Sentencia 2009-00088 de diciembre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Guillermo Sánchez Luque

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 05001-23-31-000-2009-00088-02(44412)

Actor: M. L. M. R. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Apelante único. Límites de la apelación. Copias simples. Valor probatorio. Declaraciones extrajudiciales. Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Excepciones de fondo. El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Culpa exclusiva de la víctima. Omisión en el cumplimiento de sus funciones.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales.

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(3).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(4), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 CCA).

Caducidad.

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(5).

La demanda se interpuso en tiempo -10 de diciembre de 2008- porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 10 de septiembre de 2008, fecha en que quedó en firme la providencia que la absolvió [hecho probado 8.5].

Legitimación en la causa.

4. M. L. M. R., D. A. M.; R. del S. M. R., J. F. M. R., L. M. M. R., C. M. M. R. y J. S. M. L. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar [hecho probado 8.6].

La Nación – Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación, de la imputación y de presentar la solicitud de medida de aseguramiento.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de su libertad.

III. Análisis de la Sala.

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados.

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación(6), consideró que tenían mérito probatorio.

7. La demanda aportó declaraciones extra juicio. Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Como ninguna de las partes solicitó la ratificación, no serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

8.1 El 10 de agosto de 2007, el Juzgado Once Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento a M. L. M. R., según da cuenta copia simple de la boleta de detención (fl. 295, cdno. ppal.).

8.2. M. L. M. R. estuvo privada de la libertad en detención intramural y, posteriormente, en detención domiciliaria, según da cuenta copia simple de la boleta de libertad domiciliaria (fl. 287, cdno. ppal.).

8.3 El 29 de febrero de 2008, el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín absolvió a M. L. M. R. por in dubio pro reo, según da cuenta copia simple de la sentencia (fls. 241-255, cdno. ppal.).

8.4 El 8 de abril de 2008, M. L. M. R. recuperó su libertad, según da cuenta certificado expedido por la directora del establecimiento carcelario y penitenciario Pedregal de Medellín (fl. 320, cdno. ppal.).

8.5. El 12 de junio de 2008, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia absolutoria, según da cuenta audiencia grabada en medio magnético (fl. 56, cdno. ppal.). La providencia quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2008, según da cuenta copia auténtica de la constancia de ejecutoria (fl. 280, cdno. ppal.).

8.6. M. L. M. es hija de J. S. M., madre de D. M. A. y hermana de R. del S. M., J. F. M., L. M. M. y C. M. M., según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento correspondientes (fls. 19-24, cdno. 1).

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad.

9. El daño está demostrado porque M. L. M. R. estuvo privada de su derecho fundamental a la libertad personal, del 10 de agosto de 2007 al 8 de abril de 2008 [hechos probados 8.1 y 8.4].

10. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(7) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(8) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Nacional(9).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(10).

11. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(11). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que esta participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

12. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debida a la culpa exclusiva de la víctima, cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(12).

La Sala, con arreglo a estas disposiciones, ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron(13) la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

13. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que la Fiscalía solicitara y el juez de garantías ordenara la medida de aseguramiento en su contra.

En efecto, el Juzgado Once Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento a M. L. M. R. [hecho probado 8.1], porque había indicios de que formaba parte de una banda que se dedicaba a solicitar con datos falsos préstamos de dinero que garantizaban constituyendo hipotecas en inmuebles que no eran de su propiedad.

La Fiscalía 170 Seccional adscrita a la Unidad de Estructura de Apoyo de Medellín en la audiencia de fallo en el Tribunal Superior de Medellín [hecho probado 8.5], resaltó que M. L. M., a pesar de su extensa experiencia como protocolista de notaría, actuó de forma negligente y despreocupada al (i) poner en contacto a las delincuentes con los prestamistas; (ii) elaborar las escrituras públicas de constitución de hipotecas a puerta cerrada y por fuera de los horarios de la notaría; (iii) no informar de las inconsistencias encontradas en las identificaciones de las delincuentes y en sus firmas; (iv) no alertar al notario al haber sido devuelta por la oficina de instrumentos públicos una de las escrituras públicas por existir una afectación por patrimonio de familia que hacía imposible el registro de la hipoteca e (v) informar a las delincuentes sobre la devolución de la escritura pública y colaborar con la cancelación de dicha afectación para constituir la hipoteca, según da cuenta el informe de la Fiscalía en la audiencia de segunda instancia (fl. 56, cdno. ppal.).

Aunque el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Medellín absolvió a M. L. M. R. por in dubio pro reo, el comportamiento de la sindicada revela un actuar gravemente culposo, pues ejerció funciones propias de su cargo fuera del horario laboral, no verificó la identidad de los solicitantes y omitió informar que los inmuebles sobre los cuales se iban a constituir las hipotecas tenían afectación por patrimonio de familia, situaciones que indicaron que Morales Roldán no era ajena a los hechos investigados [hecho probado 8.3]. Así lo resaltó la providencia al indicar:

Actuaciones de la procesada sí, descuidadas, irresponsables, poco juiciosas, nada diligentes y que fueron aprovechadas por la banda de delincuentes para sacar abante sus delictivos propósitos, pero descuidos que no poseen entidad jurídica para deducir de allí responsabilidad penal a la señora M. R. [...] (fl. 250, cdno. ppal.).

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador y juzgador no le era exigible una conducta diferente que la de imponer la medida restrictiva de la libertad con fundamento en los indicios graves recolectados y que apoyaban la tesis de colaboración en la estafa.

En tal virtud, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

13. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 10 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala, aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas, ausente con excusa—Guillermo Sánchez Luque».

3 El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

4 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

9 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 [fundamento jurídico 16].

13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3]. Se trató de una almacenista de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.