Sentencia 2009-00079 de noviembre 30 de 2107

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Proceso Nº: 440012331000200900079 01 (45081)

Demandante: Yiseth Bivian Oñate Perpiñán y otros

Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

1.1.1. Como dentro de la controversia está involucrada la Nación (arts. 82 y 149 del CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo la corporación competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(1).

1.1.2. De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(2).

1.1.3. Asimismo, se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso obedece a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad —entre otros temas—, pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.

1.2. La legitimación en la causa

1.2.1. Toda vez que la señora Yiseth Bivian Oñate Perpiñán fue la afectada directa con la actuación de la parte demandada, se encuentra legitimada por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la privación de su libertad. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por razón de sus demostrados lazos de parentesco consanguíneo con la citada demandante(3).

1.2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, encuentra la Sala que la parte demandante atribuye responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la demandante Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, dentro de la investigación adelantada en su contra por el delito de rebelión. De la imputación fáctica que recae sobre la entidad demandada se encuentra rendido el presupuesto procesal de legitimación.

1.3. La caducidad

La parte demandante imputa responsabilidad administrativa a la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de la demandante Yiseth Bivian Oñate Perpiñán ocurrida el 7 de junio de 2006, dentro de la investigación adelantada en su contra por el delito de rebelión que culminó con preclusión de la investigación.

En consideración de lo anterior, los dos años previstos por el numeral octavo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para formular de manera oportuna la acción de reparación directa deben contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión de preclusión, por cuanto hasta la expedición de esta providencia se verificó que la captura de la demandante carecía de soporte jurídico.

En ausencia de constancia de ejecutoria de la resolución de preclusión, la Sala tendrá en cuenta la de su expedición. El 24 de enero de 2008, la Fiscalía Tercera delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva precluyó la investigación adelantada en contra de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán por el delito de rebelión (fl. 305 cuaderno de pruebas). La oportunidad para presentar la demanda fenecía el 25 de enero de 2010.

Así puede concluirse que la demanda presentada el 6 de agosto de 2008 (fl. 34, cdno. ppal.), lo fue dentro del término legal.

3. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si se encuentra acreditada la privación de la libertad de la demandante Yiseth Bivian Oñate Perpiñán como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito de rebelión, que culminó con la preclusión y si aquella se torna injusta e imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación.

4. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(4), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses de la demandante, se entrará a estudiar la imputación.

4.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por la demandante se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo privada del mismo en el marco de la investigación penal como presunta autora del delito de rebelión, en la cual fue capturada y recluida en un establecimiento penitenciario.

Ahora, sobre el periodo de privación, la Sala advierte:

La parte demandante reclama la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la ciudadana Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, que según lo afirmado en la demanda tuvo lugar entre el 7 de junio de 2003 (fl. 27, cdno. ppal.) y el 13 de julio de 2006, fecha esta última en que la Fiscalía delegada se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento(5). Sin embargo, no se aportó ningún elemento de convicción que acredite que el periodo de privación de la libertad fue el señalado en la demanda.

Si bien el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar certificó que la señora Yiseth Bivian Oñate Perpiñán permaneció recluida en ese establecimiento, dijo que la detención se prolongó “desde el 7 de julio de 2006 y salió en libertad el 13 de julio de 2006 ordenado por la Fiscalía Primera Especializada de Riohacha” (fl. 25, cdno. ppal.)

Recuerda la Sala que parte del fundamento de la apelación se dirige a señalar que es suficiente el material probatorio aportado al expediente para acreditar los elementos de la responsabilidad administrativa en el presente caso. En efecto, la apelante sostiene que a la actuación procesal se aportó copia del expediente penal contentivo de la investigación adelantada por la Fiscalía delegada en contra de la demandante Yiseth Oñate, a partir de la cual se acreditó la materialización de su captura.

Lo anterior por cuanto el a quo consideró en el fallo de primera instancia:

“Revisado el expediente se observan (sic) que no obran la totalidad de los documentos pertinentes que permitan identificar de manera clara el hecho dañoso alegada (sic) por la demandante, es decir, no obran las supuestas declaraciones de los desmovilizados de los grupos al margen de la ley, la orden de captura proferida en contra de la demandante, el escrito de formalización de la captura y la indagatoria que tuvo que rendir la señora OÑATE PERPIÑAN.  

Sin embargo, esta Sala realizará el juicio de responsabilidad de acuerdo a los elementos probatorios que se puedan extraer de las declaraciones juramentadas visibles en los folios (4-41), de los informes Nº 0230 y 417 de 2006 visibles a folio (130), del informe 1900 (fl. 139) y de la providencia que definió su situación jurídica folio (159 y ss.)”.

Para arribar a dicha conclusión, estimó que la certificación aportada por el establecimiento carcelario no brindaba suficiente certeza para determinar si la señora Oñate Perpiñán estuvo privada de la libertad durante 36 días. Además, consideró que la prueba documental idónea para acreditar la falla atribuida a la entidad la constituye el proceso penal iniciado en contra de Yiseth Bivian Oñate, y si bien esta prueba fue solicitada dentro del término legal y el expediente fue allegado de manera incompleta por la Fiscalía respectiva, “la parte actora nunca ejerció su derecho de contradicción frente a dicha prueba documental con el fin de que se allegaran los documentos faltantes del proceso penal”.

Al respecto la Sala considera que revisado el proceso penal no se aportaron las piezas documentales que darían cuenta de la captura de la ciudadana Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, tales como las diligencias previas adelantadas por la Fiscalía o integrantes de policía judicial que sustentaron la captura, la providencia que dispuso la aprehensión, la orden de captura correspondiente y el acta de derechos del capturado.

Lo cierto es que existen piezas que integran el expediente penal de las cuales se puede inferir el periodo de privación de libertad que padeció la demandante:

• El 5 de julio de 2006, el testigo Daniel Enrique Gómez, quien manifestó conocer a Yiseth Bivian Oñate Perpiñán refirió: “En saber y entender me parece que es injusta su detención porque no se le ha conocido antecedentes en su vida diaria, es una persona de su hogar, de familia, de buenos principios” (fls. 14 a 16, cdno. de pbas.).

• En resolución del 24 de enero de 2008, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar calificó el mérito del sumario adelantado contra Yiseth Bivian Oñate Perpiñán con la preclusión de la investigación. Dentro de los elementos probatorios recaudados en la etapa de instrucción, la fiscalía delegada relacionó “el informe de fecha 7 de junio de 2006, dejando a disposición seis ciudadanos requeridos por orden judicial, firmado por el agente GERMAN GARCÍA CABARCAS, investigador Gaula regional” (fl. 301, cdno. de pbas.).

• Igualmente la resolución que calificó el mérito del sumario refirió en su parte considerativa: “Al hacer un estudio del expediente podemos concluir que el Gaula acantonado en Valledupar, pone en conocimiento a la Fiscalía que mediante labores de inteligencia los sindicados arriba nombrados, fueron capturados por orden de captura judicial en la población del molino, el día 7 de junio del 2006, como presuntos integrantes de las milicias bolivarianas, del frente 59 de las FARC y el ELN, que delinquen en el área rural de este municipio”. (Negrillas fuera de texto original) (fl. 303, cdno. de pbas.).

• En sede de reparación directa, con ocasión del decreto de pruebas, se libró oficio con destino a la Estación de policía de San Juan del Cesar para que certificara “el tiempo que permaneció privada de la libertad en esa estación, la señora Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, sindicada del delito de rebelión”, A su vez, se libró oficio a la Permanente Central de Policía para que se expidiera certificación en términos similares (fls. 137 a 138, cdno. ppal.).

• En respuesta al requerimiento formulado, el Jefe de Archivo del Departamento de Policía Guajira informó:

“En respuesta a su oficio Nº 1228, le informo que buscado en el archivo central no se encontró registro, en libros de control, guardia, servicio, población y retenidos de la Estación de Policía San Juan, sobre la retención de la señora Yiseth Bivian Oñate Perpiñán para la fecha 07 de junio del 2006” (fl. 182, cdno. ppal.).

• Mediante oficio Nº 457 del 12 de julio de 2006, la Fiscalía Primera Delegada ante los jueces penales del circuito especializado expidió orden de libertad de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán (fl. 167, cdno. de pbas.).

Del testimonio rendido por Daniel Enrique Gómez podría inferirse que para el 5 de julio de 2006, la demandante Yiseth Bivian Oñate se encontraba privada de su libertad. A su vez, la resolución de preclusión indica que la demandante fue capturada el 7 de junio de 2006.

En esta oportunidad será tomado como indicio en contra de la Fiscalía General de la Nación el no haberse aportado en su integridad el expediente penal que diera cuenta de las circunstancias de la captura, las pruebas que sirvieron de soporte para adoptar la decisión restrictiva de la libertad y la providencia que dispuso la aprehensión de la demandante. Bajo esta consideración, al analizar en conjunto las pruebas existentes en el proceso, la Sala tiene por demostrado que el daño consistente en la privación de la libertad de la demandante se produjo por el periodo comprendido entre el 7 de junio al 13 de julio de 2006, es decir por un periodo de 36 días

3.2. La imputación.

La Sala reitera, como en eventos similares se ha hecho, que el título de imputación privilegiado para casos como el presente es la “privación injusta de la libertad” bajo un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Debe recordarse que la Corte Constitucional, al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, así:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible. 

Así, la Sala ha considerado(6) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto, estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, siempre que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave.

Adicionalmente, debe advertirse que durante la vigencia del artículo 414(7) del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía ser declarada cuando se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible.

La disposición en comento quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección(8), los supuestos del artículo en cita se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 o bien de la Ley 906 de 2004(9) no inhiben su aplicación, pues las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes por expresa orden constitucional.

Así, a más de los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es posible declarar la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, como lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera(10).

Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, cabe decir que aquella se dará cuando se demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave.

Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si la privación de la demandante es imputable a la Nación, debe precisar si su absolución se enmarca en alguno de los supuestos antes señalados, para ello se estudiará las circunstancias que rodearon la investigación, el fundamento de la preclusión de la investigación iniciada en su contra y la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a la parte actora, se destacan los siguientes hechos de la investigación penal:

1.1.1.(sic) El 12 de julio de 2006, la Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito de Riohacha, al resolver la situación jurídica de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, declaró la atipicidad de la conducta punible de concierto para delinquir y se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por el delito de rebelión, en contra de la procesada (fl. 7 a 13, cdno. ppal.).

La resolución aludida, señaló frente a los hechos que originaron la investigación en contra de la demandante:

Los acontecimientos investigados inicialmente por el Grupo Gaula de la Policía Nacional, los cuales tienen apoyo en lo sostenido por Juan Carlos Montaño Mendoza, desmovilizado del Frente Gustavo Palmezano Ojeda ELN, Esteban Alfonso Nieves Solis reinsertado del Frente 59 de las FARC en su condición de comandante, los cuales como integrantes activos de las agrupaciones subversivas ELN y FARC, dan cuenta de un grupo de sujetos están involucrados o vinculados con la subversión, estableciéndose mediante labores investigativas y de inteligencia que tales personajes son YISETH BIVIAN OÑATE PERPIÑÁN (...), lo que trajo que se libraran órdenes de captura en contra de los antes mencionados y ello devino en que se procedió por parte de efectivos del Grupo de Valledupar a hacer efectivas las órdenes de aprehensión, dándose la judicialización respectiva.  

Las consideraciones expuestas por la fiscalía delegada para adoptar la decisión de preclusión indican que las investigaciones adelantadas en contra de los procesados se originaron en declaraciones dadas por “unos desmovilizados ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Gaula Valledupar, donde hacen bajo la gravedad del juramento unos señalamientos de estar infringiendo la ley penal sendas personas”.

La Fiscalía concluyó que “la credibilidad de los reinsertados no ofrece lo que se esperaba, una mácula tan grande como ésta hace perder seriedad a las afirmaciones que vertieran en su momento”. En consecuencia, la autoridad instructora precisó:

(...)  

Grave pero muy grave resulta entonces poder cimentar unos cargos en contra de distintos sindicados con base en los testimonios de los reinsertados dadas estas situaciones, donde ésta es la prueba que se tenía como base para dicho sostenimiento, recordemos que la carga de la prueba está en el Estado y bajo estas condiciones no se puede fragmentar que se trata de manifestaciones en contra de diferentes personas, y que por ello hasta que en el sub iudice los vinculados demuestren con prueba diabólica su inocencia van a ser mantenidos procesados y detenidos, ello expresamente está proscrito por el legislador adjetivo, de manera que si unos declarantes no ofrecen que sus afirmaciones sean diáfanas, mal se haría en darle crédito cuando ya pasado por el cernidor de la sana crítica no se otean tan límpidos, así una grave injusticia podría estar cometiéndose, lo que no implica que el proceso termine ahora mismo, por cuanto corresponde seguir con las pesquisas para determinar si eventualmente se incurrió en tal conducta punible, pero de plano queda en evidencia que no hay mérito para imponer medida de aseguramiento, por ahora, por el delito de Rebelión, lo que por consiguiente trae que se deba ordenar la libertad de los procesados, debiéndose enviar las ordenes de libertad ante las autoridades correspondientes.  

(...)  

1.1.2.(sic) En resolución del 24 de enero de 2008, la Fiscalía Tercera delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva dispuso la preclusión de la investigación iniciada en contra de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán por el delito de rebelión (fl. 15 a 23, cdno. ppal.).

Para arribar a la decisión de preclusión la fiscalía delegada consideró:

(...) Al hacer un estudio del expediente podemos concluir que el Gaula acantonado en Valledupar, pone en conocimiento a la Fiscalía que mediante labores de inteligencia los sindicados arriba nombrados, fueron capturados por orden de captura judicial en la población del molino, el día 7 de junio del 2006, como presuntos integrantes de las milicias bolivarianas, del frente 59 de las FARC y el ELN, que delinquen en el área rural de este municipio.  

En cuanto a la responsabilidad de los encartados podemos concluir que en su diligencia de inquirir negaron tener participación en los hechos pero surgieron los testimonios de JUAN CARLOS MONTAÑO MENDOZA, PEDRO MONTAÑO SOTO, y ESTEBAN NIEVES SOLIS, quienes afirmaron bajo la gravedad de juramento que conocían a los sindicados, como miembro activo del frente 59 de las FARC y frente LUCIANO ARIZA y FRENTE GUSTAVO PALMEZANO OJEDA, con fundamento a esas versiones y a la orden de batalla milicias del frente 59-FARC, donde relacionan a los sindicados, la fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento porque no encontró pruebas e indicios que los comprometieran en la conducta de REBELIÓN.  

Posteriormente se aportaron nuevas pruebas tales como innumerables firmas de la comunidad (sic)  

Donde dan fe de la conducta de los procesados, testimonios de los señores Víctor Manuel Petit (...), quienes en forma clara, conteste y veraz dicen todo lo contrario a lo manifestado por Pedro Jesús Montaño Soto, Juan Carlos Montaño Mendoza y Esteban Alonso Nieves Solis, a quien el Despacho no les da credibilidad a sus dichos toda vez que son personas reinsertadas que con el ánimo de conseguir dadivas del gobierno se someten irresponsablemente a señalar a ciudadanos como miembros de las FARC y del ELN, para recibir dineros de acuerdo a la política del Estado.  

Esta Delegada por lo contrario le da credibilidad a las versiones dichas por los sindicados y sus testigos quedando así sin fuerza las declaraciones juradas de los reinsertados.  

Hoy cuando le toca al Despacho calificar el mérito del sumario encuentra que no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal y le toca actuar con fundamento al artículo 399 de la misma obra que hace referencia a la preclusión de la investigación y al no existir en este caso pruebas que demuestren la autoría o coautoría de los sindicados en el delito que se investiga se ordena la PRECLUSION de la investigación.  

3.2.3. De la resolución de preclusión es posible inferir que los testimonios de cargo, se vieron debilitados al momento de calificar el mérito del sumario, con ocasión de las pruebas documentales y testimoniales aportadas en la investigación que acreditaron la ausencia de participación de la demandante en la conducta atribuida, por la cual se le imputó el delito de rebelión (pertenencia a grupos subversivos).

Por lo anterior, la Sala advierte que el fundamento de la preclusión de la investigación adelantada en contra de la demandante se debió a la falta de pruebas sobre la existencia del delito endilgado, pues el esfuerzo probatorio de la Fiscalía en ese sentido había sido insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia, los testigos de cargo procedentes de desmovilizados quedaron disminuidos con las demás pruebas documentales y testimoniales, que permitieron concluir la ausencia de vínculo de la demandante con grupos al margen de la ley.

Conforme fue analizado en precedencia, se acreditó la privación de la libertad de la demandante durante siete días, por el periodo comprendido entre el 7 de julio al 13 de julio de 2006; no obstante, ante la carencia de elementos probatorios que den cuenta de las circunstancias de la captura y los fines de la misma, la Sala entenderá que tuvo como propósito la práctica de indagatoria(11), y se prolongó hasta resolver su situación jurídica como procesada.

Resulta palmario que en la oportunidad para resolver la situación jurídica de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán la Fiscalía se abstuvo de imponer medida restrictiva de la libertad en consideración a la falta de prueba de su participación en el delito de rebelión, por el que fue vinculada a la investigación. Finalmente, al calificar el mérito del sumario, dispuso la preclusión de la investigación porque no existía prueba alguna que la incriminara.

La demandante fue desligada de la investigación porque no cometió el hecho por el cual se le sindicaba, en este caso, pertenecer a grupos armados al margen de la ley.

Por tanto, la Sala deberá preguntarse de inmediato, si bajo tales circunstancias es preciso atribuir responsabilidad a la demandada. Corresponde indagar si la demandante, pese a no haber cometido el hecho por el cual se le sindicaba, estaba obligada a soportar la afectación a su libertad, aun cuando fuera por espacio de siete días.

La cuestión encuentra respuesta desde el régimen objetivo, para el cual, la responsabilidad es tributaria de todo daño antijurídico que se cause, aun cuando sea a expensas de la más inmaculada actuación procesal. Ahora que, para definir la lesividad del daño en tales casos, es necesario evocar la preponderancia de la libertad en el contexto de un Estado constitucional y democrático, para el cual:

“La libertad es el referente central, clave de bóveda del fundamento de los derechos humanos, al que apoyan, completan y matizan los otros valores, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad. Esa importancia capital deriva de su conexión con los fines últimos del hombre, expresados en la moralidad, y con su posibilidad para ofrecer un ámbito de comunicación para el intercambio de razones sobre los fines y objetivos”(12) . 

De ahí, que sea insostenible pensar que se puede esquilmar el ejercicio de la libertad de un inocente, sin producirse a su paso un daño antijurídico, aun cuando sea por el reducido lapso de unos días y con fines de indagatoria(13), pues eso no es lo que de ordinario le sucede a las personas que no se involucran en situaciones delictivas y, como quiera que aquí resultó probado que la implicada no se inmiscuyó en la conducta por la cual se le privó de su libertad, no hay razón para imponerle una carga que no tenían por qué soportar(14).

Ahora bien, con fundamento en el artículo 90 constitucional y, los artículos 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad no puede darse al margen de la culpa grave o dolo de la víctima, cuyo análisis se orienta desde la perspectiva de la responsabilidad civil, a partir de la sujeción a los deberes que el ordenamiento constitucional y la buena fe imponen, como también, por el incontestable hecho de que nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

De esta forma, el estudio sobre la culpa o dolo civil de la víctima debe hacerse indistintamente de si fue alegado o no por la demandada, pues se trata de un juicio autónomo y de un presupuesto sustancial para la atribución de responsabilidad administrativa y patrimonial.

En ese orden de ideas, en el presente caso no observa la Sala que quien demanda del Estado la indemnización por la privación de la libertad haya descuidado el cumplimiento de sus deberes, como tampoco que sus pretensiones se incuben en la culpa propia, pues de las pruebas emerge nítidamente que no existía razón para vincularla a la investigación penal que originó la privación por la cual reclama.

Del prenotado análisis concluye la Sala, que la privación de que fue objeto la señora Yiseth Oñate Perpiñán, le deparó un daño antijurídico, atribuible objetivamente a la Fiscalía General de la Nación, por lo que encuentra lugar para revocar la sentencia apelada.

4. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

La parte demandante reclama el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales por concepto de daño emergente por los costos de su defensa dentro de la actuación penal. Reclama igualmente el reconocimiento de perjuicios morales.

4.1. En lo tocante a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que estos se limitan a los gastos de defensa que tuvo que asumir la demandante en el proceso penal.

La parte demandante pretende acreditar el perjuicio reclamado con la certificación expedida por el abogado que asumió su defensa penal, según la cual informa:

“(...) actuando a título de abogado litigante, ejecutó la defensa técnica integral de los intereses procesales de la señora Yiseth Bivian Oñate Perpiñán (...) dentro del sumario radicado con el Nº 29.965, que cursara en la Fiscalía 003 Delegada ante Jueces Penales del Circuito de San Juan del Cesar y que concluyó con resolución de preclusión.  

Por concepto de honorarios profesionales fue pactada la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (15´000.000,oo) M/L, la que fue cancelada en su totalidad por parte del padre de la defendida, señor CÉSAR OÑATE, quedando por ello a paz y salvo” (fl. 26, cdno. ppal.).

La Sala evidencia que en efecto, el abogado Wilmer Ricardo Cobo Pinto actuó como defensor de la demandante durante la investigación penal, exceptuándose la indagatoria, diligencia respecto de la cual no obra prueba que acredite su participación como defensor como sí se evidencia en el resto de la instrucción, en tal medida, se atestigua la efectiva prestación del servicio por el que se reclama (fls. 8, 29, y 42 c. de pruebas expediente penal); sin embargo, la Sala no tomará el valor que aparece en la certificación aportada por la parte demandante porque no se allegaron los soportes tributarios de los alegados pagos, tales como los comprobantes de retención en la fuente o las declaraciones de renta que den certera cuenta del ingreso de dicho capital al patrimonio del beneficiario y de su salida del de la víctima(15).

En esta oportunidad se tendrá en cuenta el valor certificado por la corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, respecto a la defensa adelantada en la etapa de instrucción según criterio fijado por la Sala en sentencias del 13 de noviembre de 2014 y 29 de febrero de 2016(16).

Las tarifas de la corporación Colegio Nacional de Abogados - Conalbos vigentes para enero de 2008, cuando terminó la investigación, señalaban que por honorarios profesionales se podría pagar diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes por la defensa en la etapa instructiva(17).

En consecuencia, la Sala condenará a la Fiscalía General de la Nación al pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de este fallo, al demandante César Oñate, por concepto de daño emergente por pago de honorarios de abogado, por ser quien erogó estos gastos.

4.2. En relación con los perjuicios morales, se recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento, en tratándose de privaciones injustas de la libertad, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales por la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(18), así:

Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
Meses de privación
Injusta
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Superior a 1810050352515
Superior a 12Inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 09Inferior a 128040282012
Superior a 06Inferior a 09703524,517,510,5
Superior a 03Inferior a 06502517,512,57,5
Superior a 01Inferior a 033517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Reglas para liquidar el perjuicio moral
NivelTipo de relaciónPorcentaje
1Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paternofiliales. 
2Parientes en el 2° de consanguinidad.50% del monto recibido por la víctima directa.
3Parientes en el 3° de consanguinidad.35% del monto recibido por la víctima directa.
4Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°.25% del monto recibido por la víctima directa.
5Terceros damnificados.15% del monto recibido por la víctima directa.

En esa línea, debe recordarse que el demandante estuvo privado de su libertad por treinta y seis (36) días, esto es, en el rango superior a un mes e inferior a tres meses, por lo que se reconocerá una compensación de treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa, su hija y su padre, y una indemnización de 17,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos.

4.3. El demandante reclama el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicio a la vida de relación, debido a las sindicaciones que hizo la entidad a la demandante Yiseth Bivian Oñate Perpiñán, las circunstancias que rodearon el operativo de captura y la divulgación de la noticia por los medios de comunicación regional, además del impacto que causó en el medio que desarrollaba sus actividades.

El daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia, que hacía referencia a las consecuencias que en razón de una lesión o afectación se producen en la vida de relación de quien la sufre(19), fue reemplazado por el de daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por una lesión corporal, y también por el de daño a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, cuando aquél tiene su origen en la afectación de cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, jurídicamente tutelado y que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica(20).

De acuerdo con lo anterior, en tratándose de los perjuicios inmateriales, nada obsta para que se reconozcan perjuicios distintos a los morales, como el daño a la salud o bien por la afectación de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, deben estar acreditados y ser diferenciables de aquel que se reconoce como fuente de los perjuicios morales, para evitar una doble indemnización(21).

En el sub lite, la Sala no encuentra demostrado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación haya causado afectación alguna a la salud de la víctima o a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, distintos a la aflicción moral que padeció la víctima y su familia.

No es dable advertir una alteración mayor a la que en este caso repara la indemnización por perjuicios morales con ocasión de la privación de la libertad, reconocida a los demandantes. Debe advertirse que si bien, las pruebas testimoniales aportadas a la actuación dan cuenta de una situación que afectó la unidad familiar y al señalamiento del que fue objeto, es un efecto propio de la privación injusta de la libertad soportada por la afectada directa y por sus familiares.

En consecuencia se negará el reconocimiento de indemnización por este concepto.

5. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 19 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLÁRESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a la señora YISETH BIVIAN OÑATE PERPIÑAN, como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, durante el periodo comprendido entre el 7 de julio al 13 de julio de 2006. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a CÉSAR ENRIQUE OÑATE, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente la suma equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva.  

TERCERO: CONDÉNESE a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a título de perjuicios morales la suma de: 

Para la señora YISETH BIVIAN OÑATE PERPIÑAN, en su condición de afectada directa, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia. 

Para el señor CÉSAR ENRIQUE OÑATE, en su condición de padre de la víctima, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia. 

Para NANYI ANGÉLICA OÑATE PERPIÑAN en su condición de hija, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Para MARÍA CAMILA OÑATE ARIAS, KELINETH OÑATE PERPIÑAN Y MARLON FABIÁN OÑATE PERPIÑAN, en su condición de hermanos de la víctima, el equivalente a diecisiete punto cinco (17,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos. 

CUARTO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

QUINTO: Sin costas. 

SEXTO: Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO: En firme esta providencia, archívese el expediente, luego de la expedición de las copias correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. 

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

3 Está demostrado que Nanyi Angélica Oñate Perpiñán es hija de Yiseth Bivian Oñate Perpiñán (registro civil de nacimiento, fl. 2, cdno. ppal. 1), César Enrique Oñate es su padre (registro civil de nacimiento, fl. 6, cdno. ppal.), María Camila Oñate Arias, Kelineth Oñate Perpiñán y Marlon Fabián Oñate Perpiñán (registros civiles fls. 3 a 5, cdno. ppal.) son sus hermanos.

4 HENAO, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 37.

5 De acuerdo con lo referido en los hechos 2º y 14 de la demanda (fl. 30 y 32, cdno. ppal.).

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014, Exp. 36515, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

9 Sobre la procedencia de imputar al Estado una privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 906 de 2004, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 39350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

10 En sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Al respecto, el art. 354 de la Ley 600 de 2000 (CPP), aplicable al caso, disponía: Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha. (se resalta).

12 Pérez Luño, cit. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23.354, C.P.Mauricio Fajardo Gómez.

13 Al respecto puede verse, entre otras: Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección “B”, Sentencia del 29 de Octubre de 20015, Exp. 36191, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual se sostuvo que cuando no existen elementos incriminatorios de la infracción penal, no se tiene el deber jurídico de soportar una indagatoria y con ella, la vinculación a una investigación penal carente de fundamento.

14 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de octubre de 2015, Exp. 36191, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley 58 de 1982 prevé: “Para la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de renta de las personas vinculadas a la controversia”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, Exp. 42480, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ahí se advirtió: “No obstante, en cuanto a la suma cancelada por concepto del contrato de prestación de servicios, la Sala no le dará credibilidad a los certificados allegados, por cuanto la suma en ellos consignada resulta desproporcionada en comparación a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Colegio Nacional de Abogados. // Sin embargo, dicha situación no significa que deba dejarse de indemnizar el perjuicio causado al señor Gómez”.

17 “18. Derecho penal. (...) 18.7 Etapa instructiva. (...) 18.7.2. Ante fiscal seccional: Diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Res. Nº 001 de junio 26 de 2007 de la corporación Colegio Nacional de Abogados).

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se precisó la tipología de los perjuicios inmateriales, así: “Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”.

21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 36517, C.P. Danilo Rojas Betancourth.