Sentencia 2009-00111 de agosto 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 250002327000200900111-01

Num. interno: 18415

Demandante: Granos Piraquive S.A. en liquidación

Demandado: UAE DIAN

Renta 2004

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación que interpuso la DIAN, le corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho la Liquidación Oficial de Revisión 300642007000133 del 19 de diciembre de 2007, mediante la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en Liquidación, por el año gravable 2004 y se impuso a la parte actora la sanción por inexactitud en cuantía de $2.157.754.000 y la Resolución 900005 del 23 de diciembre de 2008, que resolvió el recurso de reconsideración.

Antes de resolver si los actos administrativos demandados están ajustados a derecho, la Sala se pronunciará sobre la solicitud de fallo inhibitorio propuesta por la DIAN, en cuanto advirtió que el representante legal de la sociedad demandante sólo facultó al apoderado judicial para demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la actuación que desató el recurso de reconsideración, sin otorgarle poder para demandar la liquidación oficial de revisión.

Sobre el particular, esta Sala reitera(6) que en los casos en los que el poder otorgado se circunscribe a autorizar que se demande, como en este caso, la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, más no la liquidación oficial de revisión, no es propio hablar de falta de poder para actuar, En el presente caso, en el folio 93(7) del expediente figura el poder otorgado al apoderado judicial de la demandante en el cual está plenamente identificado el asunto para el que se otorga. Dicho poder se refiere a la actuación administrativa correspondiente a “la revocación de la Resolución 900005 de fecha diciembre 23 de 2008, proferida por la Oficina de Gestión Jurídica - Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN mediante la cual se rechazó la solicitud de saneamiento de la Liquidación Oficial de Revisión 3006422007000133 de fecha diciembre 19 de 2007 mediante la cual se pretende modificar la Liquidación Privada que la sociedad presentó por la vigencia fiscal de 2004”, señalamiento que para la Sala es suficiente para entender que se trata de la demanda de los actos proferidos por la autoridad tributaria, acorde con los presupuestos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en el evento en que el poder no hubiese sido otorgado en debida forma, tal omisión tampoco tiene la entidad suficiente para que la Sala de declare inhibida para conocer el asunto. De hecho, el artículo 140 numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, al listar las causales de nulidad de los procesos, estableció que la indebida representación de las partes solo se configura por carencia total de poder para actuar en el respectivo proceso, lo que no ocurre en este caso. Por lo demás, tanto en la demanda como en el poder conferido al apoderado judicial de la demandante están plenamente identificados los actos materia de la acción.

Luego, no prospera la excepción propuesta.

La Sala resolverá si se violaron, por falta de aplicación, los artículos 29 de la Constitución Política, 731 y 564 del Estatuto tributario Nacional en concordancia con el artículo 44 del Decreto 1 de 1984 y, concretamente, si la DIAN resolvió el recurso de reconsideración en la oportunidad legal.

Para decidir, la Sala tiene como probados los siguientes hechos no discutidos(8):

— El 4 de abril de 2005, la sociedad Granos Piraquive S.A. presentó la declaración de renta por el año gravable 2004.

El 9 de mayo de 2006, la División de Fiscalización Tributaria de la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá expidió el auto de apertura 300632006003081, con el que se pretendía verificar la exactitud de la declaración, establecer las bases gravables y determinar el cumplimiento de las obligaciones formales de la sociedad.

— El 19 de diciembre de 2007, la División de Liquidación de la Administración expidió la Liquidación Oficial de Revisión 300642007000133, notificada por correo a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial.

Contra esa decisión, la sociedad presentó recurso de reconsideración, el 20 de febrero de 2008.

— El 31 de marzo de 2009, la representante legal de la sociedad presentó petición ante la administración de impuestos para que se notificara el acto administrativo que resolviera el recurso de reconsideración.

— El 22 de abril de 2009, la Oficina de Gestión Jurídica respondió a la petición y le indicó a la demandante que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, esto es, la Resolución 900005 del 23 de diciembre de 2008, se había notificado a la dirección registrada en el RUT.

La parte actora invocó en la demanda la nulidad de los actos administrativos objeto de la controversia, con fundamento en defectos en el trámite de la notificación. En consecuencia, con esta pretensión solicita que se declare el silencio administrativo positivo.

El tribunal accedió a la pretensión formulada por la parte actora y declaró que operó el silencio administrativo positivo.

Para la Sala, la controversia se concreta en decidir si el procedimiento adelantado para el envío de la citación para la notificación de la Resolución 900005, mediante la que se resolvió el recurso de reconsideración presentado contra la Liquidación Oficial de Revisión 300642007000133, se ajustó a derecho o si, por el contrario, la notificación fue indebida y se configuró el silencio administrativo positivo.

Lo primero que conviene decir es que el procedimiento para la notificación de las actuaciones de la administración tributaria se encuentra regulado por el artículo 565 del estatuto tributario, que dispone:

ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica.

PAR. 1º—La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario, RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional.

Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto.

PAR. 2º—Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único Tributario, RUT.

PAR. 3º—Las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como certificadora digital cerrada serán gratuitos, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias”.

Conforme con la norma transcrita, los actos que deciden los recursos, como el de reconsideración, deben notificarse personalmente. Sólo en el evento en que no sea posible efectuar la notificación personal es que se debe adelantar la notificación por medio de edicto. La misma norma prevé que para efectuar la diligencia de notificación personal se deberá enviar un aviso de citación al contribuyente.

En relación con la naturaleza del aviso de citación, esta Sala en Sentencia 17111 del 3 de diciembre de 2009 sostuvo que el aviso es el instrumento del que se vale la Administración para poner en conocimiento del contribuyente la existencia de una decisión relacionada con el recurso presentado. Es un acto de mero trámite, más no un acto administrativo y, una vez enviado, el contribuyente debe acercarse a la oficina de impuestos para notificarse personalmente del acto que resuelve el recurso.

Sobre el particular, esta Sala ha considerado(9):

“De la norma transcrita(10) se establece que la notificación del acto que decida el recurso de reconsideración debe realizarse personalmente y sólo en caso de que ésta no pueda hacerse se debe fijar un edicto, es decir, que no existe la posibilidad de aplicar para este tipo de acto la notificación por correo prevista en el artículo 566 estatuto tributario.

Entonces, debe diferenciarse en este punto la notificación de la resolución que decide el recurso de reconsideración, del envío de la citación para que el contribuyente tenga conocimiento de la decisión de la administración.

En efecto, el envío de la citación no puede tenerse como una notificación por correo, esta última aplicable a los casos previstos en el inciso primero del artículo 565 estatuto tributario, pues el envío de la citación corresponde al medio que utiliza la administración para que el interesado se acerque a las oficinas de impuestos a fin de darle a conocer de manera personal el contenido de la decisión del recurso que es la forma que prevé la normativa fiscal para ello(11).

En tales condiciones, el plazo de 10 días que tiene el administrado para notificarse personalmente de la resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, debe contarse según lo dispuesto en el artículo 565 estatuto tributario antes transcrito, es decir, a partir de la fecha de introducción al correo, para lo cual no aplica la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional respecto del artículo 566 estatuto tributario”.

El fundamento principal del sub examine se encamina a demostrar que la administración no notificó, en la oportunidad procesal correspondiente, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, pues no envió la citación para notificación personal a la dirección procesal indicada en la respuesta al requerimiento especial.

Los artículos 563 y 564 del estatuto tributario establecen la dirección para notificaciones, así:

“ART. 563.—Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de la publicación en un diario de amplia circulación.

ART. 564.—Dirección procesal. Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección.

La Sala considera que las normas citadas constituyen una fuente de ubicación de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes. Así lo expuso en la Sentencia 17705 del 24 de mayo de 2012(12).

Para la Sala, el artículo 564 del estatuto tributario permite a los sujetos mencionados suministrar como dirección procesal otra diferente a la que figura en el RUT, con el objetivo de que puedan mantener el control de los procesos de determinación de impuestos(13). En esa medida, esa dirección podría corresponder a la dirección de los apoderados o a una dirección del contribuyente, responsable o agente retenedor que no coincida con la que obligatoriamente se debe suministrar en el RUT(14). Por eso, el citado artículo exige que se notifique a esa dirección si se ha suministrado expresamente.

Sin embargo, la Sala, en el análisis de casos concretos, cuando se ha suministrado la dirección procesal, ha dicho que si la notificación se surtió efectivamente en la dirección del contribuyente, responsable o agente retenedor, al punto de que pudo ejercer el derecho de defensa, porque pudo oponerse a las actuaciones en tiempo, no se configura ninguna causal de nulidad ni de oponibilidad de los actos administrativos por el hecho de que la notificación se haya hecho a la dirección del contribuyente y no a la dirección procesal(15).

En todo caso, lo relevante en materia de notificaciones de los actos administrativos, es que en cada caso se verifique que no se haya vulnerado el derecho de audiencia y de defensa, derecho que se garantiza mediante la aplicación del principio de publicidad y, por ende, siempre habrá que analizar el caso concreto.

En este asunto, se encuentra probado que el aviso para la citación a la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue enviada a la sede de la empresa, esto es, a la calle 6 A Nº 82-24, según se advierte en el folio 22 de dicha resolución(16). Esa es la dirección que presuntamente aparece registrada en el RUT. Sin embargo, en el expediente no aparece copia de dicho registro(17).

Ahora bien, el tribunal declaró la nulidad de los actos acusados porque “ante la negación indefinida hecha por la accionante, de que la Resolución 900005 del 23 de diciembre no fue notificada en la dirección procesal informada, la carga de la prueba se traslada a la entidad demandada para que demuestre que envió la citación a dicha dirección, o bien que la dirección procesal indicada era distinta”.

Para la Sala no es de recibo el dicho del tribunal, toda vez que la sociedad actora no ha cuestionado que la citación fuera enviada a la dirección que aparece en el RUT, sino que cuestiona el hecho de que no fue enviada a la dirección procesal informada.

En efecto, como fundamento de la demanda, la contribuyente sostuvo “puede establecerse con claridad que la notificación de la resolución que desató el recurso de reconsideración no fue notificada en debida forma dentro del término fijado por el artículo 731 del Estatuto tributario toda vez que, según respuesta de la Oficina de Gestión Jurídica - Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, se envió a la dirección registrada en el RUT, cuando ha debido enviarse a la Dirección Procesal: Avenida El Dorado 68C 61 Oficina 831 Bogotá, informada en la etapa de determinación y discusión de tributo pues así lo ordena el artículo 564 del citado Estatuto (…)”(18). Hecho que también fue corroborado por la administración en la respuesta a la petición presentada el 20 de febrero de 2008, cuando dijo: “Este despacho resolvió el recurso de reconsideración mediante Resolución 900005 del 23 de diciembre de 2008, y se notificó a la dirección registrada en el RUT, calle 6 A Nº 82-24, por cuanto el representante Legal no informó dirección alguna en el escrito del recurso y se observa además que es la misma que figura en el certificado de existencia y representación expedida (sic) por la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de marzo de 2009”.

Ese es un hecho narrado por la contribuyente y aceptado por la administración que, así como se trata de una negación para la sociedad, cuando aseguró que no recibió la citación en la dirección procesal (según dijo el a quo), también se trata de una afirmación a favor de la administración, cuando expuso que envió la citación para la notificación a la dirección que aparece en el RUT (como efectivamente lo sostuvo el Ministerio Público en el concepto(19)). De lo anterior se puede concluir que dicha citación se envió a la dirección registrada en el RUT y no fue devuelta ni rechazada por el correo. Fue efectivamente recibida y ese recibo no fue cuestionado por la sociedad demandante, razón por la que se puede tener como un hecho cierto, no controvertido.

Entonces, el problema jurídico se limitaba a establecer la citación para la notificación enviada a la dirección reportada en el RUT era válida para efectuar la notificación personal, o por edicto, de la Resolución 900005, mediante la que se resolvió el recurso de reconsideración presentado por la demandante.

Ahora bien, en un caso similar, esta Sala sostuvo(20):

“En el caso concreto se encuentra probado que la parte demandante recibió el correo en la sede de la empresa, el 22 de octubre de 2002. No obstante que tal notificación no se surtió en la dirección del apoderado de la demandante, no se configuró una notificación por conducta concluyente sino por correo por cuanto, la dirección a la que se envió el acto objeto de notificación, también corresponde a la demandante y el acto no fue devuelto o rechazado por el interesado. Además, el demandante interpuso el recurso de reposición en término y, por tanto, debe entenderse que se cumplió el propósito de la notificación, que no es otro que la publicidad de los actos.

Por otra parte, acertó el a quo al precisar que en el expediente no obra prueba de la devolución o rechazo de la correspondencia que se envió a la dirección de la empresa a la carrera 36 Nº 10-95 y que, por lo tanto, no se evidenció la falta de conocimiento del acto por parte de la parte demandante. Esta situación, tal como lo precisó el tribunal, se corroboró por la interposición oportuna de los recursos por parte de la parte demandante.

La Sala considera que, en el caso concreto, la dirección procesal a que alude el Decreto 1092 de 1996 hubiera primado si la dirección a la que se surtió la notificación, no hubiera sido la de la sede de una empresa y que, además, se hubiera probado que se rechazó o se devolvió por el correo. El debido proceso no se afectó porque finalmente la notificación cumplió el cometido hasta el punto de que el afectado con el acto tuvo ocasión de impugnarlo.

En efecto, como la notificación por correo se surtió el 22 de octubre de 2002, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 1092 de 1996(21), la demandante contaba con un mes para interponer el recurso de reposición, plazo se vencía el 22 de noviembre de 2002. Está probado en el proceso que el demandante interpuso el recurso el 18 de noviembre de 2002. Esa circunstancia demuestra que la parte actora se enteró de la decisión, que la parte demandante acató el principio de publicidad del acto acusado y, por tanto, que no se vulneró el derecho al debido proceso y de defensa. En consecuencia, la impugnación por este cargo no prospera”.

Entonces, si la citación para la notificación se envió a la dirección reportada en el RUT y la parte demandante no compareció en los diez días siguientes a la sede de la Administración para que se surtiera la notificación personal, bien podía la DIAN adelantar la notificación por edicto, como en el efecto lo hizo.

De hecho, la citación para la notificación fue enviada el 26 de diciembre de 2008 a la Calle 6 A Nº 82-24 de Bogotá. Como el apoderado de la contribuyente no compareció en los diez días siguientes, se fijó edicto de notificación el 13 de enero de 2009, edicto que se desfijó el 26 del mismo mes y año(22). Como el recurso de reconsideración se había interpuesto el 20 de febrero de 2008 y la notificación de la resolución que lo resolvió se produjo el 26 de enero de 2009, el recurso fue resuelto oportunamente y, por ende, no se configuró el silencio administrativo positivo.

La Sala insiste en que el hecho de que la citación para la notificación no se haya enviado a la dirección procesal y sí a la dirección registrada en el RUT no implica el desconocimiento de dicha citación, más aún si no existió una causal de rechazo o de devolución por parte del correo. En todo caso, esta Sala ha dicho que cuando la parte interesada utiliza en tiempo los recursos, cualquier irregularidad que se haya cometido en la notificación queda saneada. En este caso, la parte demandante pudo oponerse al contenido de la Resolución 900005 de 2007 en el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permite inferir que cualquier irregularidad que se hubiere cometido en el proceso de notificación del contenido de la resolución cuestionada quedó depurada.

Por todo lo anterior, la Sala considera que se debe revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Granos Piraquive S.A. en Liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 4 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar DENIÉGANSE las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Sociedad Granos Piraquive S.A. en Liquidación contra la Liquidación Oficial de Revisión 3006420070001333 del 19 de diciembre de 2007, proferida por la División de Liquidación de la DIAN y la Resolución 900005 del 23 de diciembre de 2008, que la confirmó, por las razones expuestas.

2. RECONÓCESE personería a la abogada María Cristina Arias Hernández para actuar como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(5) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de octubre de 2009, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta sentencia 9 de agosto de 2002, actor: Universidad Santo Tomás, Expediente 12739, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; Sentencia 12315 del 9 de octubre de 2001, M.P. Ligia López Díaz

(7) Aportado con ocasión de la solicitud de corrección de la demanda.

(8) La Sala aclara que se tratan de hechos no discutidos, toda vez que no fueron controvertidos por las partes.

(9) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de diciembre de 2009, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Demandante: Crown Colombiana S.A.

(10) Se refiere al artículo 565 del estatuto tributario.

(11) Sentencia de 21 de febrero de 1992, exp. 3767, C.P. Guillermo Chaín Lizcano.

(12) Demandante: María Stella Velásquez Pérez, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz. Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil cinco (2005). Radicación 25000-23-27-000-2001-01837-01(14569). Actor: Banco Santander Colombia S.A. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De acuerdo con el artículo 565 del estatuto tributario, las sanciones, entre otros actos administrativos, deben notificarse personalmente o por correo. El artículo 566 ibídem prevé que la notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente. El artículo 564 del estatuto tributario prescribe que si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a esta última. La norma en mención constituye una disposición especial en el régimen de notificaciones en materia tributaria, pues desarrolla el concepto de la “dirección procesal” dentro del trámite de la determinación del tributo o la sanción

(14) Decreto 2788 de 2004, artículo 13, artículo 579-1 estatuto tributario.

(15) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., veintiséis de octubre de dos mil nueve. Radicación 25000-23-27-000-2004-00142-01(16371). Actor: Empresa de Licores de Cundinamarca. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En esta sentencia, que aunque resolvió un asunto de régimen cambiario, la Sala precisó: “En el caso concreto se encuentra probado que la parte demandante recibió el correo en la sede de la empresa, el 22 de octubre de 2002. No obstante que tal notificación no se surtió en la dirección del apoderado de la demandante, no se configuró una notificación por conducta concluyente sino por correo por cuanto, la dirección a la que se envió el acto objeto de notificación, también corresponde a la demandante y el acto no fue devuelto o rechazado por el interesado. Además, el demandante interpuso el recurso de reposición en término y, por tanto, debe entenderse que se cumplió el propósito de la notificación, que no es otro que la publicidad de los actos. Por otra parte, acertó el a quo al precisar que en el expediente no obra prueba de la devolución o rechazo de la correspondencia que se envió a la dirección de la empresa a la carrera 36 Nº 10-95 y que, por lo tanto, no se evidenció la falta de conocimiento del acto por parte de la parte demandante. Esta situación, tal como lo precisó el tribunal, se corroboró por la interposición oportuna de los recursos por parte de la parte demandante. La Sala considera que, en el caso concreto, la dirección procesal a que alude el Decreto 1092 de 1996 hubiera primado si la dirección a la que se surtió la notificación, no hubiera sido la de la sede de una empresa y que, además, se hubiera probado que se rechazó o se devolvió por el correo. El debido proceso no se afectó porque finalmente la notificación cumplió el cometido hasta el punto de que el afectado con el acto tuvo ocasión de impugnarlo. En efecto, como la notificación por correo se surtió el 22 de octubre de 20021(sic). En consecuencia, la impugnación por este cargo no prospera”.

(16) Folio 87.

(17) La Sala advierte que el folio 126 del expediente aparece el oficio 09-106-meb del 3 de noviembre de 2009, en el que el secretario de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento a lo ordenado en el auto del 21 de agosto de 2009, solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá que enviara los antecedentes administrativos que dieron origen a la Liquidación Oficial de Revisión 300642007000133 del 19 de diciembre de 2007, practicada a la Sociedad Granos Piraquive S.A. en Liquidación. Sin embargo, en la respuesta enviada el 17 de noviembre de 2009 por la DIAN (fl. 127) solamente se remitió la fotocopia autenticada de la Liquidación Oficial de Revisión 300642007000133, sin mayores consideraciones. Esa es la razón por la que no están los antecedentes administrativos en el expediente.

(18) Folio 7.

(19) Folios 289 a 295 y vueltos.

(20) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de octubre de 2009. Expediente 250002327000200400142 01 (16371) Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) “Decreto 1092 de 1996. ART. 25.—Recurso contra la resolución sancionatoria. Contra la resolución que imponga la multa procederá únicamente el recurso de reposición ante la División Jurídica de la Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales o la dependencia que haga sus veces o ante la División de Análisis, Supervisión y Control de la Subdirección Jurídica, según corresponda por competencia, dentro del mes siguiente a su notificación.

PAR.—El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita de la fecha de presentación, la identidad y calidad de quien lo presenta”.

(22) Folio 88.