Sentencia 2009-00060/48838 de abril 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 68001233100020090006001(48838)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio G.

Actor: C. H. C.

Demandado: Nación- Rama Judicial - Ministerio de Justicia

Proceso: Reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C., cuatro de abril de dos mil dieciocho.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(3)”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes C. H. C., sujeto privado injustamente de la libertad y su núcleo familiar conformado por V. E. A. S. (esposa) y A. V. C. A. (hija)(4), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - rama judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de Juzgados Penales a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

Por último, en lo que respecta al Ministerio de Justicia como miembro del extremo pasivo de la relación procesal, debe preverse que, como quiera que el centro de imputación contra quien se dirige la demanda es la Nación, de la cual hace parte tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación, y estas cuentan con autonomía presupuestal y administrativa, en consecuencia debe considerarse la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio de Justicia.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa en los casos de privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(5), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(6). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(7).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(8).

En el caso concreto, la Sala observa que la decisión que señala que en el caso de autos se presentó una suplantación y ordena la corrección de la providencia que vinculaba al hoy actor, quedó ejecutoriada el 4 de octubre de 2007(9) y la demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2008, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(10).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(11) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(12).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(13).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(14).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(15) (16), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(17).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Termino de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18 meses904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 12 meses8040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9 meses703524,517,510,5
      
      
Superior a 3 e inferior a 6 meses502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 3 meses3517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,75 2,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Caso concreto.

6.1 Hechos probados.

En este asunto la Fiscalía General de la Nación inició la instrucción por el delito hurto calificado que se presentó el 25 de octubre de 2000, como producto de los hechos delictivos se capturó a L. W. L. M. y C. H. C., ambos sindicados como indocumentados.

El 26 de octubre de 2000 la Fiscalía General de la Nación profirió decisión mediante la cual dejó en libertad a los presuntos sindicados hasta que se resolviera la situación jurídica, la cual fue resuelta el 3 de noviembre de 2000 cuando se ordenó la detención preventiva de los sindicados, pero concediéndoles la libertad provisional.

Posteriormente, el 19 de julio de 2001 se emitió la Resolución de Acusación contra L. W. L. M. y C. H. C. y el 29 de abril de 2005 el Juzgado Séptimo Penal Municipal, profirió sentencia condenatoria en contra de L. W. L. M. y C. H. C., y una vez quedó ejecutoriada, se remitió el proceso ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas para la vigilancia de la pena impuesta.

En consecuencia, el 29 de diciembre de 2006 en el terminal de transporte de Manizales se capturó a C. H. C., por existir en su contra orden de captura con fundamento en la sentencia condenatoria del 29 de abril de 2005.

El 2 de enero de 2007, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad legalizó la captura contra el demandante y ordenó al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S de Manizales que realizara la confrontación dactiloscópica de las huellas dactilares con las que obran en el proceso Penal que cursó ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga y ordenó remitir la solicitud de libertad al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (reparto) de Manizales por competencia al ser la ciudad en la cual se realizó la captura.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante providencia del 6 de enero de 2007(18), ordenó la libertad inmediata del señor C. H. C., pues de acuerdo con el estudio que realizó el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S se logró establecer que la verdadera identificación de la persona condenada no es C. H. C. sino N. A. G. N., por tanto queda demostrado que no es la persona responsable del delito.

Por lo anterior, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga para que realizara las gestiones correspondes por estar pendiente de captura la persona que se condenó mediante la sentencia del 29 de abril de 2009.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante providencia del 27 de septiembre de 2007, ordenó modificar la sentencia del 29 de abril de 2005 que profirió el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga y declaró que se presentó una suplantación en el proceso penal, que la persona condenada es N. A. G. N. y no es el señor C. H. C.

6.2. La privación injusta de la libertad en el caso concreto.

Dados los hechos probados, la Sala encuentra que si bien en la etapa de investigación se adelantaron las actuaciones para individualizar e identificar las personas que cometieron el delito, se evidencia que durante toda la etapa de instrucción y la de juicio, desde la captura hasta la sentencia condenatoria, existía irregularidad frente a la identidad de los presuntos delincuentes, en cuanto desde el momento mismo de la captura se encontraban sin documentos y pese a las actuaciones hechas por la Fiscalía, en la etapa de juzgamiento no se ratificó la identidad de los sindicados.

Al respecto, la Sala considera que el daño antijurídico padecido por la parte demandante, es atribuible a la Rama Judicial, a quien debe endilgarle la responsabilidad a título de privación injusta de la libertad por falla en el servicio, dada en el incumplimiento en los deberes funcionales dentro de los cuales se encuentra identificar e individualizar al procesado en la sentencia de conformidad con el artículo 170 de la Ley 600 de 2000.

En esas condiciones, no existe evidencia en las actuaciones que realizó el Juzgado Séptimo Penal Municipal de la identificación y la individualización de los presuntos sindicados. Al respecto, en el fallo del 27 de septiembre de 2006 del Juzgado Tercero Municipal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señaló:

“Obra en la instrucción informe del 30 de noviembre del 2000, supuestamente sobre plena identidad No. 005651 del C.T.I de la Fiscalía, en el que la Técnico Criminalística a cargo señala que para plena identidad se enviaron fotocopias de las tarjetas dactilares a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que por medio de confrontación dactiloscópica se estableciera plena identidad de C. H. C. y el otro procesado, por lo que —se afirma— una vez se obtuviera respuesta, sería allegada al despacho del Fiscal.

No hay constancia ni documento alguno posterior sobre el punto, solo se encuentra que, en la sentencia proferida el 29 de abril de 2005 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga, se identifica e individualiza al penado, en los siguientes términos: “C. H. C., identificado con la cédula de ciudadanía 91.473.012 de Bucaramanga, hijo de J. C., nacido el 7 de noviembre de 1974, en unión libre con C. O.”.

En esas condiciones, es claro que la sentencia del 29 abril de 2005 ocasionó la privación injusta de la libertad y con ello la consolidación del daño antijurídico, al no establecer con certeza la identidad de los infractores, pues al configurarse esta irregularidad, el señor C. no tenía conocimiento de la existencia de un proceso penal, con una sentencia condenatoria en su contra, cuando nunca fue objeto de vinculación, al no ser la persona que realizó el delito.

Por su parte, se demostró que el actor padeció entre el 29 noviembre de 2006 y el 6 de enero de 2007 una privación injusta a la libertad, hasta que se aclaró que se presentaba una suplantación, lo cual conduce a que la imputabilidad de las actuaciones recaen en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga, pues mediante la sentencia del 27 de septiembre de 2007 del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó la modificación y la aclaración de la verdadera identidad del condenado.

Por lo anterior, considera esta Sala que el daño antijurídico se encuentra probado y corresponde a la privación injusta de la libertad de la que fue sujeto el demandante; también se concluye que el referido daño es imputable a la rama judicial, de acuerdo con las consideraciones planteadas en los acápites anteriores.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1 Perjuicio moral.

Como se dejó dicho en el punto 4 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el caso concreto, los demandantes son el señor C. H. C., sujeto privado injustamente de la libertad, y su esposa V. E. A. S. y la hija menor A. V. C. A.(19); en consecuencia, todos se encuentran en el primer nivel. Ahora bien, de acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente, se puede concluir que la privación de la libertad del señor Orlando Santa Dávila se extendió desde el 29 diciembre de 2006, hasta el 06 de enero de 2007, es decir, durante 9 días.

En la demanda se solicita el pago de 1000 gramos oro para el señor C. y 1000 gramos oro para cada uno de los miembros de su núcleo familiar; sin embargo, de acuerdo a la tabla expuesta en el numeral 4, se encuentra que a cada uno de los tres demandantes les asiste el pago de 15 smlmv, toda vez que la privación duró menos de un mes.

En consecuencia, la Sala revocará lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Santander que ordenó el pago de 20 smlmv al señor C. y 15 smlmv a la cónyuge y la hija y, en su lugar, reconocerá por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
C. H. C.15 SMLMV
V. E. A. S.15 SMLMV
A. V. C. A.15 SMLMV

7.2. Perjuicio Material a título de lucro cesante.

Refiere el demandante en su apelación que, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, se vio imposibilitado para percibir 10 días de unos ingresos de $ 4.000.000 mensuales.

Al respecto, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, al no encontrar prueba que sustente el ingreso mensual, y determinar que por equidad y favorabilidad le debe aplicar en la liquidación, el salario mínimo mensual vigente a la fecha de la sentencia.

7.3. Daño emergente.

Finalmente, se solicita el pago de los honorarios profesionales en el proceso penal por $ 4.000.000.

Al respecto, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Santander en este aspecto, en cuanto no existe prueba alguna que acredite el pago por este concepto.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. DECLARAR la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio de Justicia.

2. CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 14 de marzo de 2013, en virtud del cual se estableció lo siguiente:

“Declárese a la Rama Judicial - La Nación administrativamente responsable de los perjuicios causados a los actores, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto C. H. C., por el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2006 al 6 de enero de 2007, de acuerdo al análisis contenido en la presente providencia”.

3. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar,

“Condenar a la Rama Judicial – Nación a cancelar, a título de indemnización del daño moral ocasionado a los demandante, las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
C. H. C.15 SMLMV
V. E. A. S.15 SMLMV
A. V. C. A.15 SMLMV

4. CONFIRMAR las demás decisiones de la sentencia del 14 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo de Santander.

5. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 C. Const., Sent. C-965/2003.

4 Parentesco que se encuentra probado con el Registro Civil de Matrimonio y Nacimiento, visible a fols. 36 y 37, cdno. 1.

5 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).

6 C. E., auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.

7 C. E., auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.

8 C. E., auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.

9 Lo anterior de conformidad con los artículos 178 y 187 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos.

10 C. Const., Sent. C-254/2003.

11 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

12 C. E. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, exp.: 10923.

13 C. E. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, exp.: 15989.

14 C. E. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.

15 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

16 D. 2700/1991, art. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

17 C. E. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

18 Fol. 23, cdno. 1.

19 Parentesco que se encuentra probado con el Registro Civil de Matrimonio y Nacimiento, visible a fols. 36 y 37, cdno.1.