Sentencia 2009-00120 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000-2009-00120-02 (18897)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Banco Comercial AV Villas S.A.

Demandada: U.A.E. DIAN

Decisión: Confirma la sentencia apelada

Asunto: Impuesto sobre la renta y complementarios año gravable 2003

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala.

1. Cuestión previa.

Con el recurso de apelación la parte demandante solicita que en virtud del numeral 1º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo “sean practicadas las pruebas, solicitadas y “decretadas” en primera instancia a que hacen referencia los numerales 8.3.18 a 8.3.20 de la demanda”.

Advierte la Sala que el Tribunal, mediante providencia del 21 de abril de 2010, adicionó el auto del 12 de febrero del mismo año, en el sentido de “rechazar las pruebas enunciadas en los numerales 8.3.18 a 8.3.20 del escrito de demanda, por no haber sido solicitadas ni allegadas oportunamente al proceso”; decisión que fue confirmada por esta corporación el 30 de septiembre de 2010.

Es decir, contrario a lo afirmado por la parte actora, las pruebas a las que se refieren los citados numerales no fueron decretadas por el Tribunal, por ende, no es procedente ordenar su práctica en esta instancia.

2. Problema jurídico.

Debe la Sala determinar:

i) Si la parte demandante tiene derecho a la deducción por amortización de inversiones conforme con el término señalado en la Resolución 3600 de 1988, por medio de la cual se adopta el Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero, o si por el contrario, conforme con el artículo 143 del Estatuto Tributario, debía comprobar que por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de las inversiones en discusión debía ser inferior a cinco (5) años.

ii) Si los hechos que generaron la pérdida de activos por siniestros ocurrieron por fuerza mayor, conforme lo prevé el artículo 148 del Estatuto Tributario.

3. Deducción por amortización de inversiones.

3.1. Afirma la parte apelante que la amortización de las inversiones en un término inferior a cinco (5) años es una facultad que le ha otorgado el legislador al contribuyente y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta tanto la naturaleza como la duración del negocio, para realizar la inversión en un plazo inferior al señalado en el artículo 143 del Estatuto Tributario.

Sostiene que en este caso era necesario amortizar las inversiones de conformidad con el Plan Único de Cuentas para el Sector Financiero y que la utilización de licencias de software y programas de computador se hace en términos menores a cinco (5) años.

3.2. Por su parte la Administración enfatiza que, en cualquier caso, para aceptar la deducción fiscal de las inversiones en plazos inferiores a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario, es imperativo demostrar que esos plazos menores de amortización se deben a la naturaleza, duración o término del negocio o actividad que origina la inversión.

3.3. Advierte la Sala que en los actos administrativos demandados la Administración negó la procedencia de algunas deducciones incluidas en el renglón 77 “Otras Inversiones” de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2003, solicitadas por el contribuyente por concepto de amortización de inversiones en cuantía de $5.345.682.371.

Estas inversiones se discriminan de la siguiente manera:

CuentaConceptoValor desconocido

518010Remodelación $1.045.694.129
518015Estudios y proyectos $2.499.484.402
518020Programas de computador $694.884.377
518095Comunicación satelital $600.560.312
518020 y
51809500
Programas de computador y comunicación satelital $505.060.149
Total  $5.345.682.371

3.3.1. La litis se centra en establecer si la parte demandante podía realizar la amortización de las citadas inversiones en un término menor a cinco (5) años.

3.3.2. Respecto del término para la amortización de inversiones, el inciso primero del artículo 143 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 de la Ley 223 de 1995, señala que las inversiones a las que se refiere el artículo 142 del mismo ordenamiento, esto es, las inversiones necesarias(9) realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con otros artículos del capítulo V del Estatuto Tributario y distintas de las inversiones en terrenos, pueden amortizarse en un término no inferior a cinco (5) años, salvo que se demuestre que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior.

3.3.3. Sobre la interpretación de las disposiciones en cita, la Sala, de manera reiterada, ha dicho que el término mínimo para la amortización de las inversiones a las que se refiere el artículo 142 del Estatuto Tributario es de cinco (5) años. Pero, a su vez ha aclarado que es posible la amortización en un término inferior “cuando se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior”(10).

En lo que tiene que ver con la naturaleza o duración del negocio, la Sala explicó que debía entenderse en relación con la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión, como serían los gastos preliminares de instalación y no respecto del desarrollo normal del objeto social de la empresa.

3.3.4. En este orden de ideas, es claro que son las normas tributarias las que definen la forma, término y procedimiento para efectuar la amortización, sobre la base de la regla general del plazo no menor a cinco (5) años, pero otorgando el derecho al contribuyente de comprobar la naturaleza o duración de la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión y, por ende, la procedencia de un plazo inferior a cinco (5) años para realizarla.

3.3.5. En este caso, la administración rechazó la amortización en discusión porque el contribuyente no comprobó la necesidad de amortizar las inversiones por concepto de remodelación, estudios y proyectos, programas de computador y comunicación satelital en plazos inferiores a los cinco (5) años.

3.3.6. En la demanda, la parte actora afirmó que la necesidad de amortizar estas inversiones en un plazo inferior al señalado se comprobó con la Resolución 3600 de 1988 por medio de la cual se adopta el Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero; con copia de los contratos de licenciamiento de software y por tratarse de un hecho notorio.

3.3.7. En relación con estas pruebas, la Sala advierte lo siguiente:

i) Resolución 3600 de 1988 - Plan Único de Cuentas para el Sector Financiero

Es cierto, como lo afirma la parte demandante, que la Resolución No. 3600 de 1988 es anterior al Estatuto Tributario(11). También lo es que se trata de un acto de obligatorio cumplimiento.

Pero, no cabe duda de que en materia impositiva, tratándose de amortizaciones fiscales, son las normas tributarias las que señalan las condiciones que todos los contribuyentes, incluidas las entidades financieras, deben tener en cuenta y cumplir para tener derecho a la deducción por amortización.

Se aclara que cuando el inciso segundo del artículo 142 del Estatuto Tributario hace alusión a la técnica contable, es para indicar que solo es amortizable la inversión cuando sea registrada como activo diferido o costo, pero en ningún momento remite a disposiciones de carácter contable para realizar la amortización de inversiones, mucho menos tratándose del plazo porque, como se expuso con anterioridad, éste dependerá de la carga del contribuyente de demostrar que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización se debía realizar en un plazo inferior al de cinco (5) años señalado en el inciso primero del artículo 143 del Estatuto Tributario.

Luego, al existir en la normativa tributaria disposición que señale de manera suficiente las exigencias y el procedimiento para que proceda la deducción por amortización de inversiones, no es acertado acudir a las normas de carácter contable(12) porque para el caso en estudio, prevalece la norma tributaria por su carácter especial(13).

ii) Copia de los contratos de licenciamiento de software.

En los antecedentes administrativos allegados al expediente obra copia del contrato de otorgamiento de licencia del Software del Instituto —SAS Institute Colombia S.A. suscrito el 30 de diciembre de 2002(14)— y del contrato de suplemento Nº 1 del contrato de licencia del instituto(15), pero, del mismo, no se infiere la necesidad de amortizar la inversión en un término inferior a cinco (5) años.

Por el contrario, en el suplemento se afirma que “El Cliente esta de acuerdo con una licencia no-cancelable de cinco (5) años para usar los productos de Software indicados en el Suplemento, además descritos en la Sección 2, en el Hardware Autorizado, en el sitio designado para el período de Diciembre 15, (sic) 2002 hasta 14 de diciembre de 2007. (…)”(16).

Además, obra como prueba la certificación del 24 de mayo de 2007 suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la parte demandante, en la que consta lo siguiente:

“La factura de venta Nº 0473 de SAS Institute Colombia S.A. NIT 830.048.654-5 del 3 de enero de 2003, corresponde a la licencia de módulos del sistemas SAS, por el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2002 al 14 de diciembre de 2003, por $508.475.844 la cual fue contabilizada en el mismo mes, registrando en el gasto directamente las cuotas de diciembre de 2002 y enero de 2003 por $84.745.974 y la cuenta 192020 cargos diferidos por programas de computador $423.729.970 los cuales se amortizaron en diez (10) meses a partir de febrero de 2003 a la cuenta 512080. Esta licencia es la única compra de licencia a término definido y las demás licencias objeto de amortización en la cuenta 518020 durante el año gravable 2003 corresponden a compras por período indefinido”(17).

Con fundamento en esta prueba, la administración realizó el cálculo de la amortización utilizando el término de cinco (5) años para las licencias objeto de amortización durante el año gravable 2003(18) y que corresponden a compras por período indefinido, salvo para la compra correspondiente a la factura Nº 0473 del 3 de enero de 2003 que tiene término definido(19).

Conforme con lo anterior, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que no aportó pruebas que de manera fehaciente permitan corroborar la necesidad de amortizar las inversiones en un término menor a cinco (5) años.

iii) Hecho notorio.

Afirma la parte demandante que es un hecho notorio que la tecnología avanza y evoluciona con rapidez, de tal modo que la inversión en una licencia de software o en un programa de computador no se realiza para ser utilizada por cinco (5) años o más, porque de ser así no podrían ofrecerse servicios ágiles y seguros a los usuarios del sistema financiero.

La Corte Constitucional ha definido el hecho notorio como “aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo”(20).

A su vez, esta Sala ha dicho que el hecho notorio se trata de “un acontecimiento conocido no sólo por el juez sino también por la generalidad de las personas que tengan una cultura media en el lugar donde ocurre el hecho o se ejercen las funciones”(21).

Es por lo anterior, que conforme con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, los hechos notorios no requieren prueba.

En este caso, a pesar de que el avance en la tecnología puede considerarse un hecho notorio, no hay razones que permitan concluir que la amortización de las inversiones realizadas por el contribuyente procedía en un plazo inferior a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario.

Es decir, no puede asegurarse que en todos los casos, cuando el contribuyente realiza una inversión relacionada con programas de computador, licencias, canales de comunicación, etc., en términos fiscales, su amortización debe realizarse en un determinado plazo.

Por eso, la norma autoriza de manera expresa al contribuyente para demostrar que por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de la inversión puede ser inferior al general de cinco (5) años señalado en el artículo 143, pero sobre la base de hechos ciertos y comprobados.

Es por esta razón que el plazo para realizar la amortización de inversiones en asuntos tecnológicos no es un hecho notorio. Requiere de prueba para su aceptación, carga que corresponde a aquél que pretende su reconocimiento, tal como lo prevé el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

3.3.8. En conclusión, la parte actora no cumplió con la carga procesal de probar que por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de la inversión en discusión debía ser inferior a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario, motivo por el cual, le asiste razón al Tribunal al no darle prosperidad a este cargo de ilegalidad.

4. Deducción por pérdida de activos por siniestros.

4.1. Manifiesta la parte recurrente que las pérdidas por siniestros de efectivo y canje, y por siniestros de cartera de crédito ocurrieron por fuera mayor y, por ende, se cumple con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

4.2. Para la administración, los hechos tales como fraudes, faltantes de caja, pérdida de efectivo y canje pérdida por cartera de crédito son previsibles dentro de la actividad bancaria, así como resistibles, al contratarse un seguro que los cubra, es decir, no se configura la fuerza mayor.

4.3. Advierte la Sala que en los actos administrativos demandados la administración negó la procedencia de algunas deducciones incluidas en el renglón 77 “Otras Inversiones” de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2003, solicitadas por el contribuyente por concepto de pérdidas por siniestros efectivo y canje por $657.704.936, y por siniestros por pérdida de cartera de crédito por la suma de $4.413.934.

4.4. El artículo 148 del Estatuto Tributario señala que son deducibles las pérdidas (i) sufridas durante el año o período gravable, (ii) concernientes a los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta y (iii) ocurridas por fuerza mayor.

4.5. En este caso, se centra el estudio en uno de los requisitos señalados por la norma en cita, esto es, que la pérdida de los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, para que pueda deducirse.

4.5.1. El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”.

4.5.2. Sobre el concepto de fuerza mayor o caso fortuito esta corporación ha dicho:

“(…) la fuerza mayor o caso fortuito es la circunstancia o evento que no se pudo ver o conocer con anticipación como algo posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no es factible intuir o esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es posible hacer oposición que neutralice o anule sus efectos. De modo que ella no solo radica en la irresistibilidad de la acción o violencia que entraña sino también en no poder ser prevista, no se pueda inferir de señal o indicio alguno, y esto dependerá de las circunstancias en que se hallen los sujetos o las personas eventualmente afectadas por ella”(22).

Y en reciente jurisprudencia, esta Sala ha señalado que para que un hecho pueda considerarse como fuerza mayor o caso fortuito, deben concurrir dos elementos esenciales: la imprevisibilidad y la irresistibilidad:

“La imprevisibilidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: “La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado…. Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad”.

Y la irresistibilidad, como lo dice la misma sentencia, “el hecho […] debe ser irresistible. Así como la expresión caso fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor, empleada como sinónimo de aquella en la definición legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”.

(…).

Para ese efecto, el juez debe valorar una serie de elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible…”(23).

4.5.3. En estos términos, le corresponde a la Sala determinar si los siniestros ocurridos durante la vigencia de 2003 y respecto de los cuales se solicita la deducción por pérdida de activos ocurrieron por fuerza mayor, es decir, si fueron imprevisibles e irresistibles.

4.5.4. Está probado en el expediente que el Banco Comercial AV Villas contrató la póliza de Seguro Global Bancario para Entidades Financieras con Seguros Alfa S.A., por el período de doce (12) meses desde el 14 de marzo de 2003 hasta el 14 de marzo de 2004, en la que consta que la suma asegurada asciende a $30.000.000.000 por todas y cada pérdida y hasta $55.000.000.000 en el agregado en exceso del deducible y que el objeto de la póliza es amparar dentro de las condiciones y límites establecidos en la misma, las pérdidas patrimoniales que sufra el asegurado con motivo del giro normal de sus operaciones ocasionadas por diferentes acciones internas y externas, tales como: infidelidad de empleados, falsificación, extensión de falsificación, moneda falsificada, cajillas de seguridad, pérdida de suscripción, crímenes por computador, indemnización profesional, entre otras(24).

4.5.5. El contrato de seguro no está definido en el Código de Comercio, pero la jurisprudencia ha dicho que “Se trata de un mecanismo de protección frente a múltiples riesgos que pueden afectar el patrimonio de las personas y que pueden ser asumidos por el asegurador, quien se compromete a pagar una indemnización en caso de realizarse tal riesgo —lo que se traduce en la producción del siniestro— a cambio del pago de una determinada suma de dinero, denominada prima”(25).

4.5.6. El riesgo asegurable, conforme con el artículo 1054 del Código de Comercio corresponde al “suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurado. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento” (Se resalta). Lo imposible no genera riesgo.

4.5.7. En este caso, el riesgo asegurable con la citada póliza tiene que ver con hechos futuros e inciertos pero probables, factibles o de posible realización, esto es, que la lógica y la razón permiten tenerlos como posibles en el sector financiero, dentro del giro ordinario del negocio.

4.5.8. Como se ha dicho en otra oportunidad, en el sector financiero “son frecuentes los hechos de fraude que afectan los fondos de las instituciones financieras”(26); por lo tanto, son perfectamente conocidos por las entidades de esta naturaleza, aun cuando no se tenga certeza del momento en el que sucederán, razón por la cual se toman previsiones para contrarrestar la ocurrencia de estos riesgos o para proteger el patrimonio de la entidad a fin de que sean asumidos por un asegurador.

4.5.9. Entonces, es claro que la póliza de seguro citada con anterioridad cubre un riesgo respecto del cual no se puede predicar certeza como tampoco imposibilidad en su ocurrencia, en este caso, en el sector financiero.

No obstante, la sola existencia de una póliza de seguro no necesariamente trae consigo la imposibilidad de que el contribuyente pueda comprobar que determinadas pérdidas fueron imprevisibles e irresistibles, es decir, que al contribuyente le corresponde la carga de la prueba de demostrar, en cada caso concreto, la ocurrencia de la fuerza mayor para que proceda la deducción prevista en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

4.5.10. Ahora bien, la parte actora afirma que la deducción por pérdida de activos es deducible porque los valores no cubiertos por la póliza de seguro global bancario constituyen pérdidas generadas en desarrollo de la actividad financiera desarrollada por el banco y ocurridas por actos vandálicos y siniestros inimputables, impredecibles e irresistibles.

4.5.11. Al respecto, la Sala advierte que tratándose del deducible de la póliza que debe asumir el asegurado, el contribuyente igualmente debe demostrar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en el citado artículo 148. Es decir, que debe demostrar que el riesgo respecto del cual se está aplicando el deducible fue imprevisible e irresistible.

4.5.12. En conclusión, la parte actora no demostró que los hechos que generaron la pérdida en discusión ocurrieron por fuerza mayor, es decir, no cumplió con la carga procesal de probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, motivo por el cual, le asiste razón al Tribunal al no aceptar la deducción por pérdida de activos con fundamento en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

5. Conclusión.

Teniendo en cuenta que en el sub–exámine la parte demandante no cumplió con la carga procesal de probar que (i) por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de las inversiones en discusión debía ser inferior a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario y (ii) que los hechos que generaron la pérdida de activos por siniestros efectivo y canje, y por siniestros por pérdida de cartera de crédito, ocurrieron por fuerza mayor, conforme lo prevé el artículo 148 ibídem, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Reconócese personería a la doctora Jacqueline Efigenia Prada Ascencio, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del memorial poder conferido, visible en el folio 378 del plenario.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

9 Conforme con el artículo 142 en cita, se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales.

10 Tesis expuesta en la sentencia del 7 de diciembre de 2006, radicado 14434, C.P. dr. Juan Ángel Palacio Hincapié. En esta sentencia se declaró la nulidad parcial del Concepto 06879 de 31 de agosto de 1998 en virtud del cual la DIAN, con fundamento en los artículos 142 y 143 inciso primero del Estatuto Tributario sentó como tesis jurídica que: “no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años”.
Reiterada en las sentencias del 19 de agosto de 2010, radicado 16750, C.P. dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 28 de julio de 2011, radicado 17161, C.P. dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

11 Decreto 624 de 1989.

12 En este sentido ver las sentencias del 19 de agosto de 2010, radicado 17010, C.P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 16 de agosto de 2012, radicado 18034, C.P. dr. William Giraldo Giraldo.

13 El artículo 136 del Decreto 2649 de 1993 señala los criterios para definir los conflictos de normas y en su aparte final prevé que “Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas”.

14 Fls. 1342 – 1346 c.a.

15 Fls. 1336-1339 c.a.

16 Fl. 1338 c.a.

17 Fl. 1436 c.a. En el folio 1435 se adjunta copia de la factura No. 0473 del 3 de enero de 2003 en donde se observa que el período de la licencia es del 15 de diciembre de 2002 al 14 de diciembre de 2003.

18
CuentaConceptoDeducción desconocida
518020Programas de computador – Licencias $177.508.595
518020Programas de computador – Página Internet $37.787.297
51809500Canales comunicación modernización satelital $289.764.257,42

19 Folio 82 según ampliación al requerimiento especial.

20 A-135 del 2 de octubre de 1997, M.P. dr. Carlos Gaviria Díaz, citado en la Sentencia C-145 de 2009, M.P. dr. Nilson Pinilla Pinilla.

21 Providencia del 5 de septiembre de 2002, radicado 13354, C.P. dra. Ligia López Díaz.

22 Sentencia del 24 de enero de 2008, expediente 2007-00127, C.P. dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

23 Sentencia del 3 de junio de 2010, radicado 16564, C. P. dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 31 de mayo de 2012, radicado 18516, C. P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

24 Fl. 1243 c.a.

25 Sentencia del 19 de junio de 2013, radicado 25472, C.P. dr. Danilo Rojas Betancourth.

26 Sentencia del 24 de julio de 2008, radicado 16123, C.P. dr. María Inés Ortiz Barbosa, reiterada en la sentencia del 31 de mayo de 2012, radicado 18516, C.P. dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.