Sentencia 2009-00074 de mayo 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000200900074-01

Nº interno: 18746

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP en liquidación

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de los actos administrativos que fijaron la contribución especial a cargo de Corelca S.A. por el año gravable 2008.

La Sala verificará si se configuró la causal de nulidad por falsa motivación de los actos administrativos demandados, porque, presuntamente, la Superintendencia no tuvo en cuenta la realidad de la información que reportó Corelca S.A. para liquidar la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para el año 2008.

3.1. De la causal de nulidad por falsa motivación.

Sobre esa causal, la Sala reitera(1) que la falsa motivación se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa.

Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa o, b) Que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales, y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la administración supuso que existía al tomar la decisión.

Todo lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o los hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos(2). Por supuesto, quien alega la falsa motivación debe aportar la prueba de lo dicho, al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

3.2. Del caso concreto.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó su inconformidad con la sentencia apelada en el hecho de que, sin mediar prueba, se tuvo por cierta la manifestación hecha por la demandante acerca de que en la base gravable para liquidar la contribución especial del año 2008, a cargo de Corelca S.A., se incluyeron ciertos costos que presuntamente corresponden a los cargos por capacidad de potencia de energía eléctrica que le habría facturado Tebsa S.A. a Corelca S.A. en virtud de cierto contrato de suministro de energía eléctrica.

Según la superintendencia, la demandante no aportó prueba alguna que acreditara que el rubro en cuantía de $ 818.187.057.690, que la demandante contabilizó en la cuenta de gastos, correspondía realmente a un costo por concepto de cargo por capacidad de potencia de energía eléctrica.

La superintendencia manifestó que los actos demandados se ajustan a derecho porque liquidaron la contribución conforme con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y con fundamento en la información que reportó la misma demandante en el SUI.

El tribunal, efectivamente, dio por hecho que en la base gravable que tuvo en cuenta la superintendencia demandada para calcular la contribución especial del año gravable 2008, a cargo de la demandante, se incluyeron los pagos facturados por Tebsa por concepto de capacidad de potencia.

Para la Sala, el recurso de apelación está llamado a prosperar por las siguientes razones:

3.2.1. De la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1992(3) “Ley de servicios públicos domiciliarios”, estableció dos contribuciones especiales a cargo de las entidades sometidas a regulación, control y vigilancia de las comisiones de regulación y de las superintendencias: una a favor de las comisiones de regulación, con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que prestan, y otra, a favor de las superintendencias para recuperar los costos de control y vigilancia en que incurren.

Conforme con el artículo 85, la base gravable de las contribuciones especiales está constituida por los “gastos de funcionamiento”, asociados al servicio de regulación de la entidad contribuyente, obtenidos en el año anterior al que se hace el cobro. En cuanto a la tarifa, el precepto mencionado dispone que tendrá como límite máximo el 1% del valor establecido para cada ente vigilado como base gravable del tributo.

La contribución se calcula a partir de la información reportada en los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación, sin que en ningún caso sobrepase el 1% del valor determinado como base impositiva.

El precedente judicial de la Sección Cuarta, que en esta oportunidad se reitera, ha precisado que cuando la norma se refiere a “gastos de funcionamiento”, se debe entender “la salida de recursos que de manera directa o indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de la actividad, que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico o, lo que es lo mismo, los gastos asociados al servicio sometido a regulación, de manera que deberán excluirse aquellas erogaciones que no estén relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario”(4).

En la sentencia del 23 de septiembre de 2010(5), la Sala declaró la nulidad del inciso 6º de la descripción 5 gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, que definió el concepto de gastos de funcionamiento para efectos de establecer la tarifa y la base gravable de la contribución especial.

En aquella oportunidad, la corporación concluyó que no todos los gastos incluidos en las cuentas de la clase 5 - “Gastos”(6) o del grupo 75 - “Costos de producción”(7) del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, hacían parte de la base gravable de la contribución especial. Dijo que los gastos de funcionamiento solo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(8) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.

Y, recientemente, para el caso de la cuenta 5810 - Otros gastos extraordinarios del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, la Sala concluyó que todas las subcuentas que conformaban el grupo no podían ser tenidas en cuenta en la base gravable de la contribución, pues por la descripción de cada una de ellas, y según las pautas fijadas por la jurisprudencia, no hacían parte de los gastos de funcionamiento de este tipo de empresas, asociados al servicio objeto de regulación(9).

3.2.2. El caso concreto.

En el caso sub examine se encuentran probados los siguientes hechos no discutidos:

— Que el objeto social principal de Corelca es la comercialización de energía en las zonas no interconectadas de la Costa Atlántica, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con esta actividad.

— Que la liquidación oficial 20085340000896 demandada tomó como base gravable para el cálculo de la contribución, la totalidad de los gastos reportados por la demandante en el SUI de la cuenta 5 - “Gastos”, por valor de $ 991.991.285.008. Que dentro de dicho valor se incluyeron los gastos extraordinarios de la cuenta 5810 por $ 818.187.328.341, de los cuales $ 271.651 son de la subcuenta 581005 - “Extraordinarios: gastos legales” y $ 818.187.056.690 de la subcuenta 581090 - “Otros gastos extraordinarios”(10).

— Que en la Resolución SSPD-20085300043495 del 21 de octubre de 2008, que resolvió el recurso de reposición contra la liquidación oficial 20085340000896 de 2008, la superintendencia adujo:

“(…) que la información financiera de Corelca, que sirvió de base para la liquidación de la contribución que se recurre, corresponde a la reportada y certificada por esta misma empresa al SUI dentro del grupo de cuentas de gastos.

Luego, si Corelca no está de acuerdo con el valor de la cuenta gastos por esta misma empresa reportada, lo que debería hacer es presentar una solicitud de modificación de la información contable al SUI, junto con los respectivos soportes pues, de lo contrario, la base gravable de la contribución no podría ser otra diferente a la que ha sido utilizada para su cálculo.

En este caso, dado que Corelca no ha presentado ninguna solicitud de modificación de su información financiera, debidamente sustentada, el argumento presentado en este recurso se torna improcedente y en consecuencia será rechazado.

Por último, es importante resaltar que Corelca, a pesar de discutir el valor de la cuenta gastos que sirvió de base para la liquidación de la contribución que se recurre, tampoco señala cuál debería ser el valor real de dicha cuenta, lo que aunado con lo anterior, resalta la impertinencia de su solicitud”.

— Que mediante escrito del 28 de abril de 2008, el presidente de Corelca solicitó la modificación de la información reportada al SUI, de los estados financieros de la sociedad con corte al 31 de diciembre de 2007. En el escrito se dijo que la petición se soportaba en el hecho de que a la fecha límite para reportar la información en el sistema, los estados financieros estaban en proceso de auditoría por parte de la revisoría fiscal(11).

Conforme con los hechos expuestos, la Sala advierte que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó la contribución especial del año gravable 2008, a cargo de Corelca, con base en la información que esta última reportó al SUI.

Según la liquidación oficial demandada, la base gravable está conformada por el valor total de los gastos que reportó la demandante en la cuenta 5 de gastos ($ 991.991.285.008), menos gastos por intereses, comisiones y diferencia en cambio de $ 96.717.534.950. Sobre el valor resultante ($ 895.273.750.058), aplicó la tarifa de 0,6497% fijada en la Resolución SSPD-20081300016515 del 9 de junio de 2008, para la vigencia 2008.

Como lo que se cuestiona es el valor que registró la demandante en la cuenta 581090 - “Otros gastos extraordinarios”, la Sala sólo analizará dicho aspecto y no hará alusión a los demás conceptos incluidos.

Según la sociedad actora, el valor que incluyó la superintendencia en la base gravable de la contribución que contablemente reportó en la cuenta 581090, correspondió a los costos por capacidad de potencia facturados por Tebsa S.A. a Corelca, concepto que no debe ser tenido en cuenta para la liquidación, teniendo en cuenta que no corresponde a un gasto de funcionamiento según el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

La demandante explicó que el costo cuestionado nació del contrato que celebró con Tebsa S.A. para el suministro de energía eléctrica. Que, en virtud de dicho contrato, Tebsa se comprometió a pagar los costos por capacidad de potencia para generar energía eléctrica, los costos de arranque y la energía producida en la planta de propiedad de Tebsa. Que, durante los primeros quince años, Corelca registró contablemente los pagos hechos por concepto de capacidad de potencia como un costo. Que en el año 2007 registró en la cuenta 581090 - “Otros gastos extraordinarios” la suma de $ 805.437.203.108.02, correspondiente a la amortización del costo diferido del cargo de capacidad de potencia pagada a Termobarranquilla durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Que como consecuencia de la cesión del contrato a la empresa Gecelca S.A. en el mes de febrero de 2007, el saldo registrado en la cuenta 19100810 del PUC, por $ 805.437.203.108,02 no podía ser amortizado y registrado en la cuenta del costo, pues dichos costos correspondían a ejercicios anteriores, de tal forma que la amortización total del mismo se debió registrar en la cuenta 581589 del PUC “Costos y Gastos años anteriores” y en la cuenta 581090 del PUC para prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Finalmente, la demandante alegó que mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2008, solicitó la modificación de la información reportada en el SUI, de acuerdo con la Resolución 20061300050145 de 2006. Sin embargo, a juicio de la Sala, y como lo afirmó la superintendencia, la solicitud no reunió los requisitos fijados en esa resolución.

En efecto, para el recaudo de la información que se tiene en cuenta para liquidar la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 [artículo 14] estableció el sistema único de información —SUI—, cuya administración, mantenimiento y operación le fue adjudicada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Mediante la Resolución SSPD 321 del 10 de febrero de 2003, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispuso que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a que se refiere la Ley 142 de 1994, debían reportar la información a través del SUI, y que una vez vencidos los plazos para el efecto, la información reportada se consideraría oficial para todos los efectos previstos en la ley.

Además, los prestadores de servicios públicos deben reportar al SUI un catálogo de cuentas por cada servicio público que presten y un consolidado por empresa, de acuerdo con lo exigido en el plan contable expedido por la Superintendencia y reportarlo al máximo nivel de detalle que utilice la empresa (Circ. SSPD-00009/2003).

En el caso de las modificaciones de la información que deben reportar los prestadores de servicios públicos, la superintendencia estableció un procedimiento para el efecto en la Resolución 20061300050145 del 15 de diciembre de 2006(12). Conforme con dicha resolución, los prestadores de servicios públicos que requieran modificar la información reportada al SUI, deberán presentar ante el jefe de la oficina de informática de la superintendencia una solicitud escrita firmada por el representante legal de la entidad, registrado en el registro único de prestadores, RUPS.

La solicitud de modificación deberá describir en forma clara y precisa cuál va a ser la modificación de la información, las causas que originan el cambio, anexar los respectivos soportes que la sustenten e indicar qué datos sufrirán modificación como consecuencia de la solicitud. En caso de que la solicitud se refiera a la información correspondiente al plan contable de prestadores de servicios públicos, con base en el cual se hayan elaborado los estados financieros aprobados por la asamblea o junta de socios, junta directiva o el órgano que haga sus veces, deberá acompañar el acta del órgano que autorice la modificación, debidamente certificada por el contador de la empresa y el revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

Si la solicitud cumple los anteriores requisitos, la superintendencia delegada respectiva responderá la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento en que le es trasladada. La decisión que se tome será comunicada mediante oficio al prestador y se enviará copia, cuando sea del caso, a la comisión respectiva.

El artículo tercero de la resolución citada dispone, además, que en caso de que la modificación afecte la información financiera que sirvió para el cálculo de la contribución especial, se comunicará a la dirección financiera de la superintendencia y a la comisión de regulación respectiva para los efectos a que haya lugar.

En el caso en examen, se advierte que, en efecto, la demandante solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la modificación de la información de los estados financieros que reportó al SUI con corte al 31 de diciembre de 2007. En la solicitud, la demandante sólo afirmó que la modificación obedecía a que “en la fecha límite del reporte de la información, los estados financieros se encontraban en proceso de auditoría por parte de la revisoría fiscal, quien sugirió cambios que afectan el reporte del catálogo de cuentas, cuentas por pagar y por cobrar, (…)”.

Sin embargo, dicha solicitud no describió en forma clara y precisa la información que pretendía modificar, ni anexó los respectivos soportes que mostraran los datos objeto de modificación. Tampoco se aportó la autorización de la modificación por parte de la junta directiva, debidamente certificada por el contador o revisor fiscal de la empresa, teniendo en cuenta que dicha modificación afectaba la contabilidad soporte de los estados financieros de Corelca.

De allí que haya sido acertada la conclusión de la superintendencia en los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y apelación, en cuanto a que la solicitud de modificación no reunió los requisitos fijados en la Resolución 20061300050145 citada.

En esa medida, si bien es cierto que la demandante puso en conocimiento de la superintendencia el supuesto error en que incurrió al reportar la información en el SUI para la liquidación de la contribución especial del año 2008, al incluir como gastos, los costos por capacidad de potencia para generar energía eléctrica derivados del contrato de suministro de energía que suscribió con Tebsa S.A., también lo es que ni en la vía administrativa, ni con ocasión de la demanda, aportó prueba alguna que permita inferir que las cifras que tomó la superintendencia demandada, para calcular la contribución a cargo de Corelca, no correspondían a la realidad de los hechos.

Lo anterior por cuanto la demandante se limitó a explicar la operación que originó los supuestos costos cuestionados, sin soporte alguno, y porque en la solicitud de modificación de la información que reportó al SUI, que radicó el 2 de mayo de 2008 ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para liquidar la contribución, no fue clara y precisa en cuanto a los datos objeto de modificación, ni contiene los respectivos soportes de la misma.

De manera que la Sala considera que la falsa motivación no está probada puesto que la demandante no aportó pruebas que demuestren su alegato, esto es, no hay forma de establecer si los valores que se incluyeron en la cuenta de gastos extraordinarios corresponden a costos excluidos de la base gravable de la contribución especial, como lo dispone el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Concretamente, no hay prueba que permita verificar que la demandante incluyó en la cuenta de gastos extraordinarios la amortización de los costos en que incurrió la demandante por concepto cargos de capacidad que se habrían generado en la facturación que Tebsa expidió a cargo de Corelca en virtud de un presunto contrato de suministro de energía eléctrica.

En la sentencia apelada se dio como un hecho probado que parte de los valores reportados en la cuenta de gastos de funcionamiento de la contabilidad de la demandante correspondían a los cargos por capacidad que Tebsa le habría facturado a Corelca en virtud de cierto contrato de suministro. Valga precisar que ni las facturas, ni el contrato de suministro fueron aportados como prueba. Por tanto, no existen pruebas que respalden lo concluido en la sentencia apelada.

Adicionalmente, Corelca no alegó que fueran los cargos por capacidad los que debían excluirse de la base gravable de la contribución, sino la amortización que hizo de esos presuntos costos. Sin embargo, tampoco hay prueba de las condiciones en que se habría hecho esa amortización.

En la demanda, Corelca también alegó como hecho nuevo, no discutido en la vía gubernativa, que cedió el contrato de suministro que presuntamente había suscrito con Tebsa a Gecelca S.A. ESP, en el mes de marzo del año 2007. Tampoco reposa prueba de esa cesión.

De manera que le asiste razón a la superintendencia en que Corelca no demostró la causal de nulidad por falsa motivación, razón suficiente para revocar la sentencia apelada, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 12 de octubre de 2010, proferida en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Corelca S.A. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. NOTIFÍCASE esta providencia al Ministerio de Minas y Energía, conforme con lo dispuesto en el Parágrafo único del artículo 29 del Decreto 3000 del 19 de agosto de 2011, por el cual se ordena la disolución y liquidación de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP - Corelca S.A. ESP.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011). Radicado: 11001-03-27-000-2006-00032- 00 -16090. Demandante: Diana Caballero Agudelo y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Asunto: Acción pública de nulidad contra la Resolución 11670 del 29 de noviembre de 2002 expedida por la división de arancel de la subdirección técnica aduanera DIAN.

(2) El tratadista Manuel María Diez enseña sobre la motivación de los actos administrativos que se deben distinguir dos elementos: i) Los hechos y consideraciones que sirven de fundamento al acto y se relacionan tanto a la oportunidad del acto como a su legalidad y, ii) la correspondencia de la motivación con la materia reglada por el acto.

En el primer evento, dice el autor, al citar a Stassinopoulos, cuando la motivación se refiere a la oportunidad del acto “debe mencionar los hechos concretos y la importancia que la administración le acuerde, como también la influencia que esos hechos han tenido sobre el ejercicio del poder discrecional”; y cuando se relaciona con la legalidad, puede contener “1) un desenvolvimiento del sentido de la ley, de acuerdo con la interpretación dada por el autor del acto; 2) una afirmación de la constatación de los hechos que constituyen la condición para que la aplicación de la ley haya tenido lugar; 3) una afirmación de que estos hechos han sido sometidos a una calificación jurídica apropiada”.

Y en cuanto al segundo elemento, precisa que la correspondencia de la motivación varía según la clase de motivos invocados: “1) si los motivos se relacionan con la interpretación de la ley deben contener la manifestación del autor del acto sobre el sentido de la ley. (…); 2) si se trata de motivos relacionados con la constatación de hechos, la correspondencia existe si se formulan las razones que conforman esa constatación; 3) si la motivación se relaciona con la calificación jurídica del hecho, la sola mención de la calificación adoptada no es suficiente, porque no es sino la conclusión y no el motivo; 4) si el motivo tiene por objeto demostrar el ejercicio correcto del poder discrecional, la correspondencia necesaria del mismo con la conclusión del acto motivado, existe si el acto hace mención de los hechos y de las consideraciones a las que el autor otorga una importancia fundamental”. Manuel María Díez. “El Acto Administrativo”. Tipográfica Editora Argentina S.A. Buenos Aires. 1993.

(3) ART. 85.—Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:

85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las comisiones y la superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.

85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.

La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.

(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 23 de septiembre de 2010, expediente 16874, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, y sentencia del 14 de octubre de 2010, expediente 16650, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(5) Ídem 4.

(6) “La constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento”. Dentro de esta clase se clasifican los siguientes grupos y sus respectivas cuentas:

Clase 5. Gastos. Grupo 51. Administración

Clase 5. Gastos. Grupo 53. Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

Clase 5. Gastos. Grupo 58. Otros gastos

Clase 5. Gastos. Grupo 59. Cierre de ingresos, gastos y costos

(7) Este grupo hace referencia a “las cuentas representativas de los costos incurridos por los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios en la prestación de servicios públicos de acuerdo con su objeto social”. Las cuentas que integran este grupo son las siguientes:

Servicios personales

Generales

Depreciaciones

Arrendamientos

Amortizaciones

Agotamiento

Costo de bienes y servicios públicos para la venta

Licencias, contribuciones y regalías

Consumo de insumos indirectos

Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones

7542 Honorarios

7545 Servicios públicos

7550 Materiales y otros costos de operación

7555 Costo de pérdidas en prestación del servicio de acueducto

7560 Seguros

7565 Impuestos y tasas

7570 Órdenes y contratos por otros servicios

7595 Transferencia mensual de costos por clase de servicio (CR)

(8) Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, expediente 15771, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, expediente 17206, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.

(9) Sentencia del 10 de abril de 2014, expediente 250002327000200900068-01 (19054), Consejero Ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(10) Folio 99, cuaderno principal.

(11) Folio 52, cuaderno principal.

(12) “Por la cual se establece el procedimiento de solicitud de modificación de información reportada al sistema único de información de los prestadores de servicios públicos”.