Sentencia 2009-00101 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002327000200900101-01

Nº interno: 18701

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Fideicomiso Bosque de la Florida Patrimonios Autónomos - Fiduvalle

Demandado: Distrito Capital

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

Fallo:

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto predial del año gravable 2005, presentada por la demandante.

En los términos del recurso, la Sala debe decidir, si los actos administrativos demandados son nulos por aplicación indebida del literal b) del parágrafo 2º del numeral 10 del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, esto es, la Resolución DDI-077140 del 16 de octubre de 2007, y la DDI 000318 de enero 13 de 2009, que la confirmó. La Sala no se referirá a la causal de nulidad por violación del artículo 29 de la Carta Política, y 732 y 734 del estatuto tributario, que declaró probada el tribunal, porque no fue objeto del recurso de apelación

Para resolver, la Sala parte de los siguientes hechos probados:

• Mediante la Resolución DDI-077140 del 16 de octubre de 2007, la oficina de liquidación de la subdirección de impuestos a la propiedad de la dirección distrital de impuestos modificó la declaración del impuesto predial del año gravable 2005, presentada por el demandante. Adujo, principalmente, lo siguiente:

“... es preciso mencionar que la autoridad competente para efectuar formación, actualización o cualquier tipo de modificación relacionada con los predios en el Distrito es la Unidad Especial de Catastro Distrital, esta entidad para el 2005 reportó el predio con un avalúo de $ 8.999.578.000 con un terreno total de 666.919.20 mts2 y una construcción de 503.40 mts2. Por lo anterior y de conformidad con el Acuerdo 105 de 2003, el predio se clasifica dentro de los predios urbanizados no edificados.

El Acuerdo 105 de 2003 en su artículo 1º, numeral 10, parágrafo 2º, establece: “Entiéndase por predio no edificado al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) (...).

b) Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% del área de terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno”.

• El 22 de febrero de 2005, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital certificó(5):

“Que el predio con nomenclatura oficial: KR 122 63 A 35

Predio sin direcciones secundarias/incluye

Identificado con la cédula catastral: EG 179

Código de sector: 005662010200000000 Código Chip: AAA0140KJMS

Cédula (s) catastral (s) matriz:

De la zona: zona centro, con vigencia de Formación: 1995 Destino (1)

Residencial. Usos: establos, pesebreras, habitacional menor o igual a 3 pisos NPH,

zona postal: 9020, tipo de propiedad: particular, estrato 2

Nombre del PropietarioIdentificación% CoproPoseedor
1. U.C.N. Sociedad fiduciaria S.A.N1100.000No

Escritura No. 5085 del día 24 del mes de noviembre de 1999, notaria: 01,

Círculo; Bogotá, D.C., matrícula Inmob.: 050001084051, Nº Prop: 1,

Que el predio en mención figuró anteriormente con la (s) dirección (es):

TV 122 57 35Fecha: 27/10/2004
TV 122 57 35Fecha: 31/12/2001
KR 15 15 71Fecha: 13/03/2000
CR. 15 15 71 EngativáFecha: 941231,

Que el predio en mención figuró anteriormente con la(s) Cédula (s):

EG K 179. Fecha: 870512

No registra partes cuentas anteriores;

Figura actualmente con las siguientes áreas:

Área del terreno (M2): 680075.78 Área construida (M2): 1205.40

Y con los siguientes avalúos:

Valor avalúoVigenciaTarifa
8.999.578.00020050.00
8.566.947.00020040.00

(...)”.

Solución del caso:

Según lo establecido en la Ley 44 de 1990 y en el Decreto-Ley 1421 de 1993, el impuesto predial unificado es un gravamen que recae sobre los bienes raíces ubicados en la jurisdicción territorial de los municipios.

En el Distrito Capital de Bogotá, el impuesto está regulado por el Decreto 352 de 2002, según el cual, el tributo se genera por la existencia de inmuebles dentro de la jurisdicción del distrito(6) y se causa el 1º de enero del respectivo año gravable(7).

La tarifa del impuesto fue fijada en un rango comprendido entre el cero y el 33‰, según da cuenta el artículo 25, ibídem, aplicable en función del uso de los inmuebles.

De conformidad con el artículo 336 del Decreto 190 de 2004, “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003”, normas mediante las cuales se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso “es la destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar”, las que a su turno comprenden siete categorías, a saber: residencial, dotacional, comercio y servicios, central, integral, industrial y minera, según lo establece el artículo 340 del referido decreto.

Para el año 2005, el Acuerdo 105 de 2003, “Por el cual se adecúan las categorías tarifarias del impuesto predial al plan de ordenamiento territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos”, contenía en el artículo 2º la asignación tarifaria detallada del tributo, de acuerdo con las distintas categorías de bienes, según la clasificación prevista en el artículo 1º del mentado acuerdo, que para tales efectos disponía:

“ART. 1º—Categorías tarifarias del impuesto predial unificado. Se aplicarán las siguientes definiciones de categorías de predios para el impuesto predial unificado, adecuadas a la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial.

1. Predios residenciales. Son predios residenciales los destinados exclusivamente a la vivienda habitual de las personas.

2. Predios comerciales. Son predios comerciales aquellos en los que se ofrecen, transan o almacenan bienes y servicios.

3. Predios financieros. Son predios financieros aquellos donde funcionan establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, conforme con lo establecido en el capítulo I del estatuto orgánico del sistema financiero.

4. Predios industriales. Son predios industriales aquellos donde se desarrollan actividades de producción, fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales. Incluye los predios donde se desarrolle actividad agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial.

• Depósitos y parqueaderos. Se entiende por depósito aquellas construcciones diseñadas o adecuadas para el almacenamiento de mercancías o materiales hasta de 30 metros cuadrados de construcción. Se entiende por parqueadero para efectos del presente acuerdo aquellos predios utilizados para el estacionamiento de vehículos. Para ambos casos no clasificarán aquí los inmuebles en que se desarrollen las actividades antes mencionadas con fines comerciales o de prestación de servicios y que no sean accesorios a un predio principal.

6. Predios dotacionales. Se incluyen los predios que en el Plan de Ordenamiento Territorial hayan sido definidos como equipamientos colectivos de tipo educativo, cultural, salud, bienestar social y culto; equipamientos deportivos y recreativos como estadios, coliseos, plaza de toros, clubes campestres, polideportivos, canchas múltiples y dotaciones deportivas al aire libre, parques de propiedad y uso público; equipamientos urbanos básicos tipo seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos como mataderos, frigoríficos, centrales de abastos y plazas de mercado, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios, servicios de administración pública, servicios públicos y de transporte. Para el suelo rural incluye los predios que en el Plan de Ordenamiento Territorial hayan sido definidos como dotacionales administrativos, de seguridad, de salud y asistencia, de culto y educación y de gran escala incluyendo los predios de carácter recreativo.

7. Predios urbanizables no urbanizados. Son predios pertenecientes al suelo urbano que pueden ser desarrollados urbanísticamente y que no han adelantado un proceso de urbanización.

8. Predios urbanizados no edificados. Son predios en los cuales se culminó el proceso de urbanización y que no han adelantado un proceso de construcción o edificación.

9. Pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria. Son predios pertenecientes a la pequeña propiedad rural los ubicados en los sectores rurales del distrito, destinados a la agricultura o ganadería y que, por razón de su tamaño y el uso de su suelo, solo sirven para producir a niveles de subsistencia. En ningún caso califican dentro de esta categoría los predios de uso recreativo.

PAR. 1º—Los predios que hagan parte del suelo de expansión se acogerán a las clasificaciones del suelo rural hasta tanto culminen los planes parciales que los incluyan en el suelo urbano.

PAR. 2º—Entiéndase por predio no edificado al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Al predio urbano que se encuentre improductivo, es decir, cuando encontrándose en suelo urbano no esté adecuado para tal uso (para ser utilizado con fines habitacionales, comerciales, de prestación de servicios, industriales, dotacionales o cuyas áreas constituyan jardines ornamentales o se aprovechen en la realización de actividades recreativas o deportivas).

b. Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% al área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno”.

El literal b) del parágrafo 2º, del artículo primero transcrito (parte que se subraya), fue declarado nulo por esta corporación(8). Conforme con esa sentencia, la clasificación de un predio como urbanizado no construido no depende del área de las edificaciones construidas sino de que se compruebe que en el predio no se edificó ningún tipo de construcción(9).

Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados se fundamentaron en una norma declarada nula, tales actos también son nulos, por consecuencia. Además, la situación jurídica del demandante no se encuentra consolidada pues el pleito se encuentra pendiente de resolver por esta Sala. Y dado que a la Sala le corresponde aplicar de manera inmediata el efecto de la sentencia aludida, declarará la nulidad de los actos administrativos demandados.

Adicionalmente, se precisa que según el Decreto 3496 de 1983, el catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles de propiedad del Estado y de los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica y económica. Esta función está a cargo de las autoridades catastrales en quienes se designan las labores de formación, conservación y actualización de los catastros, tendientes a la correcta identificación de los inmuebles(10).

En consecuencia, para los efectos del impuesto predial, el catastro tiene una incidencia fundamental, ya que permite contar con una información actualizada y clasificada de los inmuebles, a partir de la cual se pueden obtener los datos con los que se fija el tributo(11). Por tanto, para determinar las circunstancias particulares de cada uno de los predios sujetos al impuesto predial, es imperativo acudir a este censo, pues, tanto la destinación, que determina la tarifa, como el avalúo, con el que se establece la base gravable, se registran en el catastro(12).

En el caso en examen, como acertadamente lo concluyó el tribunal, el certificado expedido por la oficina de Catastro indicó el uso del inmueble como habitacional, menor o igual a tres pisos. Esta prueba, a juicio de la Sala, es suficiente para acreditar que el inmueble de propiedad de la demandante sí estaba edificado, lo que descarta la clasificación efectuada por la administración con base en una disposición declarada nula.

Por tanto, el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital no prospera. Se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 9 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Bosques de la Florida en contra del Distrito Capital.

2. RECONÓCESE personería para actuar en representación de la parte demandante al abogado Arturo Acosta Villaveces, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(5) Folio 47.

(6) Artículo 14 del Decreto 352 de 2002.

(7) Artículo 15 del Decreto 352 de 2002.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. C. P. (E): Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., 18 de marzo 2010. Rad. 25000-23-27-000-2004-00848-01. Número interno: 16971 Actor: Cámara Regional de la Construcción de Cundinamarca Demandado: Concejo de Bogotá.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 25 de junio de 2012. Rad. 25000 2327000200800088 01. Número interno: 17834. Demandante: Luis Pardo Cárdenas. Demandado: Bogotá, D.C.

(10) Artículo 1º de Decreto 3496 de 1983.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D.C., 27 de Agosto de 2009. Rad. 25000-23-27-000-2005-00707-01. Rad. 16327. Actor: Pedro Gómez y Cía. S.A. Demandado: Secretaria de Hacienda Distrital.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección ,. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., 3 de octubre de 2007. Rad. 25000-23-27-000-2003-01156-01. Número interno: 16096. Actor: Fiduciaria Central S.A. Demandado: Bogotá Distrito Capital.