Sentencia 2009-00138 de agosto 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000200900138 01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Barcenas

Número interno: 18567

Demandante: Daniel Rodríguez Gacha

Demandado: U.A.E. DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala decide sobre la nulidad de los autos aprobatorios de remate 20080606 800007, 20080606 800008, 20080606 800009, 20080606 800010, 20080606 800011 y 20080606 800012, todos del 24 de diciembre de 2008, y de la Resolución 0005753 del 1º de junio de 2009 que los confirmó.

Concretamente, resolverá si operó la prescripción de acción de cobro adelantada por la DIAN y si el remate de los bienes embargados se cumplió conforme con las formalidades previstas en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, en lo que a la publicación del aviso de remate corresponde.

Para decidir, se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

1. El 19 de mayo de 1993, mediante la Resolución 000635(1), la Superintendencia de Control de Cambios impuso una sanción cambiaria a Daniel Rodríguez Gacha por valor de $6.393.713.902. La decisión fue confirmada por la Resolución 4625 del 14 de octubre de 1994(2).

2. El 20 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad de los actos administrativos referidos en el numeral anterior(3).

3. El 12 de julio de 2002, el Consejo de Estado declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del tribunal por no haber sido sustentado dentro del término(4).

4. El 9 de septiembre de 2003, con fundamento en la Resolución 000635 del 19 de mayo de 1993, la División de Recaudo y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá libró el Mandamiento de Pago No. 3063 en contra del demandante por la suma de $1.987.804.360(5).

5. El 13 de octubre de 2003, el demandante fue notificado por correo del mandamiento de pago 3063 del 19 de septiembre de 2003(6), contra el que propuso excepciones el 29 de octubre de 2003(7).

6. El 8 de septiembre de 2003, mediante la Resolución 3018, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá ordenó el embargo de ciertos bienes de propiedad del demandante, entre los que se encontraban los inmuebles identificados con números de matrícula inmobiliaria 170-0019017, 170-0019592, 170-0026370, 170-0007521, 170-0005178 y 170-0026691(8).

7. El 11 de diciembre de 2003, mediante la Resolución 4307, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá i) declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, ii) ordenó seguir adelante con la ejecución, iii) aplicar los títulos de depósito judicial que se encontraran pendientes y iv) decretó el remate de los bienes embargados(9).

8. El 19 de enero de 2004, el demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 4307 del 11 de diciembre de 2003(10).

9. El 24 de diciembre de 2004, mediante la Resolución 788, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá confirmó la Resolución 4307 del 11 de diciembre de 2003(11).

10. El 26 de septiembre de 2006, mediante la Resolución 3103, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá ordenó el secuestro de los bienes cuyo embargo había sido ordenado por la Resolución 3018 del 8 de septiembre de 2003(12).

11. Los días 6, 12, 13, 19 y 20 de agosto de 2008 se llevaron a cabo las diligencia de remate en las que se adjudicaron a terceros los siguientes inmuebles:


Número de matrícula inmobiliaria

Acta de diligencia de remate


Fecha de remate
170-00190173396(13)20 de agosto de 2008
170-00195923353(14)19 de agosto de 2008
170-00263703351(15)19 de agosto de 2008
170-00075213321(16)13 de agosto de 2008
170-00051783226(17)06 de agosto de 2008
170-00266913302(18)12 de agosto de 2008

12. El 24 de diciembre de 2008, la Administración Seccional de Impuestos de Bogotá profirió los autos aprobatorios de los remates realizados los días 6, 12, 13, 19 y 20 de agosto de 2008.


Auto aprobatorio de remate

Número de matrícula inmobiliaria

Fecha de remate
20080606 800007(19)170-001901720 de agosto de 2008
20080606 800008(20)170-001959219 de agosto de 2008
20080606 800009(21)170-002637019 de agosto de 2008
20080606 800010(22)170-000752113 de agosto de 2008
2008606 800011(23)170-000517806 de agosto de 2008
20080606 800012(24)170-002669112 de agosto de 2008

13. El 31 de diciembre de 2008, el demandante interpuso recurso de apelación contra los autos aprobatorios de remate señalados en el numeral anterior(25).

14. El 1 de junio de 2009, mediante la Resolución 5753, el Director General de la DIAN resolvió el recurso de apelación interpuesto contra los autos aprobatorios de remate antes referidos y los confirmó(26).

La Sala parte de señalar que si bien el artículo 835 del E.T.(27) establece que en el proceso de cobro administrativo coactivo solo son demandables las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, y que según el artículo 833-1, ibídem, las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este procedimiento son de trámite y que contra ellas no procede recurso alguno, según el precedente judicial que se reitera(28), el auto de aprobación de la diligencia de remate es pasible de control judicial mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior en razón a que, según lo sostuvo la Sala en la sentencia referida, el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser de las señaladas en el artículo 835 del E.T., pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta.

Que así, a falta de norma especial en el ordenamiento tributario para dar trámite a las actuaciones administrativas posteriores a las resoluciones que deciden las excepciones, como las relativas al embargo, secuestro y remate de bienes y las de aprobación y cumplimiento, son aplicables las de Código de Procedimiento Civil.

Que, de esa forma, como el auto de aprobación de la diligencia de remate del que trata el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil(29) es susceptible del recurso de apelación(30), puede dar lugar a controversias ante la administración y, por ende, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(31).

En consideración a lo anterior, la Sala procede a decidir sobre la nulidad de los actos aprobatorios de remate demandados y de la resolución que los confirmó.

De la prescripción de la acción de cobro.

Según el artículo 817 del E.T.(32), el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales es de 5 años y se cuentan a partir de la fecha en que éstas se hicieron legalmente exigibles(33).

De acuerdo con lo anterior, cuando de actos de determinación de obligaciones tributarias se trata, la prescripción se calcula a partir de la ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión(34), pues es a partir de ese momento que la obligación tributaria es exigible.

El artículo 818(35), ibídem, establece que el término de prescripción se interrumpe, entre otros eventos, por la notificación del mandamiento de pago. Una vez interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del acto que la interrumpió.

En el presente caso, el mandamiento de pago se notificó por correo el 13 de octubre 2003, evento que interrumpió la prescripción de la acción de cobro de la Resolución 635 del 19 de mayo de 1993, que, como se recordará, había quedado ejecutoriada una vez fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de dicha resolución, según se expuso en los numerales 1º al 3º del acápite de hechos probados.

De esta manera, a partir del 14 de octubre de 2003, día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, empezó a correr nuevamente el término de 5 años para que la administración adelantara las acciones de cobro de la Resolución 635 del 19 de mayo de 1993, plazo que, como no fue suspendido o interrumpido, se cumplió el 14 de octubre de 2008.

El demandante alegó que dentro del término de prescripción de la acción de cobro la DIAN debe agotar la totalidad de las gestiones necesarias para obtener el pago de las obligaciones adeudadas. Que, en el presente caso, los autos de aprobación de los remates fueron proferidos el 24 de diciembre de 2008, y dado que el proceso de cobo coactivo no concluye, a su juicio, con la diligencia de remate, a esa fecha ya había operado la prescripción de la acción de cobro.

La Sala ha señalado que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E.T. se desprende que la obligación de la Administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal(36).

Para estos efectos, advirtió que detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la administración como para los contribuyentes. Para la Administración, porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y, para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo(37).

Del mismo modo, la Sala ha establecido que la Administración debe llegar al proceso de cobro coactivo para obtener en forma forzada el pago de las obligaciones que voluntariamente no ha realizado el deudor. Que así, el remate de los bienes no tiene finalidad distinta que obtener dicho pago, hasta concurrencia del valor adeudado(38).

Que, por tanto, efectuado el remate, su producto extingue la obligación, si éste cubre su valor, desde la fecha de la diligencia si concluye con la adjudicación de los bienes y el rematante paga el precio. Que, en ese sentido, no puede entenderse realizado el pago en la fecha de aprobación de la diligencia de remate por cuanto, según el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, esta providencia debe dictarse cuando el rematante ha pagado oportunamente el precio.

Por lo expuesto, no le asiste la razón al demandante cuando afirma que al 24 de diciembre de 2008, fecha en la que se expidieron los autos aprobatorios de remate, había operado la prescripción de la acción de cobro, pues a ese momento, la obligación se había extinguido como consecuencia del remate de los bienes embargados que tuvo lugar los días 6, 12, 13, 19 y 20 de agosto de 2008, es decir, dentro del término de 5 años con el que contaba la Administración para adelantar las gestiones de cobro, que como se recordará, vencía el 14 de octubre de 2008.

De la violación del artículo 525 del Código de Procedimiento Civil

El demandante alegó que los remates están viciados de nulidad porque estos no se realizaron conforme lo estipulado en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil Concretamente, dijo que los avisos que ordena efectuar la noma referida no se hicieron en una radiodifusora del municipio en donde se encontraban los bienes rematados.

El artículo 840 del E.T.(39) establece que, una vez en firme el avalúo de los bienes que se hubieran embargado, se lleva a cabo el remate de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 523 al 529 del Código de Procedimiento Civil, según la remisión del artículo 839-2(40) del E.T.

Para fines de publicidad, el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil(41) exige que con un mínimo de diez días de antelación a la fecha del remate de los bienes embargados se publique, por una sola vez, un aviso en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local, si la hubiere.

Por su parte, el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil(42) establece que las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se consideran saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación y que las nulidades que se formulen después de esta época no serán oídas.

En estos términos, si el demandante estimaba que los avisos de los remates de los bienes embargados no se ajustaban a las exigencias del artículo 525 del Código de Procedimiento Civil debió alegar dicha situación en la oportunidad prevista por la ley, como en efecto lo hizo en el presente caso.

Así, los días 8, 13 y 25 de agosto de 2008 el demandante promovió incidentes de nulidad contra los remates, en los que, de manera particular, discutió defectos relacionados con la publicidad de los mismos.


Número de matrícula inmobiliaria

Fecha de remate
Fecha del incidente de nulidad
170-001901720 de agosto de 200825 de agosto de 2008(43)
170-001959219 de agosto de 200825 de agosto de 2008
170-002637019 de agosto de 200825 de agosto de 2008
170-000752113 de agosto de 200825 de agosto de 2008
170-00051786 de agosto de 20088 de agosto de 2008(44)
170-002669112 de agosto de 200813 de agosto de 2008(45)

Mediante la Resolución 3868 del 18 de septiembre de 2008, la División de Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial del Aduanas de Bogotá resolvió negativamente los incidentes de nulidad de los remates antes referidos(46). Señaló que los avisos se hicieron en una radiodifusora de la jurisdicción de la Administración de la DIAN que llevó a cabo los remates y que, en todo caso, la emisora tenía cobertura en el municipio en donde se ubicaban los inmuebles, es decir, en Pacho - Departamento de Cundinamarca.

El 10 de octubre de 2008, el demandante apeló la Resolución 3868 del 18 de septiembre de 2008, y alegó, fundamentalmente, que la Administración no le dio traslado a las partes interesadas del incidente de nulidad promovido contra los remates, según lo ordena el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, no hizo alusión a los defectos referidos a la publicidad de los remates que alegó en la demanda(47).

La apelación promovida por el demandante fue resuelta por la DIAN mediante la Resolución 4207 del 7 de octubre de 2007 que confirmó el acto administrativo recurrido(48).

De lo anterior se advierte que la discusión en torno a las posibles irregularidades en los remates de los bienes embargados se surtió y resolvió ante la propia administración, sin que se hubiera controvertido su validez por defectos relacionados con la publicidad, según lo estipulado en el artículo 525 del C.P.

Dado que estos actos no son objeto de la demanda que ahora se decide, la Sala se inhibe de resolver el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFÍRMASEla sentencia apelada.

Segundo: RECONÓCESE a la abogada Patricia del Pilar Romero Angulo como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folios 5 al 57 del Tomo I de antecedentes administrativos.

(2) Folios 58 al. 85 del Tomo I de antecedentes administrativos

(3) Folios 317 al 339 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(4) Folios 51 y 52 del C.P.

(5) Folios 53 del C.P.

(6) Folio 387 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(7) Folios 426 al 430 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(8) Folios 381 382 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(9) Folios 431 al 436 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(10) Folios 438 al al 442 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(11) Folios 443 al 448 del Tomo III de antecedentes administrativos.

(12) Folios 707 al 711 del Tomo V de antecedentes administrativos.

(13) Folios 81 y 82 del C.A.A. 6

(14) Folios 89 y 90 del C.A.A. 15

(15) Folios 91 y 92 del C.A.A. 12

(16) Folios 72 y 73 del C.A.A. 18

(17) Folios 88 y 89 del C.A.A. 11

(18) Folios 120 y 21 del C.A.A. 24

(19) Folios 87 y 88 del C.P.

(20) Folios 26 y 27 del C.P.

(21) Folios 29 y 30 de C.P.

(22) Folios 35 y 36 del C.P.

(23) Folios 83 y 40 del C.P.

(24) Folios 32 y 33 del C.P.

(25) Folios 1778 al 1788 de del Tomo XII de antecedentes administrativos.

(26) Folio 44 al 50 del C.P.

(27) ART. 835.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P.: héctor j. Romero díaz. Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2009. Radicación: 25000-23-27-000-2007-00184-01. Número interno: 17426. Actor: Distribuidora Subaru de Colombia S.A. (en liquidación). Demandado: U.A.E. DIAN.

(29) ART. 530.—Aprobación o invalidez del remate. Norma vigente para la ocurrencia de los hechos. Pagado oportunamente el precio el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los artículos 523 a 528, y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141. En caso contrario, declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante.

En el auto que apruebe el remate se dispondrá, además:

1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten al bien objeto del remate.

2. La cancelación del embargo y del secuestro.

3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente.

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.

5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder.

6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.

7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Empero, cuando se remate un bien para el pago de la parte exigible de una deuda garantizada con hipoteca o prenda constituida sobre él, no se entregará al ejecutado el sobrante del precio que quedará consignado a órdenes del juzgado como garantía del resto de la obligación, salvo que las partes dispongan otra cosa.

(30) ART. 538.—Apelaciones. Son apelables en el efecto diferido los autos que se profieran en los casos contemplados en el artículo 522, en los incisos tercero a quinto del artículo 529 y en los artículos 530 y 531.

(31) Ídem.

(32) ART. 817.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte.

(33) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C. 20 de agosto de 2009. Radicación: 250002327000200600504 01. Número interno: 16811. Actor: Trading Express S.A. Demandado: U.A.E. DIAN.

(34) ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

(35) ART. 818.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,

- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del estatuto tributario.

- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del estatuto tributario.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 28 de febrero de 2013. Referencia: 25000232700020080016301. Número interno: 1793. Demandante: Reyes Armando Rodríguez Palma. Demandado: UAE DIAN.

(37) Ibídem.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Maria Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., 3 de mayo de 2002. Radicación n: 25000232700019990972 01. Número interno; 12386. Actor: Procesadora Spandex S.A. Prospan S.A. (En liquidación) Demandado: U.A.E. DIAN.

(39) ART. 840.—Remate de bienes. En firme el avalúo, la Administración efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la Nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el reglamento.

Los bienes adjudicados a favor de la Nación y aquellos recibidos en dación en pago por deudas tributarias, se podrán entregar para su administración o venta a la Central de Inversiones S.A. o a cualquier entidad que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la forma y términos que establezca el reglamento".

(40) ART. 839-2.—Embargo, secuestro y remate de bienes. En los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

(41) ART. 525.—Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por, aviso que expresará:

1. La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.

2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la litación.

4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; una copia informal de la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

Cuando existieren bienes situados fuera del territorio del circuito a que corresponda el juzgado donde se adelanta el proceso, y en el lugar donde estén ubicados no circule un medio de comunicación impreso, ni exista una radiodifusora local, la publicación se hará por cualquier otro medio, a juicio del juez.

En ningún caso podrá prescindirse de las publicaciones exigidas en este artículo.

(42) Ibídem cita 29.

(43) Folios 1617 al 16622 del Tomo XI de antecedentes administrativos.

(44) Folios 1585 al 1589 del Tomo XI de antecedentes administrativos.

(45) Folios 1594 al 1598 del Tomo XI de antecedentes administrativos.

(46) Folios 1677 al 1683 del Tomo XII de antecedentes administrativos.

(47) Folios 1749 al 1748 de Tomo XII de antecedentes administrativos.

(48) Folios 1740 al 1747 de Tomo XII de antecedentes administrativos.