosotros si nos identificamos, pero G. no, pero el simplemente es para informarnos. Preguntado: Diga al despacho si la misión a que usted hace referencia le fue encargada, tiene algo que ver con XXXXX, D.S.C. o R.A.G. Contestó: Yo desconozco, porque yo hasta el momento no he recibido instrucciones, no nos han dicho nada, simplemente nos dieron una misión, la firmamos, pero teníamos que esperar instrucciones de parte del señor Director cuando íbamos empezar hacer esa misión. Preguntado: Diga al despacho si ustedes tenían alguna misión relacionada a un presunto embarque de drogas en XXXXX Contestó: La misma misión que nosotros firmamos decía que teníamos que adelantar una investigación en XXXXX, pero hasta que el señor Director no nos diga específicamente que debemos hacer y cuando debíamos empezar. Uno firma la misión pero uno no sabe específicamente que vamos hacer y a donde nos debíamos desplazar. Preguntado: Usted manifiesta que el Director es quien le debe dar las pautas para el trabajo, pero también manifestó que desde el cambio de Director está cargo de la subdirección, diga de quien recibe el grupo al cual pertenece órdenes Contestó: Nosotros recibimos ordenes de los dos, pero el que manda es el director y él es el que da las instrucciones, (…) Yo firmé una misión donde aparecía H.M. y el señor G., pero esa misión no decía que teníamos que hacer algunas vigilancias en el sector de XXX XXXXX, vuelvo y repito sin órdenes y sin instrucciones del señor Director no se puede empezar ninguna misión de trabajo (…) Yo firme esta misión pero no miré específicamente la labor que teníamos que hacer puesto que siempre que se va iniciar una misión de trabajo, se tiene que recibir las ordenes y las instrucciones de trabajo por parte del señor Director. El señor H. me comentó que la misión era de llevar unas investigaciones en algunos barcos de XXXXX, pero tenía que ser en Riohacha o Maicao o en alguna parte de la Costa Atlántica. (...) Preguntado: Puede algunos de los investigadores realizar motuo propio es decir por su propia iniciativa labores de inteligencia relacionadas a la misión de trabajo, es necesario siempre poner en conocimiento al señor Director de lo que se va a hacer Contestó: Si, es necesario siempre comunicarle al señor director de lo que se va a hacer, porque él es la cabeza mayor y debe saber dónde se encuentra cada uno de sus funcionarios y en que labor, y cuando no está el director, se le comunica al señor Subdirector de lo que se va a realizar o de lo que se va hacer. (…) Quiero agregar que no sé porque el señor G. se encontraba adelantando investigaciones, si él no tiene el cargo para investigar y nunca se le había asignado misión alguna, según el conocimiento que tengo hasta el momento”.

17. Concretamente, dijo el testigo: “Preguntado: Dígale al despacho si para el día y hora de la captura del señor G.H., usted como su jefe inmediato le había encomendado misión o no de trabajo en las instalaciones del CTI de la Fiscalía Contestó: Si, él en esos días estaba encargado del monitoreo de unas interceptaciones telefónicas ordenadas por un fiscal de la ciudad, su apoyo consistía en escuchar las llamadas que llegaran del abono interceptado y de acuerdo al número telefónico que arrojara el equipo de interceptación verificar la dirección que correspondiera a esa abonado. Preguntado: Explíquele al despacho si conforme su respuesta anterior, el sindicado G.H. se le había encomendado el monitoreo de unas interceptaciones telefónicas, entiende este fiscal que debía hacerlo en las oficinas del CTI, le era permisible a G.H. optar libremente por salir de la oficina del CTI en forma sola o aislada con la intención según él de recoger información acerca de unas investigaciones que le fueron encomendadas a los investigadores judiciales O.G. y H.M. Contestó: Como norma general el personal que sale de las instalaciones del CTI debe informar a su jefe inmediato su destino y el tipo de labor que va a realizar, para el caso específico de los hechos de esta investigación el señor G.H. no me comentó que iba a salir en aquella tarde y, tampoco me había informado anteriormente de las pesquisas que relacionaran a esa empresa donde fue capturado con las labores encomendadas (…) El desarrollo de la investigación mencionada no había sido concertada entre nosotros, es decir entre M., G.H. y yo, y al respecto no se había hecho ningún comentario ni apreciación de la información que se tenía, porque como dije en respuesta anterior quien coordina la investigación discute, evalúa conjuntamente con los funcionarios que la tienen a cargo las pesquisas que se van llevando a cabo en ejecución de las órdenes de trabajo impartidas. En el caso de XXXXX, no se había realizado para esa época la reunión de que habla el señor M. (…) Preguntado: Dígale al despacho concretamente si al momento de la captura de G.H., usted como su jefe inmediato le había ordenado salir a la calle en busca de investigación en algún caso asignado a él como empleado Contestó: El día y hora de los hechos, al señor H. se le habían dado instrucciones de estar pendientes del monitoreo de las interceptaciones telefónicas, las cuáles se realizan en el quinto piso del edificio XXXXX, nunca supe a qué horas salió de las instalaciones del CTI ni hacía donde (…) Preguntado: Diga al declarante si a cualquiera de las personas que laboran en el CTI y que realizan funciones de investigadores reciben por cualquier medio algún tipo de información, tienen la facultad de actuar por sí mismo, así ello sea informado posteriormente al Jefe Inmediato. Contestó: Cualquier empleado o funcionario de la Fiscalía General de la Nación que sepa de la comisión de un hecho presuntamente punible, no solamente puede, sino que debe informarle a su jefe o autoridad competente (…).

18. Secretaria de XXXXX y que reconoció al señor G.H. como la persona que había acudido en el mes de diciembre a la empresa, justo antes de que la misma cambiara de domicilio (testimonio fls. 155-158, cdno. 3 anexo y fls. 155-158, cdno. 8 anexo).

19. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

20. Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

21. Al respecto se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 44403, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

22. Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15463. M.P M.F.G..

24. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. 23513. M.P M.F.G.

25. Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

26. Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: H.A.C.C. y otros.

27. Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

28. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

30. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 2 de mayo de 2007; Exp.15.463, C.P. M.F.G.; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero.

31. En Sentencia del 26 de febrero de 2014, esta Corporación negó las pretensiones de una demanda por privación injusta de la libertad, al encontrar que la víctima, coadyuvada por un tercero, había faltado a la verdad, lo que permitió la prolongación de la medida preventiva de privación de la libertad en su contra. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 29541. M.P. Enrique Gil Botero.