Sentencia 2009-00096 de junio 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 76001-31-10-004-2009-00096-01

Magistrada Ponente

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado en Sala de 9 de abril de 2013)

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Para la adecuada comprensión del problema abordado en la acusación, resulta pertinente recordar que el litigio fue propuesto por la actora con la finalidad de que se declare la existencia de la “unión marital” y de la “sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes” que ella conformó con Rafael Rojas Bravo, lo mismo que disuelta ésta y en “estado de liquidación”.

2. El tribunal confirmó el fallo del a quo que declaró la pretendida “existencia de la unión marital de hecho”, al igual que de la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” a partir del 1º de enero de 1991 hasta el 28 de julio de 2008. En relación con ésta, el sentenciador de segundo grado, soportado en el literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 admitió viable su conformación a pesar del “vínculo conyugal” existente entre el compañero de la accionante y la señora María Victoria del Socorro Álvarez, pues estimó que si bien su divorcio se produjo con sentencia de “28 de septiembre de 1993”, la “sociedad conyugal” se encontraba disuelta desde el anterior “29 de septiembre de 1989”, sin que para tales efectos se requiriera su “liquidación”.

3. La censura considera que el ad quem quebranto rectamente la citada norma, pues accedió a lo pretendido sin que la sociedad conyugal precedentemente conformada por Rafael Rojas Bravo estuviera “liquidada”, como lo exige la referida norma, dado que únicamente se encontraba “disuelta”.

4. La acusación por la vía directa se caracteriza, como lo tiene decantado la jurisprudencia, porque el “juez quebranta derechamente la ley, esto es, que realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o prohíben, por cuanto esta clase de violación del ordenamiento jurídico ‘se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio’ (…). ‘Ciertamente, el ataque por este camino presupone que la censura acepta de manera plena y en su integridad la valoración probatoria realizada por el ad quem, y de la cual no se puede separar ni un ápice (…)” (sent., jul. 28/2009).

Igualmente, en casación de 22 de marzo de 2007, expediente 00058-01, reiteró: “Como se sabe, las acusaciones propuestas por la vía directa de la causal primera de casación se encuentran encaminadas a establecer que el sentenciador infringió una norma de derecho sustancial, sin que hayan mediado errores en la contemplación material de los hechos y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquéllos (…)”.

5. Con miras a verificar si se estructura el yerro endilgado por el recurrente, seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a) Registro civil de matrimonio de Rafael Rojas Bravo y María Victoria del Socorro Álvarez Córdoba, el cual informa que dicho vínculo fue celebrado el 23 de noviembre de 1974, con notas marginales que dan cuenta tanto de la separación de cuerpos, como del divorcio de los mismos.

b) Copia de la sentencia proferida el “29 de septiembre de 1989” por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali por medio de la cual “decret[ó] en forma definitiva la separación de cuerpos dentro del matrimonio canónico celebrado entre [los antes mencionados, al igual que], disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal” formada entre ellos (fls. 13 - 15).

c) Fallo de 28 de septiembre de 1993 dictado por el Juzgado Primero de Familia de la Capital del Valle que “decret[ó] por divorcio, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, de los [aludidos] esposos” (fls. 16-17).

d) “Registro civil de defunción” de Rafael Rojas Bravo, hecho ocurrido en Estados Unidos Olmsted Roschester, el 28 de julio de 2008 (fl. 5.).

6. El presente asunto se concreta a determinar si el ad quem erró al declarar la existencia de la “sociedad patrimonial” controvertida, desde el 1º de enero de 1991 hasta el 28 de julio de 2008, encontrándose para aquella época disuelta la sociedad conyugal que conformó el compañero permanente con su excónyuge María Victoria del Socorro Álvarez Córdoba, pero no liquidada.

Al estudiar la Corte Suprema de Justicia la aludida normatividad a la luz de la Constitución de 1991 y atendiendo su teleología, en forma reiterada ha precisado:

“Y para centrar sin tardanza el análisis que es menester, es muy de notar que la ley preceptuó, como requisito indeficiente, que los compañeros no estén casados. Hay que entender que dicha locución se refiere a que no estén casados entre sí; pues de estarlo, sus relaciones tanto personales como económicas serían las dimanantes del matrimonio; aserto que definitivamente lo apuntala la consideración de que si el casamiento es con terceras personas, no es impedimento para la unión, ni para la sociedad patrimonial con apenas cumplir la condición consagrada en el segundo artículo de la misma ley, o sea, que la sociedad conyugal esté no solamente disuelta sino liquidada.

“(…) La teleología de exigir, amén de la disolución, la liquidación de la sociedad conyugal, fue entonces rigurosamente económica o patrimonial: que quien a formar la unión marital llegue, no traiga consigo sociedad conyugal alguna; sólo puede llegar allí quien la tuvo, pero ya no, para que, de ese modo, el nuevo régimen económico de los compañeros permanentes nazca a solas. No de otra manera pudiera entenderse cómo es que la ley tolera que aun los casados constituyan uniones maritales, por supuesto que nada más les exige sino que sus aspectos patrimoniales vinculados a la sociedad conyugal estén resueltos; en lo que no deja de llamar la atención, precisamente, que casos habrá en que la subsistencia del vínculo matrimonial (verbigracia, cónyuges meramente separados de cuerpos o de bienes), no empece la formación de aquellas uniones, y que así se vea que el adulterio —que no otra cosa es la que allí se ve— resulte generando efectos de la más diversa laya; de un lado, constituye motivo suficiente para dar al traste con el matrimonio mismo, toda vez que está erigido como causal de divorcio, y de otro, permitiendo la gestación de una nueva vida doméstica con ciertos efectos jurídicos; su naturaleza varia es concedida por la gracia que pocas veces se ve: ser a la par, creador y extintor de efectos jurídicos. A no dudarlo, con una función polivalente porque una misma conducta es a la vez objeto de reproche y amparo legal. Empero, el cuestionamiento que se hizo a la permisión de que los casados formen uniones maritales de hecho, cuestionamiento que se fundó en que de ese modo no había voluntad responsable de constituir una familia (C.P., art. 42) fue desechado por la Corte Constitucional, argumentando, extrañamente por lo que enseguida se dirá, que ‘no se puede presumir que las personas que constituyan una unión de hecho actuarán de forma irresponsable’ (Sent. C-014/98); respuesta extraña porque se antoja que el planteamiento del actor apuntaba más a que el hecho de abandonar una familia para constituir otra, ya era de suyo irresponsable, independientemente del comportamiento en el nuevo seno familiar. Lo que dicha respuesta constitucional implicaría es que no importa que se acabe una familia con tal que en la nueva haya un comportamiento responsable.

“Parece ser el momento propicio para puntualizar que, con arreglo a lo dicho, no es cierto que los viudos, por el hecho de tales, fueron exceptuados por la ley y que frente a ellos no cabe exigir la liquidación de la sociedad conyugal. Porque si lo que se busca es atajar a toda costa la multiplicidad de sociedades, en principio el asunto debe predicarse de todos los eventos en que exista ese riesgo, sin que importe averiguar, subsecuentemente, por la existencia de impedimentos para contraer matrimonio, como con desventura pudiera inferirse de las descuidadas voces del segundo artículo de la ley comentada. Y son descuidadas porque de primera intención pareciera que la liquidación de la sociedad conyugal sólo se exige para quienes, además, tuvieran impedimento para casarse, pues que aquel requisito no figura sino en la segunda de las hipótesis de la norma. Pero, lo erróneo está en creer que donde no haya impedimento para casarse, no hay que hablar, por sustracción de materia, de sociedad conyugal, suponiéndose equivocadamente que allí no pueden haber sino solteros, y de ahí que el artículo comentado nada dijese sobre liquidaciones en la primera hipótesis; se olvidó que personas hay como los viudos que, sin tener impedimento para casarse, tuvieron sociedad conyugal, disuelta sí por causa de la muerte del cónyuge, pero aún sin liquidarse. Lo propio cabe decir frente al caso de nulidad de matrimonio: desaparecido el lazo matrimonial no tienen por este aspecto impedimento para casarse de nuevo, pero pueden cargar ilíquida la sociedad. Para decirlo en breve, pensóse, algo muy cuerdo por demás, en la necesidad de separar las situaciones de los que jamás han tenido sociedad conyugal con los que la tienen o la tuvieron; pero la terminología empleada para ello fue desafortunada. Una interpretación racional y sistemática de la disposición autoriza a decir, así, que en todo evento, sin reserva de especie alguna, anduvo exigiéndose la liquidación de la sociedad conyugal.

“Pero el caso es que, con todo, la recurrente ha planteado a la Corte el tema, netamente jurídico por cierto, y de ahí que lo haya hecho por la vía directa, de saber si la falta de liquidación de la sociedad conyugal empece la sociedad patrimonial; ya se vio que el hecho de la viudez no exonera de la liquidación consagrada en la ley. Pero como para la Corte la tal liquidación no ha de exigirse a nadie, ni viudos ni no viudos, es por lo que el cargo demanda el análisis pertinente, para lo cual se vale la Corte de las siguientes apuntaciones:

“Puestas así las cosas, al pronto surge que la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidación de la sociedad conyugal, sin ningún género de duda fue a dar más allá de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. Harto conocido es, en efecto, que tras el matrimonio emerge, normalmente, una sociedad conyugal dotada de características tan suyas, que, no obstante la denominación de sociedad, los cónyuges se comportan como si ella no existiera, pues cada uno por su lado gobierna sus propios intereses económicos, por efecto de todo lo cual, tan particular sociedad pasa inadvertida por los terceros, y a veces hasta para los mismos cónyuges; tanto, que su tangibilidad no aparece sino cuando termina, razón que ha llevado a decir irónicamente que ella nace cuando muere. Ficciones o no, lo destacable para el caso de ahora es que cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda.

“ (…) [L]o discurrido no ha sido en balde, porque lleva por propósito demostrar cómo todo ello tiene, debe tener, su connotación por causa de la entrada en vigencia, poco más de seis meses después de la de aquella, de la Carta Política de 1991, que elevó precisamente a rango constitucional el derecho que la citada ley había reconocido, vale decir, el de que a la creación de la familia podía llegarse por lazos meramente naturales, con tal que exista en ello una voluntad libre y responsable, y que el Estado y la sociedad garantizan su protección integral (art. 42). El asunto ya no es meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, en su sazón no pudo la ley conocer. Y es aquí donde al rompe se nota que no se compadece con la Carta que una cosa visiblemente innecesaria tenga el poder de anonadar el derecho sustancial, cuya primacía asegura aquella; porque difícilmente podría explicarse que en un Estado edificado sobre el fin de garantizar un orden político, económico y social justo, se permita que los derechos de las personas que han cumplido con la quintaesencia de lo que es la unión marital de hecho, después de consagrados esfuerzos comunes para subvenir las necesidades familiares, incluida quizá la prole, se escapen, como azogue de entre los dedos, no más que por el prurito legal de algo que sobra como es la liquidación de una sociedad conyugal anterior; cuando menos sería un valladar que no guarda ninguna proporcionalidad, absolutamente desmesurado; y es igualmente difícil imaginar que de modo tan rudo se lograra alcanzar lo que la misma ley previó expresamente: corregir una fuente de injusticias para un número creciente de compatriotas que, a falta de protección legal, ven desaparecer el fruto del ‘esfuerzo compartido’.

(…) Por todo lo visto, dentro del espíritu de la Constitución no tiene justificación el exigir la tal liquidación de la sociedad conyugal, razón que conduce a afirmar que por causa del tránsito normativo esa parte de la Ley 54 deviene insubsistente. Rememórase a este propósito la legendaria regla según la cual la Constitución tiene la virtud ‘reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente’, de tal suerte que toda disposición legal ‘anterior a la constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente’ (L. 153/887, art. 9º); regla esa que con mayor énfasis ha de predicarse hoy por fuerza de que la Carta actual se define como ‘norma de normas’ (art. 4º)” (sent., sep. 10/2003, exp. 7603).

Posteriormente en fallo de 4 de septiembre de 2006, expediente 1998-00696-01 aseveró:

“Ahora el problema jurídico que se presenta a la Corte atañe a establecer, si en el momento en que se inicia ese proyecto vital en comunidad, es adecuado tratar de modo diverso a quienes tienen impedimento legal para contraer matrimonio y a quienes libres se hallan para contraer. Y la necesidad de ese discernimiento es provocada porque el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, dicho sin rodeos ni circunloquios, discrimina a quien tiene vínculo matrimonial anterior, pues le exige haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal anterior, por lo menos un año antes de iniciar la nueva convivencia. En el intento de auscultar la razón de la diferencia entre las reglas precedidas de las letras a) y b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, se descubre que en las dos normas hay elementos comunes y otros de marcada diferencia. La diferencia central reside en la existencia del impedimento, pues la primera regla (letra a) gobierna la forma como debe procederse cuando no existe impedimento legal para contraer matrimonio, mientras que en el segundo precepto (letra b) la premisa es la existencia de impedimento legal para contraer matrimonio.

“No obstante, todo indica que la existencia de un vínculo matrimonial no impide, ni debe condicionar de ningún modo, la configuración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pues lo que toma el lugar de privilegio no es el vínculo sino la situación de la sociedad conyugal, pues halló necesario el legislador exigir que esta haya quedado disuelta, como antecedente de la nueva unión.

(…) “Así, la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

“(…) Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a) y b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, también hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley ‘porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución...’. Por consiguiente, si lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige”.

En el mismo sentido, en casación de 19 de junio de 2007, expediente 2003-00068-01, corroboró que “para iniciar un estado de convivencia que pueda desencadenar los efectos patrimoniales a que alude la Ley 54 de 1990, basta con que los compañeros permanentes, o uno de ellos si es el caso, hayan disuelto su sociedad conyugal y nada más”.

Más recientemente, recalcó que “[l]a unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquélla haya perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidación” (sent., mar. 22/2011, exp. 2007-00091-01).

7. En este orden de ideas y de acuerdo con la línea jurisprudencial reseñada, se impone establecer en el presente asunto, si para el primero de enero de 1991, momento a partir del cual fue declarada la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, entre Elizabeth Bedoya Marín y Rafael Rojas Bravo”, se hallaba o no vigente la “sociedad conyugal” que éste había conformado con María Victoria del Socorro Álvarez Córdoba.

Según consta, tanto en la nota marginal inserta en el registro civil de matrimonio de “Rafael Rojas Bravo y María Victoria del Socorro Álvarez Córdoba” (fl. 12, cdno. 1), como en la copia del fallo aludido en el literal b) del punto 5º de estas consideraciones, con fecha “29 de septiembre de 1989”, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali “decret[ó] en forma definitiva [su] separación de cuerpos [lo mismo que], disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal” formada entre ellos (fls. 13-15).

El artículo 1820 del Código Civil establece que la sociedad conyugal se disuelve: “2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla”.

Como de los elementos de convicción aducidos al proceso no es dable inferir la presencia de la anterior salvedad normativa, y en cambio sí la clausura definitiva de la aludida “sociedad conyugal” que surgió entre Rafael Rojas Bravo y su excónyuge María Victoria del Socorro Álvarez Córdoba, tal supuesto jurídico viabilizaba la conformación de la “sociedad patrimonial” deprecada en el pliego demandatorio, puesto que según ha quedado visto, no es requisito que la “sociedad conyugal” se encuentre liquidada.

8. Corolario de lo que se ha expuesto, es que el tribunal no incurrió en el dislate iuris in judicando que se le endilga al dejar establecida la “sociedad patrimonial entre (…) Elizabeth Bedoya Marín y Rafael Rojas Bravo”, desde el 1º de enero de 1991 hasta el 28 de julio de 2008, momento del deceso de éste, tomando como referente “la fecha de la sentencia de separación —el 29 de septiembre de 1989— y no la de divorcio —el 28 de septiembre de 1993—”.

9. Lo así analizado conlleva a la improsperidad de la censura, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final, artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta que la opositora replicó la presente impugnación extraordinaria.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia proferida el 11 de enero de 2011 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, dentro del proceso de la referencia.

2. Condenar en costas al recurrente en casación.

3. Incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de seis millones de pesos ($ 6´000.000), por concepto de agencias en derecho.

4. Devolver la actuación surtida al tribunal de origen.

Notifíquese.»