Sentencia 2009-00094/43111 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 52001-23-31-000-2009-00094-01 (43.111)

Actor: B.I.C.C. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación (Sentencia)

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C. veintiuno de febrero de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(10), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores B.I.C.C.(11) en su condición de privada de la libertad y su núcleo familiar conformado por N.C.C.(12) (padre), M.A.C.D.C.(13) (madre), O.N.C.(14) (hermana), M.M.C.C.(15) (hermana), N.J.C.C.(16) (hermana) y L.M.C.C.(17) (hermana), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(18), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(19). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(20).

De la lectura integral de la demanda, la Sala observa que la parte demandante funda sus pretensiones en la privación injusta de la libertad de la que dice haber sido objeto B.I.C.C. durante los términos comprendidos entre el 22 y 25 de mayo de 2005 con el fin de rendir indagatoria; y el 7 de octubre de 2005 en virtud de la aparente falla en el servicio en la que incurrió la demandada al no cancelar de forma oportuna la orden de captura proferida en contra de la actora.

Dado lo anterior, la Sala procederá a estudiar la caducidad de la acción respecto de las pretensiones derivadas dentro de los dos periodos que la demandante permaneció privada de su libertad.

1.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa respecto de las pretensiones emanadas de la privación de la libertad que padeció la demandante por el término comprendido entre el 22 y 25 de mayo de 2005 con el fin de rendir indagatoria.

En el caso concreto, la Sala observa que la resolución de preclusión proferida el 25 de mayo de 2005 a favor de la demandante quedó ejecutoriada el 31 de mayo de 2005(21) y la demanda de reparación directa fue presentada el 18 de mayo de 2005, esto es, dentro del término de caducidad previsto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

1.2.2.—Caducidad de la acción de reparación directa respecto de las pretensiones emanadas de la privación de la libertad que padeció la demandante el 7 de octubre de 2005 en virtud de la aparente falla en el servicio en la que incurrió la demandada al no cancelar de forma oportuna la orden de captura proferida en contra de la actora.

En el caso concreto, la Sala observa que la señora B.I.C.C. fue capturada y dejada en libertad el día 7 de octubre de 2005 y la demanda de reparación directa se interpuso el 18 de mayo de 2007(22), esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(23).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(24) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(25).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(26).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(27)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(28)-(29) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(30).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Código Penal, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa

(…)”. (Resaltado fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(31).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En Sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado dela privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la víctima directa35% del Porcentaje de la víctima directa25% del Porcentaje de la víctima directa15% del Porcentaje de la víctima directa
 smmlvsmmlvsmmlvsmmlvsmmlv
Superior 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Caso concreto

Manifiesta el apoderado de la parte demandante que la señora B.I.C.C. estuvo en detención preventiva por un lapso de 5 días, de los cuales permaneció cuatro días recluida en la Cárcel del Circuito de Túquerres y posteriormente, un día más en las instalaciones de la Policía de Armenia.

En este sentido, observa la Sala que en el sub lite, según lo aducido por la accionante, se presentan dos extremos temporales distintos relacionados con la posible detención injusta sufrida por la demandante; el primero corresponde al período transcurrido entre el 22 y el 25 de mayo de 2005, cuando fue capturada por miembros de la Fiscalía General de la Nación con fin de que rindiera diligencia de indagatoria y el segundo, transcurrido el día 7 de octubre de 2005, al ser nuevamente capturada por miembros de la Policía Judicial de Armenia, al parecer, al no haberse cancelado hasta la fecha la orden de captura proferida en su contra.

Así las cosas, la Sala considera pertinente analizar de forma separada cada uno de los dos momentos en los que ocurrieron las detenciones sufridas por la actora, empezando por estudiar la actuación de la entidad demandada respecto al primer período de detención comprendido entre el 22 y el 25 de mayo de 2005, a fin de a determinar si en el caso de autos la privación de la libertad de la señora B.I.C.C. se configuró en injusta(32) de conformidad con los siguientes hechos probados.

La Sala encuentra demostrado que el proceso penal iniciado en contra de la víctima directa como presunta autora del delito de rebelión tuvo su génesis en el informe 0950 del 7 de marzo de 2005 realizado por la Policía Nacional de Colombia - Seccional de Policía Judicial e Investigación de Pasto, en el que se señaló a la demandante como presunta colaboradora de la guerrilla al transportarle “víveres y material de intendencia”(33).

En virtud de lo anterior, el día 1 de abril de 2005 la Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto decretó la apertura de la instrucción penal(34) en contra de la señora B.I.C.C. como presunta autora del ilícito de rebelión, ordenando su aprehensión con el fin de ser escuchada en diligencia de indagatoria según consta en la orden de captura 0541491 proferida en la misma fecha(35).

Igualmente, se encuentra demostrado que el día 25 de mayo de 2005(36), la señora B.I.C.C. rindió indagatoria(37) ante la Fiscalía Treinta y Cuatro Seccional, la cual, una vez escuchó en la mencionada diligencia a la demandante, mediante providencia calendada ese mismo día, decidió:

“(…) Despacho de la Fiscalía - Túquerres, mayo 25 del 2005.

Dentro de la presente investigación, se tiene que la Fiscalía Octava Especial, ordenó su captura dentro de la presente investigación, más el Despacho de la Fiscalía 34 Seccional ha verificado que se trata de un nombre B.C., más sin embargo, hay muchas diferencias, entre la hoy sindicada que rinde diligencia de indagatoria, que es una joven, estudiante y que no tiene nada que ver con los movimientos subversivos, ni tampoco en el texto de la Policía Judicial, existen cargos en contra de C.C.B.I. identificada con c.c XX.XXX.XXX de Mallama, por delito alguno, sólo una referencia sobre el hecho de que hace cuatro años incrementó su patrimonio económico, y su fotografía. Luego más abajo, hay un texto referente a la señora B.C. y si es verdad que en contra de la señora B.C., hay incriminaciones sobre relaciones con la guerrilla. Éste Despacho de conformidad con el artículo primero del Código de Procedimiento Penal, dignidad humana y prevalencia del derecho de la libertad, y sin que existiere motivo alguno para limitarla éste Despacho (sic), y una vez escuchada la declaración de la señora M.D.C.C., se procede de inmediato a proferir resolución de preclusión, pues no hay razón de existir proceso alguno pendiente en contra de la señorita C.C.B.I., por no existir cargos en contra de ella. Y se ordena su libertad inmediata, así como se ordena su cancelación de la orden de captura. Se notifica en estrados a las partes. No siendo otro el otivo (sic) de la presente diligencia, se la termina y se la firma por las personas que en ella intervinimos, siendo leída y aprobada en todas sus partes. Subrayado y negrilla fuera de texto.

En cumplimiento de la anterior providencia, la Fiscalía Treinta y Cuatro Seccional suscribió el día 25 de mayo de 2005, boleta de libertad a favor de la señora C.C.(38).

En este sentido, la Sala considera que el ente investigador emitió dicha orden de captura de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 - Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos que a la letra reza:

“ART. 336.—Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual se adelantarán las diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de la diligencia.

Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”. (Resaltado fuera de texto).

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido(39):

“(…) La captura se puede definir como “un acto material o físico de aprehensión que se puede llevar a cabo antes, durante o después del proceso”. Lo que significa que puede ser ordenada y ejecutada antes de iniciarse cualquier etapa investigativa, durante la investigación preliminar, en el transcurso del sumario y del juicio, y con posterioridad a la sentencia condenatoria(40).

Dentro de un Estado Social y de Derecho, como el nuestro, todo acto restrictivo de la libertad de una persona debe estar sometido a unos requisitos, tanto formales como materiales, cuya omisión no puede ser considerada como una simple irregularidad procesal; todo lo contrario, dicho incumplimiento torna en ilegal la medida.

En este orden de ideas, la captura de una persona no puede ir en contra de las garantías establecidas en el artículo 28 de la Constitución Política; por lo tanto, solamente podrá proceder mediante mandamiento escrito proferido por autoridad judicial competente, salvo los casos de captura en situación de flagrancia, o de la captura administrativa; y por motivos previamente definidos en la ley.

Así, la Constitución de 1991 estableció que por regla general las medidas restrictivas de la libertad estarían sometidas a reserva judicial, lo que significa que, salvo las dos excepciones arriba mencionadas, la privación de la libertad de una persona sólo resulta procedente cuando es ordenada por escrito, y con las formalidades legales, por autoridades que ejercen jurisdicción. Igualmente, los casos en que es procedente la captura de una persona están taxativamente previstos en el ordenamiento jurídico y, toda privación de la libertad que no se enmarque en uno de esos casos, será una medida arbitraria e injustificada, por lo que el funcionario judicial está obligado a sustentar las razones por las cuales se ordena la aprehensión de la persona, o el motivo de la captura(41).

Ahora bien, la parte actora adujo en el escrito de demanda que fue capturada el día 22 de mayo de 2005 y que permaneció detenida hasta el día 25 de mayo de la misma anualidad, sin embargo, no obra prueba en el plenario que acredite que fue capturada en la fecha mencionada. No obstante, sí se acreditara, tal y como se reseñó previamente, que permaneció detenida, por lo menos un día, siendo éste el correspondiente al día 25 de mayo de 2005, fecha en la que rindió diligencia de indagatoria y en la que se le profirió boleta de libertad.

Así, observa la Sala que el ente investigador escuchó en diligencia de indagatoria a la hoy demandante, dentro del término legalmente establecido por la legislación procesal vigente para la época de los hechos, lo que prueba que la Fiscalía General de la Nación actuó en estricto cumplimiento de los mandatos legales, más aún si se tiene en cuenta que en la misma diligencia fue resuelta su situación jurídica profiriéndose a su favor resolución de preclusión de la investigación y ordenándose su libertad inmediata a pesar de contar con un término legal más amplio para poder hacerlo, tal y como lo señalaba el artículo 354 de la norma penal vigente para la época de los hechos, que manifestaba lo siguiente:

“ART. 354:—La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.

Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.”

Así las cosas, teniendo en cuenta que la indagatoria fue rendida por la demandante el día 25 de mayo de 2005 y que el ente investigador resolvió su situación jurídica en la misma fecha, la Sala encuentra que la actuación surtida por la Fiscalía General de la Nación estuvo dentro de los términos de ley. Pues, la detención de la libertad de la que fue objeto la señora B.I.C.C., fue producto de una captura con fines de indagatoria, procedimiento respecto del cual no se acreditó la existencia de una falla del servicio y aunque hubiera podido producirse un daño, este no tiene carácter de antijurídico.

Así lo reconoció esta Corporación en anteriores oportunidades(42):

“No obstante, resulta imprescindible llevar a cabo un análisis diferente al típico de la privación injusta desde el punto de vista objetivo, en tanto las particularidades del caso han determinado una orientación hacia la responsabilidad subjetiva (falla del servicio), en la medida en que la privación de la libertad que nos ocupa no obedeció al decreto de una medida de aseguramiento propiamente dicha, sino a unas órdenes de captura con fines de indagatoria en aras de esclarecer los hechos puestos a consideración en la investigación penal, que entre otras cosas, revestían una importancia por la naturaleza del delito investigado. Con ocasión de lo anterior, y en el terreno del análisis de la antijuridicidad del daño causado, se debe advertir que, la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, tuvo un comportamiento acorde con sus contenidos obligacionales, es decir, no incurrió en falla del servicio por haber dispuesto la captura sólo con fines de indagatoria frente a los señores C.C.R. y A.R.P., diligencia que se llevó a cabo a los dos días de haberse concretado la captura de los mismos. En este orden de ideas, si se revisa lo actuado en la investigación penal, se observa, que, luego de la celebración de la indagatoria se ordenó inmediatamente su libertad, es decir, la Fiscalía con conocimiento consideró que resultaba procedente dejar en libertad a los investigados, previa suscripción de diligencia de compromiso, 10 en aras de que asistieran cuando ello fuera requerido en el curso del proceso. Así las cosas, La detención de C.C.R. y A.R.P. y la consecuente privación de la libertad de los mismos, se produjo entonces sólo con fines de indagatoria. Cuando la Fiscalía General de la Nación, pudo constatar que no existían méritos suficientes para continuar con la misma, resolvió su situación dejándolos en libertad. Por este motivo, en el presente caso se evidencia un daño jurídico, en tanto la privación de la libertad sufrida no tiene la connotación de injusta, por las razones anotadas, es decir, por la ausencia de una falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación en el despliegue de su actividad investigativa preliminar. En esa medida, esta Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en lo que a este cargo de responsabilidad respecta”.

Así las cosas, la Sala considera que no es posible declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación respecto a la captura con fines de indagatoria realizada en contra de la señora B.I.C. el día 25 de mayo de 2006.

Ahora bien, con relación al segundo extremo temporal aducido en el escrito de demanda correspondiente al día 7 de octubre de 2005, fecha en la que, según lo adujo la accionante, fue nuevamente capturada por miembros de la Policía Judicial de Armenia, al parecer, al no haberse cancelado hasta esa fecha la orden de captura proferida en su contra el día 1 de abril de 2005(43) y que según lo manifestó, se configuró en una falla en el servicio por parte de la administración de justicia.

Al respecto, se encuentra demostrado en el plenario que el día 7 de octubre de 2005, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto manifestó en oficio 893(44) dirigido al Fiscal Especializado de Armenia, lo siguiente:

“(…) Me permito comunicarle por medio del presente que el proceso de la referencia se adelanta en este Despacho por el delito de Terrorismo en contra de N.M.B. y D.A.P.C., se ordenó compulsar copias para que se investigara a la Sra. B.I.C.C., por el delito de Rebelión teniendo en cuenta el lugar de los hechos se remitió por competencia a la Fiscalía 34 Seccional de Túquerres, telefónicamente se nos comunica que quedó radicado con la partida 81, en este proceso ya fue indagada y se definió situación jurídica, en donde se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra y en la misma ordenó la cancelación de la orden de captura.

Por error involuntario de la Fiscalía se legalizó la retención y se comisionó a su Despacho a fin de que se le vincule por el delito de Terrorismo, por lo tanto ruego a usted la correspondiente Boleta de Libertad, siempre y cuando no sea requerida por otro Despacho Judicial y no diligenciar la Comisión impartida”. Resaltado y negrilla propio.

Del mismo modo, se acreditó que en oficio 1024 del 7 de octubre de 2005 proferido por la Fiscalía, Treinta y Cuatro Seccional y dirigido al Jefe Seccional de la Policía Judicial de Armenia, se ordenó la libertad de la demandante en los siguientes términos:

“(…) Me permito solicitarle por medio del presente, que en el sumario de la referencia se encuentra vinculada la señora B.I.C.C. a quien se le escuchó en indagatoria y se le resolvió su situación jurídica dejándola en inmediata libertad toda vez que la precipitada señorita es un homónimo de la señora B.C. a quien también ya se escuchó en indagatoria y se encuentra en libertad provisional.

Lo anterior para que se deje en libertad a C.C. y por ende se de (sic) de baja la captura en su contra”. Resaltado y negrilla propio.

Como consecuencia de lo anterior, el mismo día 7 de octubre de 2005 la Fiscalía Séptima Delegada ante el los Juzgados Penales del Circuito Especializado profirió boleta de libertad(45) a favor de la señora B.I.C.C. en la que se anotó que la misma se libraba con relación a la aclaración de la captura realizada en su contra y conforme al oficio 893(46) de la misma fecha.

Pues bien, de conformidad con los anteriores hechos probados, la Sala encuentra probada la falla en el servicio en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación al no cancelar de manera oportuna la orden de captura proferida el día 7 de abril de 2005 en contra de la señora B.I.C.C. por el delito de rebelión, a quien ya se le había resuelto su situación jurídica y precluido la investigación a su favor en providencia fechada el 25 de mayo de 2005(47) en la que se dispuso “se ordena su libertad inmediata, así como se ordena su cancelación de la orden de captura. Se notifica en estrados a las partes”, tal y como fue reseñado previamente.

La anterior situación conllevó a que la demandante fuera capturada nuevamente el día 7 de octubre de 2005, permaneciendo detenida en las instalaciones de la Policía Judicial de Armenia durante esa fecha, configurándose un daño antijurídico que no estaba en la obligación de soportar, pues el actuar negligente realizado por el ente investigador al omitir librar los oficios correspondientes con los que se debió cancelar la orden de captura vigente, llevó a que la actora estuviera detenida de forma injusta.

Así las cosas, la Sala declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la detención injusta de la libertad de la que fue objeto la señora B.I.C.C. por el término de un día, bajo los criterios de la falla en el servicio.

7. Liquidación de perjuicios

7.1 Perjuicio moral

Como se dejó dicho en el punto 5 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la detención y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que la señora B.I.C.C.(48) comparece al proceso como víctima directa de la detención injusta de la libertad; así mismo, que los señores N.C.C.(49) y M.A.C.D.C.(50) son sus padres; y que las señoras O.N.C.(51), M.M.C.C.(52), N.J.C.C.(53) y L.M.C.C.(54), son sus hermanas; parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que la señora B.I.C.C. estuvo detenida injustamente por el término de 0.03 meses(55).

Todo lo anterior significa que la víctima directa se encuentra en el primer nivel de la tabla y en el último rango indemnizatorio, es decir, el correspondiente al período de privación igual o inferior a un (1) mes, cuya cuantificación se limita a 15 smlmv.; de igual forma, sus padres N.C.C. y M.A.C.D.C. cuya cuantificación se limita a 15 smlmv para cada uno, en atención a que dichos familiares se encuentran dentro del 1º grado de consanguinidad.

Con relación a sus hermanas O.N.C., M.M.C.C., N.J.C.C. y L.M.C.C., éstas se encuentran en el segundo nivel de la tabla, al tener 2º grado de consanguinidad con la víctima directa, por lo que les correspondería un monto de 7,5 smlmv para cada una como indemnización.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
B.I.C.C.Víctima directa15 smlmv
N.C.C.Padre15 smlmv
M.A.C.Madre15 smlmv
O.N.C.Hermana7,5 smlmv
M.M.C.C.Hermana7,5 smlmv
N.J.C.C.Hermana7,5 smlmv
L.M.C.C.Hermana7,5 smlmv

7.2. Perjuicio material a título de daño emergente y lucro cesante

A) Con relación a los perjuicios materiales a título de daño emergente, se solicitó la suma de $1.500.000 por concepto de los honorarios pagados por la víctima directa a su defensor en el proceso penal llevado a cabo en su contra. Así mismo, el pago de $400.000 consistentes “en los gastos de transporte incurridos desde la vereda Curcuel, jurisdicción del municipio de Mallama a la ciudad de Túquerres y viceversa de fechas mayo 5, 6, 7 y 8 de 2005”.

Al respecto debe la Sala manifestar sobre el primer rubro, que al plenario no se allegó prueba alguna que permitiera verificar que la parte actora incurrió en el pago de honorarios a un profesional del derecho, no acreditándose, por ende, el perjuicio solicitado.

Con relación a los gastos de transporte incurridos y cuyo pago fue solicitado, observa la Sala que si bien fueron allegados distintos recibos de pagos(56) de carreras realizadas desde la vereda Curcuel hasta el municipio de Túquerres, los mismos tienen como fecha los días 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2005, es decir, fechas distintas al periodo de detención indemnizado en el presente caso y que se circunscribe al día 7 de octubre de 2005.

Por lo tanto, tampoco fue acreditado el perjuicio solicitado en este aspecto, razón por la cual la Sala procederá a negarlos.

B) Por otra parte, en cuanto al lucro cesante, a pesar de que en el escrito de demanda fue solicitado el pago del perjuicio de la siguiente forma: “Daño emergente: Si bien es cierto que la señorita B.I.C.C. al momento de producirse su captura no se encontraba trabajando, es procedente su valoración, atendiendo los principios de reparación integral y equidad, tomando como base el sueldo mínimo legal mensual desde la fecha de su detención hasta la fecha de ejecutoria del auto que decretó su libertad por preclusión de la investigación, se produce un interés comercial, resultando aproximado, del 36% anual, o sea $65.492, 55”, atendiendo al principio iura novit curia, la Sala entiende que lo solicitado hace referencia es al lucro cesante y no al daño emergente.

Sobre este concepto, se tiene que la demandante siempre afirmó que su ocupación era la de estudiante y que al momento de los hechos no se encontraba laborando ni ejerciendo una actividad económica, así lo señaló en la diligencia de indagatoria rendida el día 25 de mayo de 2005(57), en la que manifestó: “Soy soltera, estudiante de desarrollo empresarial en el Sena en Pasto, estoy hace cuatro meses (sic) que empecé a estudiar, no tengo bienes de propiedad, vivo con mis padres quienes son los que me costean mis estudios (…)”.

Lo anterior fue ratificado con los testimonios rendidos el día 11 de diciembre de 2008 por los señores G.O., M.B.R. y L.T.C., quienes individualmente testificaron de la siguiente forma:

La señora G.O. manifestó que:

“(…) Ese tiempo que se la llevaron, estaba haciendo un curso de enfermería en la ciudad de Pasto. Ella por el estudio venía a ver a sus papás cada fin de semana y regresaba a Pasto para seguir estudiando el curso (…)”.(58)

Por su parte, la señora M.B.R.(59) señaló que:

“(…) B.I. ayudaba a su mamá y se dedicaba a estudiar (…). Antes de la detención era bien en el aspecto social, no trabajaba porque estaba estudiando (…)”.

Así mismo, el señor L.T.C.(60) M. expresó:

“(…) B.I. se dedicaba a estudiar y siempre permanecía en la casa (…). Señor Juez, B.I. antes de la detención no trabajaba, sólo estudiaba y últimamente hizo un curso en la ciudad de Pasto y después del curso vino a buscar trabajo (…)”.

Por lo tanto, la Sala observa que no se demostró que la demandante al momento de su detención ejerciera una actividad económica dependiente o independiente, pues se dedicaba a sus estudios y sus gastos eran costeados por sus familiares.

Así las cosas, al no encontrarse probado el perjuicio material solicitado, la Sala procederá a negar su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la Sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Nariño por las razones expuestas anteriormente, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la detención injusta de la libertad de que la que fue víctima la señora B.I.C.C.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al demandante, las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
B.I.C.C.Víctima directa15 smlmv
N.C.C.Padre15 smlmv
M.A.C.Madre15 smlmv
O.N.C.Hermana7,5 smlmv
M.M.C.C.Hermana7,5 smlmv
N.J.C.C.Hermana7,5 smlmv
L.M.C.C.Hermana7,5 smlmv

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

6. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

11. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) (Fl. 44 Cdno.1).

12. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora B.I.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que el señor N.C.C., es su padre (Fl. 44 Cdno.1).

13. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora B.I.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que la señora M.A.C.C., es su madre (Fl. 44 Cdno.1).

14. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora O.N.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que la señora M.A.C.C., es su madre y por ende, hermana de la víctima directa (Fl. 46 Cdno.1).

15. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora M.M.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 47 Cdno.1.)

16. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora N.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 45 Cdno.1).

17. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora L.M.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 48 Cdno.1)

18. “ART. 21.—Suspension de la Prescripcion o de la Caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

19. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

20. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

21. En atención a que la Sala no encuentra establecida la fecha exacta en que la providencia de preclusión fue notificada al procesado ni aparece constancia de ejecutoria de la misma, para determinar con certeza a partir de cuándo habrá de computarse el término de caducidad, prevé que en aplicación de los artículos 187 y 396 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, la resolución fue proferida el 25 de mayo de 2005, momento que se adiciona con 1 día de notificación por estado y 3 días de ejecutoria, para un total de 4 días, que en el caso de autos corresponden al 31 de mayo de 2005 (teniendo en cuenta que el 29 y 30 de mayo de 2005 son domingo y festivo), fecha que se acoge como término a partir del cual se contabiliza la caducidad de la acción.

22. Folios 1-6 Cdno.1.

23. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

24. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, p.174.

25. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

26. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989.

27. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

28. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

29. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

30. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

31. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

32.En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 30 de enero de 2013. Exp.: 22.423

33. Folios 9-15 Cdno.1

34. Folios 16-17 Cdno.1

35. Folio 18 Cdno.1

36. Folios 19-21 Cdno.1

37. En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” -Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36.170, reiterada en Sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

38. Folio 22 Cdno.1.

39. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 30 de enero de 2013. Exp.: 22.423.

40. Montealegre Lynett, Eduardo y Bernal Cuellar, Jaime. El Proceso Penal, Op., cit., pp. 80 a 86.

41. “Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (art. 28 C.P.) que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, y como certeramente lo anota la doctrina: “No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad. La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad que caracterizaba al Antiguo Régimen_”. Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.) y, por lo mismo, la constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos los de libertad, como ámbitos de autodeterminación de los individuos (art. 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem). La garantía constitucional de la libertad personal debe interpretarse en armonía con los múltiples tratados internacionales suscritos por Colombia e incorporados a nuestro sistema jurídico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 C.P… Basta lo expuesto para advertir que la detención preventiva debe ser entendida como una medida excepcional, que procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, Exp. 14.676, C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

42. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias de 26 de febrero de 2015. Exp. 37123 y de 29 de junio de 2016. Exp.: 40.707

43. Folio 18 Cdno.1

44. Folio 23 Cdno.1

45. Folio 24 Cdno.1

46. Folio 23 Cdno.1

47. Folios 19-21 Cdno.1

48. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) (Fl. 44 Cdno.1).

49. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora B.I.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que el señor N.C.C., es su padre (Fl. 44 Cdno.1).

50. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora B.I.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que la señora M.A.C.C., es su madre (Fl. 44 Cdno.1).

51. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora O.N.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que la señora M.A.C.C., es su madre y por ende, hermana de la víctima directa (Fl. 46 Cdno.1).

52. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora M.M.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 47 Cdno.1.)

53. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora N.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 45 Cdno.1).

54. Original del Certificado de Registro Civil de Nacimiento de la señora L.M.C.C. expedido por el Registrador Municipal de Mallama (Nariño) en donde se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (Fl. 48 Cdno.1)

55. Es decir, por 1 día.

56. Folios 27-30 Cdno.1

57. Folio 19 Cdno.1.

58. Folio 185 Cdno.1.

59. Folio 189 Cdno.1.

60. Folio 191 Cdno.1.