Sentencia 2009-00114 de abril 4 de 2013

 

Sentencia 2009-00114 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 17001-23-31-000-2009-00114-01

Número interno: 2482-2012

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Universidad de Caldas

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico del cual se ocupará la Sala, consiste en determinar si el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Alberto Gómez Giraldo, se encuentra ajustado a derecho, con base en el ordenamiento jurídico aplicable al momento de su otorgamiento.

Para tal efecto debe analizarse la legalidad de las resoluciones 47 de 19 de marzo de 1999 y 271 de 21 de diciembre de la misma anualidad, proferidas por el vicerrector administrativo de la Universidad de Caldas, por medio de las cuales se reconoció y reajustó respectivamente la pensión de jubilación al demandado.

Con dicho objeto, la Sala precisa los siguientes aspectos de orden fáctico y jurídico:

De la vinculación del accionado:

El señor Alberto Gómez Giraldo nació el 20 de marzo de 1944(3) laboró al servicio de la Universidad de Caldas como profesor de tiempo completo adscrito a la facultad de Ciencias Agropecuarias, desde el 1º de febrero de 1969 hasta el 21 de marzo de 1999(4).

Del reconocimiento pensional:

Mediante Resolución 47 de 19 de marzo de 1999, el vicerrector administrativo de la Universidad de Caldas, le reconoció la pensión de jubilación al señor Gómez Giraldo, a partir del 22 de marzo de 1999. Para el efecto precisó (fls. 9 a 12, cdno. ppal.):

“1. Que el doctor Alberto Gómez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 4.323.120 de Manizales quien le ha prestado servicios a esta universidad como profesor de tiempo completo adscrito a la facultad de ciencias agropecuarias - Departamento de salud animal, en escrito dirigido a este despacho ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación a la cual dice tener derecho por haberle prestado sus servicios al Estado durante más de veinte (20) años y ser mayor de cincuenta y cinco (55) años de edad.

(…).

4. Que en el presente caso son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y especialmente la Ley 33 de 1985, respecto a la edad.

4.1. Que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 dispone que el empleado oficial que haya cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para calcular los aportes durante el último año de servicios. Sin embargo la Sentencia C-168 emanada de la Corte Constitucional de abril 25 de 1996 dispone que debe reconocerse la pensión por el sistema que le sea más favorable a la funcionaria (promedio del último año de servicios o índice de precios al consumidor aplicado a lo devengado en las diferentes vigencias).

(…).

6. Que hechos los cálculos conforme a lo devengado durante los diferentes años y después de entrar en vigencia el régimen general de pensiones y teniendo en cuenta los factores de liquidación para la Universidad de Caldas se tiene lo siguiente:

Devengado durante las vigencias entre abril 1º de 1994 y 22 de marzo de 1999.

Acumulado: (Salario, primas bonificac.)……….……..$ 231.924.596

Nº de días desde la vigencia………………………… 1.793

Diario:……………………………………………………$ 131.023

Promedio mensual:……………………………………$ 3.930.696

75% de este valor:…………………………………...$ 2.948.022

Valor de la pensión de jubilación……. $ 2.948.022

(…)”.

Por Resolución 271 de 21 de diciembre de 1999 el vicerrector administrativo del ente universitario, modificó parcialmente la Resolución 47 de 1999 ordenando reajustar el valor de la pensión de jubilación al considerar:

“(…)

Que entre los factores de liquidación de la pensión de jubilación del doctor Gómez Giraldo no se tuvo en cuenta la prima técnica de que habla el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, norma que se aplicó en el caso del reconocimiento de la pensión de dicho exfuncionario.

Que mediante Resolución 584 de octubre 13 de 1998 emanada de la rectoría, se ordenó reconocer el pago de la prima técnica a quienes tuvieran derecho a ella a partir del 17 de junio de 1992 funcionarios de la planta de personal administrativo de la Universidad de Caldas, de los niveles directivo y ejecutivo. Igualmente se reconoció dicha prima para aquellas personas que reuniendo los requisitos de ley se hayan retirado de la universidad o se encuentren actualmente pensionados.

Que el doctor Alberto Gómez Giraldo se estuvo desempeñando como decano, cargo del nivel directivo en la planta de personal administrativo de la Universidad de Caldas entre el 9 de junio de 1994 y el 14 de noviembre de 1995 y entre marzo 17 de 1998 a enero 19 de 1999 y al que se le reconoció prima técnica en la citada Resolución 584 de octubre 13 de 1998 como factor salarial en el caso del nivel directivo.

(…).

Que hecha la revisión y liquidación correspondiente, se tiene que el valor a reconocer por concepto de pensión de jubilación, incluyendo como factor salarial la prima técnica es de $ 3.121.354.

(…)”.

De otros documentos de relevancia en el presente proceso

El 3 de marzo de 1999 el jefe seccional de personal de la Universidad de Caldas certificó (fl. 17, cdno. ppal.):

“Que el profesor Alberto Gómez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 4.323.120 expedida en Manizales, le ha prestado servicios a esta universidad como profesor de tiempo completo adscrito a la facultad de ciencias agropecuarias departamento de salud animal de febrero 1º de 1969 a 22 de marzo de 1999.

Que desde el 1º de abril de 1994 y hasta el 22 de marzo de 1999 ha devengado los siguientes sueldos y primas sobre los cuales se hicieron los aportes respectivos a la Caja Nacional de Previsión de la Universidad:

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 199419951996199719981999
Sueldo10.133.21616.935.87721.671.29524.907.34738.775.0208.804.088
Bonificac0471.318620.120740.340894.4511.035.345
P. Servic.1.112.5441.416.6821.841.14882.9273.559.6190
P. Vacac876.2161.075.6041.398.0861.677.3422.686.3430
P. Navidad1.325.2202.754.8102.111.0822.527.08240.067.0960

Total sueldos y primas

$13.447.196

22.654.291

27.641.731

30.935.038

49.982.529

9.839.430

Total devengado de abril 1º/94 a marzo 22 de 1999: $ 234.924.596.

(…)”.

El 30 de agosto de 2008 la oficina de gestión humana de la Universidad de Caldas certificó (fl. 35, cdno. ppal.):

Pensión de jubilación y reajuste

1. De acuerdo con la Resolución 47 del 19 de marzo de 1999, se le reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Alberto Gómez Giraldo identificado con c.c. 4.323.120 un valor de $ 2.948.022 a partir del 22 de marzo de 1999.

2. De acuerdo a la Resolución 271 de diciembre 21 de 1999 se hizo reliquidación de la pensión de jubilación por cambio en el salario y cuyo valor fue fijado en $ 3.121.354.

3. Se hicieron descuentos del 0.5% sobre las primas de conformidad con el Acuerdo 6 de 1998, para los años 1994 y 1995.

4. Para el cálculo del valor de la pensión de jubilación se tuvo en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 10 años desde el 1º de abril de 1994 hasta el 22 de marzo de 1999 más las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, con un porcentaje de liquidación del 75%.

(…)”.

De la naturaleza del ente accionante:

La Universidad de Caldas es un establecimiento público, de carácter académico, del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, correspondiente al sector descentralizado por servicios, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Del régimen prestacional creado por la Universidad.

Mediante el Acuerdo 6 de 1988(5), el consejo superior de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, estableció normas para el pago de la pensión de jubilación y los factores que servirían de base para calcular los aportes, señalando:

“(…).

Que la Ley 33 de 1985 establece que las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para liquidar los aportes.

Que el artículo 3º de la ley enunciada, señala los factores para efectos de aportes a la caja de previsión, sin incluir la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y en general prestaciones sociales, pero en su inciso primero ha dejado la facultad para que cada caja de previsión prevea los aportes respectivos.

Que la universidad es la propia caja para sus empleados y reconoce directamente la pensión de jubilación.

ACUERDA:

ART. 1º—Todos los empleados de la planta de la Universidad deberán cotizar a ella y para efectos de las pensiones las cuotas que se establecen a continuación:

a) El medio por ciento (0.5%) de la prima de servicios.

b) El medio por ciento de la prima de navidad.

c) El medio por ciento (0.5%) de la prima de vacaciones.

ART. 2º—La universidad al momento de reconocer y liquidar las pensiones a sus empleados, tendrá en cuenta los factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

(…)”.

Establecido lo anterior, la Sala procede a resolver este asunto, en el siguiente orden: (i) Competencia para la fijación del régimen pensional; (ii) Del régimen de transición-beneficios; (iii) De la aplicación de la Ley 33 de 1985 en el presente caso; y (IV) Del caso concreto.

(I) Competencia para la fijación del régimen pensional

El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria que se traduce en comportamientos administrativos de gestión tales como darse sus propios reglamentos, estatutos y directivas. Dicha disposición prevé:

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

En virtud de esa autonomía, la institución educativa puede organizarse internamente dentro de los parámetros que el Estado le permite al reconocerle la calidad de universidad, y esa facultad debe entenderse como la capacidad de disponer conforme a la misma Constitución y a la ley, de un margen de manejo y organización que le permita al ente universitario dirigir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos, pero siempre bajo la dirección del Estado.

Por mandato expreso del artículo 62 de la Constitución de 1886, con sus reformas, en especial la de 1957, la ley debía determinar las condiciones de jubilación y, en general, todos los funcionarios con la facultad de libre nombramiento y remoción, no podían determinar condiciones laborales distintas a las previstas en las normas expedidas por el Congreso para regular el acceso al servicio público y las condiciones de jubilación, retiro o despido.

Por su parte, el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, dispone:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

...

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública....”.

En este orden de ideas, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de 1991, no se ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir disposiciones sobre prestaciones sociales, ya que le corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se debe sujetar el Gobierno Nacional para establecer los requisitos y condiciones para el reconocimiento de la pensión de jubilación a los empleados públicos(6). Así las cosas, resultan ilegales las disposiciones de carácter local como las contenidas en ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales; que regulen la materia, como ocurrió con los acuerdos proferidos por la Universidad de Caldas.

En conclusión, a pesar del carácter de ente universitario autónomo del cual goza la universidad accionante, no le es dable fijar las condiciones para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados que laboran en ella, pues la autonomía universitaria, garantizada por el artículo 69 de la Constitución Política, se traduce en comportamientos administrativos de gestión, tales como darse sus propios reglamentos, estatutos y directivas; lo que quiere decir que la institución puede organizarse internamente dentro de los parámetros previamente establecidos.

En estas condiciones, el ente universitario puede dirigir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos, pero siempre bajo la dirección del Estado. Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-053 de 4 de marzo de 1998(7), consideró:

“...

Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas a un régimen legal especial que en la actualidad está consagrado en la Ley 30 de 1992; dada esa caracterización sus servidores son servidores públicos, que se dividen entre docentes empleados públicos, empleados administrativos y trabajadores oficiales, cuyos salarios y prestaciones sociales cubre el Estado a través del presupuesto nacional, específicamente de asignaciones para gastos de funcionamiento.

El legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, previas las asignaciones que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga el legislador a través de la ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea aplicable la restricción impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni obstruir el ejercicio de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus funciones y actividades sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la consolidación de una política macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al saneamiento y optimización en el manejo de las finanzas públicas”.

(ii) Del régimen de transición-beneficios.

La puesta en marcha de cambios normativos sobre asuntos de gran relevancia en el campo de la seguridad social y, más concretamente, del derecho a la pensión, evidencia la necesidad de proteger algunas situaciones que si bien no se encuentran consolidadas bajo las normatividades anteriores, y en consecuencia no tienen la connotación de derechos adquiridos, merecen una protección estatal, de cara a la vigencia de un orden social de derecho, en el que la dignidad humana, el trabajo y, en general, los derechos de las personas, se constituyan en el eje transversal de la actuación estatal.

Concretamente, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se produjo uno de los últimos grandes cambios que sobre este tópico se ha dado en el país. Su objetivo fue crear un sistema de seguridad social integral, en materia de salud, pensiones y riesgos profesionales, guiado, entre otros, por los principios de universalidad y solidaridad(8).

En materia de pensiones el referido cuerpo normativo estableció dos regímenes, uno, el solidario de Prima media con prestación definida administrado prioritariamente por el Instituto de Seguros Sociales; y, otro, el de ahorro individual con solidaridad a cargo de fondos privados(9). A su turno, puede afirmarse, además, que en materia de pensión por el riesgo de vejez las condiciones para su acceso en el régimen de prima media con prestación definida se hicieron más rigurosas, en materia de edad e incluso de tiempo cotizado con la entrada en vigencia de la reforma efectuada a través de la Ley 797 de 2003; por lo cual, cobró vital importancia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a través del cual se creó el denominado régimen de transición(10), en los siguientes términos:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

(…)”.

Atendiendo a la naturaleza y finalidad de la transición, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegió las denominadas expectativas ciertas desde dos puntos de vista, uno, la edad; y, otro, el tiempo de servicios, calculados, en ambos casos, a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Concretamente y en aplicación de la disposición antes referida puede afirmarse que el demandado a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, el 1º de abril de 1994 en el sector nacional y a más tardar el 30 de junio de 1995 en el sector territorial, contaba con más de 20 años de servicios y más de 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición.

Ahora bien, con fundamento en la norma previamente citada cabe precisar que el beneficio para quienes se encuentran amparados por la transición regulada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consiste en pensionarse con el régimen pensional vigente con anterioridad y que, al amparo del principio de favorabilidad, sea aplicable en cada caso, de cara a los siguientes elementos:

(i) edad;

(ii) tiempo requerido; y,

(iii) monto.

Debido a su claridad los dos primeros elementos no han ofrecido duda alguna; empero, el tercero ha sido discutido en diferentes escenarios.

En este sentido, cabe precisar que la palabra monto ha sido interpretada exclusivamente como el porcentaje que sobre el ingreso base de liquidación se aplica para efectos de cuantificar la pensión(11). Bajo esta óptica, entonces, la forma de liquidar la pensión debe someterse a lo establecido en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La tesis consolidada por esta corporación(12), sin embargo, se soporta en el principio de la inescindibilidad de la norma y pregona que por monto no puede entenderse simplemente una cifra de un porcentaje sino todos aquellos elementos que también componen el ingreso base de liquidación, esto es, la liquidación aritmética total del derecho. Por lo anterior, se ha afirmado que, en virtud del régimen de transición, la liquidación de la pensión debe someterse en cuanto al tiempo que se toma y los factores que lo componen a la normatividad anterior que se aplica en cada caso.

En el presente asunto, es de advertir que la Universidad de Caldas le reconoció al señor Gómez Giraldo el derecho a acceder al régimen de transición y, en virtud de dicho presupuesto, concedió la pensión de jubilación al tenor de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Por lo anterior, puede sostenerse que el demandado tenía derecho a obtener su prestación atendiendo a los criterios de edad, tiempo y “monto” establecidos en el referido cuerpo normativo.

Frente a la aplicación del principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa al trabajador, esta corporación mediante sentencia de 18 de febrero de 2010, expresó(13):

“Así, la liquidación del derecho pensional de los empleados cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto admite tres eventos:

1) La aplicación integral de la normatividad anterior en todos los aspectos que conforman el derecho pensional, que como se mencionó al principio corresponde a la esencia misma del sistema de transición.

2) La aplicación del régimen anterior salvo en el cálculo del ingreso base de liquidación, el cual se establecería por favorabilidad de conformidad con la primera regla del inciso 3º ibídem, esto es, con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hiciere falta al empleado para acceder a la pensión a partir de la vigencia de la Ley 100, cuando éste fuere inferior a 10 años; y

3) La aplicación del régimen anterior estableciendo el ingreso base de liquidación de conformidad con la segunda regla contenida en el inciso 3º en mención, es decir, con el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, cuando el que faltare para acceder a la pensión fuera superior a 10 años.

Al respecto debe entenderse que por ser de la esencia del régimen de transición la aplicación integral del régimen anterior, el primer supuesto opera de pleno derecho para quienes se encuentran inmersos en el mismo y consolidan su status pensional, así para efectos del cálculo del quantum pensional y la determinación del ingreso base de liquidación se observarán igualmente las normas que gobernaron la concesión del derecho; no sucede así para quienes consideran les beneficia la liquidación establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues si bien corresponde al juez aplicar el principio de favorabilidad, incumbe en estos casos a la parte interesada no sólo alegarla sino probar y aportar los elementos que permitan establecerla, pues bajo los tres supuestos anteriormente enlistados la favorabilidad de la norma sólo puede determinarse luego de la liquidación aritmética del derecho, por lo que se torna necesario para quien pretende la aplicación del inciso 3º en mención, probar que en efecto le beneficia y en tal sentido aportar los certificados salariales que respalden su pretensión”.

Con fundamento en lo anterior, entonces, podemos concluir que en vigencia del régimen de transición el ingreso base de liquidación(14) (IBL) de una pensión puede calcularse de diferentes maneras, optando por aquella que sea más favorable en cada caso particular pues sobre este tópico es imposible establecer reglas prima facie.

De conformidad con los anteriores criterios, a continuación se abordará el asunto sometido a consideración.

(iii) De la aplicación de la Ley 33 de 1985 en el presente caso.

De lo expresado anteriormente, debe la Sala analizar qué factores de los devengados por el actor, deben incluirse dentro de la base de la liquidación pensional, al amparo de lo establecido en la Ley 33 de 1985. Con tal objeto, se efectúan las siguientes precisiones:

Tal como se refirió en el acápite de pruebas, durante su vinculación con la Universidad de Caldas(15) el accionante devengó los siguientes conceptos:

• Asignación básica;

• Bonificación por servicios;

• Prima de servicios;

• Prima de vacaciones; y,

• Prima de navidad.

Con el objeto de determinar cuál o cuáles de los referidos elementos tienen la virtualidad de afectar positivamente el ingreso base de liquidación se transcribe la siguiente conclusión de lo que debe entenderse por factor salarial, efectuada en la providencia de esta corporación, Sección Segunda, de 4 de agosto de 2010, radicado interno 0112-2009, con ponencia de quien lo hace en el presente proceso:

“Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando”.

Asimismo, concordante con lo expresado en la misma providencia, del referido promedio tampoco pueden excluirse algunas prestaciones sociales que, a pesar de su naturaleza, han sido incluidas por voluntad del legislador en el ingreso base de liquidación pensional, como por ejemplo las primas de navidad y vacaciones referidas en el Decreto 1045 de 1978(16).

Con base en los anteriores lineamientos, entonces, a continuación se analiza cada uno de los factores devengados por el actor en la Universidad de Caldas, con el ánimo de determinar cuál o cuáles van a constituir el ingreso base de liquidación.

Prima de navidad, vacaciones y bonificación por servicios prestados.

Frente a estos tres elementos cabe resaltar que en el Decreto 1045 de 1978, artículo 45, se incluyeron como base de liquidación y ya el Consejo de Estado, en la providencia antes citada, tuvo la oportunidad de resaltar que aunque dicha norma no era aplicable al régimen de la Ley 33 de 1985 lo cierto es que servía, a título ilustrativo, de los factores que deben constituir base para la liquidación pensional.

En dicha providencia, además, sí se tuvieron en cuenta estos tres elementos; por lo cual, atendiendo al precedente se concluirá que estos conceptos si forman parte del salario para efectos pensionales y, en consecuencia, deben formar parte del ingreso base de liquidación de la pensión.

(IV) Del caso concreto

Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala define la situación concreta del señor Alberto Gómez Giraldo, así:

Mediante los actos administrativos demandados la Universidad de Caldas, le reconoció la pensión de jubilación al accionado, tomando en cuenta los 55 años de edad y los más de 20 años de servicios que prestó a la universidad, en un monto del 75% de lo devengado, con sujeción a lo previsto en la Ley 33 de 1985.

Ahora bien, tal y como lo consideró el a quo, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (jun. 30/95), el demandado cumplía las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 ibídem, el cual le permitía pensionarse con el régimen anterior. Por consiguiente, el marco jurídico para el reconocimiento de la pensión del demandado, es la Ley 33 de 1985(17); lo que quiere decir que al haber cumplido con los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios, la pensión debía liquidarse con los factores reconocidos y sobre la base del 75% tal como lo hizo el ente universitario en los actos administrativos demandados.

Así las cosas el proveído impugnado que negó las pretensiones de la demanda, será confirmado de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 31 de mayo de 2012, por la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, negó las pretensiones de la demanda formulada por la Universidad de Caldas contra Alberto Gómez Giraldo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(3) Cedula de ciudadanía visible a folio 7 del cuaderno 2.

(4) Información extraída de la certificación de 20 de noviembre de 2008, expedida por el jefe de la oficina de gestión humana de la Universidad de Caldas, fl. 16, cdno. ppal.

(5) Visible a folio 2 del cuaderno principal del expediente.

(6) Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M.P. doctor Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: “El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución”.

(7) Con ponencia del doctor Fabio Morón Díaz.

(8) Al respecto, ver el artículo 1º de la Ley 100 de 1993.

(9) Ver el artículo 12 de la Ley 100 de 1993.

(10) Esta figura, sin embargo, no era extraña a nuestro ordenamiento jurídico, pues la Ley 33 de 1985 había regulado en similares términos el cambio normativo por ella establecido.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; sentencia de 27 de marzo de 1998; radicado 10440; M.P. doctor José Roberto Herrera Vergara.

(12) Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 14 de noviembre de 2002; radicado interno 3534-2000; C.P. doctor Jesús María Lemos Bustamante.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia de 18 de febrero de 2010, radicación 25000-23-25-000-2003-07987-01(0836-08), Actora: Teresa Robles.

(14) Al respecto ver sentencia de 17 de marzo de 2011 Nº interno 1539-2010, con ponencia del suscrito, en la que se fijó el criterio para calcular el IBL.

(15) El período comprendido entre el 1º de abril de 1994 y hasta el 22 de marzo de 1999 (fl. 17 cdno. ppal.).

(16) Al respecto, a pesar de que este no es el cuerpo normativo aplicable al asunto sí sirve de referente para determinar qué conceptos deben incluirse como factor salarial para efectos pensionales.

(17) “ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.