Sentencia 2009-00066 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 250002325000200900066 01

Nº Interno 2699-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Autoridades nacionales

Actor: Patricia Prieto Ramos

Bogotá, D. C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la señora Patricia Prieto Ramos tiene derecho a que la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reliquide las prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, con los beneficios dispuestos en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad Social en el año 2001.

Actos acusados

Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, en la cual la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reconoció a la señora Patricia Prieto Ramos la suma de $23.250.019 por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión de cargo de que trata el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007(fls. 442 a 445).

Resolución 3471 de 24 de julio de 2008, proferida por el apoderado especial del liquidador de la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, mediante la cual confirmó en todas sus partes la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008 (fls. 5 a 20).

De lo probado en el proceso

El jefe de la división de administración de personal del Instituto de Seguros Sociales, señaló que el 16 de marzo de 1987 la señora Patricia Prieto Ramos tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios asistenciales (enfermera) clase II grado 13 (fl. 22).

A folios 147 y siguientes obra copia de la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001, entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social - Sintraseguridad Social.

El 3 de octubre de 2007 la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, certificó que la señora Patricia Prieto prestó sus servicios en esa entidad desde el 26 de junio de 2003, en el cargo de auxiliar de servicio asistencial grado 20, con vinculación laboral de empleado público (fl. 39).

El 9 de octubre de 2007 la jefe del departamento de recursos humanos del Instituto de Seguros Sociales, certificó que de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, por el cual se escinde esa entidad y se crean unas empresas sociales del Estado, la actora quedó automáticamente incorporada, sin solución de continuidad, a la planta de personal de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento (fl. 40).

Mediante oficio de 10 de mayo de 2008, la apoderada especial del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento le informó a la demandante que el cargo que desempeñaba, esto es, auxiliar de servicios asistenciales código 4056 grado 20, fue suprimido mediante Decreto 1522 de 9 de mayo de 2008 (fl. 305).

Por medio de la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, la apoderada general del liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, le reconoció a la señora Patricia Prieto Ramos la suma de $23.250.019, por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión de cargo de que trata el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007 (fls. 442 a 445).

El 4 de julio de 2008 la demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008, en el que solicitó el reconocimiento de la convención colectiva 2001-2004; el reajuste de la asignación básica de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; los derechos laborales generados desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de octubre de 2004; y el pago de salarios y prestaciones ocasionados desde el 1º de noviembre de 2004 conforme a la referida convención, entre otros (fls. 367 a 373).

A través de la Resolución 3471 de 24 de julio de 2008, la apoderada especial del liquidador de la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación, desató el mencionado recurso y confirmó en todas sus partes la Resolución 3002 de 24 de junio de 2008 (fls. 5 a 20).

Por medio de sentencia de 4 de marzo de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, revocó la sentencia de tutela de 19 de diciembre de 2008, que profirió el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., dentro de la acción que adelantó la señora Patricia Prieto Ramos contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento y en su lugar, ordenó a esa entidad reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde la fecha de su despido hasta el momento de su reintegro, por considerar que se encuentra dentro de la categoría de “prepensionados”, pues acreditó que para la fecha de su despido (sic) tenía 18 años, 3 meses y 8 días de servicio, y 50 años de edad, por ello señaló que le hacían falta 1 año, 8 meses y 22 días para adquirir el estatus pensional que le es aplicable, esto es, el previsto en la convención colectiva de trabajo (fls. 554 a 569).

Análisis de la Sala

De la naturaleza de la vinculación de la accionante

El Instituto de Seguros Sociales fue creado mediante la Ley 90 de 26 de diciembre de 1946 como una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de dirigir y vigilar los seguros sociales(1), los cuales fueron señalados por el artículo 1º para cubrir los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y, muerte.

Los trabajadores vinculados a dicha entidad, a su turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2324 de 1948, ostentaron la condición de trabajadores particulares. Posteriormente, a través del Decreto 433 de 27 de marzo de 1971(2), se dispuso que el ISS fuera una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(3).

Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en dicha institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, que correspondían a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos(4).

En el año 1992 se dio otro cambio fundamental en la naturaleza del instituto, pues de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2148 de 1992, se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado.

Empero la Corte Constitucional mediante Sentencia C-579 de 1996, declaró la inexequibilidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, indicando que la clasificación de funcionarios de la salud que hizo el Instituto de Seguros Sociales no se ajustaba a su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado y por tal razón sus servidores debían ser vinculados como trabajadores oficiales.

Mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 se ordenó escindir del Instituto de Seguros Sociales, la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, todas las clínicas y centros de atención ambulatoria, y se crearon 7 empresas sociales del Estado, como entidades descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de Protección Social.

Fue por esta razón, que con la entrada en funcionamiento de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, la situación laboral de la accionante se modificó sustancialmente, pues a partir de allí pasó a ser considerada como empleada pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003. Así mismo, la referida incorporación a la nueva planta de personal, fue automática y sin solución de continuidad, al tenor de lo estipulado en el artículo 17 ibídem.

Frente a este aspecto cabe resaltar que la consagración de dicha regla, esto es, que la naturaleza de la vinculación es la propia de un empleado público, es consonante con el régimen que a partir de la Ley 100 de 1993, concordante con las leyes 10 de 1990 y 489 de 1998, ya que reconoce que la asignación de trabajadores oficiales es excepcional y se reserva al personal encargado de desempeñar cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, siendo los demás servidores empleados públicos, pues éstos son los únicos que pueden ocupar un empleo de carrera o de libre nombramiento y remoción.

De los empleados públicos y trabajadores oficiales; consecuencias jurídicas por cambiar de régimen

La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales tuvo su origen legal en la Ley 4ª de 1913(5) que definió a los primeros como “todos los individuos que desempeñan destinos creados o reconocidos por las leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados por ordenanzas, decretos y acuerdos válidos”.

Posteriormente, el Decreto 2127 de 1945, que reglamentó la Ley 6ª del mismo año, permitió la vinculación a la administración a través de un contrato de trabajo en las actividades de “construcción o sostenimiento de las obras públicas o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma”.

Más adelante, el Decreto-Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, efectuaron la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo parte ambas categorías de los denominados “empleados oficiales”, hoy “servidores públicos” en virtud del artículo 123 de la Constitución Política.

Al definir su campo de aplicación, el precitado Decreto 1848 dispuso en el numeral 2º del artículo 7º lo siguiente:

“2) Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en derecho colectivo del trabajo” (lo resaltado es de la Sala).

En este orden de ideas los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales, razón por la cual se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aún cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos.

En este sentido, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-314 de 2004, concluyó:

“En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva las condiciones laborales de sus cargos”.

Lo anterior no significa que a los empleados públicos se les haya negado el derecho a la asociación sindical, dado que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política pueden constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado y, sus representantes tienen derecho al fuero sindical y a las demás garantías para el cumplimiento de su gestión.

Igualmente, en el ámbito internacional, mediante la Ley 411 de 1997 Colombia aprobó el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, el cual consagra disposiciones relativas a la protección del derecho de asociación sindical de los servidores del Estado.

Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem, para precisar que son sólo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el legislador(6).

Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos servidores que pasan de trabajadores oficiales a ser empleados públicos, considerando lo siguiente:

“La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(7) del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”(8).

A su turno, la Corte Constitucional en la Sentencia C-349 de 2004 al estudiar el alcance de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, manifestó:

“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador-trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos”(9) (lo resaltado es de la Sala).

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores Sintraseguridad Social, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) meses en seis (6) meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva.

Caso concreto

En orden a desatar la controversia, lo primero que debe resaltarse es que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, desde el 26 de junio de 2003 la señora Patricia Prieto Ramos tuvo la condición de empleada pública y, en consecuencia, a partir de dicho momento no ostentaba el derecho a suscribir convenciones colectivas ni a beneficiarse de ellas.

Empero, el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 dispuso respecto de los derechos adquiridos de los trabajadores que ingresaron automáticamente a la ESE, lo siguiente:

“Del régimen de salarios y prestaciones. El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas” (negrilla fuera de texto y el aparte subrayado declarado inexequible mediante la Sentencia C-314 de 2004).

La Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra declaró la inexequibilidad del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, frente a la vulneración del derecho a la negociación colectiva(10) y de los derechos adquiridos. Luego de estudiar los artículos 53 y 58 de la Constitución, indicó que el aparte subrayado se encuentra viciado pues hace referencia solo a derechos prestacionales, cuando la protección debe abarcar los salariales; la definición contenida en dicha disposición es errática, pues deja por fuera los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo durante el tiempo por el cual fue pactada. Al respecto, precisó:

“En primer lugar, la expresión señalada del artículo 18 es inconstitucional porque únicamente hace referencia a los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera los derechos adquiridos en materia salarial. (…).

De igual modo, la definición de derecho adquirido consignada en el artículo 18 resulta violatoria de los derechos de los trabajadores por no ser clara frente a lo que podría considerarse un derecho adquirido. En efecto, la expresión que se ataca prescribe que un derecho se ha adquirido en materia prestacional cuando la situación jurídica se ha consolidado, es decir, cuando ha sido causada o cuando ha ingresado en el patrimonio del servidor.

Para la Corte, la ambigüedad de la definición radica en que no existe una clara diferencia entre la prestación que se ha causado y la que ha ingresado en el patrimonio del trabajador, pues cuando una prestación o un derecho han sido causados se entienden incorporados en el patrimonio del acreedor. Así las cosas, el legislador considera como hipótesis distintas aquellas que para la doctrina son una misma, por lo que, no siendo posible determinar con exactitud cuándo el derecho de que se habla se ha adquirido o permanece como mera expectativa, la norma debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

El carácter restrictivo de la expresión acusada no proviene únicamente de los dos criterios vistos. Al definir los derechos adquiridos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja por fuera de dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos. (…).

Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico”.

Esta tesis, fue reiterada en la Sentencia C-349 de 20 de abril de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con ocasión del análisis de constitucionalidad de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, en los siguientes términos:

“A juicio de la corporación, la circunstancia que produce el desconocimiento de derechos laborales no radica en el hecho del que automáticamente y sin solución de continuidad los trabajadores oficiales se incorporen como empleados públicos a la nueva planta de personal (o que simplemente en la misma condición antes ostentada de trabajadores oficiales pasen a formar parte de ella), sino que dicho desconocimiento de garantías proviene de la definición de derechos adquiridos acogida por el legislador en el aparte final del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, la cual, como fue expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, implicaba la desprotección de las garantías salariales y de las convencionales.

No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, a través de Sentencia SU-897 de 2012(11), unificó su jurisprudencia en el sentido de indicar que “la convención colectiva celebrada entre Sintraseguridad Social y el ISS, estuvo vigente por el plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004”, conclusión a la que arribó con fundamento en los siguientes razonamientos:

“En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, incluso cuando:

i) se ha cambiado de empleador;

ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y

iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite disfrutar de beneficios convencionales”.

Ahora bien, de acuerdo con la copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001, la vigencia de la misma se reguló en los siguientes términos:

“ART. 2º—La presente convención colectiva de trabajo tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”.

A su turno, el artículo 135 estipuló:

“Revisión de la convención.

La convención colectiva se revisará de conformidad con lo establecido en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. (...)”.

Según la normativa y pronunciamientos judiciales, observa la Sala que la convención colectiva del ISS rigió hasta el 31 de octubre de 2004, tal como se deriva de la misma convención, en consecuencia, los beneficios convencionales se les reconocieron a los empleados públicos hasta el 31 de octubre de 2004.

De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004 la protección de los derechos convencionales por un tiempo, deriva del concepto de derecho adquirido y de la afirmación según la cual la convención colectiva es en verdad un instrumento al que se someten las relaciones laborales que se ven afectadas por el mismo durante su vigencia.

La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social(12), no encuadra dentro de dicho concepto de derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de 2004 la mayoría de trabajadores de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, dentro de los cuales se encontraba la accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.

En el mismo sentido, en la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1º de octubre de 2009, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; Radicado Interno 0212-2008, se sostuvo:

“De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación expedida por el coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de la Protección Social.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por periodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable”.

De lo expuesto fluye, sin equívoco alguno, que los derechos salariales y prestacionales reclamados a partir del 1º de noviembre de 2004, no tienen sustento alguno; y, en consecuencia no hay lugar a acceder a las pretensiones de la accionante, pues la liquidación de sus prestaciones sociales debió sujetarse, como en efecto se hizo, a la normativa legal aplicable.

Así las cosas, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda será confirmado atendiendo lo anteriormente expuesto.

Finalmente, se observa que al plenario se allegó copia de la sentencia de 4 de marzo de 2009(13), en la que el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, ordenó a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando y ordenó pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde la fecha de su despido hasta el momento de su reintegro, por considerar que se encuentra dentro de la categoría de “prepensionados”.

A pesar de lo anterior, la Sala no se pronunciará sobre el contenido de la referida sentencia de tutela, por cuanto su propósito fue la inclusión de la señora Patricia Prieto Ramos en el retén social, mientras que el asunto que aquí se debate, está relacionado con la legalidad de los actos administrativos que ordenaron el pago de sus prestaciones sociales definitivas, así como la indemnización por la supresión del cargo que desempeñó, las cuales, como ya se dijo, se encuentran ajustadas a la normativa aplicable al caso concreto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la Sentencia de 28 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en cuanto negó las pretensiones de la demanda incoada por Patricia Prieto Ramos contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Artículo 8º del referido cuerpo normativo.

(2) Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

(3) Artículo 9º.

(4) Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 413 de 1980, existió la condición de empleados públicos y funcionarios de la seguridad social.

(5) Código de Régimen Político y Municipal.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) La citada norma establece: Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

(8) Consejo de Estado, Sentencia del 1º de julio de 2009. Radicado 2007-1355, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, demandado: Hospital de Caldas.

(9) Referencia: Expediente D-4844. Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(10) Frente a este aspecto concluyó que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y que está inescindiblemente ligado a la naturaleza de la vinculación; la cual, a su turno. No puede considerarse tampoco como un derecho adquirido del trabajador. Al respecto, consideró:

“Los argumentos de la sentencia, aunados a los que en esta oportunidad se consignan, permiten concluir que el cambio de régimen jurídico de los trabajadores oficiales que pasan a ser empleados públicos no vulnera el derecho a la negociación colectiva porque ni el mismo es un derecho adquirido, en tanto depende de la naturaleza de la vinculación jurídica del servidor con el Estado, ni es un derecho absoluto que no pueda ser objeto de restricciones justificadas por parte del legislador”.

(11) M. P. Dr. Alexei Julio Estrada.

(12) “A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”.

(13) Folios 554 a 569.