Sentencia 2009-00087 de agosto 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 110010325000200900087 00

Número interno: 1153-2009

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Antonio Barrera Carbonel

Bogotá D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Para desatar la causa, la Sala planteará: 1. El problema jurídico 2. Concretará el acto demandado y 3. Se pronunciará sobre las excepciones propuestas; de no prosperar estas, abordará el conocimiento de los cargos imputados a la cuestionada circular.

Problema jurídico

Se contrae a establecer si la Circular 001 de 21 de febrero de 2003, expedida por el director del IFI - Concesión de salinas que suspendió los “beneficios por extensión” para los pensionados de esa concesión y sus grupos familiares, fue expedida por funcionario competente, con respeto al debido proceso y protegiendo los derechos adquiridos en convenciones colectivas.

Para resolverlo la Sala revisará la competencia del director del IFI - Concesión de salinas y el fundamento del acto demandado para determinar si actuó conforme a sus funciones. De otro lado, analizará el trámite de expedición del acto para definir si hubo violación al debido proceso o expedición irregular del mismo y, finalmente, se pronunciará sobre dos tópicos que hacen parte fundamental de la defensa de las entidades referidas, para concluir, si la liquidación de la entidad conlleva la terminación de los beneficios sociales adquiridos por los pensionados en tal calidad y si existen derechos adquiridos en el caso de los trabajadores pasivos de ese ente.

Acto demandado

Corresponde como ya se ha señalado, a la Circular 001 de 21 de febrero de 2003, cuyo contenido es el siguiente:

“Asunto: suspensión beneficios por extensión”.

“Teniendo en cuenta que el IFI - Concesión de salinas, a partir del 22 de octubre de 2002, carece de planta propia de personal, valga decir de trabajadores directos, por sustracción de materia, se suspende el reconocimiento de beneficios en salud, educación y otros, que por extensión de conformidad con normas legales, convencionales y reglamentarias, se venía haciendo a favor de los pensionados de la entidad y sus grupos familiares.

Lo anterior, por cuanto la aplicación de tales prerrogativas como parte de los contratos de trabajo ha dejado de tener vigencia en razón del retiro de la entidad del último de sus trabajadores beneficiado con esas prestaciones extralegales, como lo era el doctor Álvaro Francisco Frías Acosta, quien prestó sus servicios hasta el 21 de octubre de 2002.

Como quiera que los recursos económicos con los cuales la entidad paga todos los derechos de orden laboral y pensional, provienen del erario, es preciso que deba ceñirse a las orientaciones, directrices, lineamientos e instrucciones que le imparte el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como ha ocurrido para casos similares a los presentados en entidades estatales en procesos de liquidación, y que, particularmente para salinas ha determinado que su aplicación solo procede para el pago de las mesadas y aportes IVM.

De otra parte, se tiene que lo dispuesto en la presente circular, se soporta legalmente también en los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, especialmente el criterio señalado por la Corte Constitucional en casos en los cuales entidades del mismo orden se encuentran en estado de liquidación como fue la Caja Agraria y otros entes gubernamentales.

El IFI - Concesión de salinas en este, como en todos los demás actos que conllevan el manejo de las relaciones con sus exfuncionarios y pensionados, ha mantenido y mantendrá como siempre el pleno respeto a sus derechos y cuyo marco de legalidad y respeto se derivan de la Constitución Nacional”(10).

Excepciones

La Sala se pronunciará en primer lugar sobre las excepciones planteadas en las defensas, las cuales se agruparan conforme a su contenido.

— Inexistencia del acto administrativo, naturaleza jurídica de la circular.

Sustentada en que la Circular 001 de 21 de febrero de 2003, es informativa y tuvo como objeto recordar que el IFI - Concesión de salinas, a partir del 22 de abril de 2002 carecía de planta de personal y, por lo tanto, suspendía el reconocimiento de los beneficios de salud, educación y otros, que se otorgaban a los ex trabajadores, pensionados y sus grupos familiares, reiterando que estos solo subsisten mientras permanezca vigente la relación laboral, de manera que consideran, no es un acto administrativo. De otro lado, alega también uno de los excepcionantes, la inexistencia del acto administrativo, fundado en que los actos expedidos respecto de trabajadores oficiales son tan solo actos de gestión o de trámite y no puede clasificarse como un acto administrativo.

Solución a la excepción

La excepción precedente está directamente relacionada con el control de legalidad que se hace sobre los actos y, por ende, para definirla es fundamental establecer su naturaleza.

La Circular 001 de 2003, fue expedida por el director del IFI - Concesión de salinas con destino a los pensionados y sus grupos familiares, con el fin de informar la suspensión del reconocimiento de beneficios en salud, educación y otros, que por extensión, de conformidad con las normas legales, convencionales y reglamentarias recibían los pensionados y sus familiares, con el argumento que no había una planta propia por la liquidación de la entidad y la finalización del contrato de administración delegada, toda vez, que el último trabajador se retiró el 21 de octubre de 2002.

El anterior Código Contencioso Administrativo(11), en el inciso último del artículo 84, habilitó el control de legalidad sobre las circulares de servicio así: “También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”(12).

Dentro de ese contexto, la jurisprudencia y la doctrina han estimado que las circulares de servicio son comunicaciones de carácter general, pero dirigidas a un grupo específico de personas que tienen una situación jurídica o un interés común en razón de su actividad o relación jurídica, económica, social o laboral, con sujetos u objetos que le son comunes(13), con una clasificación diversa, según al público al cual esté dirigida o conforme a su contenido. Así, pueden ser externas o internas, informativas o vinculantes; sin embargo, no todas constituyen un acto administrativo controlable por la jurisdicción; de manera que para identificarlo se sigue la regla general, es decir, que contenga una decisión unilateral vinculante de la autoridad pública, expedida en ejercicio de su función, capaz de producir efectos jurídicos, en cuanto crea, suprime o modifica una situación jurídica y, además, debe cumplir con el requisito de la eficacia.

El marco conceptual citado evidencia que la Circular 001 de 2003, sin duda desde el punto de vista material y formal, es un acto administrativo controlable por el juez, porque contrario a lo argumentado por las defensas, contiene no una mera información sino una decisión unilateral obligatoria de una autoridad pública como es el director del IFI - Concesión de salinas, expedida en ejercicio de su función, que produjo efectos jurídicos, en cuanto “suspendió” los beneficios por extensión a los pensionados del IFI - Concesión de salinas, desapareciéndolos del mundo fáctico jurídico al no permitirles el acceso y disfrute que de ellos venían haciendo.

La anterior reflexión obviamente desvirtúa de plano el argumento de que el acto demandado es de trámite o gestión por estar destinado a trabajadores oficiales, porque como se demostró, es un verdadero acto regla que extinguió una situación jurídica a favor de los pensionados del IFI - Concesión de salinas.

Ahora bien, respecto de su publicidad requisito de eficacia del acto, no está evidenciada por ninguna de las partes, vale decir, que no se demostró cuando, como y donde fue divulgado, siendo ello fundamental para oponerla a terceros que puedan resultar afectados con la decisión, no obstante y dado que no fue alegado por ninguna de las partes, debe entender la Sala que fue debidamente informado, entre otras cosas, porque fue demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

De manera que la excepción propuesta no tiene vocación de prosperidad.

— Ineptitud sustantiva de la demanda, incompetencia de la jurisdicción contenciosa, improcedencia de la acción de nulidad, falta de legitimación en la causa o interés jurídico, caducidad de la acción.

Esta excepción es complementaria de la anterior, en la medida en que la sustentación hace referencia a que por tratarse de un acto de trámite o gestión y no de un acto administrativo no es susceptible de la acción de nulidad, de contera, que tampoco sería la jurisdicción contenciosa la competente sino la ordinaria laboral.

De otro lado, alegan los excepcionantes que al estar dirigido el acto demandado a los pensionados, cada uno de ellos tenía 4 meses para demandar, por lo cual ya estaría vencido el término de ley toda vez que ya han transcurrido cerca de 7 años hasta la fecha de presentación del libelo, lo que significa, que la acción estaría caducada.

Finalmente, advierten la falta de legitimación en la causa respecto del actor, dado que no invocó, ni tiene interés jurídico en las resultas de la litis.

Solución a la excepción

La exposición del numeral anterior se desvirtúa en gran parte con la argumentación del aserto precedente, en la medida en que se demostró que la Circular 001 de 2003 es un verdadero acto administrativo que produjo efectos jurídicos. En efecto, se trata de un acto de carácter general —por lo que puede ser impugnado por cualquier persona por sí o por medio de representante—, fue expedido para un grupo indeterminado de personas que en el caso concreto son los pensionados del Instituto de Fomento Industrial, IFI - Concesión de salinas, a quienes se les extinguió una situación jurídica, lo que de perogrullo refleja que el objeto de la tutela es el orden jurídico abstracto y no el restablecimiento de derechos subjetivos; por ende, no hay lugar a demostrar interés jurídico ni tampoco hay caducidad de la acción, de manera que estas excepciones no habrán de prosperar.

Resueltas las excepciones, se analizará el fondo del asunto conforme a los cargos plateados.

Fondo del asunto

Previo a resolver los cargos presentados en la demanda, considera la Sala importante ubicar los antecedentes jurídicos del IFI - Concesión de salinas.

Antecedentes jurídicos del IFI - Concesión de salinas

La Ley 41 de 1968 reglamentada por el Decreto 1205 de 1969, autorizó al Gobierno Nacional para que suscribiera un contrato(14) con el IFI(15), con el objeto de explotar, beneficiar y administrar las salinas terrestres y marítimas de propiedad de la Nación; para tal fin, le fue traspasada como aporte de capital, las instalaciones mineras e industriales de la concesión salinas del Banco de la República. Este contrato inicialmente considerado como concesión, modificó su naturaleza jurídica en interadministrativo de administración delegada conforme lo estableció el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado(16), por el término de 30 años. Ante las dificultades económicas el Congreso de la República expidió la Ley 12 de 1990, con el fin de estimular la reactivación económica y la modernización de la empresa, inclusive con la liquidación del contrato de concesión de salinas y la creación de una sociedad de economía mixta del orden nacional la cual debía hacerse respetando todas las obligaciones contraídas por el IFI y especialmente lo relacionado con las conquistas laborales. Posteriormente, en virtud la Ley 773 de 2002, se autorizó la formación de una sociedad de economía mixta, cuyo objeto era la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de las sales que se producen en salinas marítimas de Manaure, cuyos activos estarían conformados por los vinculados al contrato de administración delegada, el 25% de salinas Manaure, 25% para la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu, 51% para la Nación - Ministerio de Desarrollo Económico y 24% para el municipio de Manaure. No obstante haberse ordenado la liquidación del IFI(17), hasta la fecha de presentación de la demanda continuaban haciéndose prórrogas —dadas las diversas dificultades de orden económico y social—; la última conocida hasta ese momento se hizo con el Decreto 1507 de 2009, por lo que el IFI continuó con las obligaciones y derechos derivados del contrato de administración delegada.

Finalmente el IFI - Concesión de salinas se liquidó el 31 de diciembre de 2009 con la expedición del Decreto 4713 de 30 de noviembre del mismo año. Las obligaciones que subsistieron a su liquidación quedaron a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cargos

Incompetencia del funcionario que expidió la Circular 001 de 2003

Fundada en que ni en el capítulo 3 del Decreto 2590 de 2003 que ordenó la disolución y liquidación del Instituto de Fomento Industrial, IFI, ni el artículo 7º del Decreto 539 de 2000 modificado por el artículo 4º del Decreto 2883 de 2001, a través del cual la Nación por medio del Ministerio de Desarrollo Económico asumió las obligaciones derivadas del contrato de concesión de salinas, así como tampoco en el Decreto 1070 de 2009, ni en las continuas modificaciones del Decreto 2590 de 2003(18) que se sucedieron hasta el 31 de mayo de 2009 con el Decreto 1507, se facultó al director de la concesión para que suprimiera los beneficios en salud, educación y otros que venían gozando los pensionados y sus grupos familiares, por el contrario, la Nación por conducto de sus respectivos ministerios, quedó obligada a responder por los compromisos laborales y pensionales, por manera que la decisión administrativa cuestionada, viola los artículos 6º y 121 de la Constitución Política al abrogarse el funcionario competencias que no le pertenecen.

Las entidades que respondieron al proceso por el contrario afirman, que sí existe esa competencia y está descrita en la cláusula veintiuna del contrato de administración delegada que dispuso respecto de las facultades del director: “El director de la concesión de salinas será designado por la junta directiva del instituto y ejercerá por delegación de este, respecto a los bienes que dicha concesión formen parte, las mismas facultades y funciones que corresponden a los representantes legales; en particular, las de suscribir actos y contratos que fueren necesarios para la correcta marcha de la concesión y constituir los apoderados que para ello requieran”. Justifican con ese contenido la decisión, sumado a que las partes que firmaron la convención hoy no existen y particularmente la planta de personal de IFI - Concesión de salinas se acabó desde el 22 de octubre de 2002, además, que la entidad se liquidó el 31 de diciembre de 2009.

Solución de cargo

Revisada la Circular 001 de 2003, se encuentra que esta no señala un fundamento normativo o contractual específico. La decisión de suspender los “beneficios por extensión” se soporta en:

• Que el IFI - Concesión de salinas, carece de planta de personal propia desde el 22 de octubre de 2002, cuando el último de sus trabajadores se retiró.

• Que los recursos económicos provienen del erario y, por ende, debe ceñirse a los lineamientos y demás instrucciones del Gobierno Nacional como ha ocurrido en otros casos similares en liquidación, por lo que para el caso de salinas, solo procede el pago de las mesadas y aportes IVM.

• Los criterios jurisprudenciales, especialmente en los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre entidades del mismo orden en liquidación, como fue la Caja Agraria.

Sobre la motivación aludida debe señalar la Sala, que como es evidente no se soporta en la cláusula veintiuna del contrato de delegación ya transcrita —que no fue allegada al proceso, sino reproducida en la contestación de la demanda por el Ministerio de Minas y Energía(19)—, en donde se le otorgan facultades al director para que cumpla las funciones de los representantes legales y suscriba actos y contratos, potestad que por su ambigüedad no arroja concreción y certeza y de la cual no puede deducirse que ese funcionario tenía la autorización o la soberanía para que de manera unilateral diera por terminada una conquista convencional. Tampoco puede emanarse la competencia del director del IFI - Concesión de salinas para decidir motu propio la “suspensión de beneficios por extensión”, de las directrices gubernamentales —que no detalla— ni de las analogías jurisprudenciales que cita, —como la liquidación de la Caja Agraria—, porque no son fuentes válidas para “suspender” o finalizar unos derechos adquiridos por negociaciones colectivas, dado que la liquidación de cada entidad tiene sus particularidades y no puede generalizarse para aplicar la irreversibilidad de los derechos sociales de plano como sucedió en este caso, que de paso debe advertirse, es una decisión ambigua y disfrazada, porque la suspensión es una tregua, una parada, una interrupción, una pausa; ¿pero por cuánto tiempo? No se señala, no se advierte, por el contrario, si se concluye de su redacción que es definitiva toda vez, que no hay límites temporales, lo que comporta una incertidumbre fáctica y jurídica para los pensionados y sus familiares y los somete a un oscuro panorama de desamparo, ya que ni siquiera tuvieron la oportunidad de controvertir la decisión por vía administrativa.

De hecho, ante la liquidación del IFI - Concesión de salinas, la Nación a través de sus diferentes ministerios(20) según el acuerdo contractual, estaba en la obligación de continuar con sus compromisos pensionales y laborales, por lo que no podía su director unilateralmente y en las condiciones fácticas y jurídicas en que lo hizo tomar esa decisión sin violar los artículos 6º y 121 de la Constitución Política. No obstante que lo expuesto da lugar a la prosperidad de esta causal nulitoria, es necesario dada su conexidad, revisar el segundo cargo expuesto en el libelo referido al debido proceso o como lo etiqueta el actor “expedición irregular” y en donde se concentran prácticamente los demás cargos.

Expedición irregular - violación al debido proceso y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

Fundada en que la decisión del director del IFI - Concesión de salinas de suprimir los beneficios de salud, educación y otros, envuelve una revocación parcial del derecho de pensión ya que ellos son inherentes a esta, por consiguiente se incurrió en una violación de los artículos 14, 28, 34, 35, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo.

Solución al cargo

Como se advirtió en el aserto correspondiente a la naturaleza del acto demandado y a los requisitos para su existencia y eficacia, este último referido a la publicidad y por consiguiente al debido proceso(21), la Sala retoma este tema para advertir que en el sub lite no hay constancia de su notificación, comunicación o publicación a los pensionados, quienes eran terceros que resultaban directamente afectados con la decisión, habida cuenta que no se les confirió la oportunidad de discutirlo en sede administrativa a través de los recursos pertinentes utilizando para ello un acto de carácter general eludiendo así el cumplimiento de los artículos 14, 28 y 34 del Código Contencioso Administrativo, es decir, la citación a terceros que pudieran resultar afectados para que se hicieran parte e hicieran valer sus derechos en la actuación administrativa, con la garantía probatoria que ello implica. La decisión fue tomada por la administración de plano generando de facto una violación al debido proceso, lo cual está proscrito del ordenamiento constitucional.

De otro lado y dado que los entes afirman que los derechos sociales que fueron “suspendidos” no hacen parte de los derechos pensionales ni se consideran derechos adquiridos, la Sala hará a continuación un pronunciamiento sobre ese tópico.

El origen de los derechos sociales adquiridos por los pensionados del IFI - Concesión de salinas es convencional y tiene su fuente autónoma precisamente en las diferentes negociaciones colectivas adelantadas por la concesión de salinas del Banco de la República y luego por la dirección de la concesión de salinas y el Sindicato de la Industria de la Sal y sus derivados posteriormente denominado Sindicato Único de Trabajadores de las Salinas Nacionales, así como en diferentes actos reglamentarios, obteniendo un régimen especial extenso e integral en materia de salud y educación. Es así como en el artículo 15 de la Convención colectiva firmada el 14 de septiembre de 1978 en cuanto al régimen jubilatorio señaló: “a- La empresa garantizará la conservación del régimen jurídico y prestacional existente en la actualidad para los pensionados de la concesión”(22).

Precisamente la vigencia de estos derechos es el punto de controversia, habida cuenta que para el actor se encuentran vigentes por ser derechos adquiridos y no ser escindibles de la pensión y para las entidades demandadas no es un argumento válido, al contrario, dado que la entidad fue liquidada y no tiene planta de personal, no hay Convención colectiva aplicable y son derechos independientes de la pensión la cual se adquiere exclusivamente por el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad.

Sobre este punto, la Sala recuerda que el fundamento normativo que extendió los beneficios asistenciales a favor de los pensionados se encuentra en los artículos 7º(23) y 9º(24) de la Ley 4ª de 1976 que si bien fue subrogado por el 163 de la Ley 100 de 1993, debe tener una lectura sistemática frente a su campo de aplicación. En efecto, el artículo 11 ídem, conserva adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley cumplieran los requisitos correspondientes, resguardando obviamente los adquiridos en convenciones colectivas y en especial los complementarios, tal y como lo conceptúo la Sala de Consulta y Servicio Civil(25).

En este orden de ideas, la Sala puede concluir que los beneficios convencionales extensivos no debían extinguirse de la manera como se hizo, porque la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no los afectó sino que los preservó y, además, porque su fuente fueron las disposiciones convencionales obtenidas en su calidad de pensionados y esta condición aún se mantiene, de manera que mientras subsista el pago de la pensión deben respetarse esos derechos, en ese orden de ideas, no es una razón fundante y válida del acto demandado, la liquidación de la entidad, la ausencia de una nómina activa y la finalización del contrato de concesión del IFI - Concesión de salinas para eliminar los derechos que fueron adquiridos mediante la negociación colectiva amparada por la Ley 4ª de 1976.

Por último, lo referido a la naturaleza de los derechos, esto es, si pueden o no considerarse como adquiridos y como parte de la pensión, la Sala reitera lo dicho en el Radicado 0293-02004(26) dada la identidad fáctica y jurídica de los pensionados del IFI en Liquidación con el presente proceso, para responder afirmativamente con el siguiente análisis:

“Bajo las anteriores consideraciones no cabe duda que los beneficios asistenciales reconocidos por el pacto colectivo tienen la calidad de derechos adquiridos en tanto que: se predican de un sujeto, que para el caso, son los pensionados del IFI quienes se beneficiaron del pacto colectivo que extendió los beneficios asistenciales a ellos. Los hechos previstos en las normas se cumplen, en la medida en que la Ley 4ª de 1976, dispuso que los pensionados del sector público, oficial o semioficial, tendrán derecho a percibir los mismos beneficios de orden asistencial que sus trabajadores activos, lo que se cumple ya que pertenecen al sector público. En cuanto al ingreso definitivo al patrimonio del derecho prestacional, es claro que los pensionados venían disfrutando el pago de la prestación con el consecuente pago de los beneficios asistenciales de la convención colectiva, de ello dan cuenta los actos demandados, en tanto que reconocen que los beneficios asistenciales se venían pagando por el IFI a sus pensionados cuando en su numeral segundo que dice...” los beneficios asistenciales y de educación que se aplican a los trabajadores activos se hacen extensivos a los pensionados en las mismas condiciones que las que otorgan para aquellos y a sus dependientes, de conformidad con los artículos 7º y 9º de la Ley 4ª de 1976”.

En virtud de lo dicho, la Sala declarará la nulidad de la Circular 001 de 2003 de 21 de febrero de 2003, proferida por el director del IFI - Concesión de salinas.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Circular 001 de 21 de febrero de 2003 proferida por el director del IFI - Concesión de salinas, por medio de la cual suspendió el pago de los beneficios por extensión a los pensionados y sus grupos familiares, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

Cúmplase.

La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(10) Folio 1, cuaderno 1.

(11) Vigente y aplicable en el presente proceso.

(12) Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-426 de 2002, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control en abstracto del acto.

(13) Luís Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Quinta Edición.

(14) Tal como consta en la escritura pública 1753 de 2 de abril de 1970, notaría 7 de Bogotá.

(15) Instituto de Fomento Industrial.

(16) En Concepto 934 de 1997.

(17) Decreto 2590 de 2003.

(18) Entre otras, el Decreto 4713 de 2009.

(19) Folio 56, cuaderno principal.

(20) En el artículo 19 del Decreto 2590 de 2003 se dispuso la continuidad de las obligaciones y derechos del contrato de concesión de salinas por parte del IFI en Liquidación, conforme a contrato de administración celebrado entre el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y la Nación el 2 de abril de 1970 y ello se mantuvo en las diferentes prórrogas.

(21) Artículo 29 de la Constitución Política.

(22) Folio 8, hecho 5 de la demanda, aceptado en este punto en la contestación de la demanda del Ministerio de Minas y Energía folio 49.

(23) “Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así como los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la ley, según lo determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán derecho a disfrutar de los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de las entidades, patronos o empresas tengan establecido o establezcan para sus afiliados o trabajadores activos, o para sus dependientes según sea el caso, mediante el cumplimiento de las obligaciones sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios”.

(24) “A partir de la vigencia de la presente ley las empresas o patronos otorgarán becas o auxilios para estudios secundarios, técnicos o universitarios, a los hijos de su personal pensionado en las mismas condiciones que las otorgan o establezcan para los hijos de los trabajadores en actividad”.

(25) Radicado 1117 de 8 de julio de 1998. M.P. Javier Henao Hidrón.

(26) 29 de abril de 2010. M.P. Alfonso Vargas Rincón.