Sentencia 2009-00079/41490 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 27001-23-31-000-2009-00079-01 (41490)

Actor: Jhon Jairo Urrutia Martínez y otros

Demandado: La Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad / Daño imputable a la demandada / Análisis por culpa grave o dolo / El juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia, si analizar la culpa civil.

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia(1), tal como fue entendida en decisión de Sala plena, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(2).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que i) al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, concediéndosele el beneficio de libertad provisional el 28 de enero de 2000(3) y el 20 de septiembre de 2001 el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó le revocó la medida de aseguramiento(4), empero siguió vinculado al proceso penal. El 8 de abril de 2002, el juzgado antes citado absolvió al actor del delito de falsedad ideológica en documento público(5). Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial - Sala penal de Quibdó el 8 de julio del mismo año(6), la que quedó ejecutoriada el 9 de agosto de 2002(7). De manera que, como la demanda se presentó el 9 de agosto de 2004, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si el daño antijurídico invocado por el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, en razón de la privación de su libertad en su domicilio, en el marco de un proceso penal, por el presunto delito de falsedad en documento público, es imputable a la Nación - rama judicial y Fiscalía General. Al tiempo que se deberá establecer la obligación de reparar, esto es, deberá también determinarse si la víctima actuó con dolo o culpa grave.

4. Análisis del caso.

4.1. De la legitimación por activa.

La legitimación del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez para acudir como demandante se colige de las providencias que se señalarán a continuación, de igual manera la de su núcleo familiar de los registros civiles correspondientes:

4.1.1. Registro civil de nacimiento de los señores Víctor Abadía Ramírez, hijo de Víctor Abadía Asprilla y María Ramírez Gamboa; Rubén Darío Maya Ramírez, hijo de Antonio Maya y María Ramírez Gamboa, quienes acuden en calidad de hermanos de la víctima; Wendy Carolina Urrutia Mena, hija de Jhon Jairo Urrutia Ramírez y Yenny del Carmen Mena Palacios y Juan Pablo Urrutia Solano hijo de Jhon Jairo Urrutia Ramírez y Amanda Lucía Solano Silva, quienes acuden al asunto de la referencia en calidad de hijos de la víctima —folios 31 a 34 del cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.2. Declaración extraproceso rendida ante la notaría segunda del círculo de Quibdó, por la María del Carmen Piñeros Gutiérrez, quien acude al asunto de la referencia en calidad de compañera permanente —folio 35 del cuaderno 1 del tribunal—.

Del proceso penal adelantado contra el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, allegado al plenario, en respuesta a la solicitud librada por el a quo mediante el oficio 0002871 de 5 de octubre de 2005.

4.1.3. El 30 de julio de 1996, la dirección de auditoría interna del ISS, mediante escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación - oficina de asignaciones, puso en conocimiento “el presunto delito contra la administración pública en la seccional del Chocó”, hechos derivados del contrato de obra pública 005-95, suscrito con el objeto del “cerramiento del CAA y la sede administrativa Quibdó”, del ISS - Chocó. Contrato en el que se presentó “un sobre precio de $ 26.404.995”, según cotizaciones realizadas y que “según acta de recibo de obra del contrato 005 de fecha de 26 de febrero de 1996, se efectuó entrega y recibo de los trabajos finales. Sin embargo, se estableció por observación directa que no se había ejecutado en su totalidad el cerramiento” —folios 1 y 2 anexo 1—. En consecuencia, la fiscalía delegada 207 especializada en delitos contra la administración pública de Bogotá, el 27 de septiembre de 1996 profirió resolución de apertura de instrucción.

4.1.4. Por lo anterior, la fiscalía de conocimiento ordenó escuchar en diligencia de indagatoria al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez y el 5 de noviembre de 1998, la fiscalía 4ª especializada en delitos contra la administración púbica adelantó dicha diligencia —folios 467 a 471 anexo 3—.

4.1.5. El 28 de enero de 2000, la fiscalía séptima especializada en delitos contra la administración pública profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de falsedad ideológica en documento público, contra el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, al tiempo que concedió la libertad provisional, previo pago de caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente —folios 528 a 545, anexo 3—.

4.1.6. El 2 de febrero de 2000, el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez suscribió, ante la fiscalía séptima especializada, diligencia de compromiso —folios 79 y 80, cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.7. El 2 de mayo de 2000, la fiscalía delegada ante el tribunal confirmó la medida de aseguramiento impuesta al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez —folios 88 a 105 del cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.8. El 15 de febrero de 2001, la fiscalía séptima especializada dictó resolución de acusación en contra del señor Jhon Jairo Urrutia por el delito de “falsedad, por hechos acaecidos cuando se desempeñó como jefe de mantenimiento del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Quibdó”, igualmente dispuso que el antes nombrado seguiría gozando del beneficio de libertad provisional —folios 114 a 143, cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.9. El 20 de septiembre de 2001, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez por el delito de falsedad ideológica en documento público —folios 182 a 185, cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.10. El 8 de abril de 2002, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó absolvió al señor Urrutia Ramírez del delito endilgado por la fiscalía séptima especializada en delitos contra la administración pública Delitos —folios 186 a 206, cuaderno 1 del tribunal—. Decisión que fue impugnada por la fiscalía séptima especializada.

4.1.11. El 8 de julio de 2002, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó-Sala penal confirmó la decisión anterior —folio 215 a 233 del cuaderno 1 del tribunal—.

4.1.12. La Decisión anterior quedo ejecutoriada el 9 de agosto de 2002, según certificación expedida por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, visible a folio 234 cuaderno 1 del tribunal.

4.2. De la legitimación por pasiva.

La legitimación por pasiva de la Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación se colige de las resoluciones y providencias antes citadas, mediante las cuales se dispuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la resolución de acusación y sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, las dictadas por la fiscalía en contra del actor por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público y las segundas en favor del mismo, decisiones que el demandante señala como causantes del daño por el cual demanda reparación.

4.3. Hechos probados.

Está probado que:

4.3.1. El señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez fue investigado penalmente, en virtud de la denuncia instaurada el 30 de julio de 1996, por la dirección de auditoría interna del ISS, mediante escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación - oficina de asignaciones, en el que puso en conocimiento “el presunto delito contra la administración pública en la seccional del Chocó”. Hechos derivados del contrato de obra pública 005-95, suscrito con el objeto del “cerramiento del CAA y la sede administrativa Quibdó”, del ISS - Chocó. Contrato en el que se presentó “un sobre precio de $ 26.404.995”, según cotizaciones realizadas y que “según acta de recibo de obra del contrato 005 de fecha de 26 de febrero de 1996, se efectuó entrega y recibo de los trabajos finales. Sin embargo, se estableció por observación directa que no se había ejecutado en su totalidad el cerramiento” —folios 1 y 2 anexo 1—. Por lo anterior, la fiscalía de conocimiento ordenó escuchar en diligencia de indagatoria al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez.

4.3.2. El 5 de noviembre de 1998, la fiscalía 4ª especializada en delitos contra la administración púbica en diligencia de indagatoria interrogó al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, quien respecto del contrato de obra pública nº 005 de 1995 manifestó —folios 467 a 471 anexo 3—:

“(…) yo ese contrato nunca lo conocí excepto cuando vinieron de la auditoría disciplinaria del seguro social seccional Antioquia, a hacer una indagación sobre el proceso del contrato 005, el cual me hicieron una indagación, yo les respondí, allí me di cuenta de ese proceso, quien me indagó en relación a ello fue la doctora (…) coordinadora auditoría disciplinaría seccional Antioquia (…) la intervención que tuve yo en ese contrato fue la siguiente: a mí me dijo el doctor Antonio José Tovar, quien para esa época era el gerente del Seguro Social en esta ciudad, pero antes de que él me dijera esto, había venido una visita de Bogotá a ver si todos los trabajos se había culminado, resulta que había una loma en la parte frontal de la sede administrativa que impedía que se hiciera totalmente el encerramiento, eso era unos 40 a 50 mts. más o menos, después que se fue la visita se hizo el encerramiento de ese tramo y eso fue lo que yo recibí por orden del doctor Antonio José Tovar, el resto del mallado no lo recibí yo, eso ya estaba hecho, no se quien lo recibió. PREGUNTADO: sírvase manifestar (…) si la firma que aparece sobre la antefirma (…) fue escrita en su puño y letra (…) CONTESTÓ: esa firma si es la mía, yo anteriormente firmaba así, pero quiero aclarar que yo una certificación de recibo de obra nunca la he hecho así, dirigida al gerente de turno yo siempre la hago más o menos así (…) pero nunca se la dirijo al gerente porque para que se la dirijo a él si al (sic) no se la tengo que enviar a él sino a cuentas. Continuó señalando en su indagatoria “como había dicho anteriormente yo nunca conocí el contrato 005, si recuerdo que el doctor Antonio José Tovar me dijo o me narró, como era el jefe de turno en ese tiempo y era el ordenador del gasto, que hiciera ese documento así como está allí, esto fue después de que ya habían entregado el pedazo de 40 a 50 mts. pero yo no medí ese tramo simplemente constaté que se hubiese enmallado y que tuviera (sic) unido a la malla que ya existía y yo firmé esa certificación así porque él era el jefe o gerente de turno, debo aclarar que yo recibí el resto del enmallado pero cuando firmé esa constancia sabía que todo el encerramiento ya estaba hecho, pero no conocía sus dimensiones”.

4.3.3. El 28 de enero de 2000, la fiscalía séptima especializada en delitos contra la administración pública profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, por el delito de falsedad ideológica en documento público. Fundó la decisión en —folios 528 a 545, anexo 3—:

“(…) la cantidad de malla eslabonada adicional según acta de ampliación es de 475.36 metros cuadrados, la cual es excesiva, ya que de acuerdo al dimensionamiento sobre el plano se determinó que faltaban 183 metros cuadrados aproximadamente (área correspondiente a la parte occidental) además de acuerdo al cálculo efectuado tomando como base los precios registrados en CONSTRUDATA 96, se observó una diferencia exagerada en el valor de metro cuadrado de malla, así: Malla eslabonada calibre 12, según contrato el valor unitario de metro cuadrado fue de $ 46.800, para un valor total de $ 29.143.764 del área contratada (622.73 metros cuadrados); según cotización, el valor unitario de metro cuadrado costaba la suma de $ 4.398, para un valor total de $ 2.738.767, arrojando una diferencia de $ 26.404.995.

A pesar de haberse levantado las actas de recibo final y de liquidación (febrero 26 y 28 de 1996), se estableció que no se había ejecutado el contrato en su totalidad, faltando por terminar el enmallado de la parte occidental (solamente se había levantado el muro) y la parte posterior de la sede administrativa, correspondiente a un área de 324 metros cuadrados aproximadamente, según el plano. Se evidenció que en la fecha de terminación de la visita de auditoría interna, sea decir mayo 17 de 1996, apenas se estaban adelantando los trabajos de colocación de la malla y pintura del muro soporte, de la parte occidental de la sede administrativa, aun quedando pendiente la construcción del muro e instalación de la mallade la parte posterior en tramo de 94 metros.

(…)

En lo referente al procesado Jhon Jairo Urrutia Ramírez, es del caso manifestar que también está incurso en el delito de falsedad ideológica en documento público; pues en la fecha mayo 28 de 1996, mediante un oficio sin número, dirigido al gerente regional del ISS Quibdó, hizo constar, que en su calidad de mantenimiento había recibido a satisfacción el contrato de obras número 005 para encerramiento de la sede administrativa y centro de atención ambulatoria del instituto de los seguros sociales en la ciudad de Quibdó (…) —negrillas del texto—.

En su calidad de jefe de mantenimiento, tenía la función de expedir la constancia redargüida de falsa. En ese documento consignó una falsedad que a la postre sirvió como medio de prueba, por eso se tiene como autor material del delito de falsedad ideológica en documento público.

(…)

Jhon Jairo Urrutia Ramírez, se justificó con los siguientes argumentos: que recibió órdenes del Dr. Antonio José Tovar, para que recibiera la obra; que el resto del enmallado no lo recibió él; reconoce haber firmado la constancia visible en el folio 30 del cuadro de anexos; que Tovar Mendoza le dijo que hiciera ese documento donde consta el recibo de la obra y por último, dijo no tener conocimiento respecto al sobrecosto de los materiales utilizados en la obra. Teniendo en cuenta las múltiples pruebas obrantes en la foliatura, el despacho se permite hacer las siguientes consideraciones del orden jurídico:

Si Urrutia Ramírez sabía que la obra no se había culminado para la fecha mayo 28 de 1996, no se justifica que en razón a las órdenes recibidas por el Dr. Antonio José Tovar Mendoza, haya firmado la nota en donde hizo constar, que había recibido a satisfacción el contrato número 005, para el cerramiento de la sede administrativa y centro de atención ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales de la ciudad de Quibdó. Pues él mismo afirma en apartes de su injurada, que uno de los tramos objeto de la obra no se construyó por cuanto había una loma que lo impedía y que después de la visita de auditoría se hizo el encerramiento; claro está que este último tópico riñe con los dictámenes periciales que virtieron (sic) el ingeniero y arquitecto que intervinieron en la inspección judicial que se practicó en las dependencias donde funciona la sede administrativa del ISS, pues la constancia fue expedida el 28 de mayo de 1996 y los dictámenes periciales se suscribieron en los meses de agosto y diciembre de 1997, lo que desvirtúa las aseveraciones del sindicado.

En lo que respecta a si tenía o no conocimiento del sobrecosto de los materiales utilizados en la obra, esta circunstancia en nada desdibuja el delito de falsedad ideológica en documento público que se le endilga. Se le reprocha su comportamiento por haber expedido una constancia totalmente contraria a la realidad probatoria, que en nada justifica su actuar. Según la doctrina la falsedad ideológica “es la que se comete cuando en un documento genuino y verdadero, se consignan hechos o declaraciones falsas””.

En la misma decisión, la Fiscalía concedió la libertad provisional, porque encontró cumplidos los requisitos del artículo 68 del C.P., para el efecto le impuso el pago de caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, en consecuencia el 2 de febrero de 2000 el señor Urrutia Ramírez suscribió la respectiva acta de compromiso ante la fiscalía séptima especializada —folios 79 y 80, cuaderno 1 del tribunal—.

4.3.4. El 2 de mayo de 2000, la fiscalía delegada ante el tribunal confirmó la medida de aseguramiento impuesta al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez. Para el efecto consideró —folios 88 a 105 del cuaderno 1 del tribunal—.

“Así las cosas, es indispensable para dilucidar la función que ejercía el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, en su calidad de técnico de mantenimiento, consultar el objeto del contrato de prestación de servicios personales celebrado por éste, con el ISS, para la fecha en que presuntamente signó la constancia redalgüida (sic) de falsa.

En el objeto del contrato celebrado se estipulaba como obligación del contratista, prestar sus servicios como Técnico de mantenimiento, de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad, cumpliendo además las funciones inherentes a la naturaleza del contrato. Las normas propias de su función o actividad, están determinadas en el manual de funciones, resolución número 2800/94, quien en su artículo 11, determina las funciones generales del empleo del nivel técnico y en su artículo 54 establece como función específica para el técnico de mantenimiento “… son requisitos para el desempeño del cargo de técnico de mantenimiento, que agrupa entre otros, lo relacionado con actividades propias del mantenimiento de: equipos médicos y odontológicos, máquinas y equipos, mecánica y electricidad, supervisión de obras, ayudas audiovisuales…”.

Con base en lo anterior, debemos concluir que la función que desempeñaba el señor Jhon Jairo Urrutia, en su calidad de técnico de mantenimiento, le confería la obligatoriedad de supervisar las obras y en ese cometido debía constatar que efectivamente todas y cada una de las obras realizadas por parte del instituto de seguros sociales, así como las existentes, estuvieran en perfecto estado, de ahí que cuando el susodicho expidió la constancia por el cual se encuentra vinculado a las sumarias, lo hizo en cumplimiento de esa particular función, nótese como en la misma está expresando que esta fue recibida a satisfacción y la única forma de hacerlo, es precisamente previa la supervisión de la obra que debería él realizar en razón de sus funciones. Lo anterior si bien no atañe a la ejecución y mucho menos a la liquidación del contrato 005/95, tiene que ver, se repite, con las funciones propias a él encomendadas al momento de signar el contrato de prestación de servicios con el ente estatal.

Ahora bien, el delito de falsedad ideológica en documento público, exige para su estructuración, la existencia de un sujeto activo cualificado, el que realiza la acción certificante, debe hacerlo en ejercicio de sus funciones, lo que nos indica que debe aparecer en el panorama externo y objetivo, la relación entre la función que desempeña el servidor público y lo que está certificando de manera falsa, como si fuera verdadero, situación claramente presentada en los autos, pues se sabe que el señor Jhon Jairo Urrutia, fungía como servidor público al servicio del ISS y tenía como función certificante la de supervisar las obras que se desarrollaran o se hubieran ejecutado en dicho instituto y al producir la constancia de mayo 28/96, lo hizo en apego a estricto cumplimiento del objeto del contrato por él signado. Nótese como es el mismo procesado que admite que realizaba está función de constatar las obras, pero que la manera de redacción de la constancia, le es ajena, porque fue su superior jerárquico Antonio José Tovar Mendoza, quien la creó”.

4.3.5. El 15 de febrero de 2001, la fiscalía séptima especializada dictó resolución de acusación en contra del señor Jhon Jairo Urrutia por el delito de “falsedad, por hechos acaecidos cuando se desempeñó como jefe de mantenimiento del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Quibdó”, igualmente dispuso que el antes nombrado seguiría gozando del beneficio de libertad provisional. Decisión que fue declarada nula parcialmente por indebida notificación y dictada nuevamente el 22 de mayo del mismo año, en los mismos términos. Respecto de la responsabilidad del antes nombrado precisó el ente acusador —folios 114 a 143 y 148 a 174, cuaderno 1 del tribunal—.

“Si Urrutia Ramírez sabía que la obra no se había culminado para la fecha mayo 28 de 1996, no se justifica que en razón a las órdenes recibidas por el Dr. Antonio José Tovar Mendoza, haya firmado la nota en donde hizo constatar, que había recibido a satisfacción el contrato número 005, para el cerramiento de la sede administrativa y centro de atención ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales de la ciudad de Quibdó. Pues él mismo afirma en apartes de su injurada, que uno de los tramos objeto de la obra no se construyó por cuanto había una loma que lo impedía y que después de la visita de auditoría se hizo el encerramiento; claro está que este último tópico riñe con los dictámenes periciales que virtieron (sic) el ingeniero y arquitecto que intervinieron en la inspección judicial que se practicó en las dependencias donde funciona la sede administrativa del ISS, pues la constancia fue expedida el 28 de mayo de 1996 y los dos dictámenes iniciales se suscribieron en los meses de agosto y diciembre de 1997, lo que desvirtúa las aseveraciones del sindicado.

En lo que respecta a si tenía o no conocimiento del sobrecosto de los materiales utilizados en la obra, esta circunstancia en nada desdibuja el delito de falsedad ideológica en documento público que se le endilga. Se le reprocha su comportamiento por haber expedido una constancia totalmente contraria a la realidad probatoria, que en nada justifica su actuar. Según la doctrina la falsedad ideológica “es la que se comete cuando en un documento genuino y verdadero, se consignan hechos o declaraciones falsas” (IRURETA GOYENA, Delitos de falsificación documentaria y estafa)”.

4.3.6. El 20 de septiembre de 2001, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez por el delito de falsedad ideológica en documento público. Fundó su decisión en el artículo 6º del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—, esto es en el principio de favorabilidad —folios 182 a 185, cuaderno 1 del tribunal—.

4.3.7. El 8 de abril de 2002, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó absolvió al señor Urrutia Ramírez del delito endilgado por la fiscalía séptima especializada en delitos contra la administración pública Delitos. Para el efecto puso de presente que —folios 186 a 206, cuaderno 1 del tribunal—:

“Ahora, ni Antonio Tovar Mendoza ni Jhon Jairo Urrutia Ramírez han cometido delito alguno; pues el primero si recibió a satisfacción la obra total del cerramiento del ISS Quibdó y en las actas de recibo de la obra y liquidación del contrato 005/95, fechadas los días 26 y 28 de febrero de 1996 (fls. 34 y 35) respectivamente, se consignó la verdad, pues el mismo Urrutia en su indagatoria (fl. 469) es claro en manifestar que lo que en realidad recibió fue un área en la parte occidental del cerramiento del ISS que se había caído por efecto de un derrumbe y que lo demás ya estaba construido.

Urrutia Ramírez acepta que la constancia con fecha 28 de mayo de 1996 que aparece a folio 37 la elaboró después de la visita de auditoría interna del ISS y aunque consignó haber recibido toda la obra, lo que en realidad recibió fue un tramo de la parte occidental del cerramiento que se había venido abajo.

Como puede verse la obra se culminó en los plazos acordados en el contrato 005/95 con sus modificaciones. El hecho de que Urrutia Ramírez hubiese certificado haber recibido toda la obra cuando en realidad lo que recibió fue un tramo del cerramiento de la parte occidental del ISS no tiene ninguna significación de carácter penal, es decir, es inocua e irrelevante, pues para la fecha de la constancia ya el contratista había recibido la totalidad del dinero del contrato (fl. 26) y dicha reparación corrió por cuenta del contratista no del ISS”.

4.3.8. El 8 de julio de 2002, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó-Sala penal confirmó la decisión anterior. Como argumentos de su decisión sostuvo —folio 215 a 233 del cuaderno 1 del tribunal—.

“(…) esa presunta diferencia de la obra visualizada cuando ocurrió la visita de auditoría interna de Bogotá, según la cual la cantidad ejecutada no correspondía con la certificada en el acta de recibo de la obra, la explicó Jhon Jairo Urrutia Ramírez, jefe de mantenimiento del ISS, diciendo que la obra fue entregada y recibida en su totalidad, solo que para el tiempo de la visita de la auditoría, la misma había sufrido un derrumbe o caída en la parte occidental del encerramiento del ISS, lo cual nos hace pensar que los funcionarios de auditoría entendieron que la obra no se había concluido, pues dicha destrucción como garantía del contrato correspondía repararla al contratista que en efecto así lo hacía. Y como dicha excusa, la de la caída del encerramiento efectuado por el contratista no fue desvirtuada por el ente acusador, debe tenerse como verdad del proceso.

Aquí entonces cabe pregonar que ni la actuación de (…) en la ejecución del contrato, ni la de los funcionarios (…) Antonio José Tovar Mendoza y Jhon Jairo Urrutia Ramírez, los dos primeros exgerentes administrativos del Instituto de Seguros Sociales seccional Quibdó y el último jefe de mantenimiento de la citada entidad, quienes en cumplimiento del cargo desempeñado en la entidad contratante dieron cuenta de haber recibido la obra a satisfacción, constituye delito, pues claramente quedó establecido que la obra se ejecutó en los términos convenidos en el contrato que es ley para las partes contratantes, según se observa en el acta de recibo final de la misma suscrita el día 26 de febrero de 1996, entre el contratista y el doctor Antonio Tovar Mendoza, quien para el momento de la entrega fungía como gerente regional Administrativo de la entidad contratante”.

4.3.9. La decisión anterior quedo ejecutoriada el 9 de agosto de 2002, según certificación expedida por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, visible a folio 234 cuaderno 1 del tribunal.

5. Análisis del caso concreto.

En el asunto de la referencia se invoca la responsabilidad de la Nación - rama judicial y Fiscalía General por “la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en contra del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, dispuesta por la dirección de fiscalías de Quibdó, unidad de fiscalía especializada en delitos contra la administración pública y de justicia”, dictada el 28 de enero de 2000 y resolución de acusación de 15 de febrero de 2001, confirmada el 22 de mayo del mismo año; toda vez que fue exonerado del cargo imputado a través de sentencia absolutoria de primera y segunda instancia, debidamente ejecutoriada(8).

5.1. De la privación de la libertad.

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales resulta de la regla general de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 90 de la Carta Política. Disposición desarrollada por la Ley 270 de 1996, en el sentido de distinguir distintos eventos que hacen al Estado responsable por las acciones y omisiones de los agentes estatales encargados de administrar justicia, entre estos por “privación injusta de la libertad”.

5.1.1. La libertad como principio fundamental.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(9).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política(10).

El artículo citado comprende i) el reconocimiento de la libertad de la persona y ii) la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas punibles. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las facultades mencionadas no puede entenderse como una prerrogativa absoluta de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Autoridad que, en tanto es ejercida por hombres, conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida. Señala al respecto el artículo 90 Constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(11).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser, por el solo hecho de la investigación, se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(12). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración de la justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. En tal sentido, esta corporación en Sentencia de 4 de diciembre de 2006, señaló:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(13).

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106, segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(14).

Por lo demás, el artículo 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5 del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.2. Análisis del dolo o culpa grave como eximente de responsabilidad.

Hechas las anteriores consideraciones, si bien el artículo 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo no opera en el ordenamiento alejado de disposiciones constitucionales que imponen deberes que igualmente resultan exigibles. De ahí la necesidad de al margen de la privación se hace necesario verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Conforme a lo anterior, se tiene que, previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad, debe el juez de lo contencioso administrativo verificar que la actuación del demandante. Cabe advertir que en cumplimiento de este requisito, en modo alguno, se trata de una autorización para revisar nuevamente el proceso penal “en tercera instancia” y por ende la sentencia allí dictada. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. Esto es el juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales dirigidos a construir un estado social justo.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio en el ámbito penal. Al respecto, vale la pena traer a colación que mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción, la culpa grave, equivalente al dolo civil, tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento sindicado a quien se le reprocha haber obrado de un modo contrario a la norma penal, estando en condiciones de haber obrado distinto. Ello implica que, en el juicio penal, el análisis de la culpa, en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta. Así, mientras que en el ámbito de lo civil bastará acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas del comportamiento, en el juicio penal se han de ponderar circunstancias meramente subjetivas como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc. De tal manera que, en tanto en el ámbito de lo civil el reproche se deriva de un análisis comparativo, en el juicio penal de circunstancias particulares.

Al respecto, cabe señalar que la gradación o calificación de la culpa civil del actor como dolosa o gravemente culposa se realiza desde la perspectiva del artículo 63 del Código Civil(15). Es decir no se deriva de las características subjetivas del agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, a la luz de la confrontación de la conducta del actor con un estándar objetivo de corrección que utiliza el modelo de conducta, conocido desde antaño del buen pater familias, para cuya conformación debe tenerse presente las reglas propias de las funciones, profesiones u oficios desarrollados. Esto es, a manera de ejemplo es dable sostener que el buen profesional de la medicina diligencia correctamente las historias clínicas y que todo conductor conoce y acata las normas de tránsito.

6. Consideraciones sobre el caso concreto. El daño antijurídico. Imputación. Culpa grave o dolo.

Conforme a lo expuesto, debe la Sala examinar las pruebas que resultaron insuficientes para proferir sentencia condenatoria en contra del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, con el objeto de establecer si hay lugar a la reparación, la que debe negarse sí se encuentra acreditada la culpa grave o el dolo civil.

6.1. El daño antijurídico invocado por el actor.

Conforme a las súplicas de la demanda y los supuestos fácticos que le sirven de fundamento, el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez y su núcleo familiar demandan la responsabilidad administrativa de la Nación - rama judicial y Fiscalía General, por los daños que le fueron causados con ocasión de “la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en contra del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, dispuesta por la dirección de fiscalías de Quibdó, unidad de fiscalía especializada en delitos contra la administración pública y de justicia”, en razón del proceso penal adelantado en su contra, por el presunto falsedad ideológica en documento público. Perjuicios, que a su parecer, devienen de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y la resolución de acusación dictadas en su contra por la fiscalía antes citada.

Efectivamente, acorde con las pruebas la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento y resolución de acusación en contra del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, absuelto por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó y confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial mediante sentencia, debidamente ejecutoriada.

Ahora, tanto el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó como el tribunal de distrito judicial de la misma ciudad encontraron que el punible endilgado al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez surgió de la denuncia instaurada, el 30 de julio de 1996, por el director de auditoría interna del ISS - Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación - oficina de asignaciones, por el “el presunto delito contra la administración pública en la seccional del Chocó”, en razón del contrato de obra pública 005-95, suscrito con el objeto del “cerramiento del CAA y la sede administrativa Quibdó”, del ISS - Chocó. Denuncia que le permitió a la fiscalía delegada 207 especializada en delitos contra la administración pública de Bogotá proferir las siguientes decisiones: el 27 de septiembre de 1996 resolución de apertura de instrucción; el 5 de noviembre de 1998 vinculó al actor mediante indagatoria; el 28 de febrero de 2000 resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, concediéndole el beneficio de libertad provisional previo pago de caución prendaria y el 15 de febrero de 2001 resolución de acusación que fue confirmada el 22 de mayo del mismo año.

No obstante, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó consideró que el demandante no había “cometido delito alguno”, por cuanto “en las actas de recibo de la obra y liquidación del contrato 005/95, fechadas los días 26 y 28 de febrero de 1996 (fls. 34 y 35) respectivamente, se consignó la verdad”, toda vez que, como el mismo actor en su injurada “manifest[ó] que lo que en realidad recibió fue un área en la parte occidental del cerramiento del ISS que se había caído por efecto de un derrumbe y que lo demás ya estaba construido”, esto es que “aunque consignó haber recibido toda la obra, lo que en realidad recibió fue un tramo de la parte occidental del cerramiento que se había venido abajo”. De lo que concluyó que i) “la obra se culminó en los plazos acordados en el contrato 005/95 con sus modificaciones”, y ii) que el hecho de que el señor Urrutia “hubiese certificado haber recibido toda la obra cuando en realidad lo que recibió fue un tramo del cerramiento de la parte occidental del ISS no tiene ninguna significación de carácter penal”, comoquiera que para la fecha de la constancia el contratista había recibido la totalidad del dinero y las reparaciones corrieron por cuenta del mismo. Decisión que fue avalada por el tribunal superior al sostener que la actuación del aquí demandante no “constituye delito”, porque “claramente quedó establecido que la obra se ejecutó en los términos convenidos en el contrato que es ley para las partes contratantes”.

Siendo así, se colige que el actor no estaba en el deber jurídico de soportar la medida de aseguramiento consistente en privación de su libertad, por cuanto la Fiscalía General no logró desvirtuar la presunción de inocencia.

1.2.(sic) De la imputación.

Señala el actor que los daños antijurídicos por los que demanda reparación de la Nación - rama judicial y Fiscalía General devienen de la “la medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en contra del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, dispuesta por la dirección de fiscalías de Quibdó, unidad de fiscalía especializada en delitos contra la administración pública y de justicia”, en razón del proceso penal adelantado en su contra, toda vez que fue exonerado del cargo imputado, mediante sentencia absolutoria de primera y segunda instancia.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostiene que sus actuaciones en el sub lite se adelantaron en estricto cumplimiento del artículo 250 constitucional y que conforme a los hechos expuestos en el libelo introductorio no se encuentran los supuestos esenciales que permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en su contra, aunado que al actor se le respetaron sus derechos y garantías, toda vez que tuvo la oportunidad de controvertir todas las pruebas allegadas en su contra. Señala que, en el caso de autos existían indicios que en su momento comprometieron la responsabilidad del actor y justificaron tanto la medida de aseguramiento como la acusación, toda vez que el demandante suscribió la “constancia de entrega total de la obra terminada” del contrato de obra nº 005, lo que demostraba con claridad su participación en los hechos investigados; por cuanto el señor Urrutia Ramírez suscribió el acta final dando lugar por este hecho a la apertura de la investigación, toda vez que a la fecha de suscripción de dicha acta, el contrato no se había ejecutado en su totalidad. Lo anterior, aunado a que la absolución del antes nombrado se dio por aplicación del principio in dubio pro reo, por existir dudas sobre su responsabilidad, de lo que se colige que se excluye “la noción de detención injusta y en consecuencia el daño que puso sufrir el sindicado al ordenarse su detención no tenía la categoría de antijurídico”, por lo tanto el sindicado estaba en el deber de soportarlo.

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación, en la oportunidad para las alegaciones finales, señala que difiere del título de imputación bajo el cual fue condenada en primera instancia de “detención injusta”, cuando en realidad el investigado, si bien se le interpuso medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional, lo cierto es que “nunca estuvo detenido físicamente, ni en centro carcelario ni en domiciliaria”. Planteamiento que no será tenido en cuenta, toda vez que las alegaciones finales no son la oportunidad procesal correspondiente para mejorar la defensa e impugnación.

Al respecto, para la Sala es claro que, conforme al material probatorio allegado al plenario y tal como lo encontraron tanto el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó como el tribunal de distrito judicial, la demandada no logró desvirtuar la presunción de inocencia, del demandante. De manera que como el actor fue privado de la libertad injustamente, los daños por los que reclama son imputables a la Fiscalía General. Esto sin que le este dado al juez de la responsabilidad controvertir la decisión, empero sí entrar a considerar la reparación, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, sin afectar lo decidido por el juez natural, en cuanto la presunción de inocencia se mantiene incólume y el principio del non bis in ídem le impide al juez de la responsabilidad confrontar la decisión.

De otra parte, cabe resaltar que la Nación - rama judicial fue absuelta por el a quo y que la alzada fue interpuesta solo por la Fiscalía General de la Nación, en consecuencia la Sala no hará pronunciamiento alguno, respecto de la entidad estatal absuelta.

6.3. Análisis del dolo o culpa grave del actor.

El artículo 270 de 1996 prevé como eximente de responsabilidad que la víctima haya actuado con culpa grave o dolo. Previsión que desarrolla los artículos 2º, 83 y 95 constitucionales.

Esto es, si bien el artículo 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico, este imperativo no exime al juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación de la víctima a la luz de los deberes de corrección que igualmente impone la Carta Política.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2º, 83 y 95 del mismo ordenamiento.

Siendo así, conforme a lo expuesto, es preciso analizar la conducta del señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez a luz del artículo 63 del Código Civil, definido por el modelo de conducta que la Constitución y la ley prevén para los servidores públicos, acorde con el cargo de jefe de mantenimiento de la entidad estatal —ISS—. Lo que le imponía el deber de cumplir con el contrato de prestación de servicios suscrito con la entidad antes citada y su reglamento interno.

Al respecto, la Sala considerará las pruebas debidamente allegadas al asunto de la referencia así:

i) Constancia de recibido del contrato de obra 005 de fecha mayo 28 de 1996, que se transcribe a continuación —folio 37 anexo 1—:

“Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto de Seguros Sociales

Unidad programática de naturaleza especial del Chocó Quibdó

Quibdó, mayo 28 de 1996

Doctor

Antonio Tovar Mendoza

ISS.

Gerente regional seccional Quibdó

Cordial saludo:

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción el Contrato de Obras 005 para el cerramiento de la Sede Administrativa y C.A.A. del Instituto de Seguros Sociales en la ciudad de Quibdó.

Sin otro particular,

Atentamente,

(Firmado)

Jhon Jairo Urrutia Ramírez

Jefe de mantenimiento

ISS”.

ii) La denuncia instaurada, el 30 de julio de 1996, por la dirección de auditoría interna del ISS, ante la Fiscalía General de la Nación - oficina de asignaciones, en el que puso en conocimiento “el presunto delito contra la administración pública en la seccional del Chocó”. Hechos derivados del contrato de obra pública 005-95, suscrito con el objeto del “cerramiento del CAA y la sede administrativa Quibdó”, del ISS - Chocó. Contrato que “según acta de recibo de obra (…) de fecha de 26 de febrero de 1996, se efectuó entrega y recibo de los trabajos finales. Sin embargo, se estableció por observación directa que no se había ejecutado en su totalidad el cerramiento” —folios 1 y 2 anexo 1—.

Por lo anterior, la fiscalía de conocimiento ordenó la apertura de instrucción y dispuso escuchar en diligencia de indagatoria al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez.

iii) El 5 de noviembre de 1998, la fiscalía 4ª especializada en delitos contra la administración púbica en diligencia de indagatoria interrogó al señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez, quien respecto del contrato de obra pública nº 005 de 1995 manifestó —folios 467 a 471 anexo 3—:

“(…) yo ese contrato nunca lo conocí excepto cuando vinieron de la auditoría disciplinaria del seguro social seccional Antioquia, a hacer una indagación sobre el proceso del contrato 005, el cual me hicieron una indagación, yo les respondí, allí me di cuenta de ese proceso, quien me indagó en relación a ello fue la doctora (…) coordinadora auditoría disciplinaría seccional Antioquia (…) la intervención que tuve yo en ese contrato fue la siguiente: a mí me dijo el doctor Antonio José Tovar, quien para esa época era el gerente del Seguro Social en esta ciudad, pero antes de que él me dijera esto, había venido una visita de Bogotá a ver si todos los trabajos se había culminado, resulta que había una loma en la parte frontal de la sede administrativa que impedía que se hiciera totalmente el encerramiento, eso era unos 40 a 50 mts., más o menos, después que se fue la visita se hizo el encerramiento de ese tramo y eso fue lo que yo recibí por orden del doctor Antonio José Tovar, el resto del mallado no lo recibí yo, eso ya estaba hecho, no se quien lo recibió. PREGUNTADO: sírvase manifestar (…) si la firma que aparece sobre la antefirma (…) fue escrita en su puño y letra (…) CONTESTÓ: esa firma si es la mía, yo anteriormente firmaba así, pero quiero aclarar que yo una certificación de recibo de obra nunca la he hecho así, dirigida al gerente de turno yo siempre la hago más o menos así (…) pero nunca se la dirijo al gerente porque para que se la dirijo a él si al (sic) no se la tengo que enviar a él sino a cuentas. PREGUNTADO. Sírvase manifestar si usted acostumbra a firmar hojas en blanco con el membrete y logotipo del seguro social. CONTESTÓ. No. PREGUNTADO. Si usted reconoce que la firma del documento a que hemos hecho referencia en la penúltima pregunta fue suscrito por usted y además acepta que nunca acostumbra a firmar hojas en blanco con el membrete y logotipo del seguro social, lógico es entender que el contenido del documento de marras fue certificado por usted; si ello es así explique porque allí dice que usted recibió a satisfacción el contrato de obras 005 (…) mientras que en esta diligencia ha manifestado que lo único que recibió fue un trecho de 40 a 50 mts. (…) “como había dicho anteriormente yo nunca conocí el contrato 005, si recuerdo que el doctor Antonio José Tovar me dijo o me narró, como era el jefe de turno en ese tiempo y era el ordenador del gasto, que hiciera ese documento así como está allí, esto fue después de que ya habían entregado el pedazo de 40 a 50 mts. pero yo no medí ese tramo simplemente constaté que se hubiese enmallado y que tuviera (sic) unido a la malla que ya existía y yo firmé esa certificación así porque él era el jefe o gerente de turno, debo aclarar que yo recibí el resto del enmallado pero cuando firmé esa constancia sabía que todo el encerramiento ya estaba hecho, pero no conocía sus dimensiones”.

De las pruebas antes señaladas, se concluye que el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez recibió a satisfacción la obra del contrato 005, —acta de recibo de la obra, denuncia e indagatoria—, sin que la misma se hubiera ejecutado en su totalidad. Pues él mismo contradice lo certificado con la injurada, en cuanto en la primera firma el recibido a satisfacción y en la segunda sostiene que solo recibió un tramo de “40 a 50 mts.”.

iv) El contrato de prestación de servicios personales suscrito entre el señor Jhon Jairo Urrutia —contratista— y el ISS —contratante—, contiene las siguientes cláusulas —folios 570 a 571, anexo 3—:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con el instituto a prestar sus servicios como TÉCNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, con oportunidad, eficiencia y eficacia en ISS CHOCÓ. SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: 1) prestar sus servicios personales de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad; 2) EL CONTRATISTA, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones profesionales o actividades encomendadas, respetará las normas y reglamentos del EL INSTITUTO; 3) Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por EL INSTITUTO, para el ejercicio de las actividades convenidas (…)”.

v) Resolución 2800 de 1994 del ISS, por medio de la cual se establece el manual de funciones y requisitos para el desempeño de los empleados del Instituto de Seguros Sociales. Respecto del nivel técnico, se lee (se resalta) —folios 594 a 599, anexo 3—:

“ART. 11.—De las funciones generales de los empleados del nivel técnico. En armonía con las funciones asignadas a las respectivas dependencias los empleados del nivel técnico desarrollan, entre otras, las siguientes funciones generales:

1. Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico con base en la aplicación de los fundamentos que se sustentan su especialidad u oficio.

(…)

“ART. 54.—Técnico de mantenimiento. Son requisitos para el desempeño del cargo de técnico de mantenimiento, que agrupa entre otros, los relacionados con actividades propias del mantenimiento de: equipos médicos y odontológicos, máquinas y equipos, mecánica y electricidad, supervisión de obras, ayudas audiovisuales”.

En consonancia con lo expuesto y acorde con el objeto del contrato de prestación de servicios personales del señor Urrutia Ramírez con el ISS y con la Resolución 2800 de 1994, mediante la cual el ISS estableció el manual de funciones para sus funcionarios, advierte la Sala que el antes nombrado incumplió con las mismas, toda vez que dentro de las actividades propias del cargo de “técnico de mantenimiento”, estaba la de “supervisar las obras”, es decir, que no es de recibo lo señalado por el actor, en cuanto sostiene que certificó haber recibido a satisfacción las obras del contrato 005 por orden de su superior jerárquico, toda vez que era su deber, tal como se desprende del manual de funciones, antes citado.

De otra parte, en lo que tiene que ver con el estudio de la culpa grave o dolo civil, en asuntos donde el sindicado ha sido absuelto de la responsabilidad penal, la subsección ha precisado:

“Nótese que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— tratándose de la pérdida de la libertad se subsumen en la culpa grave o el dolo de la víctima, eventos en los que el Estado no resulta obligado a responder administrativa y patrimonialmente.

Ahora bien, como previamente ya se ha referido, la regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la administración, cuenta con una subregla de carácter especial, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal estipula en su parte final que los supuestos en él señalados y que dan lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, proceden a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Así lo consideró la Sala en decisión reciente, en la que afirmó que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad(16). Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en el numeral 6º de su artículo 14:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (negrita con subrayas fuera del texto).

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010, dijo la Sala(17):

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo (negrita con subrayas fuera del texto).

De igual modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado(18) ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(19) y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77(20) y 78(21) del Código Contencioso Administrativo, y de la Ley 678 de 2001(22). Así señaló que,

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(23) y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

Esta tesis ha sido aplicada por la sección tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(24).

(…)

Ahora bien, el hecho de que en esta instancia no se evalué la corrección o incorrección de la sentencia absolutoria aludida en el párrafo anterior, en tanto la decisión adoptada sede penal es cosa juzgada, inmutable y ha surtido efectos jurídicos para la parte interesada, no quiere decir que la reparación opere de manera automática, en tanto debe establecerse el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de dicha indemnización conforme a lo normado en el artículo 90 superior, en la Ley 270 de 1996, en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de los que se deriva que quien estuvo privado de la libertad no puede exigir reparación en todos los casos. Específicamente cuando su actitud gravemente culposa sea la que desencadene su privación.

En el sub judice se colige que el daño en el caso concreto obedeció a la medida en su contra que el mismo investigado José Oscar González Grisales propició en el aparato de justicia en virtud de no haberse ceñido al Código Fiscal y no haber sido diligente y precavido en el manejo de recursos públicos. Situación ésta que da lugar a la configuración de la causal respectiva de exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto el antes nombrado contribuyó a la configuración de los indicios necesarios para su detención, con su conducta irregular e imprudente”(25).

Así las cosas, como el daño que los demandantes reclaman no responde al requisito de antijuridicidad que lo haría indemnizable, se habrá de confirmar la decisión denegatoria del a quo”.

De manera que, como quedó expuesto y conforme al material probatorio arrimado al plenario y a la jurisprudencia transcrita, se advierte que el señor Jhon Jairo Urrutia Ramírez incurrió en culpa grave, de suerte que no será reparado al margen de la absolución del juez penal, como quedó explicado.

Siendo así, se puede concluir que en el asunto de la referencia existen evidencias de la actuación gravemente culposa del actor, toda vez que desconoció, se reitera, las normas constitucionales relativas al patrimonio público, las propias de su profesión o actividad, conforme al objeto del contrato de prestación de servicios, esto es las funciones que tenía como jefe de mantenimiento de la entidad y las señaladas en la resolución 2800 de 1994 del ISS, esto es las “actividades propias del mantenimiento de: equipos, (…) supervisión de obras”. En consecuencia la providencia impugnada será revocada y se negarán las súplicas de la demanda.

7. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda la condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Chocó.

2. NEGAR las súplicas de la demanda.

3. No hay condena en costas.

4. EXPÍDANSE las copias de esta providencia en cumplimiento del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada la presente sentencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

(2) Consejo de Estado, sección tercera, Auto de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Auto de 9 de mayo de 2011, Exp. 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(3) Resolución que define situación jurídica, dictada por la fiscalía séptima especializada en delitos contra la administración pública —folios 58 a 77, cuaderno 1 del tribunal—.

(4) Folios 182 a 185, cuaderno 1 del tribunal.

(5) Sentencia de primera instancia proferida por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó folios 186 a 206, cuaderno 1 del tribunal.

(6) Sentencia de segunda instancia, folios 215 a 233 del cuaderno 1 del tribunal.

(7) Constancia de ejecutoria visible a folio 234, cuaderno 1 del tribunal.

(8) Constancia que señala que la providencia quedó ejecutoriada el 9 de agosto de octubre de 2002, visible a folio 234, cuaderno 1 del tribunal.

(9) “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(10) ART. 28 “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

(11) Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las comisiones, art. 90, sesión comisión 1, mayo 6, pág. 4.

(12) En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995, pág. 166.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Rad. 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional, Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

(15) La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

(16) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la sección tercera: 25 de julio de 1994, Exp. 8483, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, Exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, Exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, Exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y Auto de 22 de mayo de 2003, Exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(20) Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(22) Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(23) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sección tercera, subsección “C”, Sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sección tercera, subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; sección tercera, subsección “C”, Sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; sección tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 17.188; sección tercera, subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero.

(25) Consejo de Estado, sección tercera, subsección “B”, Sentencia de 29 de octubre de 2015, radicado número: 17001-23-31-000-2003-00744-01(37700), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.