Sentencia 2009-00131 de febrero 5 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000 2009 00131 02

Magistrado Ponente

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 5 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

La Sala es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta de las sentencias emitidas por los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, facultad dada por los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política, 112-4 y parágrafo de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007.

Procedencia de la consulta

Para empezar es importante recordar que en la Sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta. según el tribunal constitucional, la consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida(24).

Para el caso bajo examen, procede el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.

En este sentido el artículo 59 numeral 1º del estatuto abogadil establece en el marco de reparto competencial de la jurisdicción disciplinaria:

“ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la ley estatutaria de la administración de justicia y en este código”.

Consideraciones previas

El derecho disciplinario de la abogacía comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el estado constitucional, social y democrático de derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados en razón de su función social, que demanda del letrado un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria.

Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de sus deberes profesionales, o por la incursión o la realización de faltas en particular, esto es, faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional, contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas, contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, faltas de lealtad con el cliente, faltas a la honradez del abogado, faltas a la lealtad y honradez de los colegas, faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos; constituyendo también falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o el deber de independencia profesional. Sin duda estamos en presencia de un derecho público, constitucional y autónomo(25).

Un sistema de control que busca garantizar el comportamiento ético y de contera el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al Estado constitucional, garantizando los derechos de quienes representan esta profesión liberal, y en el que partiendo del reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, se exige el cumplimiento de unos deberes especiales reforzados, y en la medida que determinadas conductas de aquellos afecten tales objetivos, por desconocimiento de los principios inspiradores del buen funcionamiento de la administración de justicia, corresponde a esta jurisdicción disciplinaria, dentro de unas precisas orbitas de competencia, aplicar las sanciones, previa incoación y trámite del proceso, investigación o expediente, rodeado de las garantías procesales constitucionales inherentes a esta forma de Estado.

Son las garantías procesales constitucionalizadas, o el debido proceso dentro de nuestro entorno, que comprende el derecho a no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa; ante operador jurídico competente y con observancia de la plenitud de las formas propias del proceso; a que se le aplique la Ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior respecto de la restrictiva o desfavorable; a que se presuma su inocencia mientras no se le haya declarado culpable; el derecho a la defensa y a la asistencia de un Abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la decisión sancionatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, siendo nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Caso concreto

Las pruebas aportadas al diligenciamiento, conducen a esta Sala a confirmar la decisión tomada por el a quo. Para llegar a esta conclusión, procede la Sala a analizar el cargo formulado al profesional del derecho con el acervo probatorio obrante en el expediente.

Las presentes diligencias se iniciaron con la queja elevada por el señor José Antonio Lobo Gerardino, en contra del doctor Jaime De Jesús Tobón Pizano, al indicar que lo contrató para que adelantara proceso ejecutivo en contra de los señores María Consuelo Flórez Cardona y otro, pero “...en la forma tan abusiva como este señor abogado reclamo ante el Juzgado Catorce Civil Del Circuito, títulos valores que me corresponden como demandante ante el proceso ejecutivo 2005 0403 he hizo uso de ellos en forma abusiva y sin mi autorización (Sic a lo transcrito)...”(26).

A partir de la situación fáctica descrita y los medios probatorios recaudados a lo largo de la actuación, el Seccional de Antioquia decidió formular cargos en contra del profesional del derecho, al indicar que presuntamente incurrió en la falta contra la honradez profesional, falta descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

En el folio 5 del cuaderno 1 de anexos, se encuentra la demanda ejecutiva que instauró el señor José Antonio Lobo Gerardino en contra de los señores María Consuelo Flórez y Orlando Moreno, a fin de que se librara mandamiento de pago a su favor y en cuantía de cuarenta y dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 42.400.000).

La demanda fue instaurada el 15 de noviembre de 2005 y el apoderado del señor Lobo Gerardino, era el doctor Julio César Yepes Restrepo.

Mediante auto del 24 de noviembre de 2005, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, libró mandamiento de pago a favor del señor José Antonio Lobo Gerardino por la suma de cuarenta y dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 42.400.000) por concepto de capital, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal.

El 8 de junio de 2006, el señor José Antonio Lobo Gerardino, le revocó el poder al abogado Julio César Yepes Restrepo, y en el mismo documento, confirió poder al doctor Jaime Tobón Pizano, dirigido al Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, radicado 2005 – 00403, “para que continúe representándome en el presente proceso”.

Mediante auto del 14 de junio de 2006, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, reconoció personería jurídica al doctor Jaime Tobón Pizano, para representar al señor José Antonio Lobo Gerardino en el proceso ejecutivo 2005 – 00403.

El 31 de marzo de 2008, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, profirió sentencia en el proceso ejecutivo, condenando a los demandados al pago de cuarenta y dos millones cuatrocientos mil pesos por concepto de capital, más los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida; y, el 14 de abril siguiente, la doctora Luz Dary Sánchez Taborda, titular del despacho, ordenó la liquidación de las costas y agencias en derecho, para lo cual se reconoció la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos.

Mediante memorial del 29 de abril de 2008, el doctor Jaime Tobón Pizano, solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, “la entrega de los dineros consignados por los demandados, dentro del presente proceso. Tengo poder para recibir”, solicitud que fue despachada favorablemente por el despacho mediante auto del 21 de mayo de 2008, ordenándose:

“La suma de $ 10.144.128 depositada en el Banco Agrario por concepto de embargo a los demandados entréguesele al abogado doctor Jaime Tobón Pizano, quien tiene poder para recibir del demandante como pago de las costas liquidadas y abono a los intereses a 08 de mayo de 2008 fecha de liquidación del crédito. Líbrese oficio en tal sentido al Banco Agrario de la ciudad”.

Por lo anterior, el 21 de mayo de 2008, el despacho entregó al profesional del derecho inculpado doce (12) órdenes de pago y que obran a folio 63 y siguientes del cuaderno 1 de anexos, por un valor total de $ 10.144.128, los cuales, discriminados son por los siguientes valores: $ 608.430; $ 566.744; $ 608.430; $ 785.631; $ 731.374; $ 632.395; $ 620.829; $ 1.027.404; $ 1.142.584; $ 1.725.328; $ 1.234.414; y, $ 460.565.

Posteriormente, el 7 de julio de 2008, el doctor Jaime Tobón Pizano, solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, entregar los dineros depositados por los demandados y que se encontraban en el Banco Agrario, los cuales “al parecer por una omisión involuntaria, no fueron relacionados en los títulos entregados el pasado mes de mayo del año que transcurre” (Sic a lo transcrito).

Mediante auto del 16 de julio de 2008, la titular del Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, ordenó entregarle al profesional del derecho, un título más por valor de $ 977.758, el cual le fue entregado al togado, el 29 de julio siguiente, tal como consta en el folio 84 del cuaderno 1 de anexos.

Así las cosas, al doctor Jaime de Jesús Tobón Pizano, le fueron entregados un total de 13 títulos judiciales por valor de once millones ciento veintiún mil ochocientos ochenta y seis pesos ($ 11.121.886), los cuales fueron cobrados en el Banco Agrario en la ciudad de Medellín.

Del dinero recibido por el togado Jaime de Jesús Tobón Pizano, según la querella y la ratificación de la misma, no se le entregó dinero alguno a su verdadero dueño, esto es, a su poderdante, el señor José Antonio Lobo Gerardino.

Según el doctor Jaime de Jesús Tobón Pizano, el dinero recibido de parte del Juzgado, lo tomó para sí, pues debe tenerse en cuenta que el valor de las pretensiones con intereses, alcanzaba un valor cercano a los ochenta millones. Así las cosas, al pactarse un 20% de honorarios, le correspondería la suma aproximada de dieciséis millones de pesos. Por lo anterior consideró que no retuvo dinero alguno.

Lo manifestado por el togado no es compartido por esta Sala, pues lo correcto y ético, es que si el profesional del derecho recibió la suma de once millones ciento veintiún mil ochocientos ochenta y seis pesos ($ 11.121.886), este debía retirar lo correspondiente al 20% de honorarios y entregar a la mayor brevedad posible el dinero restante, esto es, la suma de ocho millones ochocientos noventa y siete mil quinientos ocho pesos ($ 8.897.508) a su verdadero dueño, el señor José Antonio Lobo Gerardino.

De las pruebas recaudadas se deduce fácilmente que el disciplinado, después de recibir en nombre y representación del quejoso, sin autorización expresa para disponer de ello, fraccionadamente incorporó a su patrimonio la suma de ocho millones ochocientos noventa y siete mil quinientos ocho pesos ($ 8.897.508), por cuanto en el contrato que se celebró entre el togado y el quejoso, se determinó que el porcentaje de honorarios ascendía al veinte por ciento (20%), situación que como se manifestó, fue informada por el quejoso y ratificada por el encartado.

Al recibir por la gestión realizada y en nombre del quejoso la suma de once millones ciento veintiún mil ochocientos ochenta y seis pesos ($ 11.121.886), el abogado estaba en la obligación de entregarle a su poderdante, la suma de ocho millones ochocientos noventa y siete mil quinientos ocho pesos ($ 8.897.508), situación que no sucedió.

En virtud de lo anterior, el material probatorio recaudado dentro del plenario, nos permite establecer que la conducta del investigado se encuentra enmarcada dentro de una falta que es sancionada disciplinariamente.

Ha quedado establecida la retención de dineros de manera consciente y voluntaria, cuando a lo largo del proceso disciplinario adelantado al abogado, ha reconocido que recibió la suma de dinero tantas veces citada y no entregó dinero alguno a su poderdante, imputando todos los dineros recibidos a honorarios profesionales, exculpaciones que no tiene cabida dentro de la falta que se imputa, razón suficiente como para considerar válida la sanción a título doloso que realizó el a quo.

Desde ese punto de vista, entonces, pleno fundamento encuentra esta corporación para que la primera instancia lo sancionara por la falta que aparece descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, y, para el caso concreto, consiste en recibir dineros por cuenta del cliente y retenerlos o lo que es lo mismo, no entregarlos a su verdadero dueño.

Finalmente, en lo que corresponde a la sanción de suspensión por el término de doce meses, dígase que la misma, ante la gravedad de la conducta, que para el caso se trató de un comportamiento consumado de manera dolosa, esto es, con ingredientes de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora, respecto de la no devolución de dichos dineros a sabiendas de que son ajenos y no propios, estuvo razonable dosificada, por lo que se confirmará íntegramente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(27), mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN por el término de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión de abogado al doctor Jaime de Jesús Tobón Pizano, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(24) Indica el máximo intérprete de la Constitución de 1991 sobre esta categoría dogmática “La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas”. “La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución”. “Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales...”.

(25) Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales.

(26) Folio 1, C.O.

(27) M.P. José Alejandro Balaguera Galvis.

 

Salvamento parcial de voto

Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil catorce (2014)

Magistrada Doctora Julia Emma Garzón de Gómez

Magistrado Ponente Dr. Wilson Ruíz Orejuela

Rad. 050011102000200900131 02

Aprobado en Sala Nº 5 del 5 de febrero de 2014

Con el debido respeto manifiesto mi disenso parcial con la decisión en el asunto de la referencia, en relación con el quantum de la sanción impuesta al abogado Jaime de Jesús Tobón Pizano, pues a pesar de la gravedad de la falta enrostrada en sede de primera instancia, considero, que al no registrar antecedentes disciplinarios y atendiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, así como el impacto general y particular de la conducta, debió reducirse la sanción impuesta al inculpado; pues a mi juicio la sanción, responde más a un criterio aflictivo que de prevención.

Así pues, al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, es dable indicar, que la sanción a imponer al disciplinado, debe cumplir con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder a la respuesta sancionatoria con la gravedad de la misma, y también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, en coherencia con los elementos de convicción allegados al dossier, se debió afectar con una sanción menor al implicado, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de:

“(...) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (...)”(1).

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento parcial de voto.

Se remite a la secretaría judicial un expediente en 7 cuadernos con 25 – 25 – 216 – 24 – 36 – 118 - 53 folios y 4 CD´s.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez

 

(1) Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Pág. 45 y 46.