Sentencia 2009-00056/42669 de agosto 30 de 2007

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00056-01 (42669)

Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon

Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Rama Judicial

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2. la oportunidad de la acción; 3. la legitimación en la causa; 4. la responsabilidad del Estado por error judicial; 5. caso concreto: 5.1. cuestión previa: valor probatorio de la copia simple en que fue aportada la decisión acusada de error; 5.2. el análisis de la responsabilidad de la demandada: a) del acervo probatorio; b. el daño – inexistencia porque Fonprecon no demostró el pago de las mesadas que pretendió recuperar con el cobro coactivo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 6. decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto5.

2. La oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa en las cuales se invoca como título de imputación el error judicial, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia contentiva de error queda ejecutoriada6, como de tiempo atrás lo ha señalado esta Sección7.

La sentencia contentiva del supuesto error jurisdiccional data del 4 de junio de 20078, por medio de la cual el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá revocó la decisión del 1º de diciembre de 2005 de Fonprecon que había ordenado seguir adelante con la ejecución, dentro de un proceso de jurisdicción coactiva adelantado contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Dicha providencia quedó ejecutoriada el 19 de junio de 2007, según constancia secretarial expedida por el secretario del mencionado Juzgado9 y se observa que la demanda fue interpuesta el 22 de octubre de 2008, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual la acción de reparación directa fue incoada de forma oportuna.

3. La legitimación en la causa.

La entidad demandante se encuentra legitimada para actuar, dado que sería la directa afectada por la decisión acusada de error, en la cual se puso fin al proceso de cobro coactivo que adelantaba y se le condenó a pagar costas y perjuicios a la ejecutada, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Igualmente, la Nación-Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que es la entidad vinculada a la causa petendi10 y se encuentra debidamente representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con los artículos 99 numeral 8 de la Ley 270 de 1996 y 49 de la Ley 446 de 1998.

4. La responsabilidad del Estado por error judicial.

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador consagró tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial; i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En cuanto a los elementos constitutivos del error jurisdiccional, estos se encuentran descritos en el artículo 67 precitado a saber: i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y; ii) la providencia contentiva de error debe estar en firme.

Respecto de dichos elementos ya esta corporación ha precisado que, frente al primero, el interesado debió agotar los recursos de ley, estos son los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio se ocasione por su propia negligencia y no por el error judicial. Igualmente, tales recursos deben corresponder a los mecanismos idóneos respecto de la decisión cuestionada, es decir “aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios”11.

En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”12.

Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”13.

5. Caso concreto.

5.1. Cuestión previa: valor probatorio de la copia simple en que fue aportada la decisión acusada de error.

Sobre el particular, en la sentencia del 28 de agosto de 2013, la Sala Plena de esta Sección unificó el criterio jurisprudencial respecto del valor probatorio de las copias simples; se precisó que serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes.

En la misma se valoraron documentos aportados en copia simple en los siguientes términos:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P. arts. 228 y 229).

“(…).

“Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.

“Por consiguiente, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple contentivos de las actuaciones penales surtidas en el proceso adelantado contra Rubén Darío Silva Álzate”14.

Dicha providencia, que se fundamentó en los principios de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de acceso efectivo a la administración de justicia, precisó que el criterio unificado se aplicaba a todos los procesos contenciosos administrativos “salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”15.

En el caso que se examina, se entiende que la providencia acusada de error, del 4 de junio de 2007, fue allegada en copia simple dado que contiene un sello donde se lee “es fiel copia, secretaría general”, sin que pueda advertirse que fue una copia autorizada por el secretario del Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, al parecer, se trata de una copia expedida por la misma entidad demandante.

No obstante lo anterior, dicho documento allegado por la parte actora no fue tachado de falso por la contraparte, por tanto, será valorado por la Sala para proferir la decisión de fondo, por dos razones, la primera de ellas, es que el hecho de que la accionada lo mencionara en la contestación de la demanda no equivale a que el documento hubiera sido tachado de falso.

La segunda, es que si bien la sentencia de unificación sobre el valor probatorio de las copias simples estableció unas sub reglas, esto es, eventos en los cuales la copia simple no basta, como es el caso de los procesos ejecutivos, en los cuales es indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo (original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, entre otros) el sub lite no se trata de un proceso ejecutivo, sino de un contencioso de reparación directa por un supuesto error judicial, de manera que la Sala no encuentra obstáculo para la valoración de la copia en la cual fue aportada la sentencia del 4 de junio de 2007, acusada de error.

5.2. El análisis de la responsabilidad de la demandada:

a) Del acervo probatorio.

Como pruebas de los hechos, al plenario se allegaron válidamente las siguientes:

— Copia de la cuenta de cobro de cuotas partes pensionales del 24 de julio de 2004, presentada por Fonprecon a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá16.

— Copia de guía de envío por correo, del 4 de agosto de 2004, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de la mencionada cuenta de cobro17.

— Copia de la Resolución 953 del 27 de octubre de 1998, por la cual Fonprecon reconoció al señor Juan José Medina Berrío una pensión mensual vitalicia de jubilación18.

— Copia del oficio sin fecha, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, según el cual, en oficio anterior se informó a Fonprecon que dicha empresa aceptaba la cuota parte asignada para el pago de la pensión del señor Juan José Medina Berrío19.

— Copia de la resolución sin fecha, por la cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a efectos de cobrar su cuota parte respecto de la pensión del señor Juan José Medina Berrío20.

— Copia del certificado del 28 de febrero de 2005, suscrito por la Tesorera de Fonprecon, según el cual el señor Juan José Medina Berrío se encuentra afiliado a Fonprecon como pensionado e ingresó a nómina desde el 1º de noviembre de 1998, documento re-expedido el 15 de febrero de 200821.

— Copia del escrito del 20 de mayo de 2005, por el cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presentó excepciones contra el mandamiento de pago de cobro coactivo22.

— Documento de reliquidación de la mesada pensional del señor Juan José Medina Berrío por concepto de viáticos23.

— Copia de la Resolución 1333 del 14 de septiembre de 2005, por medio de la cual se modificó el valor de la mesada pensional del señor Juan José Medina Berrío24.

— Copia de la decisión del 1º de diciembre de 2005, por la cual la funcionaria ejecutora de jurisdicción coactiva de Fonprecon ordenó seguir adelante con la ejecución25.

— Copia del recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la decisión del 1º de diciembre de 200526.

— Copia de la sentencia del 4 de junio de 2007, por la cual el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá revocó la decisión del 1º de diciembre de 2005 y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de exigibilidad del título base de la acción de cobro coactivo, ordenó el desembargo de los bienes perseguidos y condenó en costas a la ejecutante Fonprecon27.

— Copia de la Resolución 495 del 9 de mayo de 2008, por la cual Fonprecon acató la sentencia del 4 de junio de 2007 y ordenó el pago de $17’498.791,11 a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por concepto de perjuicios causados con el proceso de cobro coactivo28.

— Copia del comprobante de pago emanado de Fonprecon, por valor de $17’498.791,11, fechado el 30 de mayo de 2008, en favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá29.

b) El daño – inexistencia porque Fonprecon no demostró el pago de las mesadas que pretendió recuperar con el cobro coactivo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La demandante hace consistir el daño causado con el supuesto error jurisdiccional cometido en la providencia del 4 de junio de 2007, en que en ella el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá dio por terminado el proceso de cobro coactivo que adelantaba la accionante contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por concepto del pago concurrente de una pensión de jubilación, la condenó en costas y perjuicios y, además, perdió la ocasión de obtener los recursos erogados por los cuales inició la ejecución.

Se demostró en el plenario que, dentro de dicho proceso, ese Juzgado profirió en segunda instancia la sentencia del 4 de junio de 200730, en estudio del recurso de apelación interpuesto por la ejecutada contra la decisión del 1º de diciembre de 2005, dictada por la Funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva de Fonprecon, que había ordenado seguir adelante con la ejecución.

En la providencia acusada de error, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá declaró probada la excepción de falta de exigibilidad del título base de la acción de cobro coactivo iniciada por Fonprecon, ordenó el desembargo de los bienes perseguidos y condenó a la ejecutante a pagar las costas y perjuicios que la ejecutada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hubiera sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso.

De ahí que para la demandante Fonprecon se frustró la posibilidad de seguir adelante con el cobro de unas cuotas partes pensionales respecto de una prestación social que reconoció en concurrencia con otra entidad obligada a su pago y, además, fue condenada en costas y perjuicios.

Dicho cobro tendría como fundamento las cuotas partes pensionales que la demandante habría pagado al señor Juan José Medina Berrío, las cuales se encontraban a cargo de la ejecutada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Sin embargo, la entidad demandante sustenta el presunto detrimento económico por concepto de dichas erogaciones en las certificaciones expedidas por tesorería de Fonprecon, las cuales solo dan constancia de que el pensionado se encuentra afiliado a Fonprecon y que ingresó a nómina de esa entidad desde el 1º de noviembre de 1998, no obstante, brilla por su ausencia la prueba de que la suma por la cual se libró el mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo, efectivamente, fue consignada al beneficiario de la pensión.

Sobre el particular, el mandamiento de pago que libró la entonces ejecutante Fonprecon relacionó los documentos que conformaban el título ejecutivo de la acción de cobro coactivo y señaló entre ellos “certificación de Tesorería del Fondo en la que consta que este ha cancelado al pensionado las mesadas correspondientes a cada uno de los períodos cobrados al ejecutado”, pero como se observa de las allegadas al plenario, estas solo advierten de la afiliación del pensionado y de su ingreso a nómina, incluso del valor de la mesada al año 2005, pero no expresan la suma de $106’878.493,20 por la cual se libró la cuenta de cobro y el mandamiento de pago en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Así mismo, tampoco se arrimó al expediente un comprobante del pago efectivo de dichas mesadas por parte de Fonprecon en el monto antes mencionado, que verifique tal erogación, del cual se advierta que Fonprecon asumió la cuota parte que le correspondía a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

A este mismo aspecto se refirió la decisión del 1º de diciembre de 2005, por la cual Fonprecon ordenó seguir adelante con la ejecución, cuando señaló que “…las obligaciones derivadas de las cuotas partes pensionales se hacen exigibles desde la presentación de la cuenta de cobro acompañada de la comprobación de haber efectuado los pagos”, no obstante, consideró que se habían reunido todos los instrumentos exigidos para conformar el título ejecutivo, incluida la aludida certificación que no constituye constancia de la erogación que supuestamente hizo Fonprecon al pensionado Juan José Medina Berrío.

De hecho, en la sentencia del 4 de junio de 2007, proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, acusada de error, ese despacho advirtió dicha falencia respecto del título ejecutivo y, por ello, entre otras razones, declaró probada la excepción de falta de exigibilidad del mismo, pues señaló que “no reposa en el expediente ningún documento proferido por Fonprecon que pruebe que dicha entidad efectuó los pagos de la liquidación al beneficiario de la pensión. De ahí que, la EAAB nuevamente insista en que dichos comprobantes fueron requeridos con el oficio S-2004-105450 del 12 de octubre de 2004 que obra a folios 89 y 90 del expediente y que a la fecha manifiesta no han sido allegados”.

Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto, es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas y determinado o determinable”31.

Así, “la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”32.

Lo anterior por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte demandante probar los supuestos de hecho sobre los que fundamenta su pretensión de reparación, para lo cual, esta debe demostrar la existencia del daño y su carácter de antijurídico.

De ahí que para el análisis del daño en casos como el que se examina, no basta simplemente con que se hubiera producido una decisión adversa a la parte demandante, pues esta, per se, no se constituye en daño antijurídico, sino, eventualmente, en el origen del mismo, pero, se itera, se hace necesario revisar la existencia de este primer elemento —el daño—, el cual es distinto de dicha decisión.

Colíjase de todo lo anterior, que la parte demandante no probó en el sub judice cuáles fueron los pagos que efectuó al beneficiario de la prestación social y que pretendió cobrar por vía coactiva a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los que se traducirían en el daño antijurídico por la pérdida de dichos rubros, pues la tan aludida prueba, consistente en la certificación de Tesorería de Fonprecon, no demuestra que, efectivamente, la entidad accionante erogó las sumas totales por concepto de las mesadas que debía pagar al pensionado y que ascienden a la suma por la cual libró mandamiento ejecutivo de cobro coactivo.

Tal como lo expone la misma providencia reprochada y como se puede observar en el plenario, la demandante no cumplió la carga de allegar dicha evidencia, esencial para la prueba del elemento medular de la responsabilidad que se endilga a la demandada.

De ello se desprende que tampoco pueda tomarse por antijurídico que la demandante debiera pagar la suma liquidada a título de perjuicios en favor de la entonces ejecutada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia reprochada del 4 de junio de 2007, pues se trató de una consecuencia necesaria de que la ejecución no hubiera seguido adelante, ante lo que consideró el operador judicial como una falta de exigibilidad del título ejecutivo, entre otras razones, por la no demostración del pago total de la mesadas cuyo recobro pretendía Fonprecon.

Por tanto, considera la Sala que no le asiste razón a la apelante cuando señala que el Tribunal a quo omitió el análisis de las certificaciones de pago de las mesadas pensionales expedidas por la Tesorería de Fonprecon, con las cuales según la demandante sí se demostró la erogación que hizo, pues como se constató, los documentos allegados al plenario en modo alguno permiten advertir o siquiera calcular cuál fue la suma pagada por Fonprecon al beneficiario, que correspondería al supuesto detrimento patrimonial que sufrió.

En virtud de todo lo expuesto, considera la Sala que el daño alegado en el presente caso no tiene la connotación de certeza requerida para analizar la existencia de un error en la providencia acusada del mismo y, posteriormente, realizar un juicio de imputación a la demandada.

Como consecuencia, se confirmará el fallo apelado.

6. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 14 de septiembre de 2011.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de marzo de 2014, expediente 25000232600020010138801 (28.442), C.P. Hernán Andrade Rincón.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 1997, expediente 13.258, C.P. Ricardo Hoyos Duque, criterio reiterado por esta Subsección en sentencia de 20 de mayo de 2013. Expediente: 27.229: “Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, ésta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del art. 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa”.

8 Folios 239 a 246 cdno. 2.

9 Folio 248 cdno. 2.

10 La Sala debe, con el ánimo de dotar de claridad el tópico, reiterar que la legitimación en la causa se observa desde dos puntos de vista, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación, así: i) de hecho, que se entiende como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado, es decir, corresponde a la relación jurídica que surge de la atribución de una conducta en la demanda, vale decirse, alude a la vinculación procesal y ii) material, que apunta a la participación real en los hechos de la persona (natural o jurídica). Esta última, comprende un análisis de imputación que solo puede despejarse al finalizar el examen del caso (sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2003, exp. (13545), C.P. Germán Rodríguez Villamizar).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, expediente 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014, exp. 050012331000199600722 01(31364), C.P. Enrique Gil Botero.

16 Folios 1 a 4 cdno. 2.

17 Folio 5 cdno. 2.

18 Folios 6 a 12 cdno. 2.

19 Folio 15 cdno. 2.

20 Folios 24 y 25 cdno. 2.

21 Folios 61 y 371 cdno. 2.

22 Folios 63 a 70 cdno. 2.

23 Folio 145 cdno. 2.

24 Folios 147 a 149 cdno. 2.

25 Folios 151 a 172 cdno. 2.

26 Folios 177 a 193 cdno. 2.

27 Folios 249 a 263 cdno. 2.

28 Folios 411 a 416 cdno. 2.

29 Folios 430 a 434 cdno. 2.

30 Folios 239 a 246 cdno. 2.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 250002326000 2001 02469 01 (32.570), C.P. Hernán Andrade Rincón.

32 Ibídem.