Sentencia 2009-00055 de mayo 31 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 200012331000200900055-02

Número Interno 0095-12

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Carlos Augusto Yaguna Núñez

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

Consiste en determinar si el señor Carlos Augusto Yaguna Núñez tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último semestre de servicios, en aplicación del régimen especial consagrado para los empleados de la Contraloría General de la República.

Para lo anterior, es preciso determinar la legalidad de la Resolución LMAC 41139 de 17 de agosto de 2006, suscrita por la asesora de la gerencia general (E) grupo servidores públicos de la Caja Nacional de Previsión Social.

Hechos probados

De acuerdo con la cédula de ciudadanía visible a folio 2, se evidencia que el señor Carlos Augusto Yaguna Núñez nació el 9 de diciembre de 1949.

A folio 12, reposa constancia de tiempo de servicio expedida por la directora de gestión de talento humano de la Contraloría General de la República, que certificó, entre otros, que el demandante ingresó a esta entidad el 31 de julio de 1992. Así mismo indicó, que mediante Resolución 1686 de 15 de noviembre de 2007, se le aceptó la renuncia al actor.

El 19 de diciembre de 2007, la directora de gestión de talento humano de la Contraloría General de la República, certificó que (fl. 11):

“Certificados de sueldos y factores salarialesPara trámite de:Pensión 
Que: Yaguna Núñez Carlos AugustoC.C. Nº 8’310.623Desempeña (ó) el cargo de:Profesional universitario Grado 02
Durante el periodo comprendido entre: junio 3 / a diciembre 2 / 2007Devengó los siguientes factores salariales:

AñoMesDías lab.Sueldo(...)Prima
técnica
Bonifica.
servicio
Bonific.
especial
(...)Prima
vacaciones
Prima
servicios
Prima
navidad
Otros
20070628$ 1.997.931 $ 399.586(A)(B)  $ 2.640.464  
20070730$ 2.140.640 $ 627.921$ 1.048.914$ 9.913.032  (D)  
20070830$ 2.140.640 $ 856.256       
20070930$ 2.140.640 $ 856.256       
20071030$ 2.140.640 $ 856.256       
20071130$ 2.140.640 $ 856.256   (C) (E)(F)
2007122$ 142.709 $ 57.084   $ 4.818.835$ 1.629.330$ 4.154.333$ 7.159.412
Totales 180$ 12.843.840 $ 4.509.615$ 1.048.914* $ 9.913.032 $ 4.818.835$ 4.269.794$ 4.154.333$ 7.159.412

* Nota: Se evidencia que en este valor se encuentran varias bonificaciones especiales o quinquenios causados, por lo tanto, la entidad al momento de realizar la reliquidación, deberá tener en cuenta solamente el último quinquenio, de conformidad con los parámetros que se enunciarán más adelante.
Observaciones:A) De julio 31 de 2006 a julio 30 de 2007
B) De julio 31 de 2006 a julio 30 de 2007
C) De julio 31 de 2005 a noviembre 30 de 2007
D) De junio 16 de 2006 a noviembre 15 de 2007
E) De enero 1º a noviembre 30 de 2007
F) Compensación vacaciones en dinero
- La prima técnica, la bonificación por servicio y la bonificación especial, constituyen factores salariales.
- Durante su vinculación a la entidad hizo los aportes para pensión a la Caja Nacional de Previsión.

 

Por medio de la Resolución LMAC 41139 de 17 de agosto de 2006, la asesora de la gerencia general de la Caja Nacional de Previsión Social, resolvió reconocer en favor del actor, una pensión mensual vitalicia por vejez, equivalente a $ 1.601.993,96 y efectiva a partir del 1º de mayo de 2005. Dicho reconocimiento se fundó, entre otras, en las siguientes consideraciones (fls. 4-9):

“Que el señor Carlos Augusto Yaguna Núñez identificado con la cédula de ciudadanía 8310623 de Medellín, solicita a esta entidad el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia por vejez, en los términos del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 radicada bajo el Nº 20597 de fecha 9 de junio de 2005.

(...).

Que no es procedente reconocer pensión de vejez en los términos del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 en razón a lo siguiente:

Que los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 establecen:

ART. 33.—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1º Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2º Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.

(...).

Que el peticionario no cumple con el requisito de 60 años para acceder a la pensión de vejez de conformidad con el artículo 33 y 34 de la Ley 100 de 1993.

Que el peticionario cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que laboró un total de: 9.804 días, 1.400 semanas.

Que nació el 9 de diciembre de 1949 y cuenta con más de 55 años de edad.

Que el último cargo desempeñado por el peticionado fue de profesional universitario G-10.

Que adquirió el status jurídico el 9 de diciembre de 2004.

(...)”.

El 4 de octubre de 2006, el actor presenta recurso de reposición contra la Resolución LMAC 41139 de 17 de agosto de 2006, solicitando la reliquidación de la pensión de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 y, que se tenga en cuenta que por haber laborado 1.400 semanas el porcentaje de liquidación debe ser del 85 % y no del 75 % (fls. 86 y 87).

El 30 de noviembre de 2011, se adelantó la audiencia pública de conciliación en la que no se pudo consolidar ningún acuerdo, porque la accionada manifestó: “Que el comité de conciliación de Cajanal ha determinado en el caso de la referencia que no es viable la conciliación”, razón por la cual, declaró fallida la diligencia y dio por terminado el trámite conciliatorio (fl. 374).

De conformidad con el anterior acervo probatorio, procede la Sala a desatar la controversia teniendo en cuenta i) El régimen de transición previsto por en [sic] Ley 100 de 1993; ii) El régimen especial aplicable a los funcionarios de la Contraloría General de la República; iii) La liquidación pensional; y, iv) De los aportes y descuentos.

i) Régimen de transición.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

La referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:

“ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

(...)”.

Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general pensional del sector público estaba consagrado en la Ley 33 de 1985, la cual en su artículo 1º, inciso segundo, dispuso que la misma no se aplicaría a los empleados oficiales que desarrollan actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni a aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

ii) Régimen especial.

De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones, el señor Carlos Augusto Yaguna Núñez contaba con 45 años de edad, encontrándose dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, se observa que el demandante se encuentra dentro de la excepción consagrada en el segundo inciso del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, cuyo tenor literal establece que dicho régimen general no se extiende a los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.

Por consiguiente, y conforme al material probatorio que obra en el expediente, ha de precisarse, que por haber prestado los servicios el actor por más de diez años a la Contraloría General de la República, dentro del lapso comprendido entre el 31 de julio de 1992 y el 30 de noviembre de 2007, lo gobierna el régimen especial contenido en el Decreto 929 de 1976 y no las leyes 33 y 62 de 1985, como lo expresó la entidad demandada.

En efecto, el Decreto 929 de 1976, “Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares”, preceptuó:

“ART. 1º—Los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente decreto.

(...).

ART. 7º—Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados durante el último semestre”.

En ese orden de ideas, se reitera, que en virtud a que el demandante prestó sus servicios durante más de 10 años en la Contraloría General de la República, su situación pensional se debe regir por los mandatos del Decreto 929 de 1976.

De otro lado, los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación por la entidad accionada, se limitaron a exponer el desacuerdo frente a que no se debe promediar sobre lo devengado en los últimos seis meses, y que los factores salariales corresponden a anualidades, y que se deben dividir en doceavas, de lo contrario no habría la proporcionalidad debida, al respecto, en reiteradas ocasiones, esta corporación ha señalado que cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad especial en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así se solicitó en la demanda(2).

En efecto, como las situaciones fácticas que rodearon al actor se encuentran amparadas en el Decreto 929 de 1976, por ser más conveniente, no es posible tomar los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación, porque al principio de favorabilidad le secunda el de inescindibilidad de las leyes, en virtud del cual, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables(3).

iii) De la liquidación pensional.

Ahora bien, el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, dispuso:

“En cuanto no se opongan al texto y finalidad del presente decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican y adicionan, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República”.

En relación con este reenvío, es clara la coincidencia existente entre el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 en cuanto a los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión, al igual que en lo concerniente al porcentaje (75 %) de esta prestación. La diferencia que media entre estos dos preceptos se reduce al período que circunscribe los salarios devengados que habrán de servir de base para el cálculo de la pensión, pues mientras el artículo 27 remite al último año de servicio, el artículo 7º sólo alude al último semestre de servicio.

En lo relativo a la base de liquidación de la pensión de jubilación las dos disposiciones mencionadas se asientan sobre el promedio de los salarios devengados por el servidor público. Como la norma no distingue, preciso es reconocer que sin discriminación alguna hará parte integral de la base de liquidación todos los factores salariales devengados en los términos ya previstos. Empero, sería impropio desconocer la distinción que en materia prestacional hace el artículo 9º del Decreto 929 de 1976, que a la letra dice:

“Para liquidar las pensiones de que trata este decreto y las demás prestaciones establecidas o reconocidas por el presente decreto, no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses o mayor”.

El citado decreto no indicó qué factores se deben tener en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión, salvo la exclusión ya anotada en materia de viáticos, al paso que el Decreto 720 de 1978, a través de su artículo 40, sólo estableció la regla general para determinar los factores salariales de los empleados del ente fiscalizador, enlistándolos así:

“ART. 40.—De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.

b) La bonificación por servicios prestados.

c) La prima técnica.

d) La prima de servicio anual.

e) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicios”.

Conforme con la norma en cita, constituyen factor de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, por lo tanto, se debe acudir a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, disposición posterior, de carácter general, que determina los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación, por no haber regulación expresa en el régimen especial, con el siguiente tenor:

“De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.

Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;

m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968”.

Esta norma general debe aplicarse porque el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, que establece el régimen de prestaciones sociales para los empleados de la Contraloría General de la República, expresamente dispone que en cuanto no se opongan al texto y finalidad de ese estatuto deben aplicarse a los empleados de la entidad el Decreto 3135 de 1968 y las disposiciones que lo modifican y adicionan.

Ahora bien, como la especialidad del régimen pensional de estos empleados se dirige a dotarlos de condiciones más favorables no puede negárseles un derecho que se le reconoce a la generalidad de los empleados aduciendo su falta de consagración en los preceptos especiales.

En relación con los factores a tener en cuenta esta Sección en sentencia de 19 de junio de 2008, Expediente 1228-07, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, expresó:

“... Para la Sala, la anterior relación de factores no pueden ser entendidos de manera taxativa y excluyente de los factores consagrados en el referido artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por dos razones: la primera, por cuanto fue el propio Decreto 929 de 1976 en su artículo 17 que remitió a sus factores; remisión que adhirió al régimen especial de la Contraloría, en cuanto a factores salariales se refiere, al régimen general de los empleados públicos. Y la segunda, porque la filosofía del artículo 40 del Decreto 720 de 1978 consistió en enunciar algunos factores salariales, toda vez que de su texto se desprende la existencia de otros posibles al decir que ‘Además [...] constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

En resumen, la Sala precisa que para efectos de determinar la base de liquidación pensional de los empleados de la Contraloría General de la República debe acudirse a los factores salariales previstos en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y el 40 del Decreto 720 del mismo año, sin perjuicio de todos aquéllos que de manera habitual y periódica recibe el empleado como contraprestación por sus servicios...”.

En esta oportunidad, la Sala acoge la anterior posición con el fin de determinar los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión del actor.

Entre tanto, de acuerdo con la certificación expedida por la dirección de gestión del talento humano de la Contraloría General de la República, en el semestre de servicios, comprendido entre el 3 de junio al 2 de diciembre de 2007, el actor devengó los siguientes conceptos: sueldo, prima técnica, bonificación por servicios, bonificación especial, indemnización de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.

Cajanal por su parte, mediante la Resolución LMAC 41139 de 17 de agosto de 2006, determinó la cuantía de la pensión de jubilación “con base en el 75 % del promedio de lo devengado sobre el salario de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y Sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 1º de mayo de 1995 y el 30 de abril de 2005”.

En consecuencia, el actor tiene derecho a que se le reliquide su pensión de jubilación en cuantía del 75 %, teniendo en cuenta los factores percibidos durante los últimos 6 meses de servicio, esto es, entre, el 3 de junio al 2 de diciembre de 2007 incluyendo: el sueldo, la prima técnica, la bonificación por servicios, la bonificación especial, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad, conforme se demuestra en la certificación obrante a folio 11.

Al respecto, así se pronunció esta Sala(4) al indicar qué factores se debían incluir al momento de liquidar la pensión:

“Del anterior recuento normativo se concluye, sin lugar a dudas, que los rubros certificados por la entidad (fl. 16) deben ser considerados como factor para el cómputo de la pensión de el actor, con excepción de las vacaciones, por cuanto ya están incluidas dentro de la asignación, por corresponder al mismo pago salarial; la diferencia está en que el servidor hace uso de ellas y sigue devengando el salario, por eso se llama descanso remunerado.

Deben sí pagarse estos rubros en forma proporcional, pues dado que su pago está previsto por anualidades causadas, para determinar la mesada pensional se calculan las doceavas partes de todos aquellos factores devengados y se adicionan a la asignación; luego, si para el caso de la Contraloría se liquida por el promedio de lo devengado en los 6 últimos meses, quiere decir que ya no puede hablarse de doceavas, sino de sextas partes, que corresponden a montos superiores, pues se trata de un régimen más favorable que el general”.

Es preciso indicar, tal y como se enunció en la sentencia anteriormente citada y como lo expresó el a quo, que no es posible incluir la indemnización de vacaciones, toda vez que astas no son salario ni prestación, sino que corresponden a un descanso remunerado para el trabajador, por lo cual, pueden ser computarlas [sic] para fines pensionales. En efecto, esta corporación ha precisado que la compensación monetaria, que se otorga al trabajador cuando no disfruta de sus vacaciones, no puede servir de base salarial para liquidar la pensión de jubilación.

Ahora bien, en lo concerniente a la bonificación especial o quinquenio, esta Sección, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2011(5), con ponencia del suscrito, unificó los parámetros en torno a su liquidación, para lo cual realizó exhaustivos debates apoyándose en antecedentes históricos, normativos jurisprudenciales, arribando a las siguientes conclusiones:

“Así las cosas, si bien es cierto se debe tomar en cuenta la última bonificación especial en su totalidad para reliquidar la pensión, ello no es óbice para que esta se fraccione en sextas partes, tal y como lo estableció el mismo Decreto 929 de 1976.

En otras palabras, independientemente de que el ‘quinquenio’ se haya adquirido como una contraprestación por haber cumplido 5 años de servicio, y este a su vez haya servido como factor a tener en cuenta al momento de ajustar la pensión, no hay norma que indique que aquello que se recibió de manera integral, no pueda ser fraccionado para efectos de liquidar la pensión, más aun si se tiene en cuenta, que al ser un factor salarial, tal y como fue considerado por esta corporación anteriormente(6), es susceptible de ser dividido conforme lo estableció el artículo 7º ibídem.

Ahora, es pertinente precisar, que no se puede tomar más de una bonificación especial o quinquenio, al momento de liquidar la pensión, pues si bien pueden ser dejados de cancelar y acumularse en el tiempo para efectuar un pago único, ello no quiere decir que se tome en su totalidad para que pueda ser computado en la pensión de el actor; pues en el presente caso, se evidencia que a la señora Pretel Mendoza le fue cancelado más de un quinquenio, basta cotejar el último salario devengado con la suma que le fue cancelada por este concepto, para arribar a dicha conclusión.

Por consiguiente, por este concepto sólo es dable incluir el último quinquenio, causado y pagado dentro de los últimos 6 meses anteriores al retiro del servicio, periodo este que es el que tiene incidencia en el monto de la pensión, o, dicho de otro modo, no se podría incluir por este tópico pagos que se hagan en dicho lapso pero que no correspondan al último quinquenio causado. Esta suma, a su turno, deberá ser calculado del valor certificado por dicho factor salarial en el último quinquenio, dividido en sextas parles”.

Visto lo anterior se puede concluir, que la bonificación especial será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado(7), el recibido por los últimos 5 años, dividirlo por 6, para que de esta manera, arroje el resultado de uno de los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión.

v) De los aportes y descuentos.

En casos similares al presente, se ha indicado que procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Esta tesis ha sido sostenida en otras oportunidades por esta corporación indicando que la referida omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional(8).

En consideración a lo expuesto, el proveído impugnado, que accedió a las súplicas de la demanda, amerita ser confirmado parcialmente, teniendo en cuenta que:

La pensión de jubilación del demandante deberá reliquidarse en cuantía del 75 % de los factores devengados durante los últimos seis meses de servicio, es decir, entre el 3 de junio y el 2 de diciembre de 2007.

Los factores a incluir son: sueldo, prima técnica, bonificación por servicios, bonificación especial, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, teniendo en cuenta que deben causarse en sus sextas partes.

Respecto de la citada bonificación especial o quinquenio, se reitera, será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado (es decir sin ser acumulados), y luego dividirlo por 6.

Finalmente, a la afirmación de la entidad accionada respecto a que en la sentencia apelada no se tuvo en cuenta las normas aplicables al caso, de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, no es de recibo la apreciación, toda vez que se advierte que el a quo, en el análisis expuesto en la parte motiva de la providencia, se ciñó a los términos de la demanda, cuya argumentación fue planteada de acuerdo a la normativa aplicable a la situación concreta, a efecto de determinar la decisión expedida.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las súplicas de la demanda, incoada por Carlos Augusto Yaguna Núñez en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.

MODIFÍCASE el proveído impugnado en el sentido de indicar que la bonificación especial será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado, y dividirlo por 6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Al respecto ver la sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda de esta corporación, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Radicación 17001-23-31-000-1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruíz Restrepo, Demandado: Universidad Nacional de Colombia.

(3) Al respecto, ver la sentencia de 8 de mayo de 2008, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicación 760012331000200304045 01 (1371-07), Actora: Maricela López Villabuena, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional:

(4) Consejo de Estado, sentencia de 11 de marzo de 2010, Expediente 25000232500020060119501 (0091-09), Actora: Aura Ligia Morales Granados, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 250002325000201000031 01 (0899-2011), Actora: Sara Paulina Pretel Mendoza.

(6) Consejo de Estado, sentencia de 11 de marzo de 2010, Expediente 25000232500020060119501 (0091-09), Actora: Aura Ligia Morales Granados, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(7) Ello quiere decir, que no es el acumulado señalado en la certificación, sino el correspondiente a los últimos 5 años.

(8) Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: (i) Subsección B, de 10 de junio de 2010, Radicado Interno 0528-2009, con ponencia de quien ahora lo hace en el presente asunto; y, (ii) de 4 de agosto de 2010, Radicado Interno 0112-2009, con ponencia de quien ahora lo hace en el presente asunto.