Sentencia 2009-00137 de febrero 8 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 15001-23-31-000-2009-00137-01

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Demandante: Cooperativa Suramericana de Transportes - Sutranscoop

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Sentencia de segunda instancia.

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

2. Cuestión previa.

Antes de resolver el recurso de apelación interpuesto, se evidencia que la subdirectora de gestión de representación externa de la DIAN, confirió poder especial a la abogada Tatiana Orozco Cuervo para que representara los intereses de la entidad en el presente proceso, motivo por el cual se reconocerá personería jurídica a dicha profesional del derecho en los términos del poder visible a folio 136, cuaderno 2 del expediente.

3. Problemas jurídicos.

Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 30 de noviembre de 2011 del Tribunal Administrativo de la Guajira, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.1. ¿Resulta aplicable al caso de autos el régimen de tránsito aduanero de la CAN?

3.2. ¿En el evento de ser aplicable al asunto sub examine el mencionado régimen, la DIAN desconoció el mismo al decomisar la mercancía aprehendida a SUTRANSCOOP?

Los problemas jurídicos planteados responden a los principales argumentos expuestos por las partes e intervinientes, como a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del cual antes de abordar el caso concreto, se realizarán algunas consideraciones, como quiera que dicha corporación brindó parámetros de análisis concretos que deben tenerse en cuenta en la resolución de la controversia planteada.

4. Sobre el carácter vinculante de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, resultan ilustrativos los siguientes apartes del auto del 23 de marzo de 2017 de la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación(26), en cuanto hacen referencia a las normas que establecen la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en especial, el deber de los jueces nacionales de atender la misma cuando se está frente a controversia de única o última instancia como ocurre en esta oportunidad.

“(…) la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene como propósito lograr la aplicación uniforme en todo el territorio comunitario de la normativa andina, figura que se encuentra regulada en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación de dicha Corporación Judicial Internacional(27), cuyo texto se trascribe a continuación:

“ART. 32.—Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

ART. 33.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal”(28).

Por su parte, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina —Decisión 500 de 2001— consagra dos tipos de interpretaciones prejudiciales: la consulta facultativa y la consulta obligatoria, en los siguientes términos:

“DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

(…).

ART. 122.—Consulta facultativa.

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

ART. 123.—Consulta obligatoria.

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del tribunal”.

De conformidad con lo preceptuado por las normas transcritas, las autoridades jurisdiccionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina que son de única o de última instancia y fallan en derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino, de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso que se hubiere sometido a su conocimiento.

Así mismo, cuando la consulta de interpretación prejudicial resulte obligatoria, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso, toda vez que no puede decidirse hasta tanto se hubiere obtenido la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al asunto”.

5. Caso concreto.

5.1. Resolución del primer problema jurídico.

Uno de los aspectos centrales de la controversia planteada consiste en la aplicación del régimen de tránsito aduanero de la CAN al caso de autos, pues mientras la parte demandante sostiene que sí es aplicable, la DIAN alega todo lo contrario, argumentado fundamentalmente que la operación de tránsito inició en Panamá que no es miembro de la CAN, y que de conformidad con el artículo 3º de la Decisión 617(29), que contempla los eventos de tránsito aduanero comunitario, la aduana de partida siempre debe estar ubicada un país miembro, lo cual a su juicio no ocurrió en esta oportunidad.

Adicionalmente, como la aduana de destino era Venezuela, que para la época de los hechos ya no era miembro de la CAN, el Tribunal Administrativo de la Guajira arguyó que no resultaba pertinente la normatividad de dicha organización internacional.

Sobre el particular, como se ilustró en el acápite de antecedentes de esta providencia, la aplicabilidad del régimen de tránsito aduanero comunitario al caso de autos, concretamente de la Decisión 617, fue un asunto respecto del cual se ocupó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

“2.5. Por su parte el artículo 3º de la Decisión 617, manifiesta que las disposiciones de la presente decisión regirán para las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario:

2.5.1. Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro;

2.5.2. Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;

2.5.3. Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo País Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;

2.5.4. En caso presente la operación de tránsito aduanero comunitario aunque se inició en Panamá, la mercancía fue manifestada en tránsito de la aduana de Cartagena, la misma que se transformó en aduana de salida, con destino final a Maracaibo, Venezuela, debiendo pasar por la Aduana de Maicao. Esta operación de tránsito aduanero comunitario se la realizó amparada y de conformidad a la Decisión 617, motivo por el cual la Aduana de Cartagena una vez cumplidos y verificados los requisitos exigibles por la normativa comunitaria autorizó el régimen de tránsito.

2.5.5. El hecho de que Venezuela era o no miembro de la Comunidad Andina a la fecha en que se efectúo el tránsito, es irrelevante, la operación se encontraba garantizada y amparada en los literales bien sea el a) o el b) del artículo 3º de la Decisión 617” (resaltado fuera de texto).

Del aparte transcrito puede apreciarse por un lado, que a pesar de que la operación inicio en Panamá, la mercancía fue manifestada en Colombia - Cartagena como operación de tránsito internacional(30), de manera tal que la aduana de salida y/o partida(31) sí fue la de un país miembro de la CAN, motivo por el cual se estaba ante una de la hipótesis del artículo 3º de la Decisión 617.

Por otra parte, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el hecho de que Venezuela para la fecha de los hechos no perteneciera a la CAN resultaba irrelevante, por cuanto según el artículo antes señalado, en especial el literal b), el destino de la operación puede estar ubicado en un tercer país, sin que ello sea impedimento para la aplicabilidad de la Decisión 617.

Llama la atención de la Sala, que en el mismo sentido puede apreciarse la interpretación prejudicial que efectuó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de septiembre de 2016 y el 24 de agosto de 2015 dentro de los procesos 97-IP-2016 y 142-IP-2015(32) respectivamente, en los que frente a un caso similar al que es analizado en esta oportunidad, es decir, en tratándose de operaciones iniciadas en Panamá y cuyas mercancías fueron manifestadas en Cartagena - Colombia, con destino a Venezuela, se determinó que el régimen de tránsito aduanero comunitario era aplicable por las razones arriba señaladas.

En concordancia con lo anterior, advierte la Sala, que en las interpretaciones prejudiciales analizadas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha destacado como criterio relevante de interpretación para establecer si hay o no lugar a aplicar el régimen de tránsito aduanero de la CAN, si la mercancía transitó por el territorio de un país miembro, como ocurrió en este caso. Sobre dicho particular pueden apreciarse las siguientes consideraciones de la sentencia del 2 de julio de 2009 de la Sección Primera del Consejo de Estado:

“(…) es preciso tener en cuenta, tal como lo recalca el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial 01-IP-2008 rendida en este proceso, que en tratándose de asuntos relativos al transporte internacional de carga por carretera, la aplicación del ordenamiento comunitario se encuentra supeditada a que el transporte se efectúe teniendo como lugar de origen o destino a dos países miembros o implique el tránsito por uno o más países de la comunidad. Dichas normas son igualmente aplicables cuando el transporte se realice entre un país miembro y un tercer país ajeno a la comunidad, sean cuales fueren los lugares de origen y destino, siempre que el transporte de la carga implique su tránsito por un país de la comunidad distinto de aquél en donde se inicia o termina el servicio. Del mismo modo, la normatividad andina resulta aplicable cuando el transporte de la carga se realice entre terceros países ajenos a la comunidad siempre y cuando ello conlleve el tránsito por uno de los países miembros. En suma, la norma andina es aplicable cuando los vehículos de transporte de carga transiten por el territorio de la comunidad, ya sea por ser ese el lugar de remisión o de destino, o por tratarse de un simple lugar de paso(33) (resaltado fuera de texto).

En suma, estima la Sala que el hecho de que el país en el que inició la operación no fuera parte de la CAN, ni tampoco el del lugar de destino, no impiden la aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario, pues fue Colombia, miembro de la mencionada organización internacional, la aduana destino (donde se realizó el manifiesto de carga) y el lugar por el que la mercancía transitó.

5.2. Resolución del segundo problema jurídico.

Esclarecido el régimen aplicable, debe la Sala establecer si la DIAN desconoció el mismo al decomisar la mercancía que transportaba Sutranscoop.

En tal sentido, lo primero que se observa es que el decomiso que efectuó la Administración de Aduanas de Maicao, materialmente impidió el tránsito de la mercancía de calzado hacia su lugar de destino, esto es, Maracaibo - Estado de Zulia (Venezuela), razón por la cual debe acudirse a lo dispuesto a la Decisión 617 de la CAN, a fin de establecer si tal prohibición de tránsito está amparada por el mencionado régimen.

Para resolver la cuestión planteada resulta pertinente el artículo 10 de la mencionada decisión, el cual establece de un lado, las mercancías cuya importación está prohibida o que requieren un tratamiento sensible, y de otro, el procedimiento que debe seguirse ante la CAN para que los países miembros informen sobre las mercancías de prohibida importación. Para mayor ilustración, se transcribe a continuación el contenido de la mencionada norma:

“ART. 10.—No podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancías consideradas como productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante resolución de la secretaría general. Asimismo no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en tratados y convenios internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.

En el caso de las mercancías que sean de prohibida importación en un País Miembro de tránsito, pero no en el País Miembro de partida o de destino, la aduana del País Miembro de tránsito podrá autorizar el tránsito, otorgándole el tratamiento de producto sensible.

Los Países Miembros comunicarán a la secretaría general de la Comunidad Andina la relación de mercancías de prohibida importación vigente según sus legislaciones internas y ésta a su vez las comunicará a los organismos de enlace y a las autoridades aduaneras para su correspondiente publicación. La lista de los productos sensibles será aprobada mediante resolución, en la que se indicará sus mecanismos de actualización. No obstante, dicha comunicación y publicación no prejuzgarán necesariamente respecto de la compatibilidad de la prohibición con el ordenamiento jurídico andino”.

Frente al asunto objeto de análisis, la mercancía que se decomisó a través de los actos acusados, y por ende, cuyo tránsito se impidió, consiste en calzado, por lo que no está contenida dentro de las tipologías previstas en la norma transcrita sobre mercancía de prohibida o sensible importación, como también lo destacó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al afirmar:

“(…) debe hacerse mención al artículo 10 de la Decisión 617, mediante el cual se prohíbe el tránsito de mercancía no autorizada. De igual modo, en lo que respecta a la mercancía no autorizada en el país de tránsito, pero sí en el de partida y destino, éste está facultado para permitir el tránsito de la mercancía como producto sensible.

1.3. En ese sentido, atendiendo a que la mercancía que se ha incautado no resulta prohibida en Colombia, sino que el acceso de la misma se dio por una Aduana no autorizada por la autoridad nacional, el artículo en mención no resulta aplicable. (…)”.

Ahora bien, como la DIAN argumentó que el fundamento del decomiso constituye la restricción establecida en la Resolución 7373 de 2007, según el cual las mercancías clasificables por los capítulos 50 a 64 del arancel de aduana (dentro de la cual se encuentra el calzado) y que provengan de la zona libre de Colón (Panamá), solo pueden ingresar por la Administración Especial de Aduanas de Bogotá y Local de Aduanas de Barranquilla, y que respecto de las mismas no es procedente la autorización del régimen de tránsito aduanero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial efectuada resaltó, que uno de los principales asuntos que debe resolverse consiste “en establecer y verificar si la restricción de ingreso de zapatos por la Aduana de Barranquilla fue o no notificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina como lo dispone el artículo 10 de la Decisión 617 y si la Administración de Maicao consideró esta situación para dictar la resolución de decomiso”.

A juicio de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo énfasis en el mencionado aspecto, como quiera que la restricción que estableció la DIAN y aplicó frente a una operación de tránsito aduanero comunitario, terminó impidiendo el tránsito de la mercancía a su lugar de destino, lo que nos coloca en el marco del artículo 10 de la Decisión 617, y por consiguiente, en la obligación que tienen los países miembros de reportar las restricciones adoptadas para su correspondiente divulgación a los integrantes de la organización internacional.

Precisamente, en aras de verificar la anterior situación, la Sección Primera de esta corporación ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la DIAN, a fin de que informarán si para el año 2008 (en el que tuvieron lugar los hechos) existía en Colombia restricción aduanera para el ingreso de mercancías consistentes en calzado y en caso afirmativo, qué clase de restricción y si la misma fue notificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina de conformidad con el artículo 10 de la Decisión 617 de 2005.

Frente a este aspecto como se ilustró en el numeral 2.8.2.4 del acápite de antecedentes de esta providencia, la DIAN guardó silencio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que no era el competente para suministrar la información, y el de Comercio, Industria y Turismo sostuvo que la referida decisión no es aplicable al caso de autos y que como el calzado no es un producto de prohibida importación no se requería notificar a la Secretaría General de la CAN.

Lo anterior quiere decir, que no se advierte que la restricción establecida e impuesta frente a la mercancía que tenía la parte demandante, haya sido notificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina como lo dispone el artículo 10 de la Decisión 617.

Asimismo, tampoco se evidencia de la lectura de los actos demandados ni de las intervenciones de la DIAN al presente trámite, que la Administración de Aduanas de Maicao al efectuar el decomiso haya tenido en cuenta la obligación de reportar a la CAN la mencionada restricción, que se insiste, implicó la imposición de una prohibición de tránsito de la referida mercancía.

En ese orden de ideas, estima la Sala que la restricción impuesta a la parte demandante resulta contraria al régimen de tránsito aduanero comunitario, ya que como lo destacó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud del principio supranacionalidad tiene carácter prevalente frente a los ordenamiento jurídicos de los país miembros, quienes si bien tienen la facultad “de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre transporte internacional de mercancías”, tal potestad “no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria” (énfasis del referido tribunal).

En conclusión, la aplicación de la restricción de ingreso que impuso DIAN a la operación de tránsito aduanero comunitario que efectuaba la parte demandante, constituyó una limitación adicional a las prohibiciones de tránsito que consagra la Decisión 617, que tampoco fue notificada en los términos previstos en esta, por lo que le asiste razón a Sutranscoop al solicitar la declaratoria de nulidad de los actos acusados y la cancelación del valor de la mercancía decomisada, que según aquellos asciende a $ 367.798.000 de acuerdo al “documento de ingreso inventario y avalúo de mercancía DIAN 3939201073 de fecha 29-03-2008”(34), suma que por el transcurso del tiempo y los fenómenos inflacionarios debe ser traída a valor presente.

Por las razones expuestas, se revocará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento que la aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario resultaba impertinente, lo cual fue desvirtuado.

6. Declaraciones y condenas.

6.1. Declaración de nulidad de los actos administrativos demandados.

Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia se declarará la nulidad de la Resolución 39-070-0636-0085 del 9 de septiembre de 2008 de la división de fiscalización aduanera de la Administración de Aduanas Nacionales de Maicao y de la Resolución 1-39-201-601-2008-003 del 23 de diciembre de 2008 del Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao.

6.2. Restablecimiento del derecho.

A título de restablecimiento del derecho se condenará a la DIAN a cancelar el valor de la mercancía decomisada, debidamente indexado, tal como lo solicitó la parte actora en la pretensión tercera de su demanda, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

R = Rh X IPCFinal

IPC Inicial

En que

R= Valor presente

Rh = Valor que se actualizará.

IPC inicial = Índice de precios al consumidor.

IPC final = Índice de precios al consumidor que corresponde al vigente para el mes en que se profiere la sentencia.

Respecto de la aplicación de la anterior fórmula, la Sala estima que el IPC inicial a tener en cuenta, corresponde al del mes en que quedó en firme la decisión de decomiso, esto es, enero de 2009, cuando se notificó la resolución que resolvió el recurso de reconsideración(35), lo anterior ya que fue para dicha fecha en que se definió la situación jurídica de la mercancía, cuyo valor constituye la base para el restablecimiento del derecho, por lo cual es partir de la misma que la actora vio lesionados sus derechos, consolidándose el daño causado por los actos administrativos viciados de nulidad.

En cuanto al IPC Final, como a la fecha no se cuenta con el IPC del mes en el que se dicta la presente providencia, se tomará el último reportado por el DANE, esto es, el correspondiente a enero de 2018.

Hechas las anteriores precisiones, el valor de la condena se establece así:

R = $ 367.798.000 X (139.72)(enerode2018)= $ 510.873.213

(100.59) (enero de 2009)

Por otra parte, en cumplimiento de la Decisión 500 de la CAN(36), se dispondrá enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 30 de noviembre de 2011 del Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído

SEGUNDO. En su lugar, se dispone lo siguiente:

2.1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 39-070-0636-0085 del 9 de septiembre de 2008 de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas Nacionales de Maicao y de la Resolución 1-39-201-601-2008-003 del 23 de diciembre de 2008 del Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao.

2.2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a cancelar a la parte demandante por concepto de daños y perjuicios ocasionados con la expedición de los actos anulados, la suma de quinientos diez millones ochocientos setenta y tres mil doscientos trece pesos ($ 510.873.213).

TERCERO. RECONOCER personería jurídica a la abogada Tatiana Orozco Cuervo, como representante judicial de la DIAN, en los términos del poder visible a folio 136, cuaderno 2 del expediente.

CUARTO. Por secretaría, ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.»

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 23 de marzo de 2017, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 25000-23-26-000-2000-01884-01(28018).

27 Aprobado mediante la Ley 17 de 1980.

28 Esta misma disposición fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 33 de la Ley 457 de 1998 «Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, a cuyo tenor literal:

«ART. 33.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal>>.

29 “ART. 3º—Las disposiciones de la presente decisión regirán para las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario:

a) Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro;

b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;

c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo País Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;

El régimen de tránsito aduanero comunitario podrá aplicarse a los tránsitos de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilicen el territorio aduanero de un país tercero cuando:

a) esté prevista esta posibilidad en un acuerdo bilateral o multilateral suscrito por las partes; y

b) el paso a través del tercer país se efectúe al amparo de un documento de transporte expedido en el territorio aduanero comunitario”.

30 Puede apreciarse el manifiesto de carga internacional 13487 del 17 de marzo de 2008 y la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional 0119, visibles a folios 36 y 38, cuaderno 1 del expediente.

31 Definida por el artículo 1º de la Decisión 617 así: “Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero comunitario”.

32 Pueden encontrarse en: http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11

33 Consejo de Estado, Sección primera, sentencia del 2 de julio de dos 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicación 11001-03-24-000-2002-00297-01.

34 Folios 129, 134, 240-242, cuaderno 1.

35 Respecto a la notificación de la Resolución 1-39-201-601-2008-003 del 23 de diciembre de 2008 del Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, la parte actora afirmó y acreditó el envío de la decisión correspondiente mediante correo certificado del 16 de enero de 2009, que señaló recibió el 19 de enero del mismo año (fls. 267, 318, cdno. 1).

36 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dicha norma en su artículo 128 reza de la siguiente manera:

“ART. 128.—Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y la secretaría general velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el tribunal.

En cumplimiento de las disposiciones de este capítulo los jueces nacionales deberán enviar al tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial” (resaltado fuera de texto).