Sentencia 2009-00127 de junio 19 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 270011102000-2009-00127-01 / 2492 F

Aprobado según Acta 46 de esta misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del doctor Horacio Rojas Pino, Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, contra el proveído del 5 de septiembre de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó(1), mediante el cual lo sancionó con un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Hechos y antecedentes procesales.

Ha sido génesis de las presentes diligencias el oficio CSJCH-PSA02-567 del 3 de junio de 2009, signado por la doctora Olga Lucía Ramírez Delgado, Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, en el que remite copia del escrito del 7 de mayo de 2009, suscrito por los señores Gustavo Gutiérrez Díaz y otros, en su calidad de Concejales del Municipio de Bahía Solano, remitido por la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el cual solicitan se le haga seguimiento a los procesos ejecutivos laborales identificados con los radicados 2008- 00065 de Nhora Díaz Díaz y 2008-00126, 2008-00127 de Luz Nereyda Torres, contra el Municipio de Bahía Solano, por presuntas irregularidades en las que ha podido incurrir en el trámite de los mismos, el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano; irregularidades que se contraen a las siguientes:

Señalaron los quejosos que los dineros perseguidos en dichos procesos, ya se habían cancelado, y además, ese tipo de acciones no se pueden adelantar contra un ente territorial sometido a Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999 (fls. 1-3 c.o.).

Diligencias preliminares.

1. Indagación preliminar(2): La magistrada a cargo de las diligencias dispuso iniciarlas el día 21 de julio de 2009 solicitando como pruebas las siguientes:

— Practicar diligencia de inspección judicial a los procesos ejecutivos laborales con los radicados 2008- 00065, 2008-00126 y 2008-127 que cursan en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano.

— Oficiar a la Alcaldía Municipal de Bahía Solano, para que certificara si ese ente territorial se encuentra sometido a Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999 la remisión del mismo.

— Solicitar a la Coordinación de la Dirección Judicial de Quibdó, que certifique el nombre del titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano y sobre la vinculación del mismo, señalando la fecha de incorporación al cargo, el salario devengado a partir de 2008 y copia de los actos administrativos de nombramiento y posesión.

2. Apertura de investigación disciplinaria(3): El día 8 de marzo de 2010 el doctor Jesús Orlando Palta Guzmán, Magistrado del Seccional de Instancia dispuso la Apertura de Investigación Disciplinaria con el propósito de revisar la ocurrencia de la conducta endilgada y ordenó oficiar a la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia y a la Procuraduría General de la Nación, para solicitar los antecedentes disciplinarios del investigado.

3. Pliego de cargos(4): Por providencia del 18 de agosto de 2011, se le formuló pliego de cargos al doctor Horacio Rojas Pino, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, por presunta trasgresión al numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por no dar aplicación al artículo 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999 y artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior en razón a que en el trámite de los procesos ejecutivos laborales radicados bajos los números 2008-00065, 2008-00126 y 2008-00127, adelantados en contra del Municipio de Bahía Solano, el disciplinado admitió las demandas, libró mandamiento de pago y ordenó el decreto de las medidas cautelares de los recursos del citado ente territorial, encontrándose el mismo sometido a Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999.

La falta endilgada fue calificada como grave a título de dolo.

De esta providencia se notificó personalmente al doctor Rojas Pino, a través de funcionario comisionado, el 18 de noviembre de 2011, a su apoderado y al Agente del Ministerio Público.

4. Descargos: No se presentaron descargos por parte del disciplinado o su apoderado a pesar de haber sido debidamente notificados.

5. Pruebas: Dentro del plenario se allegaron y practicaron las siguientes pruebas relevantes y pertinentes:

1. Oficio CSJCH-PSA-02-567 del 3 de junio de 2009, signado por la doctora Olga Lucía Ramírez Delgado, Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante el cual remitió el escrito firmado por los quejosos (fls. 1-3 c.o.)

2. Oficio número CAQ. 17-03-990 del 13 de octubre de 2009, mediante el cual la Dirección de Coordinación Administrativa y Judicial de Quibdó remitió a esta Sala de primera instancia el certificado No. 892 del día 8 del mismo mes y año, informando sobre el tiempo laborado y salario devengado por el servidor judicial disciplinable; además, allegó copia del acto administrativo de nombramiento y acta de posesión en el cargo (fls. 11-14 c.o.)

3. Acta de diligencia de inspección judicial practicada a los procesos ejecutivos laborales radicados bajo los números 2008-00065 de Nhora Díaz Díaz, 2008-00126 y 2008-00127 ambos de Luz Nereyda Torres Moreno, contra del Municipio de Bahía Solano y se compulsaron copias de las piezas procesales pertinentes (fls. 17 -103 c.o.)

4. Escrito de fecha 12 de julio de 2010, suscrito por el ciudadano Edisson Mena Perea, dirigido a esta Sala, mediante el cual manifiesta que en ningún momento ha formulado denuncia en contra del doctor Horacio Rojas Pino (fI. 111 c.o.).

5. Acta de diligencia de versión libre y espontánea rendida por el doctor Horacio Rojas Pino, a través de funcionario comisionado (fls. 116-117 c.o.).

6. Oficio 066 del 25 de mayo de 2011, mediante el cual el señor Alcalde Municipal de Bahía Solano, doctor Orlando Zapata Osorio, remite copia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, suscrito entre el Municipio de Bahía Solano y sus acreedores (fls. 128 a 139 c.o.).

7. Certificado número 27154 del 10 de mayo de 2012, expedido por la Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, señalando que el doctor Rojas Pino, no registra sanción disciplinaria (fI. 163 c.o.).

6. Alegatos de conclusión(5): Tanto el Ministerio Público como el disciplinado o su defensor de confianza, no presentaron alegatos de conclusión a pesar de haber sido notificados de manera personal.

Proveído de primera instancia(6)

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante providencia del 5 de septiembre de 2012(7), dispuso:

“1. SANCIONAR con un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública, al doctor Horacio Rojas Pino, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.850.435, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 o Estatuaria de la Administración de Justicia, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Manifestó el a quo, que existe certeza sobre la existencia material de la ilicitud disciplinaria por parte del prenombrado funcionario judicial, y éste en calidad de titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, respecto al trámite de los procesos ejecutivos laborales distinguidos con la Radicación 2008-00065, 2008-00126 y 2008-00127, adelantados contra el Municipio de Bahía Solano, encontrándose el mismo sometido a Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, y haber librado mandamiento ejecutivo de pago dentro de los procesos ejecutivos laborales en el trámite de los procesos radicados 2008-00126 y 2008-00127, teniendo como base para el recaudo la Resolución 136 del 29 de febrero de 2008 que no cumplía con el requisito de exigibilidad, es decir, los 18 meses señalados en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; certeza que respecto a las anteriores actuaciones no fue desvirtuada, por el contrario ha sido reafirmada, y se puede colegir que la actuación del investigado, en su condición de titular del mencionado despacho judicial, encaja en la descripción típica que referencia el artículo 153 numeral 1o de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, como falta contra uno dos de los deberes de los funcionarios de la Rama Judicial, pues, no queda duda alguna, que en el plenario no se logró desvirtuar porque el disciplinado, injustificadamente actuó de esa forma.

Fundamentos de la apelación(8)

El disciplinado por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

1. Que la procedencia de la medida de embargo por créditos causados con posterioridad al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en el caso materia de controversia, tiene asidero en que estos se dieron después de la firma del citado Acuerdo, “habida cuenta que esta data del año 2001 y el reconocimiento que sirvió de título ejecutivo es del año 2008”.

2. Que los procesos laborales tenían como título ejecutivo una Resolución de reconocimiento de estipendios laborales, y no era menester agotar los 18 meses como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, por tanto no se debe endilgar falta disciplinaria en el proceder del funcionario investigado.

3. Que la Jurisprudencia Constitucional es clara y pacífica en señalar que la órbita de autonomía e independencia funcional no puede ser injerida por la actividad disciplinaria.

4. Que existe falta de prueba sobre la culpabilidad, porque en el caso concreto sólo se estudió un aspecto del dolo, esto es, el conocimiento, luego “no existe prueba de la voluntad de querer proceder conociendo que se actuaba contra derecho”.

5. Que hay exclusión de la culpabilidad por error invencible sobre una característica del tipo disciplinado, puesto que el disciplinado tuvo la convicción erada e invencible de que estaba actuando conforme a la ley.

Mediante auto del 1º de octubre de 2012(9), se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Trámite de segunda instancia.

Una vez allegadas las diligencias en esta instancia, mediante auto del 11 de octubre de 2012, se avocó el conocimiento de las mismas y se dispuso correr traslado al Ministerio Público(10).

El 11 de octubre de 2012 se notificó debidamente al Representante del Ministerio Público, sin emitir concepto alguno(11).

El 9 de noviembre de 2012(12) la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Certificado de Antecedentes Disciplinarios y puso de presente que contra el funcionario investigado no aparece sanción alguna.

Consideraciones de la Sala.

1. Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

2. Asunto a resolver. Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado del doctor Horacio Rojas Pino, Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, contra el proveído del 5 de septiembre de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante el cual lo sancionó con un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo.

La anterior determinación fue tomada, con fundamento en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 o Estatuaria de la Administración de Justicia, en concordancia con los artículos 196 de la Ley 734 de 2002, numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 y el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, los mencionados artículos establecen:

*“Ley 270 de 1996. ART. 153.—Deberes.Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer Cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

* “Ley 734 de 2002. ART. 196.—Faltas disciplinarias. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

*“Ley 599 de 1999. De la reestructuración de pasivos de las entidades territoriales. ART. 58.—Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales.Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:

(…)13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho”.

*Código de Procedimiento Civil

"ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

3. Decisión del caso. De acuerdo al acervo probatorio allegado a estas diligencias, podemos deducir que la inconformidad de los quejosos se centra en las irregularidades en que incurrió el investigado al interior de los expedientes ejecutivos laborales radicados 2008-00065, 2008-00126 y 2008-00127.

En el sub lite, se allegaron copias de las piezas procesales de los expedientes de marras, evidenciando que el querellado incurrió en irregularidades que ameritan en su contra juicio de reproche.

Así las cosas se logra concluir con toda claridad, que en efecto en el trámite de los procesos ejecutivos laborales radicados 2008-00065, 2008-00126 y 2008-00127, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999, no resultaba viable librar mandamiento en contra del Municipio de Bahía Solano, por lo que el investigado de manera incorrecta aplicó el artículo 34 numeral 9, el cual reza de la siguiente manera:

"ART. 34. L. 550/99.—Efectos del acuerdo de reestructuración. Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:

(...) 9. Los créditos causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, al igual que la remuneración de los promotores y peritos causada durante la negociación, serán pagados de preferencia, en el orden que corresponda de conformidad con la prelación de créditos del Código Civil y demás normas concordantes, y no estarán sujetos al orden de pago que se establezca en el acuerdo. El incumplimiento en el pago de tales acreencias permitirá a los acreedores respectivos exigir coactivamente su cobro, y podrá dar lugar a la terminación de la negociación del acuerdo o del acuerdo mismo, a menos que el respectivo acreedor acepte una fórmula de pago según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 35 de la presente ley".

De esta transcripción se determina que el artículo precitado es de aplicación exclusiva de las empresas privadas o de economía mixta que se sometan a Acuerdos de Reestructuración de Pasivos, a efectos de posibilitar en el tiempo el restablecimiento de la capacidad de pago y la recuperación de la viabilidad financiera.

Ahora bien, las acreencias laborales que se cobraron en los referidos procesos ejecutivos laborales, fueron hechas con posterioridad a la negociación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Municipio de Bahía Solano y sus acreedores, el 16 de mayo de 2011, ya que se causaron en el año 2003.

Lo anteriormente señalado hace inferir claramente que las mencionadas acreencias no hacen parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, y que como lo expresó el a quo en su oportunidad “sólo podían hacerse efectivas persiguiendo los bienes del ente demandado, de conformidad con el numeral 70 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999”, normatividad que fue desconocida por el disciplinado.

Por otra parte, en cuanto a la autonomía funcional alegada por el libelista es preciso determinar que esta no es absoluta; en consecuencia, cuando el operador judicial en ese ejercicio de la función jurisdiccional interpreta una norma de manera contraria a los mandatos legales, como ocurrió en el caso concreto, donde el señor Juez investigado doctor Rojas Pino, so pretexto de librar mandamientos de pago en el trámite de los pluricitados procesos ejecutivos laborales, aplicó el artículo 34 numeral 90 de la Ley 550 de 1999, desconociendo lo preceptuado en el artículo 58 numeral 13 de la misma ley, y con ello el objeto y finalidad de la misma, no se puede hablar de autonomía funcional.

De igual manera, frente al requisito de exigibilidad de los 18 meses consagrados en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, es pertinente señalar que esta Superioridad comparte el criterio esbozado por la Sala de primera instancia cuando expresó que, “(…)Teniendo en cuenta que el documento que se tuvo como título base para el recaudo ejecutivo en el trámite de los procesos ejecutivos laborales radicados bajo los números 2008-00126 y 2008-00127, lo constituye la Resolución 136 del 29 de febrero de 2008, expedida por el Alcalde Municipal de Bahía Solano, reconociendo acreencias laborales del año 2003 a personas que prestaron sus servicios como docentes a dicha entidad, y la demanda ejecutiva fue presentada en el mes de octubre de 2008, es evidente que sólo habían transcurrido aproximadamente ocho (8) meses de haberse expedido el citado acto administrativo; lo que indica que dicho acto administrativo no cumplía con todos los requisitos consagrados en el mandato legal del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se había cumplido el requisito de exigibilidad de los 18 meses consagrados en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

Por otra parte, recuérdese que las normas disciplinarias buscan encauzar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, imponiéndoles una serie de deberes para lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, de manera que el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional y su incumplimiento determina la antijuridicidad de la conducta, empero, no es el mero desconocimiento formal del deber, sino la infracción sustancial del mismo, lo que atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia y altera el discurrir normal de los actos.

No existe duda en este caso, acerca del desconocimiento de los deberes legales a cargo del funcionario disciplinado, ni sobre su responsabilidad, pues su conducta se muestra carente de justificación, y aunado a ello, dada su formación profesional y su experiencia como servidor de la Rama Judicial, existe certeza sobre su conocimiento jurídico, por lo que el incumplimiento de las normas procesales en cita, tornan reprochable su conducta, a título de culpa grave, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, de cara a los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos en precedencia.

En cuanto a la sanción impuesta al funcionario disciplinable, será confirmada, por cuanto se ajusta a los parámetros establecidos para tal efecto en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados por la ley, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor, y efectivamente el doctor Horacio Rojas Pino, Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano, omitió cumplir, con los deberes a los cuales estaba obligado al incurrir en las irregularidades narradas anteriormente en procesos ejecutivos laborales radicados 2008-00065, 2008-00126 y 2008-00127.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 5 de septiembre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante el cual se sancionó al doctor Horacio Rojas Pino, Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano con un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 o Estatuaria de la Administración de Justicia, en concordancia con los artículos 196 de la Ley 734 de 2002, numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 y el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

 

(1) Sala integrada por las Magistradas, Rocío Mabel Torres Murillo y Ernestina Córdoba Córdoba.

(2) Fls. 5-6.

(3) Fls. 105-106

(4) Fls. 139-149.

(5) Fls.155-172.

(6) Fls. 174-192.

(7) Fls.210-228.

(8) Fls. 194-212.

(9) Fl.214.

(10) Fl. 4 cuaderno copias.

(11) Fl. 9 cuaderno copias.

(12) Fl. 10 cuaderno copias.