SENTENCIA 2009-00134/40579 DE DICIEMBRE 5 DE 2016

 

Sentencia 2009-00134 de diciembre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Proceso: 200012331000200900134-01 (40579)

Actor: Robinson Vargas Garay y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones, dado que la naturaleza del asunto permite que ésta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(2).

De otro lado, pese a que el expediente ingresó al despacho para fallo el 3 de agosto de 2011, este puede ser de conocimiento de la Sala de Subsección. Lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de la Sala Plena de la Sección Tercera, contenido en el acta Nº 10 de 25 de abril de 2013, se dispuso lo siguiente:

“La Sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado”. 

2. Asunto que la Sala debe resolver.

Debe la Sala considerar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la sentencia de 15 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, con miras a establecer si el daño alegado en la demanda, a causa de la privación de la libertad de que fueron víctimas los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, resulta imputable a la entidad pública demandada, pues, de ser ello así, la sentencia habrá de ser confirmada, sin que haya lugar a hacer más gravosa la situación del apelante único, en aplicación del principio de la no reformatio en pejus.

Debe en consecuencia la Sala entrar a analizar los hechos probados, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad que los demandantes endilgan a la administración accionada.

2.1. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del Tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

Las pruebas dan cuenta de la detención de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, sindicados como presuntos determinadores del delito de homicidio agravado. Surtidas cada una de las etapas de la investigación y practicadas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación, por cuanto las pruebas sobrevinientes a la definición de la situación jurídica, permitía establecer que los procesados no cometieron los hechos incriminados. Esto, en la medida en que la versión de la víctima fue desmentida por quien presuntamente involucró a los actores en el hecho punible investigado.

Dentro de la actuación penal se destacan, por orden cronológico y entre otras, las siguientes actuaciones que interesan al proceso así:

1. El 7 de junio de 2005, el señor Carlos Alberto Lozano Solano presentó denuncia penal ante la fiscalía de delitos contra la vida, con el objeto de que se investigara a quien se identificaba con el alias “El Vallenato”. Esto, en razón de del atentado que sufrió el 9 de abril de 2005, con arma de fuego, que trajo como resultado una lesión en su mano izquierda. Puso de presente que era miembro de la Cooperativa Multiactiva Asociados de Codazzi desde su fundación y por decisión de los asociados fue nombrado presidente del Consejo de Administración y que en tal condición recibió amenazas. Afirmó que tuvo diversas disputas con los señores Fabio Fábrega Castilla, Marta Libia Vargas Garay y Otoniel Correa, por el manejo interno de la cooperativa. Alegó la existencia de un posible móvil, “(...) atendiendo que ellos se apartan de darle cumplimiento a la legislación cooperativa y a las normas estatutarias” (fls. 146-155, cdno. 1).

El Instituto de Medicina Legal certificó que el señor Carlos Alberto Lozano Solano presentaba una herida en la mano izquierda, causada con arma de fuego (fl. 193, cdno. 1).

2. El 25 de julio siguiente, el denunciante rindió declaración jurada, en la que evidenció la sospecha de la autoría de los hechos en los señores Robinson Vargas, Fabio Fábrega y Otoniel Correa, en razón de los problemas suscitados al interior de la organización de la cooperativa COOMACOD. Al respecto, señaló:

“Sospechaba que eran estos señores Robinson Vargas, Fabio Fábrega y Otoniel Correa (...). El motivo de Robinson Vargas es porque es socio de la cooperativa, fue gerente y hacia las cosas mal y como como presidente lo corregía y lo despedimos del cargo y se negaba a pagar todos los derechos que le pertenecían a la cooperativa (...). El señor Fabio Fábrega porque él quería coger el cargo mío, coger el poder administrativo por la fuerza y no cancelar también los derechos (...). El señor Otoniel Correa la misma situación, no quería pagar los derechos de la cooperativa como cuota de admisión como asociado”. 

Preguntado por la persona que perpetró el atentado, el declarante afirmó que fue “(...) alias El Vallenato, el nombre de él es Héctor Andrés Mantilla Rodríguez y se encuentra detenido en la judicial de Valledupar que lo cogieron dos días después de mi atentado en Codazzi”.

Interrogado por el motivo para atentar contra su vida, el señor Carlos Alberto Lozano Solano afirmó que, luego de ocurridos los hechos, conoció al señor “Raúl Ramírez o Monsalvo”, quien, por comentarios de varias personas, presenció el momento en que fue víctima del atentado. Aseguró que habló con él y que este le manifestó que los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla contrataron a alias “El Vallenato” para acabar con su vida. Se transcribe el siguiente aparte de la declaración:

“PREGUNTADO. Dígale al despacho cuál cree usted sea el motivo de alias El Vallenato para atentar contra su integridad. CONTESTÓ. Después de 30 días que me dieron de incapacidad pude salir a saber lo que me manifestó Otoniel [quién le había informado que el disparo lo propinó alias “El Vallenato”] y una llamada telefónica que me hicieron unos vecinos del barrio que no se identificaron, únicamente me dijeron que el señor Raúl Ramírez o Monsalvo, que vive en el barrio Martínez Barboza, que él estuvo en el intento de homicidio y se había trasladado a Santa Marta (...), yo conseguí el teléfono del suegro de él, que es amigo mío en Santa Marta y él me dijo que me movilizara a Santa Marta, allá me reunió con el señor Raúl Ramírez o Monsalvo, el día 11 de junio, hablé personalmente con Raúl, me dijo que si yo conocía al señor Robinson Vargas, yo le dije que sí, entonces me dijo que el señor Robinson Vargas, Fabio Fábrega y Otoniel Carlos habían contratado a alias El Vallenato y a su hermano Jean Carlos para que me mataran, pagándole un millón de pesos y solamente alcanzaron a darle $ 500.000 porque no se cumplió el objetivo y que alias El Vallenato se encontraba preso en la Judicial de Valledupar, junto con su hermano Jean Carlos y que habían contratado con un señor que se llama Rafael Vargas que vive aquí en Valledupar y que el señor Otoniel Correa también estaba metido en la situación y me dijo que me cuidara porque a él lo habían llamado y estaban contratando nuevamente por una suma mayor para que me mataran, pero no me dijo a quién habían contratado” (fls. 166-169, cdno. 1).

3. El 11 de enero de 2006, el señor Carlos Lozano Solano solicitó a la Dirección de Fiscalías de Valledupar protección, poniendo de presente el atentado de que fue víctima el 9 de abril de 2005 (fls. 208-209, cdno. 1).

El 25 del mismo mes y año, la Fiscalía Doce Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Valledupar avocó el conocimiento de la investigación y ordenó misión de trabajo a la SIJIN para que realizara el estudio de seguridad correspondiente (fls. 210-211, cdno. 1).

4. El 10 de mayo siguiente, la Fiscalía expidió las órdenes de captura para los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, las cuales se hicieron efectivas el 21 de junio siguiente (fls. 91-93, 277-288, cdno. 1).

El mismo día, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del señor Miguel Alexander Martínez Contreras, por el presunto autor del delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa (fls. 263-270, cdno. 1).

5. En el mes de junio de 2006, los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla rindieron indagatoria. Negaron su participación en los hechos relatados por el señor Carlos Lozano Solano. Dieron cuenta de los inconvenientes presentados al interior de la cooperativa, fundados en la mala gestión de quien fungía como presidente, pues, según sus versiones, tomaba decisiones sin consultar con los socios; empero anotaron que ello no daba lugar a atribuirles responsabilidad por el atentado sufrido por el señor Lozano, imputación que, además, carecía de justificación y respaldo (fls. 295-307, cdno. 1).

6. El 4 de julio del año en mención, la Fiscalía Trece Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, como presuntos determinadores del delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, siendo víctima el señor Carlos Lozano Solano.

La decisión estuvo fundada, en esencia, en la denuncia presentada por el señor Lozano Solano, sus continuos señalamientos y el dictamen médico legal que dio cuenta de las lesiones sufridas con arma de fuego. Así mismo, en la declaración del señor Jorge Luis Barbosa, quien afirmó que presenció el momento en que el señor Raúl Ramírez y otras dos personas se acercaban al vehículo del señor Carlos Lozano con un arma de fuego. Así mismo, dio cuenta de la defensa de la víctima, quien forcejeó con sus agresores. También se refirió a los problemas que se presentaban al interior de la cooperativa, especialmente entre la víctima y los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla. Afirmó que junto con el señor Jairo Rueda acompañó a la víctima a Santa Marta para entrevistarse con el señor Raúl Ramírez.

La Fiscalía también se refirió a la declaración del señor Jairo Ruega, quien afirmó haber visto a tres personas rondando por las instalaciones de la cooperativa el día de los hechos. Al tiempo, reconoció que acompañó al señor Carlos Lozano Solano a Santa Marta, junto con el señor Jorge Barbosa, empero no dio cuenta del diálogo sostenido.

En cuanto a la responsabilidad de los procesados, el funcionario instructor señaló:

“(...) existe en la sumaria la sindicación directa y reiterativa que le hace la víctima, la que en nuestro sentir cobra credibilidad, cuanto este mismo denunciante afirma que fue hasta la ciudad de Santa Marta a entrevistarse con uno de los sicarios de nombre Raúl Ramírez, quien le reiteró que alias “El Vallenato” tenía como misión acabar con su vida, por encargo que le hicieran Robinson Vargas, Otoniel Correa y Fabio Fábrega, bajo promesa remuneratoria, sindicación que adquiere credibilidad, cuanto observamos que Luis Carlos Barbosa Gómez(3) ratifica el contenido de la versión que ante la Fiscalía expusiera Lozano Solano. 

Los móviles de la conducta criminosa, surgen claros y no son más que conflictos de poder e intereses suscitados al interior de la cooperativa de transporte, a la que pertenecen los protagonistas de este insuceso, en la cual Lozano Solano ostentaba un cargo directivo” (fls. 332-342, cdno. 1).

7. El 11 de julio de 2006, el señor Raúl Ahirie Ramírez rindió declaración jurada. Preguntado por “si conoce al señor Carlos Lozano Solano”, respondió “no lo conozco doctora, no sé quién es ese señor”. Igual respuesta mereció respecto de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla. Aseguró que no tenía familiares en Santa Marta, lugar que, además, no conocía.

Preguntado por las afirmaciones realizadas por el señor Lozano Solano, el testigo afirmó que eran falsas, negó conocer a la víctima y a los sindicados, también su participación en los hechos criminosos. Se trascribe el aparte correspondiente:

“PREGUNTADO. Afirma el señor Carlos Lozano Solano, dentro de esta investigación que usted le manifestó a él, en la ciudad de Santa Marta, en casa de su suegro que las personas que lo habían mandado a matar habían sido Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, quienes contrataron a alias “El Vallenato” para tal fin, por la suma de $ 1.000.000, de la cual solo le pagaron al sicario la suma de $ 500.000 al no lograr su cometido. Qué dice Usted al respecto, cuando hoy se muestra totalmente ajeno a tales acontecimientos. CONTESTADO. Eso es falso, yo sinceramente con el señor Carlos Lozano nunca he hablado, no lo conozco, no sé por qué él dirá esas cuestiones, esas acusaciones tan graves (..), yo soy un pelao (sic) de bien, me gusta relacionarme con personas de mi propia edad, soy un hombre trabajador (..), no sé por qué me quieren involucrar ahí en unas cosas que ni conozco a ese señor Jorge Barbosa, nunca lo he visto para que me vaya a acusar de esa manera, me estará confundiendo”. 

El deponente afirmó, además, que para la fecha de los hechos no se encontraba en la ciudad de Valledupar, lugar que poco frecuentaba (fls. 360-362, cdno. 1).

8. El 18 del mismo mes y año y por petición del abogado defensor, la Fiscalía Trece Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar revocó la medida de aseguramiento impuesta a los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla para, en su lugar, disponer su libertad inmediata, previa suscripción del acta de compromiso. Dispuso lo mismo respecto del señor Miguel Alexander Martínez Contreras, alias “El Vallenato”(4).

Lo anterior, por cuanto “(...) el propio Raúl Ahirie Ramírez acude al despacho y bajo la gravedad del juramento desconoce relación alguna o conocimiento alguno con los protagonistas de este insuceso, destacando no entender por qué el denunciante lo ha involucrado en los presentes hechos”. Señaló que “(...) en el caso de marras resultó fundamental el testimonio de la víctima, pero en esta instancia, habiendo sido desmentido por quien le informó respecto de los móviles y autores de la agresión sufrida, debe llegarse a no dudarlo a esta conclusión provisional, que requiere ponderación e imparcialidad”. No obstante, insistió en el recaudo de pruebas decretadas con anterioridad, con el objeto de esclarecer los hechos (fls. 384-389, cdno. 2).

9. En razón de lo anterior, el abogado de la defensa solicitó precluir la investigación a favor de sus clientes, “por no concurrir ni un indicio contingente, mucho menos grave, ya que no cometieron el delito que se les imputa” (fls. 105-106, cdno. 1).

10. El 11 de enero de 2007, la Fiscalía Trece Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar precluyó la investigación a favor de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla. Puso de presente que, una vez practicadas las pruebas, se mantenía la ausencia de responsabilidad de los sindicados, aunado a que el señalamiento de la víctima fue desmentido, tal y como se anotó en la resolución que revocó la medida de aseguramiento. Se destaca:

“(...) el panorama probatorio sin duda alguna cambió haciendo surgir una duda insalvable dentro de la indagación en relación con la responsabilidad de los procesados y la credibilidad de los testigos, si bien es cierto, cuando posterior a la imposición de la medida volvió el despacho a escuchar a la víctima, quien ratificó los señalamientos hechos contra los procesados, pero se escucharon las declaraciones de Efraín Daza Cruzco, Raúl Ahirie Ramírez Soto, Luis Manuel Madrid Ávila, Nancy Mora Carrillo, testimonios estos que favorecen la situación de los encartados, destacándose por sobre todos lo dicho por Raúl Ahirie Ramírez Soto, quien asegura que ni siquiera conoce la ciudad de Santa Marta y niega cualquier relación o conocimiento con los protagonistas del insuceso, desconociendo por qué Lozano lo involucra en los mismos. 

Estimando el despacho que el señalamiento de la víctima fue desmentido precisamente por quien dijo le había informado respecto de los móviles del hecho criminoso y los autores del mismo y estimando la fiscalía la necesidad de analizar la prueba con ponderación y buen juicio, se ordenó la práctica de nuevas probanzas que nos permitieran arribar a una conclusión definitiva sobre lo fáctico y la responsabilidad de los procesados y fue así como se escucharon los testimonios como los de Laudibeth Gómez Ríos, amiga de Lozano, quien dijo que los comentarios que surgieron después del atentado de Lozano fue que los procesados lo habían mandado a asesinar, comentario de la gente, lo que dijo Raúl Ramírez Soto; declaración de Jhon Jairo Rueda Ríos, sobrino de la mujer de Lozano, en relación con las reuniones que supuestamente se fraguaron por los procesados, con el ánimo de planear hacerle daño; reconoce que fue a Santa Marta con Lozano, pero llegaron a un sitio, habló con una persona y se vinieron. No conoce a qué sitio fueron. El salió y no comentó nada. Por último, Jorge Luis Barbosa Gómez, quien también viajó con Lozano hasta Santa Marta, pero dijo que al volver Lozano de entrevistarse con alguna persona no comentó nada, solo “yo ya se lo que pasó””. 

De ahí que la Fiscalía precluyera la investigación a favor de los sindicados por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, siendo víctima el señor Carlos Lozano (fls. 334-341, cdno. 1).

La decisión quedó ejecutoriada el 23 de enero de 2007 (fls. 74 y 119, cdno. 1).

11. En la actuación también obran las declaraciones de los señores Luis Manuel Madrid Dávila y Nancy Mora Carrillo. El primero, conductor de taxi y afiliado a la empresa COOMACOD, afirmó conocer al señor Carlos Lozano, como integrante del gremio de taxistas. Dio cuenta de las lesiones que padeció en un atentado que le hicieron con arma de fuego; empero manifestó que los hechos los conoció por comentarios, pues no estuvo presente cuando ocurrieron. Aseguró que el señor Lozano dejó de laborar, debido a las lesiones sufridas. Sostuvo que el promedio mensual devengado oscilaba entre $ 4 300 000 y $ 4 500 000. También se refirió a los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla como amigos, a quienes, además, catalogó como “excelentes personas, trabajadores y honestos”. Afirmó que no conoció de problemas entre el señor Lozano y los actores. Por el contrario, sostuvo que “eran buenos amigos igual que nosotros”. Dio cuenta del sufrimiento de los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de la que fueron objeto. Esto, comoquiera que los visitaba con frecuencia y observaba que “tenían la moral por el suelo”. Al tiempo, se refirió a la afectación económica, pues los actores “tenían vehículos propios y eran conducidos por ellos mismos” (fls. 503-505, cdno. 2).

La señora Nancy Mora Carrillo, por su parte, afirmó conocer a los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, pues era propietaria de un vehículo afiliado a la empresa COOMACOD, de la que también hacían parte los actores. También dio cuenta del promedio mensual devengado en $ 4 500 000. Aseguró que eran “personas honorables, ellos nunca han estado en problemas”. Por último, dio cuenta de su afectación moral y económica (fls. 506-507, cdno. 2).

12. En el expediente obran tres (3) certificaciones expedidas por el señor Freddy Enrique Contreras Soto, profesional del derecho que representó a los demandantes en el proceso penal. El documento da cuenta del pago que cada uno de ellos efectuó por concepto de honorarios, por la suma de $ 8 000 000.oo (fls. 65-67, cdno. 1).

Así mismo, reposa en la actuación las certificaciones expedidas por la empresa COOMACOD en las que consta la afiliación de los vehículos de propiedad de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla y la producción mensual aproximada de $ 4 200 000.oo. De igual forma, hizo constar que los automotores no estuvieron en servicio entre el 21 de junio y el 25 de julio de 2006 (fls. 68-73, cdno. 1).

13. Por razón de la privación de la libertad de que fueron sujetos los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Ocampo y Fabio Fábrega Castilla, sus parientes y demandantes resultaron afectados moralmente.

Lo anterior, en cuanto en el plenario reposan los registros civiles de nacimiento de Robinson, Martha Libia, Soraida y Miriam Esther Vargas Garay, hijos de los señores Pedro José Vargas Lozano y Dora Ursulina Garay Montero —primer grupo familiar—.

Así mismo, los registros de Daniel Camilo, Ottana Michell y Sergio Luis Daza Correa, hijos de Otoniel Correa Ocampo y Patricia Leonor Daza Cruzco; Hernando Fidel Correa Daza, hijo de Otoniel Correa Campo y Elvira Daza Vargas; Hillary Daniela Correa Araujo, hija Otoniel Correa Campo y Marlith Araujo Mora –segundo grupo familiar-.

De igual forma, está acreditado que el señor Fabio Fábrega Castilla es hijo de los señores Blas Antonio Fábrega Sarmiento y Carmen Judith Castilla Munibe; Fabio, Dubán Alejandro, Iván Camilo, Angelly Grey Fábrega Cervantes, hijos de Fabio Fábrega Castilla y Yolima Cervantes Varela (fls. 44-57, cdno. 1).

Así mismo, en la actuación obra la declaración extraproceso, rendida ante notario, de los señores Ulises Rodolfo Rieder Argote y Angélica María Cano Lozano, quienes depusieron sobre la relación de convivencia, familiaridad y colación mutua de los señores Fabio Fábrega Castilla y Yolima Cervantes Varela, desde hace aproximadamente veinte (20) años, unión de la cual procrearon cuatro (4) hijos de nombres Fabio, Dubán, Alejandro, Iván Camilo y Angelly Grey Fábrega Cervantes. Afirmaron que los integrantes de la familia dependían económicamente del señor Fábrega Castilla (fls. 58, cdno. 1).

Sobre la relación afectiva entre el señor Fabio Fábrega Castilla y su familia, en la declaración de la señora Nancy Mora Carrillo se observa la alusión a la “señora Fábrega”, como si se refiriera a la compañera del actor. Interrogada por si “pudo visitar a los familiares de ellos mientras estuvieron privados de la libertad y que notó en ellos”, la testigo respondió que “la señora Fábrega estaba como estresada y andaba como angustiada, como ella no trabajaba dependía de él, ella cada vez que me encontraba con ella lloraba”. De ahí que la Sala, haciendo un análisis integral del material probatorio, encuentra que la señora Yolima Cervantes Varela es la “señora Fábrega”, a quien se refiere la deponente, por lo que la condición de compañera permanente, invocada en la demanda, se encuentra acreditada.

Esta testigo, además, afirmó que la familia de los señores Robinson y la de Otoniel también sufrieron a causa de la privación de la libertad de sus seres queridos, al punto que “el papá de Robinson después de eso se enfermó”, a la vez que sostuvo que cuando se encontraba con los hermanos del primero en mención, se les veía “preocupados” (fls. 506-507, cdno. 2).

El a quo negó los perjuicios solicitados para i) Sergio Luis Correa Daza, “por cuanto para la época en que sucedieron los hechos, este aún no había nacido”; ii) Angelly Grey Fábrega Cervantes, “dado su corta edad para la época de los hechos” y iii) Nelson Enrique, Luis Alberto, Ever Jairo, Rodolfo Enrique y Ofir Fábrega Castilla, quienes alegaron su condición de hermanos del señor Fabio Fábrega Castilla, “por cuanto no obra en el expediente el registro civil de nacimiento de cada uno de ellos, que acredite su condición como tal”.

En razón de que la parte actora no impugnó la decisión, la Sala deberá estarse a lo resuelto.

2.2. La responsabilidad de la entidad pública demandada. Privación injusta de la libertad.

Debe la Sala considerar la responsabilidad de la administración, dada la privación de la libertad sufrida por el señor Luis Eduardo Mompotes Campo y su posterior absolución, para luego resolver sobre la indemnización.

La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (Preámbulo) y como principio normativo básico (art. 1º).

La dimensión axiológica de la libertad se concreta, a su vez, en una serie de derechos fundamentales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado(5). Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, para el efecto la Carta Política en su artículo 28 preceptúa:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 

De entrada la norma trascrita prevé, con una alta dosis garantista, que toda persona es libre en su sentido más amplio, pues ninguna persona podrá ser reducida a prisión, sino en virtud al mandamiento escrito de autoridad judicial con competencia y por motivos previamente definidos en la ley.

El artículo antedicho comprende, por una parte, el reconocimiento de la libertad de la persona y, por otra, la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Desde las primeras manifestaciones del Estado de derecho, la protección de la libertad individual y la concepción de garantías para asegurarla contra los actos arbitrarios de las autoridades públicas, se han hecho elementos esenciales del sistema normativo y constitucional.

En Sentencia C-237 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la libertad personal comprende “(...) la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

Acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972, “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

El respeto a la libertad personal es una conquista del Estado de derecho, reconocimiento que se trasladó al Estado social con mayor envergadura, en cuanto no solo tiene que ver con el principio de legalidad de la pena, sino con la dignidad humana que hace de la presunción de inocencia principio fundante y requisito esencial de quienes invocan la pertenencia a la comunidad internacional. Al punto que, la jurisprudencia ha destacado el proceso de constitucionalización de este derecho fundamental, que, además, ha tenido su inclusión en convenios y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento —se destaca—:

“En efecto, en vigencia del antiguo régimen existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la revolución francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia”. 

Siendo así, la Constitución de 1991 no podía sino reconocer el derecho a la libertad como valor, principio y norma jurídica de inmediata aplicación. En este sentido la jurisprudencia constitucional se ha detenido en el significado transversal de la noción, para admitir con amplitud la obligación general de las autoridades de hacer realidad el principio, esto es, garantizarlo efectivamente.

El preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz orientadora en el sentido que la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria(6). En este contexto, en Sentencia C-879 de 2011, la Corte anotó:

“Desde esta perspectiva la libertad se configura como un contenido axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los servidores públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clave libertaria [expresión empleada en la Sentencia T-237 de 2004 para hacer referencia a la interpretación de las disposiciones legales de conformidad con el contenido axiológico de la libertad]. Así mismo, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un principio general de libertad que autoriza a los particulares a llevar a cabo las actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no está subordinado a requisitos o condiciones determinadas, el cual estaría reconocido por el artículo sexto, se trataría entonces de la norma de cierre del ordenamiento jurídico, que tendría la estructura deóntica de un permiso. Pero también se ha visto en el artículo 13 de la Constitución, el origen de este principio general de libertad el cual según la jurisprudencia constitucional es el fundamento del derecho de toda persona a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. A su vez la Constitución reconoce numerosos derechos de libertad, especialmente en el capítulo I del título II, tales como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de información (art. 20)”. Vid. también, la Sentencia C-176 de 2007 donde se sostuvo que “la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter: valor (preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (artículo 2º) y derecho (artículo 28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de protección a la libertad física de las personas que aunque se derivan de ella se convierten en garantías autónomas e indispensables para su protección en casos de restricción. Dentro de estos se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y a ser detenido en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (arts. 28 y 29 de la Constitución)”.

Ahora, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida.

En este orden, la Constitución Política contempla una salvaguarda especial contra la afectación de los derechos e intereses legítimos de los particulares, por parte del Estado, que es su garante. De esta forma, el artículo 90 de la Carta prevé:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 

Vale recordar los debates al respecto en la asamblea constituyente:

“Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(7)”. 

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que el delincuente recibe en forma de coacción, es la contracara de su acción libre.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad, puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(8). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas, la jurisprudencia de la corporación ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

“(...) La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.  

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.  

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. 

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general.(9) 

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del D. 2700/91) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución, se señaló:

“Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.  

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia. 

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.  

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24). 

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja. 

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(10).  

Vale destacar que los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla estuvieron privados de su libertad, entre el 21 de junio de 2006, fecha en que la que se hizo efectiva su captura y el 18 de julio del mismo año, cuando la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata, para un total de detención de 27 días.

Es de resaltar, además, que para cuando los actores fueron capturados y obtuvo su libertad estaba vigente la Ley 270 de 1996, conforme a la cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios” —artículo 68—.

La Sala ha considerado que, en cuanto el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, se habrá de concluir que la responsabilidad patrimonial del Estado comprende todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y, en consecuencia, también mantienen su vigencia todas aquellas hipótesis de responsabilidad objetiva que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

“Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(11), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta...”(12). 

De tal manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvieron sometidos los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, porque, si bien a su favor se revocó la medida de aseguramiento y se precluyó la investigación, última con fundamento en una “duda insalvable” —como lo denominó el funcionario instructor—, lo cierto es que no se probó su participación en los hechos delictivos investigados, comoquiera que la justicia penal así lo resolvió y la documentación allegada al expediente así lo indica. Esto, en la medida en que no existían pruebas en su contra, ni siquiera indiciarias, si se considera que las recaudadas no demostraron la autoría endilgada.

La argumentación de la preclusión, en realidad, permite establecer que los demandantes no cometieron delito alguno. En la investigación se encontró que no existía una imputación directa en su contra ni las pruebas necesarias para comprometerlos en los hechos y que el testimonio que los incriminaba directamente negó su participación.

De este modo, la Sala estima, con base en las pruebas allegadas al proceso penal, sin dificultad, que los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla no tenían que soportar la pérdida de la libertad impuesta, en cuanto la coautoría que les fue atribuida no existió y, en consecuencia, la sentencia impugnada tendrá que confirmarse, salvo que a las víctimas se les atribuya dolo o culpa grave.

2.3. Análisis del dolo o culpa grave de los demandantes.

Sobre la culpa y dolo civil, el artículo 63 del Código Civil prevé:

“La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. 

Ahora, si bien el artículo 90 constitucional impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo puede ser atemperado, en el caso de la privación de la libertad, por la obligación del juez administrativo de verificar la actuación de quien resultó detenido, pues establecida la culpa grave o el dolo a la luz de los artículos 83 y 95 de la Carta Política no procede la indemnización.

Significa lo anterior, en consecuencia, que previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad debe el juez verificar que la actuación del demandante responda a las previsiones constitucionales. Cabe advertir, eso sí que, en modo alguno puede revisarse el proceso penal, en orden a controvertir la sentencia dictada, por lo que está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. El juicio que corresponde adelantar debe limitarse a determinar la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad dentro del marco del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que, sin perjuicio del daño antijurídico y el deber de reparación, no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento, así como del artículo 63 del Código Civil. Es de advertir que, así como no se cuenta con elementos de prueba que le atribuyan a los demandantes la autoría de un hecho punible, igualmente nada indica que hubiera actuado con culpa grave o dolo.

En estas condiciones, se impone confirmar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por el daño antijurídico causado a los demandantes y a sus grupos familiares, en atención a que fueron privados de su libertad injustamente. Injusticia fundada en que la conducta que les fue endilgada no se realizó, lo que causó sufrimiento, aflicción y perjuicios materiales, tal y como ocurre en el presente asunto.

2.4. Responsabilidad del tercero.

Para que opere la causa extraña como causal de exoneración de responsabilidad, la parte que la alega tiene la carga de probarla. Por tanto, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material resulte suficiente para que el daño no pueda imputarse al Estado.

Para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo. También puede ocurrir que en la causación del daño concurra la causa extraña y la acción u omisión de la entidad pública. Evento en el cual corresponde analizar el porcentaje de participación o injerencia en los hechos.

Es del caso aclarar que el hecho de que el daño se haya originado en la conducta de un tercero no significa, per se, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede ser imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción o porque, pudiendo evitarlo, se abstuvo de ello.

Determinación que en este caso no se presenta si se considera que la Fiscalía actúa directamente y bajo su responsabilidad, en cuanto estaba en capacidad de valorar las pruebas allegadas para resolver la situación jurídica de los procesados y las que con posterioridad se recaudaron, particularmente el testimonio del señor Raúl Ramírez, quien desmintió las versiones de la víctima, que incriminaban a los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, razón por la cual se revocó la medida de aseguramiento y se decretó la preclusión de la investigación. Ello dio lugar a la causación de perjuicios que los actores no estaban obligados a soportar.

2.4. Perjuicios.

2.4.1. Morales.

Es preciso determinar si la cuantía reconocida por el a quo, como indemnización por los perjuicios morales, corresponde con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad, con la advertencia de que no podrán ser incrementados, pero si revisados. Lo primero en aplicación del principio de la no reformatio in pejus y lo otro en cuanto la Fiscalía apeló la responsabilidad, de donde no queda sino concluir que igualmente apeló la indemnización.

Ahora, en sentencia de unificación(13), la Sección reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:

S2009-00134 fig 1
 

Así las cosas, dado que los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla estuvieron privados de la libertad por 27 días, se imponía una condena de 15 smlmv a su favor y para sus parientes en primer grado de consanguinidad y 7.5 smmlv para sus parientes en el segundo grado de consanguinidad; empero el a quo concedió 50 smmlv a favor de los privados de la libertad; 30 smmlv para sus padres; 15 smmlv para sus compañeras permanentes; 10 smmlv para sus hijos y 5 smmlv para sus hermanos.

En consecuencia, la Sala modificará los montos reconocidos, en atención a los parámetros establecidos por la jurisprudencia, sin vulnerar el principio de la no reformatio in pejus. La indemnización por perjuicios morales quedará así:

A favor de Robinson Vargas Garay, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Pedro José Vargas Lozano, en su condición de Padre de Robinson Vargas Garay, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Martha Libia, Soraida y Miriam Esther Vargas Garay, en su condición de hermanos de Robinson Vargas Garay, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 7.5 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

A favor de Horacio Correa, en su condición de Padre de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Daniel Camilo y Ottana Michel Correa Daza; Hernando Fidel Correa Daza y Hilary Daniela Correa Araujo, en su condición de hijos de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 15 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

A favor de Patricia Leonor Daza Cruzco, en su condición de compañera permanente de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Carmen Judith Castilla Munive, en su condición de Madre de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Fabio, Dubán Alejandro e Iván Camilo Fábrega Cervantes, en su condición de hijos de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 15 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

Y a favor de Yolima Cervantes Várela, en su condición de compañera permanente de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

En razón de que la parte actora no impugnó la decisión, la Sala mantendrá la negativa a reconocer perjuicios morales a favor de los menores Sergio Luis Correa Daza y Angelly Grey Fábrega Cervantes y de Nelson Enrique, Luis Alberto, Ever Jairo, Rodolfo Enrique y Ofír Fábrega Castilla.

2.4.2. Materiales.

En la alzada la Fiscalía se opuso a la indemnización concedida por el tribunal. Esto, comoquiera que los honorarios reconocidos estuvieron fundados en documentos privados que emanan de terceros y que no le son oponibles. Tampoco cuentan con fecha cierta ni hay prueba de su pago

Al respecto, la Sala encuentra que no le asiste razón a la recurrente, en la medida en que en el expediente obran tres (3) certificaciones expedidas por el señor Freddy Enrique Contreras Soto, profesional del derecho que representó a los demandantes en el proceso penal. El documento da cuenta del pago que cada uno de ellos efectuó por concepto de honorarios, por la suma de $ 8 000 000.oo (fls. 65-67, cdno. 1). Documentación que, además, estuvo a disposición de las partes en todo momento.

Revisado el expediente se observa que el señor Freddy Enrique Contreras Soto efectivamente fue quien representó judicialmente los intereses de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla en el proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación. De ello da cuenta la documentación que reposa en el plenario.

Por tanto, la Sala mantendrá la condena impuesta por el tribunal, en el sentido de reconocer a cada uno de los demandantes, señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, la suma de $ 9 034 168, por concepto de daño emergente, representado en los gastos de honorarios que sufragaron por la defensa en el curso del proceso penal, suma que, además, no va en contravía con las tablas de CONALBOS. Dichos valores serán actualizados, de conformidad con la siguiente fórmula:

Va = Vh Índice final (agosto 2016)

Índice inicial (abril 2010(14))

Va = $ 9 034 168 132,85 Va = $ 11 508 191

104,29

En consecuencia, la Sala condenará a la Fiscalía General de la Nación al pago de la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 11 508 191), a favor de cada uno de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

2.4.3 “Vida de relación”.

En razón de la privación de la libertad de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, el a quo reconoció a los tres grupos familiares demandantes perjuicios a “la vida de relación”, así:

“SEXTO: CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios en la modalidad de daño a la vida de relación, las siguientes sumas de dinero: 

A favor del grupo familiar integrado por los señores Robinson Vargas Garay, Pedro José Vargas Lozano y Martha Libia, Soraida y Miriam Esther Vargas Garay, por esta clase de perjuicios el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. 

A favor del grupo familiar integrado por los señores Otoniel Correa Ocampo, Patricia Leonor Daza Cruzco, Hilary Daniela Correa Araujo, Daniel Camilo, Ottana Michell, Hernando Fidel Correa Daza y Horacio Correa, por esta clase de perjuicios el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. 

Y a favor del grupo familiar integrado por los señores Fabio Fábrega Castilla, Yolima Cervantes Várela, Dubán Alejandro, Iván Camilo, Fabio Fábregas Cervantes y Carmen Judith Castilla Munive, por esta clase de perjuicios el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos”. 

Al respecto, la Sala debe anotar que, en sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readoptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, dejando atrás los denominados “alteración a las condiciones de existencia” y “vida de relación”, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(15).

El daño a la salud es aquél que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49, C.P.), sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La Sala precisó que “(...) desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, lo cual tiene su razón de ser en la ambigüedad conceptual tanto del daño a la vida de relación y en la alteración a las condiciones de existencia, puesto que la falta de limitación conceptual y la imprecisión de ambos impiden su objetivización.

Si el daño a la salud gana precisión, claridad y concreción para efectos de su indemnización, en tanto está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, su tasación deberá ser objetiva, en tanto que determinado el alcance del daño a la salud, éste deberá tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub examine no resulta procedente la condena realizada por el a quo, por concepto de “daño a la vida de relación”, recogido por la jurisprudencia de la Sección, pues la afectación a la integridad psicofísica de la víctima deviene en un daño a la salud debidamente acreditado.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera del caso revocar el reconocimiento que por este concepto realizó el a quo.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

FALLA

MODIFICAR la sentencia de 15 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

A favor de Robinson Vargas Garay, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Pedro José Vargas Lozano, en su condición de Padre de Robinson Vargas Garay, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Martha Libia, Soraida y Miriam Esther Vargas Garay, en su condición de hermanos de Robinson Vargas Garay, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 7.5 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

A favor de Horacio Correa, en su condición de Padre de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Daniel Camilo y Ottana Michel Correa Daza; Hernando Fidel Correa Daza y Hilary Daniela Correa Araujo, en su condición de hijos de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 15 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

A favor de Patricia Leonor Daza Cruzco, en su condición de compañera permanente de Otoniel Correa Ocampo, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Carmen Judith Castilla Munive, en su condición de Madre de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

A favor de Fabio, Dubán Alejandro e Iván Camilo Fábrega Cervantes, en su condición de hijos de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia, para cada uno de ellos. Esto, en atención a que, si bien en principio debía reconocerse 15 smmlv, no procede hacer más gravosa la situación del apelante único, por lo que procede mantener la condena del a quo.

Y a favor de Yolima Cervantes Várela, en su condición de compañera permanente de Fabio Fábrega Castilla, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de cada uno de los señores Robinson Vargas Garay, Otoniel Correa Campo y Fabio Fábrega Castilla, la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 11 508 191), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero».

2 Mediante auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó que “(...) el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) corresponde, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.

3 Acompañó a la víctima a entrevistarse con Raúl Ramírez.

4 Consultado el sistema de la corporación no se encontró registro alguno de demanda presentada por el señor Miguel Alexander Mancilla Rodríguez o Miguel Alexander Martínez Contreras.

5 Al respecto, se puede consultar la sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688 con la misma ponencia del presente fallo.

6 Sentencia C-221 de 1994.

7 Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, actas de sesiones de las comisiones, art. 90, sesión comisión 1, mayo 6, pág. 4.

8 En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (...) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995, pág. 166.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Rad. 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Ponencia presentada por la constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

11 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15463.

12 Sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, Exp. 15463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, Exp. 17534 y de 25 de febrero de 2009, Exp. 25508, sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 19670.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

14 El a quo actualizó con el IPC del mes de marzo de 20108, por lo que la Sala actualizará con el IPC del mes siguiente.

15 M.P. Enrique Gil Botero, Exp. 19031. En este caso, se trató de la explosión de una mina antipersonal que dio lugar a la amputación de la pierna derecha de la víctima y una disminución de su capacidad laboral del 95%.