Sentencia 2009-00091 de marzo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Alberto Yepes Barreiro

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 52001-23-31-000-2009-00091-02

Actor: Fundación Jurídica Popular de Colombia

Demandado: Municipio de Pasto

Asunto: Nulidad. Fallo de segunda instancia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión Nº 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Acto demandado.

Decreto Municipal 0255 de 11 de marzo de 2009 expedido por el Alcalde de Pasto, “por el cual se toman medidas para impedir la prestación del servicio público de transporte en motocicleta”.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda.

4. Caso concreto.

La Sala se ocupará de cada uno de los argumentos de la apelación:

4.1. Prejudicialidad.

La Fundación solicitó se decrete la prejudicialidad del presente proceso hasta tanto se decida la demanda de nulidad que contra los decretos 2961 de 2006 y 4116 de 2008 interpuso el señor Luis Carlos España Gómez.

Consultada la base de datos del Consejo de Estado(1) se pudo advertir que, en efecto, el señor España Gómez promovió demanda de nulidad contra los mencionados decretos. En dicho proceso fungió como demandado el Ministerio de Transporte y se tramitó bajo el número 11001032400020090027100, ante la Sección Primera de esta corporación(2).

La demanda fue admitida el 18 de marzo de 2010. Sin embargo, el 23 de julio de 2012 se dictó auto en el que se declaró desistida la demanda de nulidad con fundamento en las siguientes consideraciones:

“El despacho mediante auto de 18 de marzo de 2010 admitió la demanda de nulidad presentada por el actor contra los Decretos 2961 de 4 de septiembre de 2006, “Por el cual se dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002”, y 4116 de 28 de octubre de 2008, “Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas”, expedidos por el Gobierno Nacional.  

En el numeral 6 de la parte resolutiva del citado auto se ordenó al actor que dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la Secretaría, depositara la suma de TRECE MIL PESOS ($13.000.oo) MONEDA CORRIENTE, en la cuenta de ahorros del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nº 4-0070-000664-4. 

El 14 de febrero de 2011 el expediente sube al despacho con informe secretarial (folio 64), que da cuenta de que el actor no ha pagado los gastos ordinarios del proceso, no obstante haber sido notificado el auto admisorio por estado el 25 de marzo de 2010. 

A través de proveídos de 21 de febrero de 2011 y 26 de abril de 2012, se ordena a la Secretaría de la Sección requerir al actor para que se sirva suministrar la suma señalada en el numeral 6 del auto admisorio de la demanda, sin que hasta la fecha, 23 de julio de 2012, haya dado cumplimiento a dicha carga procesal, como lo indica el informe secretarial visible a folio 73 del expediente.

Como quiera que a la fecha han transcurrido más de dos años desde que se notificó por estado a la actora el auto admisorio de la demanda, sin que ésta hubiera acreditado el pago de los gastos ordinarios del proceso, no obstante haber sido requerida en tal sentido el 21 de febrero de 2011 y 26 de abril de 2012, habrá de declararse desistida la demanda...”.

Dicha providencia quedó debidamente ejecutoriada y, en consecuencia, se dispuso el archivo del expediente el 21 de marzo de 2014.

Si bien el 23 de mayo de 2016 el señor España Gómez elevó solicitud de desarchivo, la cual fue atendida el 10 de febrero de 2017 mediante auto en el que se ordenó el desarchivo del proceso, la expedición de copias y la devolución de los anexos de la demanda, ello no supone que el proceso esté en curso.

En ese orden de ideas, la solicitud de prejudicialidad carece de fundamento en tanto el proceso en el cual la fundamentó la Fundación, ya culminó con el desistimiento de la demanda, por lo que no hubo un pronunciamiento de fondo.

4.2. La fijación de un número de personas como acompañantes y su registro de acompañantes en la página web de la alcaldía.

Para la Fundación, según se advierte en el escrito de apelación, se trata de una intromisión grosera de las autoridades que recuerda los tiempos de la Alemania Nazi en la que se impuso a los judíos portar una cruz que los distinguiera y, lo mismo ocurre con los mototaxistas quienes deben acudir a esta actividad ante la falta de empleo.

Lo que la Fundación reprochó es que los mototaxistas deban registrarse. Sin embargo, el registro es una medida para evitar el mototaxismo, esto es, la prestación del servicio público de transporte de manera ilegal. De modo que no son los mototaxistas quienes debían registrar a sus acompañantes, sino los motociclistas que emplean sus vehículos para atender su necesidad de movilización y no como actividad económica.

No obstante lo anterior, la Sala, en aras de resolver este argumento de apelación, tendrá en cuenta que en la demanda, la parte actora afirmó que el Decreto 0255 de 2009 “incurre en nulidad por la causal de ilegalidad” toda vez que no tuvo en cuenta lo previsto en la Ley 1239 de 2008 —que modificó el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002—, norma que prevé reglas específicas para que los motociclistas puedan circular con acompañante o parrillero y ninguna de ellas exige inscribir previamente al núcleo familiar ante la secretaría de tránsito.

Dicha ley, reza en lo pertinente:

ART. 3º—El artículo 96 de la Ley 769 quedará así: 

“ART. 96.—Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: (...) 

2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. (...)”. 

Ahora bien, el artículo 6º de la Ley 769 de 2002 definió las autoridades con carácter de organismos de tránsito en quienes se radicó la competencia según el lugar del territorio donde se encuentren.

Así, confirió el poder de autoridad de tránsito entre otros, a las entidades designadas para dichos efectos en las entidades territoriales correspondientes y al Ministerio de Transporte en el nivel central.

Sin embargo, el parágrafo tercero de dicho artículo fija unas condiciones a estas autoridades:

PAR. 3º—Los gobernadores y los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito. 

Los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código. 

No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan. 

Sobre esta disposición resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sección Primera de esta corporación:

“En ese sentido la interpretación ajustada a la Carta que se ha dado a esta norma contempla que no se trata de un límite irracional a la autonomía de las entidades territoriales, contrario sensu, consiste en una potestad que debe ser ejercida en el marco de la Constitución y la ley, de forma que no derogue el mandato del legislador por el querer de los gobernantes de departamentos y municipios o de las corporaciones públicas del nivel descentralizado. Al respecto la Corte Constitucional señaló: 

“Así las cosas, no cabe considerar que se esté desconociendo la posibilidad de que las asambleas departamentales, los concejos municipales, los gobernadores y los alcaldes en el ámbito de sus respectivas competencias expidan disposiciones de carácter permanente de acuerdo con las atribuciones que la Constitución les asigna en los artículos 300 numeral 2º, 305 numeral 1º, 313 numeral 1º y 315 numeral 1º invocados por el demandante. La prohibición aludida en nada incide en el ejercicio de dichas competencias. Téngase en cuenta que lo que prohíbe la norma es la expedición de normas que impliquen adiciones o modificaciones del “Código Nacional de Tránsito” y que ninguna de las disposiciones que puedan llegarse a adoptar en ejercicio de las competencias que se atribuyen por la Constitución a las autoridades territoriales en los artículos aludidos para que rijan en su jurisdicción tiene la aptitud de modificar o adicionar dicho Código llamado a regir en la totalidad del territorio.  

Cabe recordar además que en el mismo parágrafo se señala, en los incisos que no son acusados por el actor, que los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas, y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones señaladas en la misma Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre—. De la misma manera que podrán suscribir convenios interadministrativos para coordinar el ejercicio de sus competencias en materia de tránsito con los alcaldes de municipios vecinos o colindantes, lo que muestra que en manera alguna la intención del legislador fue la de prohibir la expedición de actos de carácter permanente en materia de tránsito a dichas autoridades en el ámbito de sus competencias.  

No sobra recordar, de otra parte, que de acuerdo con el artículo 150-25 constitucional corresponde al Congreso de la República unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República y que en ejercicio de esa competencia el legislador está llamado a expedir disposiciones aplicables en todo el territorio nacional que deberán ser respetadas por las autoridades territoriales en el ejercicio de sus competencias, en aplicación del mismo principio de jerarquía normativa a que se ha hecho referencia.  

Así las cosas, ha de concluirse que no asiste razón al demandante en relación con el cargo por el supuesto desconocimiento de las competencias normativas de las autoridades territoriales, con la prohibición contenida en el primer inciso del parágrafo 3º del artículo 6º de la Ley 769 de 2002, por lo que éste no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia”. 

De la interpretación de la ley en cita se infiere que el parágrafo tercero analizado contempla la posibilidad de que en forma temporal los Alcaldes dicten normas en materia de transito con el fin de ejercer la autoridad que la Constitución y la ley les otorga. Efectivamente, la disposición estima que no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito”, permitiendo excepcionalmente las de carácter temporal o transitorias para el mejoramiento de este”(3). (Subrayas del texto original).

Como ya se indicó, la Fundación alegó que el registro de acompañantes en la página de web de la Alcaldía de Pasto no tuvo en cuenta lo previsto en la Ley 1239 de 2008 —que modificó el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002—, norma que prevé reglas específicas para que los motociclistas puedan circular con acompañante o parrillero y ninguna de ellas exige inscribir previamente al núcleo familiar ante la Secretaría de Tránsito.

Adujo además que es una “intromisión grosera de las autoridades, al decidir al (sic) número de personas que pueden acompañarle (al motociclista) y la disposición que debe otorgar a sus bienes, la obligación de detener las prácticas ilegales de transporte en nuestra ciudad no pueden partir de la presunción de mala fe de todos aquellos que utilizan las motocicletas como transporte diario”.

La Sala concluye que la restricción en cuestión no es excesiva, a partir del siguiente análisis:

Debe establecerse si con la medida en cuestión se atendieron o no los criterios fijados en el parágrafo tercero del artículo 6º de la Ley 769 de 2002, es decir, si dicha medida adoptada en el decreto demandado (i) es de carácter permanente; y (ii) implica adición o modificación al Código de Tránsito. Ello, porque la facultad que tienen los alcaldes para dictar normas de tránsito debe respetar dichos límites, de modo que si no se acataron la medida resultaría excesiva.

Frente a la permanencia, el artículo 13 del Decreto 0255 de 2009 rige por el término de un año contado a partir de su expedición —11 marzo del año 2009—, esto es, no se trató de una medida de carácter indefinido en el tiempo, sino que, por el contrario, de manera clara fijó un límite temporal. Además, atendió lo dispuesto en el Decreto 2961 de 2006, según el cual, las medidas para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales que adopten las autoridades municipales o distritales, se deben tomar por periodos inferiores o iguales a un año. En este caso, el Alcalde limitó la vigencia de las medidas a un año.

De otra parte, no se advierte una modificación o adición al Código Nacional de Tránsito, pues si bien la Fundación alegó que este no exige inscribir previamente al núcleo familiar ante la Secretaría de Tránsito, lo cierto es que la medida en cuestión, solo establece unas condiciones en las que los motociclistas pueden circular con acompañante o parrillero.

Además, esta Sala comparte lo dicho por el tribunal en tanto consideró que, si bien, la medida es una restricción al ejercicio de varios derechos, no supone la negación de estos, de modo que no es una intromisión grosera del primer mandatario municipal de Pasto.

Es decir, los derechos a la locomoción y a la propiedad no se ven trasgredidos por la medida adoptada por el mandatario local, pues los motociclistas que empleen sus vehículos para su desplazamiento y el de su núcleo familiar, no como actividad lucrativa, podían seguirlo haciendo en vigencia del decreto acusado, solo que debían realizar un trámite administrativo previo.

Resulta pertinente agregar, que la Ley 136 de 1994 otorga facultades a los burgomaestres para “a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos”, y que “cuando los alcaldes o gobernadores imponen medidas que limitan la libre circulación del tránsito en ejercicio del parágrafo 3º del artículo 6º y del artículo 119 de la Ley 769 de 2002, no sólo están ejercitando su competencia como autoridades de tránsito sino también, y principalmente, su función como primera autoridad de policía conforme el artículo 315 de la Constitución Política.

Cabe señalar que la función de policía es aquella que concretiza el poder de policía a través del cumplimiento de la función administrativa, en efecto, el mantenimiento del orden en el tránsito contribuye y afecta el mantenimiento del orden público, de manera que en la búsqueda de mantener tanto el uno como el otro al servicio de los fines del Estado brota el ejercicio de la facultad administrativa (función de policía) mediante la que se materializa el poder de policía. 

En este contexto se mantiene lo dicho respecto a la legalidad del acto ya que la limitación temporal que él dispuso y que consistió en prohibir la circulación de motocicletas con parrillero mayor de 12 años se encontraba dirigida a mantener el orden público originado por el advenimiento de una actividad ilegal denominada “mototaxismo”, limitando, dentro de los márgenes expuesto en esta providencia, el derecho a la libre locomoción. 

En ese sentido, la Sala se ha pronunciado sobre el ejercicio de la función policiva y la limitación a este derecho al considerar: 

En virtud del objeto que aquí se deja a la ley, la limitación de la libertad de locomoción, se tiene que el canon constitucional consagra el poder de policía, que a su vez comprende la facultad legítima de regulación de dicha libertad por vía de reglamentación de que ella se haga, o el ejercicio de la potestad reglamentaria sobre el ámbito que le deje el reglamento. Establecido lo anterior, se tiene que de acuerdo con los artículos 7º y 99 del Código Nacional de Policía, mediante actos como el que se acusa podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público de modo que trascienda de lo privado, así como estatuirse limitaciones al ejercicio de la libertad de locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de vehículos y peatones, para garantizar la seguridad y salubridad públicas. (Resaltado fuera de texto original)(4)(5).

En ese orden de ideas, la medida que reprocha la Fundación no supone el desconocimiento de normas superiores, sino que, por el contrario, materializa el cumplimiento de las funciones y obligaciones que tienen las autoridades locales, en este caso, el Alcalde de Pasto.

En este sentido se ha pronunciado la Sección Primera de esta corporación:

“De lo anterior se colige que los alcaldes son autoridades de tránsito, que deben velar por la seguridad de las personas, que tienen funciones regulatorias y sancionatorias y que en su función de conservar el orden público, de conformidad con la Ley y con las instrucciones del Presidente de la República, deben tomar medidas como restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos. 

Por resultar pertinente, la Sala trae a colación la Sentencia C-981 de 2010, de 1º de diciembre de 2010 de la Corte Constitucional, magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de una norma de la Ley 1383 de 2010, que modificó la Ley 769 de 2002 (num. 12, lit. a), art. 131), hizo énfasis en cuanto a que las autoridades territoriales son competentes, de acuerdo con lo que al respecto la ley disponga, para señalar las modalidades en que puede prestarse el servicio público de transporte, sólo que tal reglamentación debe ser clara respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar que originan la restricción. 

En el caso analizado por la Corte Constitucional, se revisó la disposición relativa a la prestación del servicio público de transporte mediante vehículos no motorizados o de tracción animal y partió del supuesto de que dicho servicio público existe, en muchos casos, de manera informal, empero no por ello está proscrita de manera absoluta tal prestación. De ahí que en la parte resolutiva del mencionado fallo se declaró la exequibilidad de la norma en estudio, que contenía una restricción, bajo el entendido de que las autoridades territoriales deberían señalar las condiciones de tiempo, modo y lugar, que originan dicha restricción. 

En otras palabras, para la Corte resulta claro que la restricción para la prestación del servicio público de transporte en esa clase de vehículos (no automotores o de tracción animal), es viable, sólo que no puede ser absoluta”(6). (Negrilla y subrayas del texto original).

En el presente asunto, el decreto acusado no solo no impide la circulación de motociclistas ajenos a la actividad de mototaxismo y por tanto, no es una restricción absoluta, sino que establece criterios claros en cuanto a que el registro se debía hacer en la página web de la Alcaldía y que el número de miembros del círculo familiar del propietario o poseedor de la motocicleta, no podía ser superior a 6 personas, y que además, podía registrarse una persona ajena a aquél.

Además, normas de orden nacional vigentes reconocen la existencia de esta actividad y la califican como ilegal y por ello, toman medidas para combatirla y facultan a las autoridades locales para hacerlo también en el marco de unos precisos límites. Así el Decreto 2961 de 2006 contiene disposiciones “para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002” y el Decreto 4116 de 2009 “modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas”.

4.3. El proyecto de ley que la Fundación impulsa.

En realidad, no constituye un reproche frente al fallo de primera instancia que no se ocupó, ni tenía por qué hacerlo, sobre un proyecto de ley, sobre el cual no se tiene ninguna evidencia en el proceso y no hizo parte de los argumentos de la demanda. Por estas razones, la Sala no puede emitir ningún pronunciamiento al respecto.

4.4. La falta de regulación que impide calificar al mototaxismo como una actividad ilegal, como lo dice el Decreto 4116 de 2008 porque en Colombia no existe una ley que así lo establezca.

Conviene recordar que el Decreto 4116 de 2008 en su artículo 1º modificó el artículo 1º del Decreto 2961 de 2006, en los siguientes términos:

ART. 1º—Modificar el artículo 1º del Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, así: 

“En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por períodos inferiores o iguales a un año”. 

PAR.—Para la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en todo el territorio nacional, la autoridad de tránsito competente podrá exigir que su conductor sea a la vez el propietario de la misma. Para efectos del control de esta medida por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta deberá corresponder al propietario registrado en la licencia de tránsito”. (Negrilla fuera del texto original).

Es evidente entonces, que los decretos 4116 de 2008 y 2961 de 2006 califican la actividad de transporte público en motocicleta como ilegal y en la actualidad están vigentes.

Si bien no existe una ley que califique el mototaxismo como ilegal, en nuestro ordenamiento hay normas de carácter general que sí lo hacen, que rigen plenamente y que no fueron objeto de cuestionamiento en este proceso.

Sobre este aspecto la Sección Primera de esta corporación ha señalado que la ley no ha regulado el servicio público de transporte en motocicleta, popularmente llamado mototaxi, de ahí que el mismo sea irregular.... No obstante ello, y como quedó visto, a falta de regulación legal las autoridades competentes pueden adoptar medidas tendientes a su restricción, medidas estas que, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la precitada sentencia, al no poder constituir una prohibición absoluta, deben estar limitadas en el tiempo”.(7)

Ahora bien, si la Fundación considera que los decretos mencionados no podían calificar la actividad en cuestión como ilegal, pues ello solo podía hacerlo la ley, puede ejercer las vías procesales que estime pertinentes.

4.5. Los decretos 2961 de 2006 y 4116 de 2008, que sirvieron de base al Decreto 0255 de 2009, desbordan la potestad reglamentaria del Código Nacional de Tránsito.

Este argumento no puede ser objeto de estudio por esta Sala toda vez que constituye un reproche frente a actos que no son objeto del presente proceso. Recuérdese que la demanda se promovió únicamente contra el Decreto 0255 de 2009 dictado por el Alcalde de Pasto y no, contra los decretos del orden nacional mencionados.

4.6. Problemática socio-económica de los mototaxistas.

La Fundación cuestionó cómo el Alcalde de Pasto pretendió solucionar el problema socioeconómico que lleva a los mototaxistas a ejercer dicha actividad ante la falta de empleo. En efecto, en el escrito de apelación la Fundación formuló la siguiente pregunta: “[¿] cómo pretendió el Señor Alcalde, sin incurrir en abuso de autoridad y violar el artículo 124 (sic) Superior que consagra el derecho a la libre movilidad, en el Decreto 255, “solucionar” la problemática socioeconómica que representa los mototaxistas, sin ofrecer fuentes de empleo alternativas, sino exclusivamente medidas policivas de restricción a derechos fundamentales y garantías civiles?”.

Ante el cuestionamiento de si el Alcalde pretendió solucionar la problemática del mototaxismo sin proponer fórmulas alternativas de empleo, debe hacerse claridad en que la acción de nulidad supone un juicio de legalidad objetivo y no es un escenario de valoración acerca de la conveniencia, pertinencia o eficacia de políticas públicas de los mandatarios locales.

Justamente en la demanda, la Fundación formuló reproches al Decreto 0255 de 2009 referidos a la violación de normas constitucionales y no, frente al contexto socioeconómico de la ciudad de Pasto en que fue expedido, aspecto que constituye un reproche nuevo respecto del cual, en aras de garantizar el debido proceso, la Sala no puede pronunciarse.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia de 23 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

Consejeros: Rocío Araújo Oñate, Presidente—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro».

1 http://consejodeestado.gov.co/consultadempon.asp.

2 http://consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?numero=11001032400020090027100.

3 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de marzo de 2013, Exp. 20001-23-31-000-2006-00159-01; demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer; Demandado: Alcaldía de Valledupar, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Fallo de 26 de septiembre de 1996, Exp. 3951, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

5 Ob. cit. Sentencia de 22 de marzo de 2013, Exp. 20001-23-31-000-2006-00159-01.

6 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 25000-23-24-000-2007-00150-01; Demandante: José Vésner Ramirez Henao; Demandado: Alcaldía de Girardot, C.P. María Elizabeth García González.

7 Ibídem.