Sentencia 2009-00099 de febrero 15 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000200900099 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado en Sala 012 de la misma fecha.

Vistos

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: « Consideraciones

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta por los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro y Luis Isnardo Barrero Barrero, en su condición de fiscales 12 de la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Terrorismo, contra el fallo emitido en su contra el 17 de junio de 2011, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y en consulta respecto al doctor Jorge Iván Piedrahita Montoya, según los términos de los artículos 115 y 171 de la Ley 734 de 2002 y parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.

Obligatorio resulta en primer término decidir en torno a los presuntos vicios argumentados en el recurso por el defensor, pues de prosperar, generarían como consecuencia la invalidez de lo actuado.

Al respecto, de una vez se anuncia, que esta corporación decidirá de fondo en esta instancia, toda vez que ninguna irregularidad que amerite la nulitación del proceso, se presenta, como pasa a analizarse.

En cuanto a la falta de competencia del seccional

La planteó el recurrente porque en su criterio, la Sala de primera instancia no contaba con competencia para adelantar el proceso en contra del doctor Barrero Barrero, pues su juez disciplinario tenía que ser la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto está acreditado dentro del expediente que desde el 2008, se desempeña como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Cesar, ‘sin que interese que así hubiese cometido la supuesta falta por la cual se le investiga, en calidad de fiscal especializado’, por cuanto al adquirir la condición mencionada ‘por atracción’ cambia la competencia.

Respetable el anterior razonamiento, pero sin duda alejado de la realidad normativa que en materia de competencia le otorga a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura el juzgamiento de funcionarios como los procesados en la presente ocasión, es decir, en condición de fiscales delegados ante los juzgados penales del circuito especializados de la ciudad, pues fue en esta condición que desplegaron las conductas por las cuales les fueron proferidos cargos y emitido el fallo sancionatorio materia de examen.

En efecto, los artículos 112 y 114 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, le otorgan la competencia a los consejos Superior y seccionales de la judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales, así

“ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:

1...

3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los tribunales y consejos seccionales de la judicatura, el vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales.

4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura...”.

“ART. 114.—Corresponde a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura:

1...

2. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los jueces y los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción...”.

En anterior orden de ideas, y en consonancia con el anterior marco normativo, si las conductas que se le endilgaron en los cargos al doctor Isnardo Barrero Barrero, fueron cometidas cuando se desempeñaba como fiscal 12 delegado ante los jueces penales del circuito especializados de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, y no como fiscal delegado ante Tribunal Superior, de ninguna manera la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que obró como falladora de primera instancia perdía la competencia por el hecho de que hubiera sido designado el anotado funcionario como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Cesar. Por eso entonces, la improsperidad de la nulidad deprecada.

La anterior postura consulta lo expuesto por esta colegiatura en providencia fechada el 12 de diciembre de 2007, así:

“...Como quiera que en el presente asunto es claro que al doctor...se le investiga por una presunta falta que cometió cuando fungía como juez tercero laboral del Circuito de Barranquilla, se concluye que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico es competente para tramitar en primera instancia dicho asunto...

Adicionalmente, a pesar de que el inculpado actualmente funge como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, dicha circunstancia en nada modifica la competencia para seguir adelantando la actuación que en su contra le seguía la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, ello por cuanto se trata de un funcionario que no cuenta con fuero especial...

Además, debe tenerse en cuenta que de predicarse alguna clase de fuero, el mismo sería de índole funcional, esto es, atendiendo las funciones que desempeñaba al momento de cometer la falta disciplinaria, y si lo fue como juez, indudablemente el conocimiento radica en los consejos seccionales y no en esta colegiatura...”(7).

Respecto a la argumentada incongruencia entre los cargos y el fallo

Edificó este planteamiento el doctor Isaza Serrano, al considerar que existe incongruencia entre la formulación de cargos y el fallo impugnado, toda vez que en los primeros se hizo el reproche por ordenar las interceptaciones sin el lleno de los requisitos legales, por no evaluar la necesidad de decretarlas; mientras que en el fallo se censura por no motivar la decisión de interceptación, lo cual considera lesivo del derecho fundamental a la defensa.

Encuentra esta corporación que lo anterior tampoco corresponde a la realidad procesal, habida cuenta que tanto en la providencia de cargos como en el fallo que se examina, se especificó de manera concreta el reproche que se les hacía a los fiscales procesados, sin que quede atisbo de duda alguna para que puede afirmarse que se hizo consistir en ordenar las interceptaciones sin que previamente se avaluara su necesidad. Así se resaltó en el pliego de cargos:

“...véase entonces cómo el funcionario(8) ordenó la interceptación de sendas líneas telefónicas y correos electrónicos basándose únicamente en los informes rendidos por la Policía Judicial, sin evaluar la verdadera necesidad de decretarlas, atentando contra los derechos a la intimidad de las personas respecto de las cuales no se estaba adelantando diligenciamiento penal alguno...”(9).

Y en el fallo, además de recordarse el mismo reproche, se agregó:

“...Olvidó el fiscal que todos los sujetos que intervienen de una u otra manera en el curso de un proceso penal deben ser respetados en su dignidad humana y no puede ser molestados en su intimidad, salvo que medie orden previa motivada que así lo disponga...

Pasó por alto el disciplinable que las comunicaciones establecidas entre las personas, hacen parte de la esfera íntima de sus relaciones laborales, sentimentales y familiares, y no pueden ser socavadas con ocasión de una orden evidentemente desmotivada y a todas luces arbitraria, pues no se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, según el cual las órdenes de interceptación deben motivarse por escrito y esta función eminentemente es del fiscal...”(10).

Similares fundamentos fueron expuestos tanto al proferirse los cargos como en el fallo que se analiza, en los casos de los otros dos fiscales procesados, es decir, los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro y Jorge Iván Piedrahita Montoya, lo cual se demuestra con lo aseverado en el pliego de cargos en los folios 235 y 237(11) y 246, 255 y 256(12); y en el fallo, según lo expuesto en los folios 201, 202, 204(13), y 215, 216, 223 y 238(14).

Nulidad por no acertarse en el juicio de tipicidad

Lo sustentó el apelante al estimar que la conducta base de la acusación “se adecuó por fuera de la estructura normativa de la supuesta falta disciplinaria a que supuestamente dio lugar”, pues considera que el numeral 16 del artículo 48 del CDU “se actualiza a condición de que la información se obtenga o la prueba se recaude con violación de las garantías constitucionales y legales”, lo cual estima no se presentó en el caso de sus defendidos porque actuaron conforme a las preceptivas contenidas en los artículos 301 del Código de Procedimiento Penal, disposición que no exige motivación alguna, ya que solo “habla de fundamentar por escrito”, términos que considera con distinto significado(15), para a renglón seguido aseverar que un informe de policía judicial rendido bajo la gravedad del juramento por un grupo especializado en investigaciones contra el terrorismo, se constituye en apoyo suficiente para adoptar decisión como una interceptación de comunicaciones. Resaltó la credibilidad que surge del informe del 3 de diciembre de 2005 de la central de inteligencia del Ejército Nacional, situación por la cual “no puede entonces el operador disciplinario, añadir la conducta en la estructuración del tipo, en los desarrollos explicativos que haga en el concepto de la violación”.

Como se desprende de lo que se acaba de exponer, se trata de un alegato orientado a demostrar conductas ajenas al reproche disciplinario enrostrado a los fiscales procesados, pues precisamente, para el trabajo de tipicidad disciplinario, fue considerada vulnerada la preceptiva contenida en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Será entonces, para el momento de decidirse de fondo en esta instancia superior, que esta superioridad se referirá a la glosa presentada por el recurrente, como igualmente sucede con la aseveración atinente a la falta de desarrollo sobre la antijuricidad sustancial de las conductas censuradas, al considerar que no se argumentó por la Sala A quo si las faltas enrostradas a los funcionarios disciplinados “afectaban sustancialmente el deber funcional y en caso afirmativo, como lo afectaban”, entendiéndose entonces, que no eran antijurídicas las conductas “y en tales condiciones no podían fundamentar un fallo sancionatorio”.

Nulidad por presentarse cargos anfibológicos

Adujo el apelante, la anfibología de los cargos se configuraba porque, la conducta constitutiva de la acusación fue presentada como desarrollo de los deberes funcionales a cargo de los fiscales “y no como vulneración a un deber funcional específico, razón por la cual a su responsabilidad estaba la carga de argumentar como esta se tradujo en la vulneración sustancial de un deber funcional, bajo las reglas del principio de ilicitud sustancial...”.

Alejado igualmente de lo evidenciado en este proceso encuentra esta Sala lo aseverado por el recurrente, pues lo que se desprende del pliego de cargos no es cosa distinta que un reproche acorde con las exigencias del artículo 163 del Código Disciplinario Único, dándose a conocer no solo las normas presuntamente desconocidas, sino igualmente, el deber, acorde con lo establecido en el artículo 196 ibídem, omitido por los procesados, para el caso, precisamente, lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y 15 y 29 de la Constitución Política, en cuanto a los acusados Luz Amparo Rodríguez Castro y Luis Isnardo Barrero Barrero; y en contra del doctor Jorge Iván Piedrahita Montoya, por desconocimiento de los artículos 27, 294, 301 y 328 de la Ley 600 de 2000, vigente para entonces y 15, 28 y 29 de la Constitución Política.

En efecto, Los cargos contra los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro y Luis Isnardo Barrero Barrero, en su condición de fiscales 12 especializados de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, se concretaron “por el incumplimiento de los deberes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación del numeral 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 301 de la Ley 600 de 2000, vigente para entonces y 15 y 29 de la Constitución Política”, calificando de gravísima dicha conducta.

Y en el caso del doctor Jorge Iván Piedrahita Montoya, en su condición de fiscal 12 especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, “por el incumplimiento de los deberes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación de los numerales 1º, 4 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 27, 294, 301 y 328 de la Ley 600 de 2000, vigente para entonces y 15, 28 y 29 de la Constitución Política...”, calificando de gravísima dicha conducta.

Por eso entonces, se comprende que a lo largo del presente trámite, e incluso, para el acceso a la segunda instancia, la defensa se hubiera encaminado con fundamento en las disposiciones que se acaban de referenciar, es decir, de acuerdo con los cargos imputados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca a los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro, Luis Isnardo Barrero Barrero y Jorge Iván Piedrahita Montoya, lo cual permite desvirtuar la presencia de cargos anfibológicos, irrazonables o inentendibles, y por tanto, el vicio puesto de presente por el apelante.

Por lo anterior, ninguna irregularidad que genere la nulidad de la actuación, se configuró con el proceder de la seccional de instancia al calificar el mérito de la investigación, si en cuenta se tiene que a lo largo de la misma se les garantizó el derecho a la defensa a los funcionarios procesados y claro está, por lo antes considerado. Por eso entonces, se encuentra legitimada esta Superioridad para decidir de fondo en sede de segunda instancia, a lo cual se procederá, recordando que el pronunciamiento debe comprender solo los aspectos impugnados, al presumir el legislador que los no sustentados, llevan a concluir que no suscitaron inconformidad en el sujeto procesal que hizo uso del acceso a la segunda instancia, pudiendo extenderse la competencia a asuntos no impugnados que resulten inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En consonancia con el desarrollo jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada:

“...La Sala ha sostenido que cuando el ad quem se pronuncia sobre aspectos no comprendidos en la impugnación o respecto de aquellos no vinculados inescindiblemente a los motivos en que se funda el disentimiento, tendría que admitirse que dichos aspectos no se pudieron controvertir por el apelante y que no se garantizó la doble instancia.

Debe recordarse que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, pues no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto; de ahí que esta función consista en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada a partir de los argumentos presentados por el recurrente...”(16).

Tipicidad

En el asunto examinado, se imputaron cargos a los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro y a Luis Isnardo Barrero Barrero, en su condición de fiscales 12 especializados de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, “por el incumplimiento de los deberes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación del numeral 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 301 de la Ley 600 de 2000, vigente para entonces y 15 y 29 de la Constitución Política”, calificando de gravísima dicha conducta, disposiciones del siguiente tenor:

“ART. 196 del CDU.—”Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

ART. 48 del CDU.—”Son faltas gravísimas las siguientes:

1...

16. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales...”.

Artículo 301 de la Ley 600 de 2000. “Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial podrá ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, tienen la obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden.

Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación la decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la Dirección Nacional de Fiscalías.

En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.

El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación.

Tales grabaciones se trasladaran al expediente, por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario”.

Artículo 15 de la Constitución Política. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.

Artículo 29 de la Constitución Política. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Y respecto del doctor Jorge Iván Piedrahita Montoya, en su condición de fiscal 12 Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, “por el incumplimiento de los deberes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación de los numerales 1º, 4º y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 27, 294, 301 y 328 de la Ley 600 de 2000, vigente para entonces y 15, 28 y 29 de la Constitución Política...”, calificando de gravísima dicha conducta, del siguiente tenor:

ART. 196 del CDU.—”Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

ART. 48 del CDU.—”Son faltas gravísimas las siguientes:

1...Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, abusando del mismo...

4. Omitir, u obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidos por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.

16. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales...”.

Artículo 15 de la Constitución Política. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.

Artículo 28 de la Constitución Política. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Artículo 29 de la Constitución Política. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Artículo 27 de la Ley 600 de 2000. “Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

Artículo 294 de la Ley 600 de 2000. “Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro.

En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la Policía Judicial podrá ingresar sin orden escrita del funcionario judicial, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando la conducta”.

Artículo 301 de la Ley 600 de 2000. “Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial podrá ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, tienen la obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden.

Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación la decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la Dirección Nacional de Fiscalías.

En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.

El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación.

Tales grabaciones se trasladaran al expediente, por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario”.

Artículo 328 de la Ley 600 de 2000. Revocatoria de la resolución inhibitoria. La resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.

El funcionario judicial determinará en la misma providencia si decide reanudar la investigación previa o profiere resolución de apertura de instrucción. Si continúa en investigación previa, esta tendrá una duración máxima de dos (2) meses, vencidos los cuales procederá a proferir resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción...”.

La Sala, una vez estudiado el acervo probatorio recaudado, anuncia desde ahora la confirmación integral del fallo de instancia, toda vez que los argumentos defensivos vertidos a lo largo del proceso, como contenidos en la apelación, no tienen la virtualidad de socavar los fundamentos que tuvo la primera instancia para declarar a los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro, Luis Isnardo Barrero Barrero y Jorge Iván Piedrahita Montoya, disciplinariamente responsables, en su condición de Fiscales 12 Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional contra el Terrorismo y como consecuencia, por el incumplimiento de los deberes consagrados en las disposiciones antes indicadas, y como consecuencia, imponerles las sanciones especificadas en el fallo que concita la atención de esta corporación.

Lo anterior por cuanto de acuerdo con la prueba obrante en el plenario, para el caso, las interceptaciones de los abonados telefónicos (fijos y móviles) y correos, al igual que los allanamientos, especificados en la providencia de cargos, ordenados por los fiscales procesados sin cumplir con el requisito de la fundamentación por escrito, no tiene discusión alguna en esta actuación.

El despliegue objetivo de dichas conductas, tuvieron acaecimiento así(17):

Por parte del doctor Luis Isnardo Barrero Barrero

Fecha orden intercept. Cantidad de abonados Tiempo de duración
8 de marzo de 2006 6 90 días
13 de marzo de 2006 18 90 días
22 de marzo de 2006 6 90 días
29 junio de 2006 6 90 días
17 oct. de 2006 22 90 días
21 nov. de 2006 1 90 días
19 dic. de 2006 3 líneas y 123 (correos) 90 días
2 feb. de 2007 3 90 días
14 feb. de 2007 1 90 días
12 mar. de 2007 1 90 días
4 sept. de 2007 4 90 días

Por parte de la doctora Luz Amparo Rodríguez Castro

Fecha orden intercept. Cantidad de abonados Tiempo de duración
27 sept. de 2007 161 (correos) 90 días
18 oct. de 2007 8 90 días
25 oct. de 2007 5 90 días
4 dic. de 2007 4 90 días
22 ene. de 2008 7 90 días
22 feb. de 2008 4 90 días
10 marz.de 2008 1 90 días

Por parte del doctor Jorge Iván Piedrahita Montoya

Fecha orden intercept. Cantidad de abonados Tiempo de duración
3 de oct. de 2008 2 90 días
29 de oct. de 2008 5 y (1 correo) 90 días
30 de oct. de 2008 4 90 días
4 de nov. de 2008 123 (correos) 90 días
5 de nov. de 2008 8 90 días

Pues bien, considera esta Sala, que conforme lo observó el juez colegiado de primera instancia, objetivamente está probado que los funcionarios inculpados, incurrieron en las faltas gravísimas que se les imputó en el pliego de cargos, al proceder en las circunstancias que se acaban de relacionar, desconociendo las disposiciones que los obligaban, en condición de directores de la investigación iniciada con el fin de descubrir a quienes enfrentaron a integrantes de las Fuerzas Militares en zona rural del municipio de Colombia (Huila) el 28 de noviembre de 2005, a evaluar de cara al surgimiento de posible compromiso penal con dichos hechos, los informes presentados por la policía judicial, pues eso es precisamente lo que el legislador de la ley 600 de 2000, consignó en forma expresa en el artículo 301 ibídem, cuando indico que dichas órdenes “...En todo caso, deberá fundamentarse por escrito...”(18).

Y en lo relacionado con el aspecto subjetivo, tampoco dubitación alguna tiene esta corporación para considerar, como con acierto lo hizo la seccional de primera instancia, que los fiscales disciplinados obraron con pleno conocimiento y voluntad en el despliegue de las conductas reprochadas en el pliego de cargos, si en cuenta se tiene que a los funcionarios disciplinados les bastó lo afirmado por servidores de la policía judicial para proceder a acceder a dichas solicitudes, cuando de acuerdo con las notas encontradas en el combate que dio origen al caso radicado 65635, se trataba de simples números y correos que nada serio reflejaban(19) y por tanto, para evitar la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la dignidad, tenía por lo menos que haberse llevado a cabo diligencias orientadas a obtener los nombres de los propietarios de dichas líneas y correos, y una vez evacuada esta importante labor, realizar seguimientos, obtener testimonios, con el fin de establecer con algún grado de interés para el proceso los vínculos de esas personas con el grupo armado investigado.

En presencia entonces de actuaciones como las censuradas en este proceso disciplinario, de ninguna manera pueden ser acogidas las exculpaciones presentadas por los encartados al sostener que pudieron incurrir en errores, pero de buena fe, dadas las solicitudes de los integrantes de la policía judicial, habida cuenta que solo en su condición de fiscales que tenían a cargo el manejo absoluto del caso penal, eran quienes como conocedores de las normas constitucionales y legales, reguladoras de medidas de tanta trascendencia para quienes son objeto de las mismas, como lo son las interceptaciones telefónicas y allanamientos, razón por la cual bien podían haberlas negado o inclusive limitado, según los indicios y elementos probatorios reveladores de la necesidad de exteriorizar medidas como las reprochadas.

La dirección del caso les imponía entonces a los fiscales inculpados la obligación de analizar y estudiar con severidad los informes de la policía judicial, pues de ninguna manera eran los integrantes de este organismo quienes podían decidir sobre la pertinencia de actuaciones como las que deprecaban.

Oportuno resulta recordar la siguiente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en torno a las funciones que deben cumplir los Fiscales frente a las labores que debe cumplir la policía judicial:

“...[D]entro de las funciones que el artículo 250 de la Carta Política le fijó a la Fiscalía General de la Nación, está la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley, tal como se dispone en el numeral 8º del citado precepto, obligación que ya señalaba el numeral 3º de la misma norma constitucional antes de la reforma introducida a través del Acto Legislativo 03 de 2002.

“A su vez, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia precisa que:

‘ART. 33.—Dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el fiscal general les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que esta señale.

’La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor...

Por su parte el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal que rige este asunto (L. 600/2000), señala en el mismo sentido lo siguiente:

’El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente o especial cumplen los organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General de la Nación les haya atribuido tales funciones...

Es decir, tanto en la Constitución como en la ley —con las salvedades que las normas citadas hacen respecto del caso de la Procuraduría General de la Nación— se establece que las funciones de policía judicial deberán estar efectivamente dirigidas y coordinadas por el Fiscal General de la Nación o sus delegados.

...no en todos los momentos citados la policía judicial puede adelantar cualquier tipo de actividad, ni es posible que la Fiscalía, cuando ya ha asumido el control y dirección de la investigación, comisione a ese ente para todo lo que estime menester.

“Ello se desprende de la interpretación contextualizada de las normas regulatorias del asunto, donde expresamente el legislador establece diferencias puntuales que no pueden soslayarse por la Fiscalía o la Policía judicial.

“Así, en ese primer momento arriba destacado, que se rotula en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, como ‘Labores previas de verificación’, está claro que la policía judicial no practica ningún tipo de prueba, sino que se ocupa de ‘allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible’. Y ello, como también expresamente lo consagra la norma, carece de valor probatorio (ni testimonial ni indiciario), dado que solo sirve de criterio orientador de la investigación.

“El artículo 315 ibídem, relaciona el segundo momento de intervención de la Policía judicial, también ajeno a la dirección u orientación de la Fiscalía, en el cual, por iniciativa propia, sea que se trate de un caso de flagrancia o cuando por fuerza mayor no pueda asumir competencia inmediata el organismo instructor, esos funcionarios de apoyo ordenan o practican pruebas.

“En este caso, es claro que directamente se le atribuye a la Policía judicial una actividad probatoria que incluso supera la facultad de adelantar directamente la práctica y se extiende a la posibilidad de ordenar su ejecución a otra autoridad. Para citar un ejemplo común, ello se evidencia en la orden de que se practique la necropsia al cadáver del interfecto, o algún examen de alcoholemia al indiciado.

“No cabe duda de que en estos casos los elementos de juicio practicados u ordenados practicar por la Policía judicial, tienen virtualidad probatoria y pueden servir, por sí mismos, de fundamento para la demostración de la materialización del delito y la intervención del sindicado. En otras palabras, si se cumple con la hipótesis de la norma (flagrancia o imposibilidad de intervención inmediata de la Fiscalía), en términos generales debe decirse que la prueba practicada u ordenada practicar por la Policía judicial, es legal, regular y oportuna.

“Mírese cómo esa amplia facultad otorgada a la Policía judicial opera de manera excepcional, precisamente porque la urgencia del caso amerita que así sea, entendido, huelga anotar, que la potestad probatoria, en estricto sentido, se halla radicada en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

“Precisamente por ello, para penetrar en el tercero de los momentos antes referenciados, cuando ya la Fiscalía ha asumido formalmente la dirección de la investigación, la facultad de la Policía judicial se restringe en enorme medida, al punto que, como lo dispone el artículo 316 de la Ley 600 de 2000, únicamente puede actuar por orden del ente instructor ‘para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos’.

“Estima necesario precisar la Corte el sentido de la frase citada, pues, se patentiza que la actividad de la Policía judicial, por comisión del Fiscal, opera dentro de estrictos límites y precisos derroteros, dada la excepcionalidad que comporta.

“En este sentido, es tempestivo denotar que respecto de las pruebas como tales, la facultad de comisión de la Fiscalía hacia la Policía judicial, remite exclusivamente a aquellas de contenido eminentemente técnico —dígase, para citar un ejemplo, la experticia acerca de libros contables incautados—. Y ello asoma si se quiere natural, pues, se entiende que el fiscal no posee esos conocimientos requeridos para allegar el medio de prueba y debe recurrir al auxilio del personal de Policía judicial para el efecto.

“A renglón seguido, el artículo 316 citado, permite que se comisione a la Policía judicial para desarrollar ‘diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos’. Esas diligencias, estima la Corte, no dicen relación con la práctica de pruebas —con excepción, desde luego, de las técnicas, como se anotó en precedencia—, pues, ello atenta no solo contra la excepcionalidad de la intervención probatoria de la Policía judicial, sino con el tipo de actividad pesquisitoria propia de estos organismos, a partir de los cuales, para citar algunos ejemplos comunes, debe recoger evidencias que eventualmente se requieran para demostrar los hechos, o acudir al lugar para la verificación de quiénes pueden conocer algo de lo sucedido y podrán ser citados por la fiscalía a declarar, y en fin, esas labores investigativas de campo que permiten orientar al director de la investigación respecto de la mejor forma de abordar la demostración del objeto del proceso penal.

“Es esa una labor de apoyo investigativo que no puede tornarse abierta, global o genérica, para que no represente en la práctica un desplazamiento del órgano que en la Ley 600 de 2000 está directamente vinculado con la práctica probatoria, en seguimiento de ese principio de inmediación relativizado allí consignado y que deriva no solo de las amplias facultades judiciales otorgadas a la Fiscalía, sino del principio de permanencia de la prueba.

“Así lo entendió el legislador, en seguimiento de ese procedimiento que algunos dan en significar mixto, y por ello, una vez asumida la investigación por el fiscal encargado del caso, no corre de cargo de la Policía judicial adelantar motu proprio la tarea investigativa, ni mucho menos, proceder a una práctica probatoria que en la generalidad de los casos, con excepción de la prueba técnica, corre de cargo directamente de la fiscalía, en cuanto órgano, previo al Acto Legislativo 03 de 2002, que modificó el artículo 250 de la Carta Política, con plenas facultades judiciales en la fase instructiva del proceso...”(20).

Si como lo admitieron los disciplinados al rendir sus versiones, los informes de la Policía judicial no permitían visualizar a los titulares de los abonados y correos, de los cuales se peticionaba su interceptación, no se comprende entonces, acorde con lo regulado al respecto en un Estado social de derecho como el que nos rige, protector sin duda de los derechos fundamentales de todas las personas —aún de aquellas que resulten involucradas en conductas delictivas—, cómo accedieron con tan precarios informes a ordenar las interceptaciones especificadas por la Sala de primera instancia y en este mismo fallo.

Es decir, lo que se pretendió fue conocer las actividades de toda clase de personas: estudiantes, políticos, sindicalistas, etc., para entonces, ahí sí, judicializarlos, cuando dada su condición de fiscales, todo lo contrario en acatamiento a las disposiciones legales tenían que haber hecho, sin olvidar que la investigación se orientaba según los hechos sucedidos el 28 de noviembre de 2005 en el enfrentamiento sostenido entre insurgentes y las Fuerzas Militares.

Por el manejo desaforado del caso que dio origen a este proceso disciplinario, es decir, sin control alguno por parte de los inculpados, fue que se violentaron los derechos fundamentales a la intimidad y dignidad humana de los propietarios y usuarios de los abonados y correos electrónicos sobre los cuales recayeron las órdenes de interceptación, debiéndose resaltar los que tenían como destinatarios a la Secretaría de Gobierno de la alcaldía de esta capital y de la planta estudiantil de varias universidades, sin contar con indicio alguno que pudiera vincular en forma individualizada al caso materia de investigación, pues se pretendía, según lo consignó el doctor Piedrahita Montoya, en una de esas actuaciones: “...realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros armados al margen de la ley”(21), reproche que igualmente cabe realizar sobre los allanamientos ordenados por el mismo disciplinado, especificados en el pliego de cargos.

En el anterior orden de ideas, los fiscales disciplinados no solo desconocieron las disposiciones legales y constitucionales debidamente plasmadas en el auto de cargos, sino además, lo indicado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la protección de derechos fundamentales garantistas de la intimidad y dignidad de las personas:

“...este derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar una mínima consideración particular y pública a su interioridad, actitud que se traduce en abstención de conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace parte del dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros, ni de la intervención o análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones (...) Ese terreno privado no puede ser invadido por los demás miembros de la comunidad a la que se integran la persona o familia, ni por el Estado. Aún dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad personal...”(22).

Además de la vulneración de los artículos 15 de la Constitución Política y 301 de la Ley 600 de 2000, dadas las interceptaciones antes referenciadas, tal como lo razonó el seccional de instancia, en el caso del doctor Piedrahita Montoya por demostrarse además, que unió al caso radicado 65.635 hechos de otras investigaciones, es decir, que ningún vínculo tenían con los sucedidos el 28 de noviembre de 2005 en zona rural del municipio de Colombia (Huila), razón por la cual dispuso la práctica de diversas diligencias como la incorporación de informes, inspecciones judiciales a bases de datos y libros de planteles Universitarios y allanamientos, ninguna glosa tiene tampoco que hacer esta superioridad al considerar que vulneró las preceptivas contenidas en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política y 27, 294 y 328 de la Ley 600 de 2000, vigentes para entonces.

En efecto, olvidó el funcionario mencionado que su deber funcional solo tenía que ver con los hechos orientados a individualizar e identificar a quienes atacaron a integrantes de las Fuerzas Militares el 28 de noviembre de 2005, en el municipio de Colombia (Huila), y no acontecimientos que nada tenían que ver con los mismos. Por eso al incorporar hechos acaecidos el 3 de septiembre de 2008 en el sector de El Tunal de esta capital (3 capturados con explosivos) y otros relacionados con actividades del partido comunista en el departamento de Caldas, hechos sucedidos en la Universidad Pedagógica y combates del Ejército con las FARC el 5 de febrero de 2008 en el Meta, sin duda alguna se trató de actuaciones por fuera del rol que le correspondía desplegar, sin que pueda entonces acogerse lo aseverado por su defensor en el sentido de tener la Fiscalía cubrimiento en todo el territorio nacional, pues de ninguna manera las investigaciones a cargo de determinado fiscal pueden ser al mismo tiempo asumidas sin ningún fundamento por otro. Por eso entonces, se comprende las preclusiones que se vio obligado a emitir, al ponérsele en conocimiento que muchos de esos casos ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, como bien lo puntualizó el fallo de la primera instancia.

Antijuricidad

Resultan totalmente vanas y sin soporte legal alguno, las argumentaciones de los funcionarios inculpados, tendientes a demostrar que actuaron ceñidos a la ley, cuando es todo lo contrario lo que evidencia el proceso, frente a la claridad de los mandatos que lo obligaban a proceder acorde con los mismos, como quedó visto.

Por lo anterior debe igualmente descartarse la argumentada falta de antijuricidad alegada por el recurrente, pues al respecto, si como se ha dejado visto, por la claridad de las disposiciones ya referenciadas no se prestaban a interpretaciones distintas a su exacto contenido, no podían entonces, los doctores Barrero Barrero, Rodríguez Castro y Piedrahita Montoya, contrariar esos sanos postulados en la forma en que lo hicieron.

Por eso entonces, se repite, de ninguna manera puede justificarse —por eso la conducta censurada resulta ser antijurídica, al afectarse el deber funcional, sin justificación alguna—, por parte de los fiscales disciplinados, frente a preceptivas de tanta claridad y contundencia al reglar las directrices a seguirse en la dirección de procesos como el que tenían a su cargo, en los términos antes señalados, toda vez que los derechos fundamentales a la intimidad y a la dignidad, tenían que ser garantizados al disponer medidas como las que dieron origen a este proceso en su contra, lo cual desconocieron por completo, tal como lo analizó la colegiatura de primera instancia y lo pudo verificar en esta segunda instancia esta superioridad.

No sobra agregar que tampoco por el hecho de no haber sido posible el cumplimiento de las interceptaciones de los correos electrónicos, ninguna falta disciplinaria puede atribuírseles a quienes dieron esas órdenes, pues debe recordarse que es el incumplimiento a los deberes funcionales lo que genera la configuración de la falta disciplinaria y no sus resultados, teniéndose en cuenta el vínculo que con el Estado tienen los funcionarios judiciales, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 5º del CDU:

“...Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

Precisamente la Corte Constitucional al examinar la anterior disposición, hizo claridad en cuanto a las diferencias existentes entre las normas penales y disciplinarias, de ahí que resaltó el principio de ilicitud sustancial, así:

“...Cabe recordar en ese sentido que constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública.

En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 6º y 123).

En ese contexto la Corte ha precisado que el derecho disciplinario pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo; cometido este que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional.

La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funcione. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones pública.

En este sentido también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que —por contrapartida lógica— son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia.

De otra parte cabe recordar que la jurisprudencia ha señalado que el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos...”(23).

Por eso entonces, en el derecho disciplinario la conducta no se examina según la causación o no de un daño, sino desde la perspectiva de la infracción de deberes .

Culpabilidad

El actuar doloso, de los funcionarios disciplinados surge del incumplimiento de mandatos de tanta claridad como los desconocidos, indicados tanto en el pliego de cargos como en el fallo revisado. Como ya se analizó, si en su condición de Fiscales eran quienes estaban obligados a cumplir con los requisitos consagrados constitucional y legalmente para la procedencia de las interceptaciones y allanamientos, al igual que en el caso del doctor Piedrahita para cumplir sus funciones en el caso asignado (y no respecto a otros), y sin embargo, optaron por desconocer los sanos postulados orientados a la protección de derechos fundamentales como los mencionados en esta decisión, sin duda alguna la culpabilidad dolosa considerada por el a quo corresponde a las conductas desplegadas.

Por todo lo dicho, por el incumplimiento a los deberes por los cuales les fue formulado pliego de cargos, y sin encontrar justificados esos comportamientos, los funcionarios disciplinados se hacen merecedores del reproche disciplinario en los términos considerados por la primera instancia, situación por la cual se confirmará el fallo recurrido (salvo lo relacionado con las interceptaciones ordenadas hasta el 17 de octubre de 2006, por encontrarse extinguida la acción disciplinaria por prescripción), inclusive en lo relacionado con la sanción impuesta, pues dada la gravedad de las conductas por el menoscabo a la administración de justicia y a los derechos fundamentales a la intimidad y a la dignidad de las personas, y por la misma culpabilidad dolosa, se estiman razonables y proporcionales las sanciones impuestas.

Otra determinación

Se dispondrá la compulsa de copias para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decida —si aún no lo ha hecho— si el Fiscal Benedicto Campos Ardila con ocasión de las órdenes dadas a la Policía judicial en el documento visible entre los folios 18 y 20 del anexo 3, incurrió en falta disciplinaria. Se remitirá para dichos efectos, igualmente copias de los interpolados entre los folios1 a 18 del anexo 5 y en los folios 1, 8 y 9 del cuaderno original 1.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No decretar nulidad en la presente actuación, por lo argumentado en el cuerpo de este fallo.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, por medio de la cual se sancionó a los doctores Luz Amparo Rodríguez Castro, Luis Isnardo Barrero Barrero y Jorge Iván Piedrahita Montoya, en su condición de fiscales 12 delegados ante los jueces penales del Circuito Especializados de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, con destitución e inhabilidad general, a los dos primeros, por el término de 10 años y la exclusión en el escalafón o carrera si la hubiere, y al doctor Piedrahita Montoya por el término de 20 años y la exclusión en el escalafón o carrera si la hubiere,

3. Comuníquese conforme a la ley a las entidades que deben conocer esta decisión: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Anótese la sanción en el registro correspondiente de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

4. Declarar extinguida la acción disciplinaria por prescripción, a favor del doctor Luis Isnardo Barrero Barrero, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 30 del CDU(24), en armonía con el 29 ibídem, con relación a las interceptaciones ordenadas hasta el 17 de octubre de 2006.

5. Por la Secretaría Judicial se cumplirá con lo ordenado en otras determinaciones.

Devuélvase el expediente a la seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Radicado 2007-02865, M.P. Dr. Guillermo Bueno Miranda.

(8) Hace alusión al doctor Barrero Barrero.

(9) Cfr. fl. 229 del tomo 2.

(10) Cfr. fls. 197 a 198 del tomo 3.

(11) En el caso de la doctora Rodríguez Castro.

(12) En cuanto al doctor Piedrahita Montoya.

(13) Respecto de la doctora Rodríguez Castro.

(14) Respecto del doctor Piedrahita Montoya.

(15) “Fundamentar por escrito es exponer en el papel los hechos que requieren que la decisión se adopte procesalmente. Y los fundamentos de esta son su base, es decir, el apoyo que tienen y no su explicación que sería la motivación”.

(16) Sala de Casación Penal, providencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26.129, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz.

(17) Obran en los cuadernos anexos 2, 3 y 5.

(18) En similar sentido dicha exigencia en los casos de allanamientos (Cfr. L. 600/2000, art. 294).

(19) Cfr. fls. 1 a 18 del anexo 5.

(20) Sala de Casación Penal, radicado 32.597, 6 de julio de 2011, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

(21) Cfr. Fl. 216, anexo 5.

(22) Sentencia C-640 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.

(23) Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(24) Por ser norma más favorable que la contenida en la Ley 1474 de 2011.