Sentencia 2009-00106 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación número: 13001-23-31-000-2009-00106-01(44685)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Eduardo Antonio Avendaño Castro y Otros.

Demandado: Rama Judicial

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 16 de marzo de 2012, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(36).

1.2. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

1.2.1. Legitimación en la causa de los demandantes.

Los señores Eduardo Antonio Avendaño Castro (quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijas Lady Dayana Avendaño Newball y Elena Avendaño Conedo), Élida Inés Newball Britton, Armando Antonio Avendaño Castro, Elena Castro de Avendaño, Armando Eugenio Avendaño Castro, Martha Elena Avendaño Castro, Paulina Esther Avendaño Castro, Félix Segundo Avendaño Castro y Piedad del Socorro Avendaño Castro corresponden a los demandantes en este asunto, en cuanto fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que tanto en el Juzgado Primero de Familia de Cartagena como en el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena se adelantaron procesos de alimentos contra el señor Eduardo Antonio Avendaño Castro y que dentro de estos se ordenó el embargo de su salario y sus prestaciones sociales, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa del daño.

Por otro lado, observa la Subsección que a folio 61 del cuaderno principal obra copia del registro civil de nacimiento del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, en el que figuran como padres los señores Elena Mercedes Castro o Elena Castro de Avendaño(37) y Armando Antonio Avendaño o Armando Antonio Avendaño Castro(38).

Así mismo, se tiene que a folio 72 del cuaderno principal figura el registro civil del matrimonio contraído entre los señores Eduardo Antonio Avendaño Castro y Élida Inés Newball Britton y a folio 70 de dicho cuaderno reposa el registro civil de nacimiento de la menor Lady Dayanna Avendaño Newball, con el cual se acredita la calidad de hija del mencionado matrimonio.

Igualmente, con los respectivos registros civiles de nacimiento, se acreditó que Armando Eugenio Avendaño Castro(39), Martha Elena Avendaño Castro(40), Paulina Esther Avendaño Castro(41), Félix Segundo Avendaño Castro(42) y Piedad del Socorro Avendaño Castro(43) son hermanos de la víctima directa del daño.

Por lo antes expuesto, encuentra la Subsección probada la legitimación material en la causa de los demandantes anteriormente relacionados.

Por último, se tiene que en la demanda se indicó que la menor Elena Avendaño Conedo era hija del señor Avendaño Castro y, para probar tan condición, se aportó copia del registro civil de nacimiento de la mencionada menor(44). Empero, revisado tal documento, se observa que en el mismo no se registró quiénes son sus padres y, por ende, en principio, no podría constatarse el parentesco alegado.

No obstante, obra en el expediente el extracto de la hoja de vida remitida por el área de Recursos Humanos de la Policía Nacional, en la que figura como hija del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro la menor Elena Avendaño Conedo(45). Además, se observa que en auto del 16 de julio de 2004, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena fijó una cuota alimentaria del 12.58% de los ingresos mensuales del señor Avendaño Castro, porque se estableció que el mencionado señor tenía 4 personas a cargo, dentro de estas, a su hija, la menor Elena Avendaño Conedo(46).

Entonces, si bien el registro civil de nacimiento de la menor Elena Avendaño Conedo no da cuenta de la calidad de hija de la víctima directa del daño, lo cierto es que tal condición sí se desprende de otros documentos y, por ende, la Sala encuentra acreditada la legitimación material de la mencionada actora, tal y como lo ha hecho la Subsección en otras oportunidades en las que ha establecido:

“Si bien esta Sala ha señalado que la prueba legal del parentesco es el registro civil de nacimiento(47), también ha precisado recientemente(48), que ante la falta de esa prueba idónea los demandantes pueden acreditarlo a través de otros documentos que consten en el expediente, de los cuales se deduzca que no existe duda acerca de dichas calidades.

“Al plenario se allegó la copia del extracto de la hoja de vida del señor Ricardo Espitia Moreno, del área de recursos humanos de la Policía Nacional, en la cual consta que su madre es la señora ‘Adelia Moreno de Espitia’(49).

“También en la diligencia de indagatoria rendida por el señor Ricardo Espitia Moreno dentro de la causa penal militar que se le adelantó por el supuesto delito de abandono del puesto, este manifestó respecto de sus generales de ley: ‘hijo de Julio Espitia (fallecido) y de Adelia Olimpia Moreno…’(50).

“Igualmente, en el auto del 13 de abril de 2009, por el cual el Juzgado 160 de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica del señor Ricardo Espitia Moreno y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, en el título denominado ‘identificación del sindicado’ se indicó que es ‘hijo de Adelia Olimpia Moreno y Julio Espitia…’(51).

“Asimismo, en la sentencia del 8 de julio de 2009, por la cual el juzgado de primera instancia del Departamento de Policía del Quindío absolvió al señor Ricardo Espitia Moreno del delito de abandono del puesto, en el acápite ‘1. Calidad policial’ se lee: ‘hijo de Julio (fallecido) y Adiela Olimpia…’(52).

“(…).

“De ahí que la Sala encuentra suficientes evidencias de que la señora Adelia Olimpia Moreno de Espitia(53) es la madre del señor Ricardo Espitia Moreno y, por tanto, es en dicha calidad que se encuentra legitimada en la causa material”(54).

1.2.2. Legitimación en la causa de la entidad demandada

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Nación – Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se desprende que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la Nación – Rama Judicial, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia –denegatoria o condenatoria–, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

1.3. El ejercicio oportuno de la acción

El artículo 136 – 8(55) del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable)(56) consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

De manera reiterada y pacífica, la Sección Tercera de esta Corporación(57) ha sostenido que cuando el daño alegado proviene de un error judicial, como ocurre en el caso bajo estudio, “… el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial(58). Con todo, se ha precisado que, ‘aunque generalmente el plazo bienal de caducidad opera desde la configuración del hecho dañoso, esto es, a partir de la ejecutoria de la providencia constitutiva del error judicial, cuando el afectado no sea parte en la causa donde se comete el yerro, el término sólo puede germinar desde que al perjudicado se le notifique la decisión cuestionada’(59)” (negrilla fuera del texto).

Es del caso mencionar que esta Subsección(60), en anteriores oportunidades, ha indicado que, cuando una demanda contiene dos hechos generadores del daño o dos causas petendi el término de caducidad debe contabilizarse por separado. Por tanto, como son dos los errores judiciales que se le atribuyeron a la Rama Judicial, resulta evidente que existen dos momentos diferentes para el cómputo de dicho término.

1.3.1. Cómputo del término de caducidad en relación con el primer error (Juzgado Tercero de Familia de Cartagena)

El primer error en el que habría incurrido la Rama Judicial estaría contenido en la providencia del 21 de octubre de 2004, mediante la cual el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, pese a que declaró probada la excepción de “cumplimiento de la obligación”, le ordenó al señor Eduardo Antonio Avendaño Castro “seguir cumpliendo con la cuota alimentaria correspondiente en el 12.58% del sueldo y demás prestaciones sociales que recibía en la Policía Nacional”.

En esas condiciones, según la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Corporación, el término de caducidad, en principio, se debe contabilizar desde que quedó ejecutoriada dicha decisión, empero, como en el expediente no se tiene conocimiento de esa fecha, la Subsección aplicará el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil que establece que “las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes”.

Entonces, como la sentencia de única instancia(61), proferida el 21 de octubre de 2004 por el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, se notificó por estrados del mismo día(62), para la Sala esa decisión habría quedado en firme el 26 de octubre de 2004(63).

Siendo así, el cómputo del término de caducidad respecto del primer error judicial alegado, esto es, el contenido en la providencia que declaró probada la excepción de “cumplimiento de la obligación” y le ordenó al señor Avendaño Castro seguir cumpliendo la cuota alimentaria inició el 27 de octubre de 2004 y venció el 27 de octubre de 2006.

Revisado el expediente, se advierte que, según acta de reparto, la demanda de reparación directa se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de agosto de 2006(64), pero en el sello de presentación que se hizo de la misma se anotó que la demanda se radicó el 8 de agosto de 2007, en la oficina de servicios judiciales de Cartagena de Indias(65).

Con ocasión de lo anterior, por auto del 20 de octubre de 2017(66), el despacho sustanciador ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Oficina Judicial de Cartagena y al Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena para que informaran cuándo se produjo la presentación de la demanda.

En respuesta a dicho requerimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca comunicó (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… que la demanda presentada en el proceso 44685 (13001233100020090010601), fue radicada en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 9 de agosto de 2006, tal como se registra en el acta individual de reparto que obra a folio 41 del expediente, se desconoce las razones por las cuales en la demanda figura una presentación personal del mes de agosto de 2007, ya que para la fecha el proceso ya había sido remitido por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de la ciudad de Cartagena, mediante oficio 07-LTC-279 del 10 de mayo de 2007”(67).

Por lo anterior, la Sala tendrá como fecha de presentación de la demanda de reparación directa el 9 de agosto de 2006. Entonces, como el término de caducidad venció el 27 de octubre de 2006, se concluye que la demanda en relación con el error en el que habría incurrido el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena se presentó en la oportunidad prevista en el artículo 136 – 8 del C.C.A.

1.3.2. Cómputo del término de caducidad en relación con el segundo error (Juzgado Primero de Familia de Cartagena)

El segundo error estaría materializado en el auto del 31 de enero de 2005, mediante el cual el Juzgado Primero de Familia de Cartagena ordenó “reactivar” la medida de embargo que pesaba sobre el 25% del salario y prestaciones sociales del señor Avendaño Castro, desconociendo que el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena había definido el conflicto sobre la cuota alimentaria a cargo del mencionado señor.

En aplicación de la jurisprudencia de la Sección Tercera, el término de caducidad se debería contabilizar desde la ejecutoria de dicha decisión, no obstante, como no obra en el expediente ningún documento que dé cuenta de esa fecha, la Sala tendrá como momento para iniciar el conteo del término de caducidad el de la expedición de tal providencia, teniendo en cuenta que si contando desde esa fecha se concluiría que la acción de reparación directa se presentó en tiempo, con más razón lo sería si el cómputo del término se hiciera desde la ejecutoria de la decisión del 31 de enero de 2005, pues, necesariamente, ello sería posterior a su expedición.

Por consiguiente, en relación con el segundo error alegado por la parte actora, se contabilizará el término de caducidad a partir del día siguiente a la fecha en que se dictó la providencia mediante la cual “reactivó” la medida de embargo que pesaba sobre el 25% del salario y prestaciones sociales del señor Avendaño Castro, esto es, desde el 1º de febrero de 2005.

Como la demanda se presentó el 9 de agosto de 2006(68) -según se explicó en el acápite anterior-, es claro que el derecho de acción se ejerció dentro del plazo de 2 años que establecía el artículo 136 – 8 del C.C.A.

2. Objeto del recurso de apelación

En el caso sub exámine se tiene que la parte demandante pretende que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena incurrió en un error judicial que se evidenció con el fallo de tutela en el cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que la decisión del 21 de octubre de 2004 constituyó “… la vía de hecho que se denuncia”, porque, aunque absolvió al señor Avendaño Castro, le impuso la obligación de pagar una cuota alimentaria para contribuir con el sostenimiento de su menor hija.

Agregó la parte apelante que el Juzgado Primero de Familia de Cartagena también incurrió en un error jurisdiccional, pues “reactivó” el proceso de alimentos adelantado contra el señor Avendaño Castro, desconociendo el fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia y que se dictó en cumplimiento de este por el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena.

Explicó que se desconoció el material probatorio aportado al proceso, el cual daba cuenta de los errores en los que habría incurrido la Rama Judicial (Juzgado Primero de Familia de Cartagena y Juzgado Tercero de Familia de Cartagena) y del daño que estos le habrían causado a la parte actora.

3. Análisis de responsabilidad de la Rama Judicial en el presente caso.

Como se dijo, en el presente asunto son dos las imputaciones que hace la parte actora a la Rama Judicial, por lo cual, la Subsección procederá a estudiarlas de manera separada:

3.1. Del error judicial del Juzgado Tercero de Familia de Cartagena

En atención al material probatorio obrante en el expediente, en relación con el proceso adelantado por el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

El 11 de marzo de 2004, la señora Francisca Soto Hurtado, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de alimentos contra el señor Eduardo Antonio Avendaño Castro(69).

El 16 de marzo de 2004, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena admitió dicha demanda y ordenó el embargo del 25% del sueldo, primas, vacaciones, bonificaciones, horas extras y demás prestaciones sociales percibidas por el señor Avendaño Castro(70).

Posteriormente, el 16 de julio de 2004, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, en atención a la contestación de la demanda y a la solicitud de regulación de cuota, dispuso, entre otras cosas, “regular la cuota alimentaria que le viene señalada al demandado señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, asignando en beneficio de la menor (…) una cuota del 12.5% operante sobre el valor del sueldo mensual, primas, horas extras, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás prestaciones sociales que llegue a percibir el demandado en su calidad de Agente de la Policía Nacional”(71).

Surtidas las etapas del proceso(72), por sentencia del 21 de octubre de 2004(73)providencia de la que se predica el primer error judicial–, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena resolvió (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“1. Dése por probada la excepción por ‘cumplimiento de la obligación’ por el demandado señor Eduardo Antonio Avendaño Castro

“2. En consecuencia, decrétese el desembargo del sueldo y demás prestaciones sociales que recibía el demandado en la Policía Nacional. Y levántese la prohibición del demandado de salir del país. Ofíciese.

“3. El demandado debe seguir cumpliendo con la cuota alimentaria correspondiente en el 12.58% del sueldo y demás prestaciones sociales que reciba el accionado en la Policía Nacional. (…)” (se destaca).

Como fundamento de esa decisión se expuso que (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“Este despacho judicial considera que se encuentra probada la excepción de fondo ‘cumplimiento de la obligación alimentaria’ propuesta por la apoderado del demandado señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, con las copias de las consignaciones efectuadas a favor de la accionante en la cuenta de ahorros. Igualmente en el interrogatorio a la demandante ésta manifestó que ciertamente dicho señor ‘mandaba pero no compensaba los gastos de su hija’, es decir, admite que el accionado estaba cumpliendo con su obligación alimentaria a favor de su menor hija (…); por ende, se dará por terminado este proceso y se decretará el levantamiento del embargo que pesa contra el accionado”.

Contra esta decisión no se interpuso ningún recurso, habida cuenta de que, según lo establecido en el artículo 435(74) del Código de Procedimiento Civil, los procesos de fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, como el adelantado contra el señor Avendaño Castro, se tramitan en única instancia.

En 10 de noviembre de 2004, en atención a una solicitud de “compensación de la obligación”(75) elevada por el señor Avendaño Castro, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena estableció que “… no procede la compensación debido a la naturaleza del proceso, ya que se trata de un proceso de alimentos donde la alimentaria por ser menor de edad debe alimentarse diariamente para poder subsistir, a diferencia de cualquiera obligación civil (…)”(76).

Por otra parte, el señor Avendaño Castro presentó demanda de tutela contra la decisión del 21 de octubre de 2004, con el fin de que se amparara el derecho fundamental al debido proceso y, como consecuencia, se declarara la nulidad de lo actuado dentro del proceso de alimentos y se “… ordenara el desembargo del sueldo que devenga el demandado como agente activo de la Policía Nacional y permita a este seguir pagando como lo venía haciendo voluntariamente, hasta tanto esta no sea modificada mediante proceso de aumento de cuota alimentaria, le comunicará esta decisión al JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE Cartagena y despacho judicial al cual señalo como accionado”(77).

El 29 de noviembre de 2004, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó el amparo solicitado(78). Esa decisión se impugnó ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que, por providencia del 14 de febrero de 2005, revocó la sentencia de primera instancia, tuteló el derecho al debido proceso del señor Avendaño Castro, dejó sin efectos el proveído del 21 de octubre de 2004 y le ordenó al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena dictar uno nuevo(79). Como fundamento de esa decisión, se expuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… resulta obvio que no se le puede imputar al juzgado accionado la transgresión de los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama, a propósito de haber tramitado la demanda presentada por la señora Francisca Soto Hurtado y decretado una medida cautelar, pues sin duda tenía plena competencia para revisar lo referente al monto de la cuota alimentaria con que debía contribuir el demandado para el sostenimiento de su hija menor, sin que en modo alguno lo acordado con su progenitora, enervara tal competencia.

“3. Sin embargo, del examen da la sentencia que puso fin al litigio en cuestión, se observa que dicho proveído constituye la vía de hecho que se denuncia, pues como bien lo indica el impugnante, por un lado se le absuelve y por otro se le impone de manera caprichosa una cuota alimentaria con la que debe contribuir para el sostenimiento de su hija menor Mary Avendaño, sin motivar tal decisión, desconociéndose así el deber que al respecto le impone la ley, pues la falladora se limitó a analizar unos de los presupuestos de la obligación alimentaria, es decir, el vínculo jurídico entre alimentante y alimentaria, dejando de lado lo referente a la capacidad del primero y a la necesidad de la segunda; amén del mandato conforme con el cual toda decisión judicial ‘debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’, normas que por ser de índole público son de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley”.

El 3 de marzo de 2005, en cumplimiento del fallo de tutela, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena dictó la providencia de reemplazo, en la que declaró probada la excepción por “cumplimiento de la obligación”, suprimió lo referente a la fijación de la cuota alimentaria y condenó en costas a la accionante(80), las que se liquidaron por proveído del 11 de febrero de 2005(81).

El 27 de mayo de 2005, el señor Avendaño Castro solicitó que se tramitara incidente de desacato “por extensión” contra el Juzgado Primero de Familia de Cartagena(82). El 7 de junio de 2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de tramitar tal solicitud y remitió el expediente al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por ser el competente para conocer del incidente de desacato en su calidad de juez de tutela de primera instancia(83).

El 6 de julio de 2005, el señor Avendaño Castro solicitó que “… con base o fundamento en lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia de fecha 14 de febrero de 2005 en el radicado No. T-130012213000200400196-00, (…) Sancione en desacato por extensión al señor Juez Primero de Familia de Cartagena…”(84) (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos).

El 22 de julio de 2005, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena rechazó por improcedente la anterior solicitud, al estimar que “… es un imposible jurídico adelantar un trámite incidental de incumplimiento a un fallo de tutela que no involucra a la persona contra la cual se pretende adelantar el incidente…”(85).

El 8 de agosto de 2005, el señor Avendaño Castro, por conducto de apoderado judicial, “impugnó” la providencia del 22 de julio de 2005(86), pero no obra en el expediente la providencia mediante la cual se resolvió dicha “impugnación”.

Dicho lo anterior, la Sala procederá a realizar un análisis sobre la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado (por error judicial), esto es, el daño y la imputación fáctica y jurídica.

3.1.1. Daño

Como se dijo, la primera imputación consiste en el error judicial en que habría incurrido el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena al declarar probada la excepción de “cumplimiento de la obligación”, pero ordenarle al señor Avendaño Castro “seguir cumpliendo la cuota alimentaria correspondiente en el 12.58% del sueldo y demás prestaciones sociales” —providencia del 21 de octubre de 2004—.

Según lo expuesto en la demanda, la Sala interpreta que el daño causado por dicho error consistiría en el detrimento patrimonial causado al señor Eduardo Antonio Avendaño Castro al tener que asumir una cuota alimentaria del 12.58% de su salario y prestaciones sociales sin que fuera su obligación, porque ya estaba cumpliendo con los alimentos pactados para su hija. En otras palabras, al suministrar dos cuotas alimentarias por la misma menor.

En primer lugar, la Sala considera pertinente mencionar que contra la decisión de única instancia del 21 de octubre de 2004 se presentó una demanda de tutela ante la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la que, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2004, denegó el amparo solicitado.

Ese proveído fue impugnado ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante sentencia del 14 de febrero de 2005: i) revocó la decisión de primera instancia; ii) tuteló el derecho al debido proceso del señor Avendaño Castro; iii) dejó sin efectos la providencia del 21 de octubre de 2004 y iv) le ordenó al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena proferir una nueva decisión.

En cumplimiento de lo anterior, el 3 de marzo de 2005, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena dictó una providencia de reemplazo en la que declaró “probada la excepción por ‘cumplimiento de la obligación’ por el demandado señor Eduardo Antonio Avendaño Castro” y suprimió el numeral que le fijaba la cuota alimentaria(87).

En los casos en los que la providencia de la que se predica el error jurisdiccional es dejada sin efectos por un fallo de tutela, como ocurre en el presente asunto, esta Subsección(88) ha establecido que no sería procedente su estudio bajo el título de imputación del error jurisdiccional, porque no se cumple con el segundo presupuesto de procedibilidad establecido en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para analizar la existencia del mismo —que la providencia atacada se encuentre en firme—, sin embargo, es viable examinar la responsabilidad del Estado por una falla en el servicio siempre y cuando se encuentre acreditado que durante el tiempo en que estuvo vigente la decisión en la que se habría configurado el error, se causó un daño que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar.

Siendo así, como la decisión del 21 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró probada la excepción de “cumplimiento de la obligación”, pero se le fijó al señor Avendaño Castro la obligación de pagar una cuota alimentaria, desapareció del mundo jurídico con ocasión del fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que la dejó sin efectos, en aplicación de la jurisprudencia de la Subsección, se deberá verificar únicamente si durante el tiempo en que dicha decisión estuvo vigente, esto es, de octubre de 2004 (momento en el que se dictó) a febrero de 2005 (fecha en la cual se profirió el fallo de tutela de segunda instancia) causó un daño a la parte demandante y si es susceptible de ser indemnizado.

Pues bien, revisadas las pruebas allegadas al proceso, la Sala concluye que no se acreditó el daño que habría causado la decisión del 21 de octubre de 2004. En efecto, no se aportaron los medios de prueba necesarios para demostrar que el señor Eduardo Antonio Acevedo Castro pagó doble cuota alimentaria por los meses de octubre de 2004 a febrero de 2005 —período en el que estuvo vigente esa providencia y al que se limita la existencia del daño—, como tampoco que esta situación le generó un detrimento patrimonial o le impidió cumplir con sus demás obligaciones económicas.

Conviene precisar que, si bien en el expediente obran, entre otros, los desprendibles de nómina del señor Avendaño Castro, como agente de la Policía Nacional, correspondientes a los meses de diciembre de 2004, enero y febrero de 2005(89), lo cierto es que esos documentos no dan cuenta de pagos o descuentos por concepto de la cuota alimentaria a la que se encontraba obligado el mencionado señor y tampoco que estos pagos y/o descuentos fueran simultáneos con ocasión de la orden del Juzgado Tercero de Familia de Cartagena.

De otra parte, se tiene que en la demanda se manifestó que, como consecuencia del proceso de alimentos, “… estuvo en grave peligro la estabilidad laboral del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, como miembro activo de la Policía Nacional de Colombia, si se tiene en cuenta que según las normas y reglamentos de dicha institución es causal de mala conducta, cualquier acción judicial de este tipo, es decir, el embargo del salario del miembro de la policía eventualmente, puede dar lugar a la DESTITUCIÓN, lo cual pudo haberse convertido en una tragedia … ”.

Al respecto, se debe decir que para que un daño sea indemnizable se requiere que sea cierto y real(90) y estos requisitos no se cumplen en este caso, por cuanto la destitución del señor Avendaño Castro por incurrir en una causal de mala conducta, al ser demandado dentro de un proceso de alimentos, constituye una situación hipotética, tal y como se desprende de la misma afirmación de la parte actora y del documento obrante a folios 75 y 76 del cuaderno principal en el que se consignó que dicho señor se retiró del servicio activo de la Policía Nacional “según Resolución 03592 del 30 de sep de 2005 (…) a solicitud propia”.

El artículo 177 del C.P.C. establecía que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por manera que era una carga procesal de la parte actora demostrar el daño que le habría causado la decisión del 14 de octubre de 2004, esto es, que tuvo que asumir dos pagos por el mismo concepto —cuota alimentaria— y que ello le causó un detrimento patrimonial, por lo menos, durante el tiempo de vigencia de tal providencia. Empero, como no cumplió con dicha carga, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que la negación de las súplicas de la demanda(91).

En definitiva, concluye la Sala que, ante la ausencia de prueba del daño alegado por el que se le pueda imputar responsabilidad a la Rama Judicial, se confirmará la providencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda por la configuración del primer error, esto es, en el que habría incurrido el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, pero por las razones aquí expuestas.

3.2. Del error judicial del Juzgado Primero de Familia de Cartagena

En atención al material probatorio obrante en el expediente, en relación con el proceso adelantado por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

La señora Francisco Soto Hurtado promovió demanda de alimentos contra el señor Eduardo Antonio Avendaño Castro(92), la que se admitió por auto del 19 de febrero de 1996. En esa providencia además se dispuso “… como sumariamente se indica la capacidad económica del demandado, se decreta a su cargo cuota alimentaria provisional en cuantía del veinticinco por ciento de su salario y prestaciones sociales o pensión de jubilación a que tiene derecho el demandado como empleado o ex empleado de la Policía Nacional, en Valledupar. Facúltese a la demandante para recibir y administrar los dineros que se paguen, asumiendo la responsabilidad de los secuestres. (…)”(93).

El 29 de febrero de 1996, la señora Francisca Soto Hurtado solicitó que se suspendiera, provisionalmente, la medida cautelar impuesta al señor Avendaño Castro(94). Por tanto, por auto del 9 de abril de 1996, el Juzgado Primero de Familia de Cartagena ordenó levantar la medida de embargo que recaía sobre el salario y demás prestaciones sociales devengadas por el mencionado señor, decisión que se comunicó al pagador de la Policía Nacional en oficio de la misma fecha(95).

Posteriormente, la señora Francisca Soto Hurtado le solicitó al Juzgado Primero de Familia de Cartagena que ordenara nuevamente el embargo contra el señor Avendaño Castro. En esa solicitud se advirtió que “… al señor Eduardo Antonio Avendaño Castro este juzgado le había ordenado anteriormente dicha medida pero en virtud de un acuerdo entre las partes en la manera como cumpliría su obligación alimentaria se pidió a este mismo juzgado ordenar la suspensión. El señor Eduardo Antonio Avendaño Castro viene incumpliendo reiteradamente con dicho pacto y se hace necesario que el juzgado tome cartas en este asunto y ordene al cajero pagador de la Policía Nacional de la ciudad de Santa Marta, que continúe con los descuentos que según la ley le corresponden a la menor que represento”(96).

Con ocasión de la anterior solicitud, mediante auto del 31 de enero de 2005 —providencia de la que se predica el segundo error judicial—, el Juzgado Primero de Familia de Cartagena ordenó “… la reactivación de la medida de embargo que pesa sobre el 25 % del salario y prestaciones sociales a que tiene derecho el demandado Eduardo Antonio Avendaño Castro, en su calidad de empleado de la Policía Nacional. Líbrese oficio”(97). Dicha decisión se comunicó al pagador de la Policía Nacional, el 2 de febrero de 2005(98).

El 31 de marzo de 2005, el apoderado del señor Avendaño Castro le pidió al despacho judicial: “… Dar por terminado el presente proceso por sustracción de materia, toda vez que con fecha marzo 03 del 2005 el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad profirió sentencia absolutoria en idéntica causa que la demandante promovió ante dicho despacho judicial, habiendo fracasado la demandante en esta acción en virtud de que quedó debidamente acreditado que mi poderdante, el señor Eduardo Avendaño Castro ha venido cumpliendo cabalmente con la obligación alimentaria contraída con su menor hija (…) y de consiguiente prosperó ante el citado despacho judicial la excepción de cumplimiento de la obligación…”(99) (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos).

Por providencia del 24 de junio de 2005, el Juzgado Primero de Familia de Cartagena dispuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… Así las cosas, existiendo un trámite abierto en este juzgado y suspendido el embargo, la demandante presentó otra demanda ante el Juzgado Tercero debiendo por el demandante haberse interpuesto las excepciones respectivas lo que al parecer se hizo triunfando en cumplimiento de la obligación. Esta determinación goza del amparo de acción de tutela conocida incluso por la H. Corte Suprema de Justicia, el máximo juez de la jurisdicción ordinaria de Colombia, entonces NO es posible ir en contra de la determinación adoptada por el Juez Tercero en cumplimiento de la impugnación de tutela ya que los hechos son los mismos que en el tiempo, lugar y modo se ventilaron ante esa alta corporación, por tanto, en aras al debido proceso debe señalarse el día ocho de julio de la presente anualidad a las cinco de la tarde para llevar a cabo la audiencia en este trámite del juzgado y cumplir aquí el debido proceso constitucional”(100).

El 8 de agosto de 2005, el señor Avendaño Castro presentó demanda de tutela contra el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, con el fin de que se amparara su derecho al debido proceso y, como consecuencia, se invalidara “… la actuación del juez accionado dentro del aludido proceso de alimentos a partir del auto de ‘Reactivación’, incluyendo la medida de embargo que pesa sobre el salario que devenga mi apadrinado como miembro de la Policía Nacional…”(101) (en el expediente no se tiene información sobre lo resuelto en sede de tutela).

El 18 de agosto de 2005(102) se inició la audiencia en el proceso de alimentos(103) y se continuó el 23 de agosto del mismo mes y año. En esa diligencia el Juzgado Primero de Familia de Cartagena sostuvo (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“El despacho manifestó y manifiesta que mientras este trámite procesal se encontrara activo solo podía terminar con una sentencia de forma regular o mediante conciliación (irregularmente) que mientras tanto habría que tramitar el proceso para no actuar por vía de hecho, violentando el debido proceso (…) La H. Corte Suprema de Justicia no se refirió en su sentencia de tutela en nada a este trámite procesal, tampoco el juzgado tercero de familia en la providencia de acatamiento a lo resuelto por el superior tocó este proceso por ello no se explica cómo se pretendía por el demandante que con el aporte de lo acontecido ante el Juzgado Tercero de Familia den Cartagena, el suscrito Juez diera por terminado el proceso, cuando las mismas ni siquiera fueron allegadas mediante solicitud de excepciones de mérito que era lo viable y procedente, sino de cuajo allegó unas copias y el juzgado daba por finiquitado el trámite procesal.

“(…) Adentrándonos en el trámite del proceso que nos ocupa existe la afirmación de la demandante la cual es indefinida que la beneficiaria necesita los alimentos y el aporte de pruebas documentales en que el padre demandado anota su cumplimiento. En la audiencia impuesta en estos proceso por el legislador para que las partes diriman sus diferencias no fue posible que estas conciliaran sus diferencias ya que el padre ofreció ciento treinta mil pesos para los alimentos de su hija (…) y la madre solicitó doscientos mil pesos mensuales allí no se dio el acuerdo y por eso debe definirse mediante esta sentencia se repite de forma regular de terminar un proceso (…) No se puede confundir los poderes del juez con los rechazos de las demandas apreciando en conjunto las pruebas a la luz de los postulados de la sana crítica y de manera objetiva para el juzgado con el aporte de los documentos no fueron tachados de falsos se acredita el actual estado del pago del demandado a la obligación alimentaria para con su menor hija. Como se afirma por el señor apoderado de la demandante que en el juzgado tercero de familia , el proceso solo está suspendido por falta de acuerdo conciliatorio deberá allí tramitarse de ser verídico lo afirmado lo que hubiere lugar para garantizar los derechos fundamentales de la niña.

“Decisión:

“1. Absolver al señor Eduardo Antonio Avendaño, de los cargos hechos en esta demanda de estar incumpliendo sus deberes alimentarios para con la menor (…) conforme a esta demanda presentada por la señora Francisca Soto Hurtado. Ofíciese al pagador de la entidad para la que labora el demandado a fin de que se termine la medida cautelar impuesta.

“2. Costas a cargo de la parte vencida (la demandante) tásense.

“3. El juez de familia conoce este proceso en única instancia.”(104).

Por oficio de esa misma fecha -23 de agosto de 2005- el Juzgado Primero de Familia de Cartagena le informó a la Policía Nacional que “… dispuso levantar la medida de embargo que pesa sobre los ingresos del demandado Eduardo Antonio Avendaño Castro, dentro del asunto referenciado, agente de esa institución. Sírvase tomar nota de lo anterior y proceder de conformidad”(105).

Dicho lo anterior, la Sala procederá a verificar la existencia del daño y la imputación fáctica y jurídica.

3.2.1. Daño.

Según lo expuesto en la demanda, la Sala interpreta que el daño causado por el segundo error judicial alegado –contenido en el proveído del 31 de enero de 2005–, consistiría en la disminución en los ingresos del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, con ocasión del embargo decretado sobre los salarios y prestaciones sociales que devengaba como agente de la Policía Nacional.

Revisado el expediente, se observa que a folios 89 a 95 del cuaderno principal obran los desprendibles de nómina del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, como agente de la Policía Nacional, en los que constan que durante los meses de marzo a septiembre de 2005 se hicieron los siguientes descuentos por concepto de “Embargo 001 Familia Cartagena”:

• Marzo: $252.561.

• Abril: $272.297.

• Mayo: $266.200.

• Junio: $265.859.

• Julio: $265.859.

• Agosto: $407.871.

• Septiembre: $ 265.859.

Siendo así, para la Subsección, se encuentra acreditado el daño que se habría causado con ocasión de la orden impartida por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, pues se hizo efectivo el descuento al que había lugar en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia del 31 de enero de 2005, por la cual se “reactivó” la medida de embargo que pesaba sobre el 25% del salario y las prestaciones sociales del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, lo que necesariamente implicó una reducción en sus ingresos mensuales.

3.2.2. La imputación

Establecida la existencia del daño en el que se fundamentan las pretensiones indemnizatorias, la Sala procederá a analizar si el mismo es atribuible a la Rama Judicial y, por tanto, si debe responder por los perjuicios que les pudo causar a los demandantes.

Según lo expuesto por la parte actora, la segunda imputación es por el error judicial que se habría configurado al “reactivar” la medida de embargo que pesaba sobre el 25% del salario y las prestaciones sociales del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro, dentro del proceso de alimentos adelantado por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, desconociendo que en otro juzgado ya se había definido el conflicto sobre la cuota alimentaria.

Pues bien, para alegar el error jurisdiccional, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, se deben cumplir dos presupuestos: el primero, que se hayan interpuesto todos los recursos por parte del afectado y el segundo, que la providencia judicial de la que se predica el error se encuentre en firme.

Respecto del primer presupuesto, en sentencia del 21 de septiembre de 2016(106), la Subsección sostuvo:

“Según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, uno de los presupuestos del error jurisdiccional se refiere a que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, pues de no procederse así, el daño sufrido sería producto de su negligencia, mas no del error alegado. Ello significa que, en caso de no interponerse los recursos legalmente procedentes, el Estado se exonera de responsabilidad por configurarse el eximente de culpa exclusiva de la víctima —artículo 70 ibídem—(107). Esto ha dicho la corporación:

‘Conforme a lo expuesto, se tiene que en el caso concreto, el señor Bernabé Piza Piza, no interpuso, como tercero interesado, los recursos de ley contra las decisiones en que fundamenta el daño causado por la administración de justicia, dentro de los ejecutivos seguidos en los Juzgados 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, pese a haber actuado dentro de los mismos, incluso por intermedio de apoderado judicial, tal como quedó demostrado de todo el acervo probatorio allegado al expediente, simplemente se limitó a presentar derechos de petición.

‘Así las cosas, no sólo se incumple uno de los requisitos establecidos por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para que se configure el error jurisdiccional, sino que la conducta desplegada por el actor constituye, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, una culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, al respecto, habrá lugar a exonerar de responsabilidad al Estado(108)(se destaca).

“Descendiendo al caso concreto y atendiendo a los lineamientos jurisprudenciales trazados, advierte la sala que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la parte demandante no expresó inconformidad alguna respecto de la decisión que, eventualmente, le causó unos perjuicios, de ahí que no pueda configurarse el error jurisdiccional alegado, por la sencilla pero suficiente razón de que el afectado no interpuso los recursos.

“En efecto, la parte demandante, en el curso de la diligencia de remate, precisamente cuando fue suspendida, asumió una conducta pasiva, pues si su interés consistía en que continuara el remate para que —supuestamente— le fuera adjudicado el inmueble en cuestión, debió oponerse a la suspensión —notificada en estrados— y así manifestar su inconformidad a través de los recursos, cosa que no ocurrió; por tanto, no resulta viable pretender una indemnización por vía de la reparación directa —error judicial— cuando el demandante no ejerció los medios de impugnación en su oportunidad.

“En ese orden de ideas, ante el incumplimiento de uno de los presupuestos para la configuración del error jurisdiccional en los términos de la Ley 270 de 1996, como lo es la interposición de los recursos, no queda duda de que en el presente caso se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que releva a la Sala de examinar los argumentos del recurso de alzada”.

Para la Sala, no se cumplen los presupuestos para concluir que el segundo error judicial alegado —“reactivación” de la medida de embargo que recaía sobre los ingresos del aquí demandante— es atribuible a la Rama Judicial, en especial, porque el afectado no ejerció el recurso judicial procedente para cuestionar la decisión de la que ahora pretende derivar la responsabilidad extracontractual del Estado.

En efecto, las pruebas del proceso demuestran que, pese a que mediante auto del 31 de enero de 2005 el Juzgado Primero de Familia de Cartagena ordenó la “reactivación de la medida de embargo que pesa sobre el 25% del salario y prestaciones sociales a que tiene derecho el demandado Eduardo Antonio Avendaño Castro, en su calidad de empleado de la Policía Nacional”, dicho señor no interpuso el recurso de reposición de que trata el artículo 348(109) del C.P.C. y, por tanto, esa decisión quedó ejecutoriada(110), sin que se cumpliera el deber que le asistía de hacer uso los mecanismos judiciales dispuestos por el legislador para cuestionar la decisión que consideraba contraria a sus intereses.

Es pertinente precisar que, según las pruebas del proceso, el 31 de marzo de 2005, el señor Avendaño Castro le solicitó al Juzgado Primero de Familia de Cartagena “… Dar por terminado el presente proceso por sustracción de materia, toda vez que con fecha marzo 03 del 2005 el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad profirió sentencia absolutoria en idéntica causa que la demandante promovió ante dicho despacho judicial, habiendo fracasado la demandante en esta acción en virtud de que quedó debidamente acreditado que mi poderdante, el señor Eduardo Avendaño Castro ha venido cumpliendo cabalmente con la obligación alimentaria contraída con su menor hija (…) y de consiguiente prosperó ante el citado despacho judicial la excepción de cumplimiento de la obligación…”(111).

Posteriormente, el 8 de agosto de 2005, el señor Avendaño Castro presentó demanda de tutela contra el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, con el fin de que se le amparara el derecho al debido proceso y, como consecuencia, se invalidara “… la actuación del juez accionado dentro del aludido proceso de alimentos a partir del auto de ‘Reactivación’, incluyendo la medida de embargo que pesa sobre el salario que devenga mi apadrinado como miembro de la Policía Nacional…”(112).

No obstante, a juicio de esta Sala, esas actuaciones no pueden ser tenidas en cuenta para acreditar el agotamiento del recurso judicial de que trata el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, porque dicha norma se refiere a la interposición de los recursos de ley, en este caso el recurso de reposición y no al uso de cualquier otro mecanismo con el que se pretendiera cuestionar la decisión de “reactivar” el embargo que recaía sobre el 25% del salario y las prestaciones sociales del señor Eduardo Antonio Avendaño Castro.

Para la Subsección, lo que pretendió la parte actora al hacer uso de esos mecanismos legales (petición y demanda de tutela) fue suplir la omisión, negligencia o descuido en que incurrió al no interponer en tiempo el recurso de reposición que procedía contra la decisión que reactivó el embargo que pesaba sobre sus ingresos.

De lo expuesto, se concluye que el daño sufrido por la parte actora es producto de la conducta omisiva o negligente del señor Avendaño Castro frente a la decisión dictada el 31 de enero de 2005 por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena. Por tanto, es predicable la culpa exclusiva de la víctima de que trata el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, tal y como se desprende de la jurisprudencia transcrita con anterioridad.

Entonces, como en el presente asunto el señor Eduardo Antonio Avendaño Castro no expuso, en la oportunidad que tenía para hacerlo, la inconformidad con la decisión que le causó el perjuicio en el que ahora fundamenta la pretensión indemnizatoria, es evidente que no se cumplen los presupuestos para alegar la presunta configuración del segundo error jurisdiccional. Se confirmará, entonces, la decisión apelada, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

4. Condena en costas.

Dado que, no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia del 16 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Según acta individual de reparto (fl. 41 c. 1).

2 Poder a folio 30 c. 1.

3 Poder a folio 38 c. 1.

4 Poder a folio 31 c. 1.

5 Poder a folio 32 c. 1.

6 Poder a folio 33 c. 1.

7 Poder a folio 34 c. 1.

8 Poder a folio 35 c. 1.

9 Poder a folio 36 c. 1.

10 Poder a folio 37 c. 1.

11 Fls. 1 – 29 c. 1.

12 Fl. 22 c. 1.

13 Fl. 165 c. 1.

14 Fls. 13 – 15 c. 1.

15 Fl. 43 c. 1.

16 Fls. 45 – 47 c. 1.

17 Fls. 48 – 49 c. 1.

18 Fls. 253 – 254 c. 1.

19 Fl. 258 c. 1.

20 Fls. 283 – 286 c 1.

21 Fls. 294 – 298 c 1.

22 Fls. 301 – 303 c 1.

23 Fl. 311 – 313 c 1.

24 Fl. 318 c 1.

25 Fls. 319 – 333 c. 1.

26 Fls. 350 – 351 c. 1.

27 Fls. 363 – 364 c. 1.

28 Fls. 365 – 371 c. 1.

29 Fl. 390 c. segunda instancia.

30 Fls. 228 a 237 c. segunda instancia.

31 Fls. 395 – 396 c. segunda instancia.

32 Fls. 402 – 405 c. segunda instancia.

33 Fl. 407 c. segunda instancia.

34 Fls. 408 – 412 c. segunda instancia.

35 Fls. 414 – 422 c. segunda instancia.

36 Consejo de Estado, Sala Plena. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

37 Si bien en el registro civil de nacimiento del señor Eduardo Antonio Avendaño castro aparece como Elena Castro, lo cierto es que en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 52 del cuaderno principal figura como Elena Castro de Avendaño.

38 En el registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño figura como Armando Antonio Avendaño, pero en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 51 del cuaderno principal aparece como Armando Antonio Avendaño Castro.

39 Fl. 64 c. 1.

40 Fl. 65 c. 1.

41 Fl. 66 c. 1.

42 Fl. 67 c. 1.

43 Fl. 68 c. 1.

44 Fl. 71 c. 1.

45 Fls. 79 – 80 c. 1.

46 Fl. 149 – 150 c. 1.

47 Cita del original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 76001-23-31-000-2009-00433-01(44080), CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera: ‘Pues bien, la Ley establece una solemnidad probatoria en materia de acreditación del parentesco, es decir, exige que se pruebe la relación de parentesco con la presentación del registro civil, sin que exista posibilidad alguna de suplir dicha prueba mediante otros medios probatorios’”.

48 Cita del original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2018, exp. 05001-23-31-000-2008-01599-01(48738), CP: María Adriana Marín: ‘Si bien con la demanda no se aportó el registro civil de nacimiento del señor Carlos Alberto Arbeláez Silva, el parentesco de este con los demás demandantes se encuentra probado al interior del proceso, como por ejemplo con la orden de captura visible a folio 180 del cuaderno de pruebas, en la que se consignan todos sus datos personales, entre ellos el nombre de su madre María de las Mercedes Silva Gallego’.

49 Cita del original: “Fls. 29 y 30 c 1”.

50 Cita del original: “Fls. 144 a 149 c 2”.

51 Cita del original: “Fls. 229 a 243 c 2”.

52 Cita del original: “Fls. 32 a 47 c 1”.

53 Cita del original: “Nombre con el cual el Tribunal Administrativo de Caldas le reconoció indemnización en la parte resolutiva de la sentencia del 7 de mayo de 2015 y como la parte demandante la designó en su recurso de apelación para que se le acredite como madre del señor Ricardo Espitia Moreno”.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2018, radicado número: 170012331000201100677 01 (54926).

55 “Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…).
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”.

56 El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que “los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se resalta). Siendo así, la Subsección precisa que al caso bajo estudio resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 01 de 1984, por tratarse de un proceso promovido con anterioridad al 2 de julio de 2012 —fecha de entrada en vigencia del CPACA—.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, entre muchas otras decisiones de la Sala.

58 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, exp. 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1 de febrero de 2012, exp. 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, exp. 45.094, y del 14 de agosto de 2013, exp. 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

59 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, exp. 24.584, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo”.

60 En sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicado No. 1001-23-31-000-2010-00029-01(43563), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, señaló:
“… de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, se advierte que la misma contiene dos hechos generadores de daño o causas petendi. En efecto, la presente acción de reparación directa se promovió tanto por la privación injusta de la libertad que habría padecido el señor Sandro Eliécer Ortega como por la disminución de su capacidad auditiva durante el término de su detención, esto es, bajo el cuidado y la protección del INPEC; por lo anterior, se analizará a continuación el ejercicio oportuno de la acción respecto de cada una de estas”.
Así mismo, en sentencia del 25 de enero de 2017, radicado No. 76001233100020070059701 (44313), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sostuvo:
“Teniendo en cuenta que los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por i) la captura ilegal de la señora Salamanca, por cuanto no estuvo precedida de orden escrita de la autoridad judicial competente, ii) el aborto que ella sufrió y iii) la privación de la libertad —que califican de injusta— de la citada señora, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse teniendo en cuenta estos 3 hechos.
“(…) En consecuencia, la Sala abordará únicamente el estudio atinente a la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad —que califican de injusta— de la señora Ana Johanna Salamanca, pues, como se vio, en relación con la detención ilegal y el aborto espontáneo por ella padecidos, la acción se encuentra caducada”.

61 “ART. 435.—Asuntos que comprende. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6º del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 239 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos:
“PAR. 1º—En consideración a su naturaleza:
“1. Controversias sobre la propiedad horizontal de que tratan el artículo 7º de la Ley 182 de 1948 y los artículos 8. y 9. de la Ley 16 de 1985.
“2. Autorización de copia de escritura pública en los casos previstos por la ley, salvo norma en contrario.
“3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias” (se destaca).

62 Fl. 160 c. 1.

63 El 23 y 24 de octubre de 2004 no fueron días hábiles.

64 Fl. 41 c. 1.

65 Fl. 29 c. 1.

66 Fls. 434 – 436 c. segunda instancia.

67 Fl. 441 c. segunda instancia.

68 Fl. 25 c. 1.

69 Fls. 101 – 102 c. 1.

70 Fl. 145 c. 1.

71 Fls. 149 – 150 c. 1.

72 Fls. 139 y 155 – 157 c. 1.

73 Fls. 158 – 160 c. 1.

74 “Artículo 435. Asuntos que comprende. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 239 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos:
“PAR. 1º—En consideración a su naturaleza:
“1. Controversias sobre la propiedad horizontal de que tratan el artículo 7º de la Ley 182 de 1948 y los artículos 8º y 9º de la Ley 16 de 1985.
“2. Autorización de copia de escritura pública en los casos previstos por la ley, salvo norma en contrario.
“3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias” (se destaca).

75 Puntualmente se solicitó: “… que se le exima de seguir suministrando la cuota alimentaria hasta que se cubra el monto de las mesadas cobradas por la accionante, que a la fecha son dieciocho (18) mesadas o en su defecto se ordene la devolución de dichos dineros. Además dicho señor dice que la cuota alimentaria fue regulada en el 12.58% y en la actualidad permanece en el 25% del sueldo” (Fl. 141 c. 1).

76 Fls. 141 – 142 c. 1.

77 Fls. 113 – 117 c. 1.

78 Fl. 161 c. 1.

79 Fls. 161 – 167 c. 1.

80 Fls. 176 – 178 c. 1.

81 Fl. 182 c. 1.

82 En esa oportunidad, puntualmente, se indicó: “A pesar de que la juez accionada cumplió con la orden impartida por ustedes, no hay que perder de vista que conforme a los artículos 4 y 6 del C.P.C., EL DERECHO SUSTANCIAL INVOCADO en nuestra defensa sigue siendo NUGATORIO. El señor Juez Primero de Familia con todas las pruebas en la mano y allegadas a su despacho le hemos suplicado que por SUSTRACCIÓN DE MATERIA decrete el temerario embargo que por capricho y a sus anchas panzas sostiene por sí y de por sí, a pesar de que como ya lo hemos manifestado tiene el expediente todas las pruebas conducentes y necesarias para inmediatamente proceder de conformidad con lo ordenado (…) en tal virtud, el suscrito abogado formula por EXTENSIÓN DE DESACATO, cargo contra el titular del juzgado de la ciudad de Cartagena (…), quien por cierto le puso final al proceso primigenio” (Fls. 169 – 172 c. 1).

83 Fls. 174 – 175 c. 1.

84 Fls. 122 – 124 c. 1.

85 Fl. 136 c. 1.

86 Fls. 132 – 134 c. 1.

87 Fls. 176 – 178 c. 1.

88 En sentencia del 12 de octubre de 2017, radicación número: 25000-23-26-000-2003-00879-01(35337), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, indicó:
“…se tiene que así como la Corte Constitucional declaró la nulidad de la providencia, supuestamente constitutiva de error, también ordenó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profiriera la que habría de reemplazarla, por lo que así se hizo el 21 de febrero de 2002.
“De lo anterior se colige que la providencia que supuestamente contenía un error judicial dejó de producir sus efectos, por haber sido retirada del mundo jurídico por la Corte Constitucional mediante la declaratoria de nulidad, razón por la cual no se cumple con el segundo requisito de procedibilidad exigido por el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para analizar la existencia de un error jurisdiccional.
“Debe decirse que durante el término que estuvo vigente la providencia proferida el 18 de agosto de 1999 por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura generó unos efectos, que la parte demandante catalogó como constitutivos de un daño antijurídico, los que para el presente caso se reflejan en la privación de la libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término comprendido entre el 28 de julio de 2000 y el 31 de octubre de 2001, por lo que resulta viable analizar la responsabilidad desde la óptica de la falla en el servicio, por haberse incurrido en una vía de hecho.
“(…) Teniendo en cuenta que se configuró una falla en el servicio, la Sala pasará a estudiar lo concerniente al daño, que en este caso corresponde a la privación injusta de la libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término comprendido entre el 28 de julio de 2000, en cumplimiento de la medida de aseguramiento proferida por el Juez Especial de primera instancia, y el 31 de octubre de 2001, fecha en la cual el Tribunal Superior Militar le otorgó el beneficio de la libertad provisional.
“(…) Como el daño es la causa de la reparación y constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad y, en este caso, no reposa en el expediente prueba que permita concluir que la privación de la libertad de Hernán Orozco Castro fue injusta, en la medida en que no existe noticia de que el término que estuvo privado de la libertad Hernán Orozco Castro a órdenes de la justicia penal militar no le hubiere sido computado de la pena que finalmente le fue impuesta por la justicia penal ordinaria, en el proceso que se inició como consecuencia de la conducta asumida por este durante los días 15 a 20 de julio de 1997, término en el que tuvo lugar la toma del municipio de Mapiripán, su ausencia torna innecesario el estudio de la imputación frente a la entidad demandada, dado que no se tiene certeza del alegado daño”.

89 Fls. 86 – 88 c. 1.

90 En sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 73001-23-31-000-1999-1240-01 (20.614), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, indicó:
“Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:
‘Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)’.
“Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar revestido de certeza. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño específico:
‘En este orden de ideas, la certeza del daño hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquélla característica, es decir, es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad extracontractual. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable’”.

91 Sobre el particular, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. pág 406.

92 Fl. 96 c. 1.

93 Fls. 97 – 98 c. 1.

94 Fl. 99 c. 1.

95 Fl. 100 c. 1.

96 Fl. 138 c. 1.

97 Fl. 188 c. 1

98 Fl. 189 c. 1.

99 Fls. 196 – 197 c. 1.

100 Fls. 198 – 199 c. 1.

101 Fls. 217 – 223 c. 1.

102 Fecha fijada en auto del 28 de julio de 2005 (fl. 203 c. 1).

103 Fls. 207 – 210 c. 1.

104 Fls. 228 – 230 c. 1.

105 Fl. 242 c. 1.

106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2016, radicación número: 68001-23-31-000-2003-00591-01(39529).

107 Original de la cita: “‘ART.70.—Culpa exclusiva de la vÍctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado’ (Se destaca)”.

108 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de fecha 11 de julio de 2013, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, Exp: 26.021”.

109 “Artículo 348. Modificado por el artículo 13, Ley 1395 de 2010. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de que se revoquen o reformen.
“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto” (se destaca).

110 “ART. 331.—Ejecutoria y ejecución de las providencias. Modificado por el art. 34, Ley 794 de 2003. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
“Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta” (Negrilla fuera del texto).

111 Fls. 196 – 197 c. 1.

112 Fls. 217 – 223 c. 1.