Sentencia 2009-00076/19819 de junio 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2009-00076-01 (19819)

Actor: Daniel Rodríguez Gacha

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Referencia: Cobro coactivo

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil dieciséis

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, y de acuerdo al ámbito de competencia del ad quem, le corresponde a la sección determinar si operó la prescripción de la acción de cobro prevista en el artículo 817 del Estatuto Tributario.

Para decidir, se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

• El 19 de mayo de 1993, mediante la Resolución 000635(7), la Superintendencia de Control de Cambios impuso una sanción cambiaria a Daniel Rodríguez Gacha por valor de $ 6.393.713.902. La decisión fue confirmada por la Resolución 4625 del 14 de octubre de 1994(8).

• El 20 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad de los actos administrativos referidos en el numeral anterior(9).

• El 12 de julio de 2002, el Consejo de Estado declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del Tribunal por no haber sido sustentado dentro del término(10).

• El 9 de septiembre de 2003, con fundamento en la Resolución 000635 del 19 de mayo de 1993, la división de recaudo y cobranzas de la administración especial de aduanas de Bogotá libró el mandamiento de pago Nº 3063 en contra del demandante por la suma de $ 1.987.804.360(11).

• El 13 de octubre de 2003, el demandante fue notificado por correo del mandamiento de pago Nº 3063 del 19 de septiembre de 2003(12), contra el que propuso excepciones el 29 de octubre de 2003(13).

• El 8 de septiembre de 2003, mediante la Resolución 3018, la división de recaudación y cobranzas de la administración especial de aduanas de Bogotá ordenó el embargo de ciertos bienes de propiedad del demandante.

• El 11 de diciembre de 2003, mediante la Resolución 4307, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá i) declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, ii) ordenó seguir adelante la ejecución, iii) aplicar los títulos de depósito judicial que se encontraran pendientes y iv) decretó el remate de los bienes embargados(14).

• El 19 de enero de 2004, el demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 4307 del 11 de diciembre de 2003(15).

• El 24 de diciembre de 2004, mediante la Resolución 0788, la división de recaudación y cobranzas de la administración especial de aduanas de Bogotá confirmó la Resolución 4307 del 11 de diciembre de 2003(16).

• El 26 de septiembre de 2006, mediante la Resolución 3103, la división de recaudación y cobranzas de la administración especial de aduanas de Bogotá ordenó el secuestro de los bienes cuyo embargo había sido ordenado por la Resolución 3018 del 8 de septiembre de 2003(17).

• Se realizaron tres (3) diligencias de remate, que fueron declaradas desiertas y mediante el Concepto 0034-2008 de 16 de septiembre de 2008 se emitió la viabilidad para la adjudicación de los bienes de la Nación.

• El 19 de septiembre de 2008, la DIAN mediante la Resolución 3879 declaró adjudicados a favor de la Nación las cuotas partes de los bienes que correspondían al sr. Daniel Rodríguez Gacha.

• Contra el anterior acto administrativo el actor interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo procedente sólo el último, que fue resuelto mediante la Resolución 00474 del 20 de noviembre de 2008 que confirmó el acto recurrido.

2. De la prescripción de la acción de cobro.

2.1. Según el artículo 817 del Estatuto Tributario(18), el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales es de 5 años, que se cuentan a partir de la fecha en que éstas se hicieron legalmente exigibles(19).

2.2. De acuerdo con lo anterior, cuando se trata de actos de determinación de obligaciones fiscales, la prescripción se calcula a partir de la ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión(20), pues es desde ese momento que la obligación tributaria es exigible.

2.3. El artículo 818(21), ibídem, establece que el término de prescripción se interrumpe, entre otros eventos, por la notificación del mandamiento de pago. Una vez interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación de esta providencia.

2.4. En el presente caso, el mandamiento de pago se notificó por correo el 13 de octubre 2003, evento que interrumpió la prescripción de la acción de cobro de la Resolución 00635 del 19 de mayo de 1993, que, como se precisó, había quedado ejecutoriada una vez fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de dicha resolución, según se expuso anteriormente.

2.5. De esta manera, a partir del 14 de octubre de 2003, día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, empezó a correr nuevamente el término de 5 años para que la administración adelantara las acciones de cobro de la Resolución 00635 del 19 de mayo de 1993, plazo que, como no fue suspendido o interrumpido, se cumplió el 14 de octubre de 2008.

2.6. Según el artículo 840 del Estatuto Tributario: “En firme el avalúo, la administración efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el reglamento”.

2.7. Por medio del Decreto Reglamentario 881 del 21 de marzo de 2007 se reglamentó la anterior norma y dispuso entre otras cosas lo siguiente:

“ART. 7º—Expedición del acto administrativo de adjudicación a favor de la Nación. Cuando el concepto expedido por la Secretaría General en los términos del artículo anterior determine la viabilidad de la adjudicación del bien a favor de la Nación, el funcionario competente, conforme lo dispuesto en el artículo 2º del presente decreto, deberá proferir el acto administrativo de adjudicación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del mencionado concepto.

El acto administrativo que disponga la adjudicación tendrá los mismos efectos que el auto aprobatorio de remate y se inscribirá en la oficina respectiva cuando el bien esté sometido a esta solemnidad, considerándose para tal efecto como un acto sin cuantía.

El acto administrativo de adjudicación se notificará al deudor de conformidad con el inciso 1º del artículo 565 del Estatuto Tributario y contra este procederá el recurso de apelación ante el inmediato superior, en los términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. Copia del acto se comunicará a las autoridades que solicitaron embargo de remanentes en el proceso administrativo de cobro.

PAR.—La adjudicación de bienes regulada en el presente decreto deberá efectuarse, en todo caso, dentro del término de prescripción de la acción de cobro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario” (resalta la Sala).

2.8. La Resolución 3879 del 19 de septiembre de 2008(22), por medio de la cual se declara la adjudicación de los inmuebles a favor de la DIAN fue notificada por correo certificado el 25 de septiembre de 2008, esto es, dentro del término de prescripción que vencía el 14 de octubre de 2008, y la administración, con fundamento en la anterior norma, mediante Auto 4248 del 9 de octubre de 2008(23), concedió el recurso de apelación interpuesto, y por medio de la Resolución 00474 del 20 de noviembre de 2008 confirmó el acto recurrido.

2.9. El demandante alegó que operó la prescripción de la acción de cobro prevista en el artículo 818 del Estatuto Tributario por cuanto el mandamiento de pago fue notificado el 13 de octubre de 2003 y el acto de adjudicación de bienes no quedó ejecutoriado antes del 14 de octubre de 2008.

2.10. Para la Sala, de la lectura de los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario se desprende que la obligación de la administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo.

2.11. Agréguese que la administración debe llegar al proceso de cobro coactivo para obtener en forma forzada el pago de las obligaciones bien por remate o por la adjudicación directa de los bienes, ambas con la misma finalidad: obtener la solución de la deuda, hasta concurrencia del valor debido.

2.12. En este orden de ideas, la obligación se extingue desde la adjudicación de los bienes, bien por el remate o por su adjudicación directa.

2.13. Se debe tener en cuenta que según el artículo 7º del Decreto Reglamentario 881 de 2007, “El acto administrativo que disponga la adjudicación tendrá los mismos efectos que el auto aprobatorio de remate y se inscribirá en la oficina respectiva cuando el bien esté sometido a esta solemnidad, considerándose para tal efecto como un acto sin cuantía” y que según al artículo 9º del mismo decreto, “en los eventos en que la cancelación de las obligaciones administradas por la DIAN a cargo de un deudor se produzca por la adjudicación de bienes a favor de la Nación, se tendrá como fecha de pago(24) la fecha de expedición del acto administrativo que declare la adjudicación del bien, siempre y cuando opere la tradición” .

2.14. Toda vez que la adjudicación de los bienes operó mediante la Resolución 3879 del 19 de septiembre de 2008 “por medio del cual se declara la adjudicación de unos bienes inmuebles a favor de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN”, proferida por el Administrador Especial de Aduanas de Bogotá, dentro del proceso de cobro coactivo, Expediente 2003-0062, se debe tener como fecha de extinción de la obligación, la de expedición de este acto administrativo según lo dispone el artículo 9º del Decreto Reglamentario 881 de 2007.

2.16. Así lo señaló la DIAN en la Resolución 3879 del 19 de septiembre de 2008 al precisar lo siguiente(25): “De conformidad con el artículo 9º del Decreto 881 de 2007, se entenderá como fecha de pago de las obligaciones canceladas con los bienes adjudicados a favor de la Nación a cargo del deudor Rodríguez Gacha Daniel, con C.C. 338.790 la fecha de expedición del presente acto administrativo que declara la adjudicación del bien, siempre y cuando opere la tradición”.

2.17. En consecuencia, no operó la alegada prescripción de la acción de cobro que aduce el actor con base en el Decreto Reglamentario 881 de 2007, por cuanto el mandamiento de pago fue notificado el 13 de octubre de 2003 y el acto de adjudicación de bienes fue expedido antes del 14 de octubre de 2008. Todo, porque este, si de aplicarlo se trata, debe serlo en su integridad y así como establece un recurso contra el acto de adjudicación, también lo hace con respecto a la extinción de la obligación que ocurre con la adjudicación.

Resultaría ilógico, además extinguir por prescripción lo que ya dejó de existir con base en la norma reglamentaria(26).

3. Sobre la solicitud de nulidad del auto interlocutorio Nº 4248 del 9 de octubre de 2008.

3.1. Anota la Sala que dentro de las pretensiones de la demanda se solicitó se declare la nulidad del auto interlocutorio Nº 4248 del 9 de octubre de 2008, por medio del cual se concede un recurso de apelación. Este acto administrativo de trámite no es susceptible de demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la que no procede un pronunciamiento de fondo al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia apelada, que quedará así:

“1. Inhíbese la Sala para pronunciarse de fondo sobre la nulidad del Auto 4248 del 9 de octubre de 2008, por medio del cual se concede un recurso de apelación.

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda conforme a la parte motiva de este proveído”.

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia apelada.

3. Reconócese personería para actuar como apoderada de la DIAN a la abogada Gladys Solano González.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

7 Folios 5 al 55 del Tomo VI de antecedentes administrativos.

8 Folios 58 al. 85 del Tomo VI de antecedentes administrativos.

9 Folios 317 al 339 del Tomo III de antecedentes administrativos.

10 Folio 343 del Tomo III de antecedentes administrativos.

11 Folios 53 del cdno. ppal.

12 Folio 387 del Tomo III de antecedentes administrativos.

13 Folios 426 al 430 del Tomo III de antecedentes administrativos.

14 Folios 431 al 436 del Tomo III de antecedentes administrativos.

15 Folios 438 al 442 del Tomo III de antecedentes administrativos.

16 Folios 443 al 448 del Tomo III de antecedentes administrativos.

17 Folios 707 al 711 del Tomo V de antecedentes administrativos.

18 ART. 817.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte.

19 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá D.C., 20 de agosto de 2009. Radicación: 250002327000200600504 01. Número interno: 16811. Actor: Trading Express S.A. Demandado: UAE DIAN.

20 ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

21 ART. 818.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:
— La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,
— La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario.
— El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario.

22 Folio 23 del cdno. ppal.

23 Folio 32 del cdno. ppal.

24 Según el artículo 1º del Decreto 881 de 2007: “La adjudicación de bienes a favor de la Nación de que trata el inciso primero del artículo 840 del Estatuto Tributario es una forma de pago de las obligaciones fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, sanciones, intereses y demás obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

25 Folio 1687 c.a.

26 La Sala no entra a estudiar la inaplicación de este decreto, que regula temas que son de reserva legal, porque no lo considera necesario.