Sentencia 2009-00126/19003 de octubre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 20001-23-31-000-2009-00126-02(19003)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Ricardo Jesús Anaya Visbal

Demandado: municipio de Becerril - Cesar

Fallo

Bogotá, D. C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Asunto preliminar.

Según el Ministerio Público, se debe declarar la nulidad de lo actuado por cuanto no fue notificado el auto admisorio de la demanda al representante legal del municipio, lo que impidió que la demandada ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

Observa la Sala que el municipio de Becerril, en el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia, solicitó la nulidad de lo actuado porque el auto admisorio de la demanda se había notificado únicamente al concejo del municipio de Becerril.

Mediante auto del 7 de julio de 2016(3), la Sala denegó el incidente de nulidad presentado, por cuanto, conforme con los hechos que aparecían probados, se verificó que la notificación al municipio se surtió en debida forma, puesto que la comunicación para notificación se dirigió tanto al Presidente del concejo municipal como al alcalde, y dado que las dos instituciones funcionan en el mismo establecimiento, se comprobó que la comunicación fue recibida por una misma persona.

2.2. Asunto de fondo. 

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir sobre la nulidad del Acuerdo 004 del 8 de abril de 2005, expedido por el Concejo Municipal de Becerril - Cesar: “Por medio del cual se adiciona un capítulo al título I sección I del Acuerdo 002 de marzo 07 de 1994”.

La Sala precisa que en la demanda se plantearon dos pretensiones: una principal o general encaminada a que se declare la nulidad de la totalidad del Acuerdo 004 del 8 de abril de 2005, expedido por el Concejo Municipal de Becerril - Cesar. Y una pretensión subsidiaria con la que se pretende se declare la nulidad de algunos apartes del parágrafo 1º del artículo 7º del acuerdo mencionado. Se procede a analizar las causales de nulidad propuestas para cada pretensión.

2.2.1. De si el Acuerdo 004 de 2005 es nulo por violación por falta de competencia. Violación de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 y artículos 1º, 150 [12], 287 [3], 313 [4] y 338 de la Constitución Política. Reiteración jurisprudencial.

El Acuerdo 004 de 2005 no es nulo por falta de competencia. La Sala reitera que los municipios sí están facultados para regular los elementos del impuesto de alumbrado público.

Como lo ha precisado en otras oportunidades(4), la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-504 de 2002, declaró exequible el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 con fundamento en que, precisamente, el artículo 338 de la Carta Política faculta a los concejos municipales para fijar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Dijo la Corte:

“(…) tal como lo ha venido entendiendo esta corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.

Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En consecuencia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanta ésta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.

(…)

Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activos y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo.

(…)

Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos –empresas de luz eléctrica y de gas–, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas”.

Las sentencias que dicta la Corte Constitucional, en ejercicio de la función de guardiana de la Constitución Política, constituyen precedente no solo vinculante sino obligatorio para todos los funcionarios judiciales y la comunidad en general.(5)

La citada sentencia fue acogida por esta Sección en la sentencia del 9 de julio de 2009(6), la que retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales que ya había expuesto la Sala en otra oportunidad, concretamente en la sentencia del 15 de octubre de 1999 (Exp. 9456) en la que se precisó que “(…) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.

También, se acogió de la sentencia citada que, “(…) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular”. (Negrilla fuera de texto).

La Sala se apartó de las sentencias del 11 de diciembre de 2008,(7) Exp. 16243 y del 17 de julio de 2008, Exp. 16170(8), porque desconocieron el precedente judicial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional. Y, por eso, con fundamento en la doctrina judicial expuesta, ha venido reiterando que acuerdos como el demandado no son nulos, fundamentalmente, porque:

— El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto.

— El artículo 1º de la Ley 97 de 1913 creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto.

— La ley que crea o autoriza la creación de un tributo territorial debe acompasar con el sistema tributario y debe ser congruente con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo.

— La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener relación con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con este.

— El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido rectificado, en virtud de la Sentencia C-504 de 2002, que dijo que la Ley 97 de 1913 sí estaba vigente y que estaba conforme con la Carta Política en cuanto faculta al Distrito Capital a regular el impuesto de alumbrado público.

Por lo expuesto, no le asiste la razón al demandante cuando señala que el Acuerdo 004 del 8 de abril de 2005 es nulo por la falta de competencia del Concejo Municipal de Becerril - Cesar, pues es claro que ese concejo contaba con la autorización de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para fijar los elementos del impuesto de alumbrado público en su jurisdicción. Por ende, no resulta acertada la posición que adoptó el Tribunal.

2.2.2. Pretensión subsidiaria. Nulidad del parágrafo 1º del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005, expedido por el Concejo Municipal de Becerril. 

En subsidio de la pretensión principal, el demandante pidió que se anulen los siguientes apartes del parágrafo 1º del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005, que dispone:

PARÁGRAFO 1º. Las tarifas de alumbrado público para los usuarios que a continuación se señala serán así:

• Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricidad y Gas, equivalente a 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, SMMLV.

• Subestaciones de Energía Eléctrica con capacidad nominal igual o superior a 2 MVA, 10 SMMLV.

• Líneas de Transmisión de Energía igual o superior a los 34 KW, 10 SMMLV”.

Según el apelante, en síntesis, los apartes acusados del parágrafo 1º del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 establecieron hechos generadores ajenos al hecho imponible contenido en la Ley 97 de 1913. Además, vulneran los principios de equidad e igualdad. El primero, porque la tasación del impuesto sobre salarios mínimos legales mensuales vigentes no es consustancial al impuesto mismo y, por lo tanto, no consulta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto. Y, el segundo, por dar un trato diferente e injustificado a empresas que pertenecen al sector industrial.

a) De si el Acuerdo 004 de 2005 estableció hechos generadores distintos a los que dispone la ley para el impuesto de alumbrado público. 

Sea lo primero precisar que el hecho generador del impuesto de alumbrado público fue regulado para el municipio de Becerril en el artículo tercero del Acuerdo 004 de 2005 en el siguiente sentido.

“ARTÍCULO TERCERO. El Estatuto de Rentas, Acuerdo 002 de marzo 07 de 1994, en el capítulo adicional del título I sección I, tendrá un artículo 63 - B, el cual será del siguiente tenor: HECHO GENERADOR. El y/o poseedor, y/o Arrendador y/o Ocupante, y/o Usufructuario a cualquier título de un bien inmueble y/o el beneficiario directo o indirecto del servicio de alumbrado público prestado en toda el área de la jurisdicción del municipio”.

Aunque este artículo no fue demandado, se transcribe para efectos de precisar si, el parágrafo del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 regula hechos generadores distintos al previsto en el propio acuerdo y en la Ley 97 de 1913, como lo alega el demandante.

La Sala considera que no y, para el efecto, parte de reiterar(9) que el hecho generador del impuesto de alumbrado público lo constituye el ser usuario potencial del servicio y, por eso, no resulta ajeno a la ley que creó el impuesto que los acuerdos municipales enuncien, en la norma que regula el hecho generador, a los sujetos que eventualmente podrían ostentar esa calidad de usuario potencial del servicio de alumbrado público.

El parágrafo del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 fija la tarifa del impuesto de alumbrado público en atención al sujeto beneficiado, para las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y gas. Pero también fija una tarifa, en atención a los activos beneficiados, esto es, por las subestaciones de energía eléctrica y las líneas de transmisión de energía, razón por la que se debe precisar quiénes serían los sujetos pasivos del impuesto.

Las líneas de transmisión de energía eléctrica son dispositivos que transmiten potencia eléctrica entre dos puntos(10). También se han definido como un “conjunto de conductores o cables que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de consumo. Los conductores se soportan en altas estructuras (torres o postes) que las separan la distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier otro objeto. La altura de estas estructuras garantiza que el flujo de electricidad a través de los conductores sea continuo y asegura que no se producirá interferencia con ningún otro elemento presente en el medio”(11).

En la legislación colombiana(12), las líneas de transmisión eléctrica forman parte de los sistemas de distribución local y regional, operadas por uno o varios operadores de red, que pueden ser, a su vez, los propietarios de las líneas de transmisión.

La subestación eléctrica, de su parte, “… es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, que forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la producción, conversión, transformación, regulación, repartición y distribución de la energía eléctrica…”(13).

En ese contexto, debe entenderse que el artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 alude a las empresas propietarias de las líneas de transmisión y de subestaciones de energía eléctrica como sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público.

En ese entendido, el parágrafo del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 no estaría creando hecho generadores nuevos pues, a fin de cuentas, los propietarios de tales activos de transmisión podrían ser usuarios potenciales del servicio. No obstante, la Sala debe reiterar que la condición de sujeto pasivo exige que el beneficiario resida o tenga domicilio en la jurisdicción del municipio que regula el impuesto, pues, el solo hecho de tener activos de transmisión en la jurisdicción del municipio no genera el impuesto.

En un caso análogo al ahora analizado(14), en el que se analizó si las empresas que administran oleoductos son sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público, la Sala precisó que tales empresas son sujetos pasivos de ese impuesto en la medida en que la empresa tenga establecimiento de comercio en el municipio que administra el impuesto.

De manera que, la Sala considera que el parágrafo del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 no modificó el hecho generador del impuesto de alumbrado público.

b) De la violación de los principios de equidad e igualdad. 

La Sala considera que el parágrafo 1º del artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 no es nulo por violación del derecho a la igualdad y el principio de equidad, pero siempre que se interprete conforme se precisa a continuación:

La base gravable del impuesto de alumbrado público fue regulada en el artículo sexto del acuerdo demandado de la siguiente forma:

ARTÍCULO SEXTO. “BASE GRAVABLE. El impuesto de alumbrado público consistirá en un valor mensual que se cobrará individualmente a los sujetos pasivos calculados por un porcentaje sobre el valor bruto del consumo de energía eléctrica teniendo en cuenta su estrato o nivel de suscriptores del servicio de energía eléctrica, para los contribuyentes no incorporados como suscriptores de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica se tomará como base un porcentaje de la liquidación del impuesto predial unificado y para las empresas de actividades especiales se determinará en salarios mínimos legales mensuales”.

Concordante con esa norma, el artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 estableció las tarifas para los sectores comercial(15) e industrial(16) en el 15% sobre el valor bruto del consumo de energía eléctrica, y en el Parágrafo primero fijó la tarifa para las “empresas de actividades especiales”, entre las que se mencionan a las empresas de servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas, que tributan a la tasa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y las subestaciones de energía eléctrica con capacidad nominal igual o superior a 2MVA en 10 SMMLV y para las líneas de transmisión de energía igual o superior a los 34 KW, que tributan a la tasa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En un caso análogo(17) al ahora analizado, la Sala decidió no anular el artículo 6º del Acuerdo 011 de 2000 del municipio de Soledad Atlántico, que fijó la tarifa del impuesto de alumbrado público para ese municipio, en las mismas condiciones que reguló el impuesto el municipio de Becerril, puesto que consideró que no se violaban los principios de equidad e igualdad.

Dijo la Sala en esa oportunidad:

El principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia. Conforme con ese principio están proscritas las formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados e injustificados tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual.(18)

La Corte Constitucional, al precisar el alcance del principio de igualdad en materia tributaria, esto es, de la equidad, en la Sentencia C-183 de 1998 dijo:

“(…) el principio de igualdad constituye un claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterio de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional”.

Para la Corte Constitucional, la igualdad tributaria está ligada a los conceptos de capacidad económica y progresividad. El primero, se materializa en la teoría de que frente a dos situaciones idénticas se debe otorgar el mismo tratamiento tributario y, el segundo, se traduce en la posibilidad de tratar de manera desigual situaciones que aparentemente merecerían el mismo tratamiento.

En el caso sub examine, el artículo 6º del acuerdo demandado fijó la tarifa del impuesto de alumbrado público para las empresas cuyas líneas de transmisión se encuentran ubicadas en el municipio de Soledad, de acuerdo a la capacidad de las líneas de transmisión, en una suma determinada de dinero. Literalmente, el artículo dispone:

“ARTÍCULO SEXTO: Establézcase (sic) el siguiente rango tarifario para Empresas cuyas líneas de transmisión estén situadas en jurisdicción del Municipio de Soledad así:

Líneas de transmisión a 220 kv $5.000.000

Líneas de transmisión a 110 kv 5.000.000

(…)”

De su parte, el artículo segundo del Acuerdo 11 de 2000 fijó la tarifa del impuesto de alumbrado para las empresas del sector industrial y comercial en un porcentaje fijo del 14% del valor del consumo de energía, con un tope máximo de $1.800.000.(19)

La Sala considera que el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000 no es violatorio del principio de igualdad o de equidad tributaria, por el hecho de haber fijado tarifas diferenciales a cargo de las empresas que tienen situadas en la jurisdicción del municipio de Soledad líneas de transmisión.

Las líneas de transmisión de energía eléctrica son dispositivos que transmiten potencia eléctrica entre dos puntos(20). También se han definido como un “conjunto de conductores o cables que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de consumo. Los conductores se soportan en altas estructuras (torres o postes) que las separan la distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier otro objeto. La altura de estas estructuras garantiza que el flujo de electricidad a través de los conductores sea continuo y asegura que no se producirá interferencia con ningún otro elemento presente en el medio”(21).

En la legislación colombiana(22), las líneas de transmisión eléctrica forman parte de los sistemas de distribución local y regional, operadas por uno o varios operadores de red, que pueden ser, a su vez, los propietarios de las líneas de transmisión.

En ese contexto, debe entenderse que el artículo 6º del Acuerdo 011 de 2000 alude a las empresas propietarias de las líneas de transmisión como sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público. Tales sujetos no necesariamente pueden ser consumidores del servicio de energía eléctrica que se presta en el municipio. (subraya fuera de texto)

En esas condiciones, es razonable el trato diferencial previsto en el artículo 6º del Acuerdo 11 de 2000, pues las empresas cuyas líneas de transmisión están situadas en jurisdicción del municipio de Soledad no están en la misma situación de las empresas industriales y comerciales que en calidad de usuarios regulados del servicio de energía eléctrica(23), también fungen como sujetos pasivos del impuesto, al tenor del artículo 2º del acuerdo.

Ya en otra oportunidad la Sala precisó que “Teniendo en cuenta que el servicio de alumbrado público es de carácter colectivo, resulta procedente que se le imponga la calidad de sujeto pasivo del tributo a los propietarios y usufructuarios de subestaciones de energía eléctrica y, propietarios, arrendatarios u operadores de líneas de transmisión de energía eléctrica, (…)(24).

Fíjese que en la sentencia citada se partió de la consideración de que las empresas propietarias de líneas de transmisión no sean consumidoras del servicio de energía eléctrica, hecho que consideró pertinente para establecer una diferencia razonable en la forma de tributar de las empresas.

No obstante, como se precisó anteriormente, la Sala también ha dicho que para que se cause el impuesto de alumbrado público en determinada jurisdicción es menester que las empresas tengan establecimiento de comercio en esa jurisdicción. En ese entendido, las empresas que tienen establecimiento de comercio en determinados municipios son consumidoras del servicio de energía eléctrica, salvo prueba idónea en contrario.

En consecuencia, en estos eventos, es lo propio que, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas propietarias de las líneas de transmisión y de subestaciones tributen en las mismas condiciones que una empresa del sector de servicios.

Eso no quiere decir que las tarifas que fijen los municipios en salarios mínimos o valores previamente establecidos no se puedan establecer, tal como lo hizo, en este caso, el municipio de Becerril, pues, la Sala reitera que esa forma de fijar el impuesto también es apropiada, como por ejemplo, para aquellos casos de propietarios de inmuebles (terrenos) ubicados en la jurisdicción municipal respectiva, que se benefician del alumbrado público, pero que no consumen energía eléctrica. Bien podría ser que los propietarios de las líneas de transmisión y de subestaciones no residan en el municipio, pero sí sean propietarios de los terrenos en que se instalan tales líneas. Finalmente, de lo que se trata es que en la medida en que exista un vínculo con el municipio que pueda ser tenido como referente idóneo para identificar a un potencial usuario del servicio de alumbrado público, éste pueda contribuir a su financiamiento. El mejor referente y el que mejor consulta la capacidad contributiva es el consumo del servicio de energía eléctrica, pero, si no hay consumo de energía domiciliaria, es pertinente que se regule una base gravable fijada, por ejemplo, sobre un porcentaje del impuesto predial(25), o en salarios mínimos o valores fijos, en atención al vínculo que exista con el respectivo municipio.

De manera que, lo que considera inaceptable la Sala es que se categoricen a ciertas empresas como “empresas de actividades especiales” para imponerles un tributo diferenciador que no consulte en equidad ni en derecho de igualdad, la forma en que se grava a otras empresas de sus mismas condiciones, puesto que esa discriminación no es razonable ni se ajusta a los fines para los que se impone el tributo que no es otro que contribuir al financiamiento de las cargas públicas en condiciones de justicia y equidad [artículo 95-9 C.P.]

Fíjese, entonces, que el artículo 7º del Acuerdo 004 de 2005 regula tarifas del 12 y 15 % sobre el consumo de energía eléctrica domiciliaria, y, en el parágrafo, estipula tarifas en salarios mínimos mensuales legales vigentes para ciertas empresas. No fija una tarifa especial para los propietarios de inmuebles que no consuman energía eléctrica.

En consecuencia, la Sala considera pertinente revocar la sentencia apelada para denegar la nulidad del Acuerdo 004 de 2005, siempre que se entienda que las denominadas “Empresas de actividades especiales”, tales como, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricidad y Gas, las empresas propietarias de Subestaciones de Energía Eléctrica con capacidad nominal igual o superior a 2 MVA y de Líneas de Transmisión de Energía igual o superior a los 34 KW, de que trata el artículo 6º del mismo Acuerdo 004 de 2005, pagarán el impuesto de alumbrado público a la tarifa establecida en el parágrafo 1º del artículo 7º del mismo acuerdo cuando no siendo consumidoras del servicio de energía eléctrica, tengan establecimiento de comercio en el municipio o sean propietarias de inmuebles en esa jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia del 7 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el contencioso de simple nulidad iniciado por Ricardo Jesús Anaya Visbal contra el municipio de Becerril. En su lugar:

2. DENÍEGASE la nulidad del parágrafo 1º del artículo 7º del Acuerdo 004 del 8 de abril de 2005, proferido por el Municipio de Becerril - Cesar siempre que se entienda que las "Empresas de actividades especiales": Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricidad y Gas, las empresas propietarias de Subestaciones de Energía Eléctrica con capacidad nominal igual o superior a 2 MVA y de Líneas de Transmisión de Energía igual o superior a los 34 KW, de que trata el artículo 6º del mismo Acuerdo 004 de 2005, pagarán el impuesto de alumbrado público a la tarifa establecida en el parágrafo 1º del artículo 7º del mismo acuerdo cuando no siendo consumidoras del servicio de energía eléctrica, tengan establecimiento de comercio en el municipio o sean propietarias de inmuebles en esa jurisdicción.

3. En lo demás NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

3 Folio 258 c.p.

4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D. C., 6 de agosto de 2009. Numero Interno 16315.

5 Artículos 230 y 243 de la Constitución Política y Sentencia C-539 de 2011 de la Corte Constitucional. Y sobre los efectos de las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional, artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y Sentencia C-444 de 2011, entre otras.

6 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá, D. C. nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009). Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).

7 El Consejo de Estado en sentencia del 11 de diciembre de 2008, proferida en el Expediente 16243, consideró que si bien la Corte Constitucional declaró exequibles los literales d) e i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, esas normas establecieron el tributo sin determinar los elementos de la obligación tributaria, por lo que el mismo carece de identidad.

8 En sentencia de 7 de julio de 2008, Exp. 16170. C. P. doctora Ligia López Díaz, la Sala precisó: “[…] si el hecho generador es la iluminación de espacios de libre circulación, no hay claridad sobre lo que se pretende gravar. Si se dijera que es el simple tránsito por dichos lugares, no hay certidumbre sobre cuál es el indicador de capacidad contributiva. Si por el contrario es la propiedad de un bien inmueble o la realización de actividades dentro del municipio, no es evidente su relación con la iluminación de bienes de uso público. Tampoco puede considerarse como el costo del servicio ni como retribución por el beneficio obtenido, pues no es posible identificar la persona que percibe directamente el servicio de alumbrado y en particular la manera de determinar la proporción del beneficio.

9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D.C. 11 de agosto de 2009. Numero Interno 16667.
En esta sentencia se precisó que el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, a su vez, la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión.
En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial receptor de ese servicio.
La sentencia también precisó que es usuario potencial del servicio de alumbrado público “… todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo”.

10 http://www.slideshare.net/NachoE3TyahooSnchez/conceptos-1-27531249

11 http://www.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LTD/LTD.pdf

12 Artículo 24 de la Ley 142 de 1994, Resolución CREG 70 de 1998.

13 https://twenergy.com/co/a/que-son-las-subestaciones-electricas-y-para-que-sirven-1759

14 Ídem Exp. 16667.
Se dijo en esa sentencia: Para el caso de la norma demandada debe entenderse que el artículo 11 del Acuerdo 101 de 2002 está referido a las empresas cuyos oleoductos atraviesan la jurisdicción del municipio de San José de Cúcuta pero que, además, residen en esa localidad. En este entendido, la norma no vulnera el artículo 338 de la Carta Política.
En el mismo sentido ver: Sentencia del 19 de febrero de 2015, Exp. 19546 C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

15 Tarifa mínima $14.900.

16 Tarifa mínima $35.000.

17 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D. C. seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014). Nº Interno (18804).

18 Corte Constitucional, Sentencia C-032/2005.

19 “ARTÍCULO SEGUNDO: Sector industrial y comercial: Modifíquese las tarifas de alumbrado público para las categorías Comerciales e Industriales, las cuales será de un catorce por Ciento (14%) del valor del consumo de energía, con un topo (sic) máximo de un millón ochocientos mil pesos M.L. ($1.800.000,oo) por usuario. (…)”.

20 http://www.slideshare.net/NachoE3TyahooSnchez/conceptos-1-27531249

21 http://www.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LTD/LTD.pdf

22 Artículo 24 de la Ley 142 de 1994, Resolución CREG 70 de 1998.

23 El artículo 3º del Acuerdo 11 de 2000 dispone que para el cobro del impuesto de alumbrado público a los sujetos previstos en el artículo 2º, la Electrificadora del Caribe, la Concesionaria, la Fiduciaria y las demás comercializadoras de energía rendirán cuenta mensual al municipio de Soledad a través de la Secretaría de Impuesto o quien haga sus veces demostrando los valores facturados, recaudados y transferidos de dicho impuesto.

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E). Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013). Referencia 080012331000200301799 01. Radicado 19183. Actor: Ricardo Jesús Anaya Visbal. Demandado: municipio de Malambo.

25 Sobre este particular ver:
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) Radicación 25000-23-27-000-2009-00053-01(19383) Actor: Clara María González Zabala. Demandado: municipio de Girardot - Cundinamarca.