Sentencia 2009-00087/19908 de mayo 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 170012331000200900087 01

Nº Interno: 19908

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Luis Alberto Parra Velásquez

Demandado: U.A.E. DIAN

Renta 2004

Fallo

Bogotá, D. C., cinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala decide sobre la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 100642007000023 del 3 de octubre de 2007, mediante la que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Luis Alberto Parra Velásquez por el año gravable 2004, y de la Resolución 1102362008000002 del 21 de noviembre de 2008, que modificó la liquidación oficial.

En concreto, la Sala debe resolver si la administración debía aplicar el artículo 82 del ET para efectos de determinar el costo en el que incurrió el demandante en el año gravable 2004.

3.1. Hechos probados.

Para resolver el caso son relevantes los siguientes hechos probados:

1. El 28 de abril de 2005, Luis Alberto Parra Velázquez presentó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2004 en la que registró ingresos por $77.226.000 y costos y deducciones por $19.091.000(1).

2. El 29 de enero de 2007, mediante el Requerimiento Ordinario 84100076-0168, la DIAN informó al demandante que la declaración presentaba inconsistencias en la determinación del ingreso, pues, verificada la información reportada por terceros en medios magnéticos, determinó que el actor percibió ingresos por $397.152.914, que no fueron declarados(2).

3. El 1º de marzo de 2007, el demandante corrigió la declaración presentada el 28 de abril de 2005 a efectos de aumentar los ingresos a $454.903.000 y los costos y deducciones a $391.903.000(3).

4. El 6 de marzo de 2007, mediante el Requerimiento Ordinario de Información 8410076-265, la DIAN solicitó al demandante enviar información relacionada con los costos y deducciones registradas en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarias correspondientes al año gravable 2004 presentada el 1º de marzo de 2007(4). El contribuyente no suministró la información requerida por la Administración.

5. El 10 de abril de 2007, mediante el Requerimiento Especial 90000001, la DIAN propuso modificar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios antes referida. La propuesta de modificación consistió en desconocer, con fundamento en el literal b) artículo 651 del ET, la totalidad de los costos y deducciones declarados ($391.903.000) e imponer una sanción por inexactitud de $238.747.000(5). El contribuyente no respondió al requerimiento.

6. El 3 de octubre de 2007, mediante la Liquidación Oficial de Revisión 100642007000029, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el demandante por el año gravable 2004, en los términos propuestos en el requerimiento especial(6).

7. El 22 de noviembre de 2007, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión 100642007000029 del 3 de octubre de 2007(7). Con el recuso, aportó 13 certificaciones expedidas por terceros para sustentar los costos desconocidos por la DIAN(8).

8. El 21 de noviembre de 2008, mediante la Resolución 110236200800002, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante contra la Liquidación de Revisión 100642007000029. En esta actuación, la Administración confirmó el rechazo de los costos y deducciones pero levantó la sanción por inexactitud(9).

3.2. Consideraciones de la Sala.

3.2.1. De la sanción por no suministrar información.

El artículo 684 del ET establece que en el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación, la Administración debe efectuar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos y facilitarle al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación de las obligaciones tributarias.

Entre las actuaciones que la Administración puede adelantar en el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación están las de “Exigir de los contribuyentes o de terceros la presentación de los documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén llevados a llevar libros registrados” y “Ordenar la exhibición y examen parcial de los libro, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como del tercero, legalmente obligados a llevar contabilidad”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 686 del ET establece que los contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN, así como los no contribuyentes, “deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos”.

Desatender los requerimientos de la Administración, y de manera particular los relacionados con información propia o de terceros, constituye una conducta sancionable, de conformidad con lo establecido en el artículo 651 del ET, que sobre el particular dispone:

ARTÍCULO 651. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.

De lo anterior se advierte que el artículo 651 del ET establece como sancionables cuatro conductas relacionadas con el deber de suministrar información, a saber: i) no suministrarla cuando exista la obligación, ii) entregarla en forma extemporánea o iii) con errores y iv) proveer información que no corresponda a la solicitada.

La Corte Constitucional, al realizar el examen de constitucionalidad del artículo 651 del ET, justificó las sanciones referidas al incumplimiento de entregar información en los siguientes términos(10):

5. Concretamente, en materia tributaria la actividad sancionatoria de la Administración persigue lograr unos fines constitucionales específicos: a la Administración Pública compete recaudar los tributos destinados a la financiación de los gastos públicos con los cuales se logra en gran medida cumplir los fines del Estado, cometido en el cual debe observar no sólo los principios generales que gobiernan el recto ejercicio de la función pública, es de decir los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a que se refiere el artículo 209 de la Carta, sino también y especialmente los de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario que menciona el canon 363 constitucional. De todos estos principios, los de celeridad y efectividad de la función pública y el de eficiencia del sistema tributario obligan al legislador a diseñar mecanismos adecuados de recaudación de los tributos, de tal manera que las cargas tributarias se impongan verdaderamente a los contribuyentes con el peso de la potestad soberana. Obviamente, no se trata de reducir los espacios para la discusión concreta de estas obligaciones en cabeza de los ciudadanos, pero sí de dotar a la Administración de cierta fuerza coactiva destinada a lograr la recaudación. Establecido por el legislador el deber de tributar y radicada la función recaudadora en manos de la Administración, la posibilidad de sancionar de manera directa a los renuentes es el instrumento adecuado para lograr la efectividad y eficiencia del sistema tributario. El mecanismo además resulta proporcionado de cara a los derechos de los asociados, pues el principio de legalidad del tributo (C.P. art. 338) y la aplicación de las garantías del debido proceso a la actividad sancionatoria de la Administración (C.P. art. 29), permiten armonizar la necesidad pública de pronta y completa recaudación de los tributos, con los derechos de defensa, contracción, legalidad de la falta y de la sanción, etc.

La Sala, por su parte, ha señalado que la obligación tributaria sustancial, que consiste en la entrega de una suma de dinero al sujeto activo del gravamen, apareja una serie de deberes formales cuya finalidad es asegurar el pago del tributo y facilitar las labores de la administración tributaria(11).

Que, de esa finalidad se deriva la importancia que tienen los deberes formales dentro de la relación jurídico-tributaria como herramientas eficaces para mejorar el recaudo y la administración de los tributos. Que, por eso, su incumplimiento produce consecuencias jurídicas adversas que el administrado está en la obligación de soportar, en virtud del deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado que le asiste(12).

En lo que al caso particular interesa, el literal b) del artículo 651 del ET establece como consecuencia por omitir presentar la información, el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y que –como la Sala lo ha precisado– de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración(13).

Si bien el artículo 651 del ET anuncia el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones como si se tratase de una sanción, lo cierto es que ese hecho es la consecuencia lógica de no haber demostrado tales conceptos ora porque realmente no existen ora porque jurídicamente son improcedentes.

Ahora bien, sobre la obligación de conservar y mantener a disposición la prueba de los hechos económicos declarados, el artículo 632 del ET establece:

ARTÍCULO 632. Deber de conservar informaciones y pruebas. Para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera:

1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, descuentos, impuestos y retenciones consignados en ellos.

Cuando la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos.

2. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos, retenciones y demás factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de los contribuyentes, y en general, para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.

3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente retenedor.

4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago correspondientes.

En todo caso, resulta pertinente advertir que el último inciso del artículo 651 del ET establece que la conducta sancionable consistente en desatender el deber de suministrar información es subsanable.

Así, si el obligado entrega la información antes de la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a desconocer los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones.

Pero, si la información es entregada una vez ha sido notificada la liquidación oficial, solo serán aceptados los factores que sean probados plenamente, habrá que decir, con sujeción a las normas tributarias que rijan el asunto sobre el que versa la información. En otras palabras, el contribuyente deberá entregar, por ejemplo, las pruebas que demuestren los costos y deducciones en las condiciones previstas en el Estatuto Tributario, tal como lo disponen los artículos 771-2 y 617 y 618 del ET, como se precisa a continuación para resolver el caso concreto.

3.2.2. El caso concreto.

La DIAN y el tribunal coinciden en señalar que, para el periodo en discusión, el demandante ostentaba la calidad de comerciante por el ejercicio de la actividad de la compra y venta de ganado, calificación que, en todo caso, no fue discutida ni ante la administración ni ante la jurisdicción.

En consecuencia, la Sala considera que el demandante, para el año 2004, en efecto, detentaba la condición de comerciante y que, en esa medida, estaba en la obligación de llevar contabilidad en debida forma.

Según se advirtió en el acápite de hechos probados, el demandante no aportó los soportes contables de los costos y deducciones solicitados por la Administración mediante requerimiento ordinario de información, lo que la llevó a desconocer, con fundamento el artículo 651 de ET, la totalidad de los costos y deducciones registrados en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2004.

Como ya se dijo, la conducta sancionable en el artículo 651 del ET es subsanable, bien sea antes de la notificación de la liquidación de revisión, caso en el que no habrá lugar a desconocer los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones o, una vez notificada liquidación oficial, pero en ese evento, solo serán aceptados los factores que sean probados plenamente.

En el proceso está acreditado que el demandante pretendió subsanar la omisión en la que incurrió una vez le fue notificada la liquidación oficial de revisión y que, para el efecto, suministró certificaciones expedidas por terceros que, según alegó, fueron beneficiarios de los pagos realizados por el actor, en los que se concretaron los costos desconocidos por la DIAN, así:

NombreConceptoValor
Luis Miguel Velásquez AcostaTrasporte de ganado 16.200.000
Miguel Ángel Parra Simaca Compraventa de pastaje para ganado 6.500.000
Juan Bautista Díaz NúñezComisión por venta de ganado 4.800.000
Edwin Enrique Jiménez Viana Trasporte de ganado 8.200.000
Shirley Díaz Vergara Pastaje de ganado 7.500.000
Alexander Mendoza GonzálesCompra de ganado 47.030.000
Rafael Nicolás Ramos Compra de ganado 57.000.000
Alexander Emilio Díaz AnayaCompra de ganado 68.500.000
Camel Adala Salaiman Hemer Compra de ganado 47.080.000
Rafael Iriarte Buelvas Compra de ganado 40.000.000
Osmar González Cayal Compra de ganado 35.000.000
Deimis Fajardo Escorcia Compra de ganado 28.500.000
Henry Recamon Rondón Compra de ganado 25.593.000
Total 391.903.000

La Sala considera que para que los costos y deducciones registrados en la declaración cuestionada fueran aceptados, el demandante debía acreditarlos plenamente, conforme lo exige el inciso final del artículo 651 del ET, mediante los medios de prueba establecidos en las normas tributarias para el reconocimiento de costos.

Sobre la prueba de los costos y las deducciones en el impuesto sobre la renta y los requisitos que esos medios de prueba deben cumplir, el artículo, 771-2 del ET establece:

ARTÍCULO 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

PARÁGRAFO. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

Por su parte, los artículos 617 y 618 a los que se refiere la norma trascrita, disponen:

ARTÍCULO 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

j. <Literal INEXEQUIBLE>

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

PARÁGRAFO. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma.

PARÁGRAFO. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares.

ARTÍCULO 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan.

Según las normas transcritas, los documentos soporte de los costos pueden ser i) facturas, ii) documentos equivalentes o iii) documentos que cumplan los requisitos que señale el Gobierno Nacional, según las partes que intervengan en la transacción y el tipo de operación que se realice, como bien lo ha precisado la Sala(14).

De conformidad con los artículos 615(15) y 615-1(16) del ET, por regla general, quienes tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, están obligados a expedir factura o documento equivalente.

Para el año 2004, el documento soporte de las operaciones realizadas con personas no obligadas a expedir factura o documento equivalente, cuya elaboración estaba a cargo del adquiriente de los bienes y servicios, debía cumplir los requisitos mínimos previstos por el Gobierno Nacional en el Decreto 522 de 2003, en los siguientes términos:

Artículo 3º. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. El adquirente, responsable del régimen común que adquiera bienes o servicios de personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, expedirá a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes requisitos:

a) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios;

b) Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono;

c) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva;

d) Fecha de la operación;

e) Concepto;

f) Valor de la operación;

g) Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación;

En tanto que la Administración requirió información relacionada con los costos declarados, el demandante estaba obligado a soportarlos mediante facturas o documentos equivalentes que cumplieran los requisitos de los artículos 617 y 618 del ET o documentos de los que trata el artículo 3º del Decreto 522 de 2003, según fuera el caso.

En el expediente no obra ninguna prueba de la pueda advertirse que los terceros presuntamente beneficiarios de los pagos realizados por el demandante estuvieran o no obligados a facturar, para así determinar con qué tipo de documento debía ser soportado el costo que desconoció la DIAN.

En todo caso, la Sala considera que las certificaciones aportadas por el demandante no atienden los requisitos establecidos en las normas antes referidas para que fueran aceptados como soportes de los costos rechazados por la DIAN. Por lo tanto, la Administración hizo bien en desconocer el costo registrado en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el demandante por el año gravable 2004.

3.2.2.1. Del costo presunto.

El demandante pidió que, en subsidio, el costo se determinara de conformidad con lo estipulado en el artículo 82 del ET que establece:

ARTÍCULO 82. Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o periodo gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la Republica, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.

Su aplicación y discusión se hará́ dentro del mismo proceso.

Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad.

Conforme con esta disposición el costo presunto se debe calcular cuando: i) existan indicios de que el costo no es real, ii) no se conoce el costo de venta de los activos enajenados o iii) no hay posibilidad de conocer el costo de ventas de los activos enajenados mediante pruebas directas.

En el caso concreto, la demandante aportó pruebas de expensas hechas por transporte de ganado, compraventa de pastaje para ganado, compra de ganado y comisiones por venta de ganado.

La DIAN desconoció el costo porque de conformidad con el artículo 771-2 del E.T., para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta, se requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c) d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del ET, requisitos estos que también se exigen de los documentos equivalentes.

Como bien lo dijo la Corte Constitucional, “el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales hoy en día ha adquirido una relevancia propia que no se reduce al caso colombiano, pues permite hacer efectivo el deber material de tributación consagrado en el artículo 95-9 de la Constitución así como los principios esenciales del sistema tributario como son los de equidad, eficiencia y progresividad consagrados en el artículo 363 de la Carta Política, por lo que es imprescindible que dichos deberes formales sean cumplidos con todo rigor”(17).

Entonces, ni el contribuyente cumplió la obligación de suministrar las pruebas requeridas por el Estatuto Tributario, ni las pruebas que aportó cumplen los requisitos previstos en ese mismo estatuto. En esas condiciones, se ajusta a derecho el desconocimiento de los costos. Ni hay lugar a presumir los costos en los términos del artículo 82 del ET pues la controversia no se generó porque existiera un indicio de que los costos son inexistentes. La controversia se generó porque los costos se acreditaron con documentos que no cumplían los requisitos previstos en el Estatuto Tributario.

Como se dijo previamente, los deberes formales, como el de suministrar información, son herramientas establecidas para mejorar el recaudo y la administración de los tributos y es por esa razón que el ordenamiento tributario prevé mecanismos coercitivos que incentiven el cumplimiento y la formalización.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia del tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 11 de octubre 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Luis Alberto Parra Velásquez contra la DIAN.

2. RECONÓCESE a la abogada Sandra Liliana Cadavid Ortiz como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

1 Folio 24 del CAA.

2 Folios 11 y 12 de CAA.

3 Folio 26 del CAA.

4 Folios 27 y 28 del CAA.

5 Folios 43 al 57 del CAA.

6 Folios 44 al 50 del CP.

7 Folios 80 al 86 del CAA.

8 Folios 89 al 101 del CAA.

9 Folios 26 al 42 del CP.

10 Sentencia C-502 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., Sentencia del 17 de julio de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicación: 25000-23-27-000-2008-00227-01(19053).

12 Ibídem.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Sentencia del 16 de diciembre de 2011. Radicación: 17001-23-31-000-2005-02434-01(18055).

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Marta Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicación: 63001 2331 000 2006 00293 01 (18437).

15 Artículo 615. Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Para quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el tiquete expedido por ésta.
PARÁGRAFO. La boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica constituye el documento equivalente a la factura.
PARÁGRAFO 2º. Quienes tengan la calidad de agentes de retención del impuesto sobre las ventas, deberán expedir un certificado bimestral que cumpla los requisitos de que trata el artículo 381 del Estatuto Tributario. A solicitud del beneficiario del pago, el agente de retención expedirá un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado bimestral.
En los demás aspectos se aplicarán las previsiones de los parágrafos 1º y 2º del artículo 381 del Estatuto Tributario.

16 Artículo 616-1. Factura o documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.
Son documentos equivalentes a la factura de venta: el tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el Gobierno Nacional.
Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley el Gobierno Nacional reglamentara la utilización de la factura electrónica.

17 Sentencia C-733 de 2003, que declaró exequible el artículo 771-2 del E.T.