Sentencia 2009-00085/43920 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 63001-23-31-000-2009-00085-01 (43920)

Actor: Sociedad Jaramillo Escobar S en C simple

Demandado: Nación-Rama Judicial y otro

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2. la oportunidad de la acción; 3. la legitimación en la causa; 4. cuestión previa: no existe cosa juzgada en el caso concreto: 5. la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 6. el análisis de la responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto: la reparación del daño ya se encuentra satisfecha y la sociedad actora no impugnó la decisión del juez civil que liquidó los perjuicios causados con las medidas cautelares; 7. decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto7.

2. La oportunidad de la acción.

En el caso que se examina, la sociedad demandante alegó el daño consistente en el embargo y secuestro de sus bienes muebles, dentro de un proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado en el cual no era parte.

De ahí que la demandante se enteró del daño el día en que se ejecutó la medida de embargo y secuestro por parte de la Inspección Octava Municipal de Policía de Armenia, esto es, en la diligencia que se llevó a cabo el 24 de febrero de 20068 y se observa que la demanda fue interpuesta el 22 de febrero de 2008, es decir, dentro del término de los dos años previsto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

La sociedad Jaramillo Escobar S. en C. simple se encuentra legitimada para actuar, dado que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, es la propietaria del establecimiento de comercio “Centro de la Moda y la Confección Supertiendas”, el cual fue objeto de la medida de embargo y secuestro de los bienes que lo conformaban, durante la diligencia practicada el 24 de febrero de 2006, decretada dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por Humberto Gómez Giraldo contra los señores Ramiro Sánchez Restrepo y Winston Espinosa Llanos, ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia.

Es así como, en providencia del 22 de marzo de 2007, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de los bienes muebles, al considerar que hubo un error de apreciación del comisionado respecto de aquellos sobre los cuales recaía el embargo9.

Igualmente, como consecuencia del levantamiento de dichas medidas, el 19 de enero de 2010, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia fijó el monto de los perjuicios materiales e inmateriales causados a la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. simple por parte del señor Humberto Gómez Giraldo, con las medidas cautelares solicitadas por el demandante dentro del proceso abreviado10.

En cuanto a la Nación-Rama Judicial y al municipio de Armenia, ambas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y se encuentran debidamente representadas por el director ejecutivo de administración judicial y por el señor alcalde, respectivamente, de conformidad con los artículos 99 numeral 8 de la Ley 270 de 1996 y 49 de la Ley 446 de 1998.

4. Cuestión previa: no existe cosa juzgada en el caso concreto.

Observa la Sala que el a quo declaró probada la excepción de cosa juzgada, con fundamento en que a la demandante se le reconocieron los perjuicios causados con las medidas de embargo y secuestro practicadas dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado.

Como lo ha señalado esta corporación, la cosa juzgada es una institución jurídico procesal que otorga a las providencias el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas11.

Tales efectos implican dos consecuencias: impedir al juez su libre determinación y dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico, para que los operadores judiciales, así como los sujetos procesales, no vuelvan a analizar o entablar el mismo litigio.

Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que una decisión alcanza el valor de cosa juzgada siempre y cuando existan los siguientes presupuestos:

a) Identidad de partes: en el proceso deben intervenir los mismos sujetos que resultaron vinculados y obligados por la decisión primigenia.

b) Identidad de causa petendi: la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. En caso de que la demanda presente nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

c) Identidad de objeto: la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial respecto de la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando en relación con lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o una misma relación jurídica. Igualmente, se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 175 del CCA, según el cual, las sentencias dictadas en procesos relativos a contratos, de reparación directa y de cumplimiento, producirán cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

En el caso que se examina, la providencia respecto de la cual se predica la cosa juzgada es el auto del 19 de enero de 2010, proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia, por el cual ese despacho tasó los perjuicios materiales e inmateriales causados a la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. simple con las medidas cautelares solicitadas por el señor Humberto Gómez Giraldo, dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado.

Para esta Sala de Subsección, no se reúnen los presupuestos de la cosa juzgada antes mencionados, dado que la citada providencia no fue dictada dentro de otro proceso de reparación directa como el sub judice y, además, porque no existe identidad jurídica de partes, pues los sujetos intervinientes en el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado no son los mismos vinculados al presente asunto.

5. Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador consagró tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial:

i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos12.

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1. se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2. puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3. debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4. el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5. se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente13.

6. El análisis de la responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto: la reparación del daño ya se encuentra satisfecha y la sociedad actora no impugnó la decisión del juez civil que liquidó los perjuicios causados con las medidas cautelares.

La sociedad demandante alega la pérdida de los bienes que conformaban su establecimiento de comercio, con ocasión de la práctica de unas medidas cautelares de embargo y secuestro decretadas dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado de Humberto Gómez Giraldo contra los señores Ramiro Sánchez Restrepo y Winston Espinosa Llanos.

Dichas medidas fueron decretadas por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia, mediante auto del 8 de febrero de 2006, sobre los “bienes muebles (ropa en general, estanterías, equipos de oficina, muebles y demás implementos propios de almacén de ropa) con los que tienen amueblado, guarnecido y provisto el inmueble que ocupan los demandados a título de arrendamiento, esto es, en la calle 51 Nº 10-61 bodegas Nº 1 y 2 de Armenia”14.

Previo a comisionar su práctica, el Juzgado requirió al apoderado del demandante para que aclarara si pretendía embargar el establecimiento de comercio como unidad de explotación económica o los bienes muebles con que se hubiera provisto el inmueble15, ante lo cual, el solicitante aclaró que la medida no se refería a dicho establecimiento16.

Una vez surtida la aclaración, el 15 de febrero de 2006, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia comisionó a la Inspección Octava Municipal de Policía de Armenia para que realizara la práctica de las medidas17. A su turno, en el despacho comisorio Nº 25 hizo la advertencia de que “la diligencia de secuestro deberá hacerse siempre y cuando no se trate de establecimiento como unidad de explotación económica18”.

Posteriormente, en diligencia del 24 de febrero de 2006, se llevó a cabo el embargo y secuestro de los bienes muebles que conformaban el establecimiento de comercio “Centro de la Moda y la Confección Supertiendas”, de propiedad de la sociedad accionante, pese a que esta no era la demandada dentro del proceso abreviado ni dichos bienes eran de propiedad de los demandados19.

En dicha diligencia, la persona que atendió a la funcionaria comisionada no presentó oposición alguna a su práctica, no obstante, el 27 de febrero de 2006, un socio gestor de la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. simple presentó un escrito al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia en el cual le indicó que la persona que atendió la diligencia le advirtió a la Inspectora de Policía que se trataba de un establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad y le anexó el certificado de cámara y comercio, sin embargo, no se dejó constancia de ello en el acta respectiva20.

En el mismo escrito señaló que aunque podía presentar incidente de levantamiento de la medida cautelar, consideraba que el Juzgado debía tomar las medidas pertinentes.

Un mes después, el 27 de marzo de 2006, la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. Simple presentó ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia un incidente de desembargo del establecimiento de comercio “Centro de la Moda y la Confección Supertiendas” y solicitó que se condenara en costas al demandante dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado.

Así consta en el auto del 22 de marzo de 2007, en el cual el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia declaró que la actuación desplegada por la Inspección Octava Municipal de Policía de Armenia, comisionada para el secuestro de los bienes embargados, fue exorbitante y lesiva, pues extralimitó las facultades conferidas por ese despacho. Como consecuencia, dispuso el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro y ordenó la entrega de los bienes a quien los poseía al momento de la diligencia21.

Posteriormente, la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. Simple formuló incidente de liquidación de perjuicios solicitando el pago de los siguientes conceptos:

— La mercancía retirada del establecimiento de comercio por valor de $71’912.200.

— El retiro de tres empleados por la suma de $600.066.

— El valor del arrendamiento del local mientras permaneció cerrado por valor de $16’295.000.

— Los activos fijos secuestrados por la suma de $28’710.000.

— Las cuentas por pagar a Ferrocarriles S.A. en cantidad de $14’389.800.

— Las cuentas por pagar a Futucal S.A. por $3’593.532.

— Las cuentas por pagar a Julio César M. en suma de $1’083.556.

— Las cuentas por pagar a Conf. Geos E.U. por valor de $384.5901.

— Las cuentas por pagar a Alberto Jaramillo por $1’284.200.

— La caución para presentar el incidente en suma de $1’250.000.

— El valor que resultara probado sobre el avalúo de los intangibles, tales como nombre y credibilidad del comerciante, el valor del establecimiento de comercio y de la mercancía inventariada por el secuestre22.

Finalmente, mediante auto del 19 de enero de 2010, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia23 fijó en la suma de $91’718.734 el monto de los perjuicios materiales e inmateriales causados a la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. Simple por parte del señor Humberto Gómez Giraldo, con la medida cautelar solicitada dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado24.

Ahora bien, dentro del recuento anterior observa la Sala que la Rama Judicial, a través del Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia, y mediante incidente de liquidación de perjuicios promovido por la hoy demandante, consideró que con la práctica de las medidas de embargo y secuestro dentro del proceso abreviado se causaron perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales a la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. Simple, dado que se secuestró indebidamente su establecimiento de comercio.

De ahí que, de conformidad con las pruebas practicadas, ese despacho determinó el monto de ambos tipos de perjuicios, tanto materiales como inmateriales, en un auto que no fue apelado por la sociedad Jaramillo Escobar S. en C. Simple, pese a que tenía la facultad para ello, tal como lo preveía el artículo 307 inciso final del Código de procedimiento Civil25.

En vez de apelar ante la justicia ordinaria civil, la sociedad actora decidió elevar las mismas pretensiones indemnizatorias mediante la acción de reparación directa, estas son, el valor de las mercancías retiradas en suma de $71’912.200, el valor declarado en inventarios fijos pertenecientes al establecimiento de comercio en cantidad de $28’710.000 y el valor de los intangibles tales como nombre y credibilidad del comerciante por $130’000.000.

Se observa entonces, que las mismas formaron parte de las propuestas en el incidente de liquidación de perjuicios en el cual se reconoció un monto total que no fue impugnado por la sociedad actora.

Así las cosas, el daño consistente en el embargo y secuestro del establecimiento de comercio de la sociedad Jaramillo Escobar S. en C simple, dentro de un proceso abreviado de restitución de inmueble en el cual no era la parte demandada fue resarcido, debido a que la interesada activó los recursos legales pertinentes, tales como el incidente de levantamiento de las medidas cautelares y el de liquidación de perjuicios.

Ahora bien, distinto es que el monto reconocido por concepto de los perjuicios reclamados no le resultara suficiente, lo cual no puede ser corregido promoviendo una nueva instancia judicial cuando tuvo la oportunidad de apelar la decisión incidental ante la justicia ordinaria y no lo hizo.

Como consecuencia, para esta Sala no hay lugar a discutir la causa del daño pues esta fue debidamente reconocida a la sociedad actora en la instancia civil, a través de los trámites incidentales promovidos por ella misma, dado que, si bien no existe cosa juzgada ante la falta de identidad jurídica de partes entre el proceso civil abreviado y el de reparación directa, no resulta admisible que la sociedad demandante persiga ante esta jurisdicción una doble indemnización por un daño que ya le fue reparado cuando la fuente de la obligación es la misma: la ejecución de unas medidas cautelares sobre su establecimiento de comercio26.

Colíjase de lo anterior que al haberse satisfecho la reparación del daño en otra jurisdicción sin que la parte interesada lo impugnara, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia y, como consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

Finalmente, se reconocerá personería a la apoderada de la Nación-Rama Judicial, en virtud del poder conferido a folio 238 del cuaderno de segunda instancia, el cual fue allegado con los soportes pertinentes.

7. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 1º de marzo de 2012 y en su lugar se dispone:

“1. Negar las pretensiones de la demanda.

“2. Reconocer personería a la doctora Sandra Lorena Arias Forero, portadora de la Tarjeta Profesional Nº 178.619 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la parte demandada, Nación-Rama Judicial.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 1001032600020080000900, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Folio 58 cdno. 1.

9 Folios 144 a 151 cdno. 2.

10 Folios 22 a 35 cdno. 2.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 73001-23-31-000-10540-02 (15576), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 13 de junio de 2016, exp. 85001-23-31-000-2008-00101-01(40079), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01(27452), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

14 Folios 496 a 499 cdno. 3.

15 Folios 500 y 501 cdno. 3.

16 Folio 203 cdno. 3.

17 Folios 504 y 505 cdno. 3.

18 Folio 528 cdno. 3.

19 Folio 58 cdno. 1.

20 Folios 511 y 512 cdno. 3.

21 Folios 144 a 151 cdno. 2.

22 Folios 42 a 48 cdno. 2.

23 A quien le correspondió el trámite luego del impedimento declarado por el Juez Séptimo Civil Municipal de Armenia para continuar conociendo el asunto (fls. 573 a 576 cdno. 3).

24 Folios 22 a 35 cdno. 2.

25 ART. 307.—Principio general. (…) Cuando la condena en perjuicios se haga por auto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se aplique lo dispuesto en el inciso segundo del siguiente artículo. Dicho auto es apelable en el efecto diferido”.

26 Sobre la improcedencia de un doble pago de indemnización cuando la fuente de la obligación de indemnizar es la misma, se pueden consultar las sentencias de esta Sección: sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1997-25274-01(27903), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-1995-10750-01(26450), C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo; sentencia del 6 de marzo de 2013, exp. 25000-23-26-000-1997-14773- 01(27091), C.P.Olga Mélida Valle de De La Hoz.