Sentencia 2009-00144/44634 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 44634

Rad.: 250002326000200900144 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: José Eladio Rodríguez Soriano y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Presupuestos procesales de la acción

17. Jurisdicción, competencia y acción procedente. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, esta corporación es competente para conocer del caso de autos, en razón de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia por los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, sin que sea menester estudiar lo relacionado con la cuantía.

Legitimación en la causa

17.1. Toda vez que el señor José Eladio Rodríguez Soriano fue el afectado directo con la actuación de la Nación, este se encuentra legitimado por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la privación de su libertad. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por encontrarse demostrados sus lazos de parentesco con el citado demandante(1), de lo cual se infiere que tienen interés un interés legítimo en el presente asunto.

18. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación - Fiscalía General de la Nación, de manera que se encuentra legitimada en el asunto de la referencia.

Caducidad de la acción

19. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tiene la carga de promover el litigio. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

19.1. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

19.2. Ahora bien, en los eventos de responsabilidad por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(2), ya que el carácter injusto de la medida se logra apreciar solo a partir del momento en que queda ejecutoriada la providencia absolutoria(3).

19.3. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que, mediante providencia del 21 de noviembre de 2006, el Juzgado Quinto Penal en Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá absolvió de responsabilidad penal al señor José Eladio Rodríguez Soriano, providencia que no fue apelada y quedó debidamente ejecutoriada el 6 de diciembre de 2006(4). En consecuencia, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, los accionantes contaban con 2 años a partir del día siguiente de la ejecutoria para interponer la acción de reparación directa, es decir, tenían hasta el 7 de diciembre de 2008 para hacerlo, de modo que como la demanda fue presentada el 17 de octubre de 2008(5), resulta claro que lo fue en el bienio prescrito en la norma ejusdem.

Hechos probados

20. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

20.1. El 14 de mayo de 2004, la señora Marisol Bello González interpuso una denuncia penal por el hurto de una maquinaria y partes de vehículos que se encontraban en la bodega de la empresa Aliba Estum S.A., la cual administraba. En su relato, la denunciante afirmó que unos sujetos desconocidos arribaron a la bodega, los amenazaron con arma de fuego, la amordazaron junto con su hijo menor en el baño y subieron los elementos hurtados en camiones y montacargas. Posteriormente, cuando llegó al sitio el conductor de la volqueta que parqueaba normalmente en la bodega, también lo amarraron a su lado y se marcharon, llevándose los objetos que allí se encontraban (denuncia de la señora Marisol González recibida por el Departamento de Policía Tiquesusa - Estación Engativá, fls. 6-7, c. 4).

Siendo las 10 am el 14 05 2004 yo me encontraba en la cocina cuando golpearon y mi hijo Willam Antonio Bustos fue y abrió, un señor lo empuja y se dentra (sic) a la bodega, salgo de la cocina a mirar quién había llegado y un hombre se acerco (sic) con un harma (sic) y nos dijo que nos metiéramos al baño y que colaboráramos para que nada le pasara al niño, estando adentro el hombre nos amenasaba (sic) con harma (sic) de fuego, al parecer (sic) un rebolber (sic) entonces escuchamos que habrian (sic) el portón y cargaban las cosas que habían dentro de la bodega, haci (sic) transcurrió hasta la hora en la cual llegó la bolqueta (sic) que siempre guardan ahí eran aprocimadamente (sic) las 4 pm y el señor que nos tenía en el baño salió y nos encerró en la habitación de la esquina, el hopmmbre se asustó y dijo ábrale para que dentre (sic) y cojemos (sic) a ese hijuputa (sic) y también lo encerramos. Estando en la habitación escuchamos cuando alguien forcejeaba era que el señor había cojido (sic) al señor de ña bolqueta (sic) y lo traía para encerrarlo con nosotros, nos amarraron con unas manilas y cables, nos amordasaron (sic) con una ropa tapándonos la boca para que no gritáramos y nos amenasa (sic) que no fueramos a decir nada que no era con nosotros. Después se fueron como a las 4:15 pm. Don Luis González conductor de la bolqueta (sic) se logró soltar y nos desamarra al niño y a mí y yo salí con el niño hasta el CAI de la Serena y les informé que nos habían robado todo de la bodega.

20.2. Ese mismo día, la Policía Nacional capturó y puso a disposición del Fiscal de turno de la Unidad de Reacción Inmediata - URI La Granja a los señores Jairo Enrique Silva, Edil Chabur Martínez, Orlando Gaitán Aguirre, Blanca Nubia Ovalle y Luis Fernando Campos Vargas, como presuntos responsables de los delitos de hurto y receptación, luego de que por indagaciones a los vecinos de la bodega lograron identificaron la placa del vehículo montacargas presuntamente empleado para cometer el ilícito, propiedad del primero de los mencionados, quien afirmó que desconocía la procedencia de los objetos y que había sido contratado por Luis Fernando Campos Vargas. Este último, al ser contactado manifestó que los objetos habían sido comprados legalmente por chatarra y se encontraban en una bodega, en la cual capturaron a Edil Chabur Martínez, vigilante de la bodega, propiedad del tercero de los capturados y quien afirmó que Campos Vargas le pidió el favor de guardar allí la chatarra, la cual fue incautada y recuperada. Al ser contactado nuevamente por la Policía Nacional y cuestionado por las condiciones del negocio, el señor Luis Fernando Campos Vargas se dirigió hasta ese sitio en compañía del aquí actor (José Eladio Rodríguez Soriano) y exhibieron la factura por valor de $18.000.000, expedida por el supuesto dueño de la chatarra, un señor que decía llamarse Juan Carlos Rubio y al que presentó José Eladio Rodríguez Soriano con Campos Vargas; sin embargo, no fue posible identificarlo puesto que huyó del sitio tan pronto se enteró que la Policía Nacional requirió la factura (Informe de la Policía Nacional Tiquesusa - Estación Engativá dejando a disposición a 5 capturados, fls. 1-2, c. ppal.(6)).

20.3. El 15 de mayo de 2004, la Fiscalía 330 Delegada antes los Jueces Penales Municipales de Bogotá vinculó mediante diligencia de indagatoria a los señores señores Jairo Enrique Silva, Ediln Chabur Martínez, Orlando Gaitán Aguirre, Blanca Nubia Ovalle y Luis Fernando Campos Vargas, como presuntos autores del delito de hurto calificado agravado por violencia sobre las personas.

20.4. El 15 de mayo de 2004, igualmente, se capturó y dejó a disposición de la URI La Granja al señor José Eladio Rodríguez Soriano, sindicado del delito de hurto, dado que según labores de inteligencia fue quien presentó al vendedor de la chatarra con el señor Luis Fernando Campos Vargas (comprador) y aceptó haber estado en la bodega el día de los hechos (acta de captura y oficio dejando a disposición de la Fiscalía al capturado, fls. 31 y 32, c. 4).

20.5. El 21 de mayo de 2004, la Fiscalía Ciento Setenta y Cinco de la Unidad Primera Especializada en Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico resolvió la situación jurídica de los encartados y profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores José Eladio Rodríguez Soriano, Luis Fernando Campos Vargas y Juan José Zisa Angarita, ante las presuntas inconsistencias y contradicciones en sus coartadas, mientras que se abstuvo de adoptar similar decisión respecto de los indagados restantes por considerar que frente a ellos no existían indicios graves que comprometieran su responsabilidad (Resolución del 21 de mayo de 2004, fls. 149-161, c. 4).

[D]el contenido de las diligencias de indagatoria existen contradicciones entre las versiones suministradas por los señores Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez, con relación a las circunstancias que rodearon la presentación del señor Juan Carlos Rubio Silva, obsérvese como el implicado Luis Fernando Campos Vargas, en su indagatoria expone: “Yo distingo al señor Eladio Rodríguez que trabajó en parabólicas del barrio Álamos, y yo le he comprado aluminio de antenas por chatarra, el señor me llamó a la casa que pasara por la oficina de él, eso fue el doce de mayo que estaban vendiendo un lote grande de chatarra. Cuando yo fui a la oficina de él me dijo que eran aproximadamente cuarenta a cincuenta toneladas que también me dio una lista de las partes que habían explicando (sic) el material que había… Yo le dije que sí me interesaba pero que tocaba mirarlo él me dijo que me iba a presentar al señor que se lo estaba vendiendo. Nos dirigimos hacia el barrio parís Gaitán y me presento (sic) al señor Juan Carlos en el momento no tengo el apellido pero en la factura está el apellido...” (fl. 36 del C. O.), al interrogarse acerca del lugar donde puede ser localizado el señor Juan Carlos, manifiesta “Yo lo localice (sic) las tres veces pero por las citas con don Eladio…” (Fl. 40 del C. O.), contrario a esta versión indica el señor José Eladio Rodríguez “ese día viernes como a las nueve a diez de la mañana, acompañé al señor Fernando Campo para un negocio de esa chatarra pero no sé la dirección pero es en el barrio París Gaitán, lo acompañé hasta las tres de la tarde pasadas y luego me dirigí a mi oficina…” “… Él me informó que lo acompañara mientras iba a cargar un negocio de chatarra que había comprado. Él me dijo que se la había comprado a un señor Juan Carlos el día jueves por la suma de dieciocho millones de pesos.” De lo anterior se infiere que existen contradicciones respecto a la forma como el señor Luis Fernando Campos conoce y efectúa la supuesta negociación de la mercancía hurtada con José Eladio Rodríguez y Juan Carlos Rubio Silva, este último presuntamente propietario de la maquinaria que se encontraba en la bodega ubicada en la Diagonal 88 D No. 83-61 , pero coincidiendo eso sí, en desconocer la ubicación de este sujeto, de quien no prestan la colaboración necesaria para que se produzca su captura. Obsérvese como existe igualmente contradicción entre la versión suministrada por Luis Fernando Campos, con relación a la presencia del señor Juan Carlos (presunto propietario de la mercancía hurtada) para la fecha de entrega del dinero restante del valor pactado en la factura a folio 20 del cuaderno original y lo manifestado por el señor Juan José Zisa en diligencia de indagatoria, exponiendo el señor Luis Fernando Campos: “ Yo me dirigía al parqueadero de DONDE JUAN CIZA (sic) que queda ubicado en el centro de la ciudad para coordinar la entrega del faltante de la plata acordamos que nos reuniríamos frente al CAI de Álamos Sur o sea en el tránsito para que ellos (sic) el señor Juan Carlos y el señor Eladio nos entregaran la factura de venta en la cual especificaban el peso y el valor de la chatarra firmada y con huella por el señor Juan Carlos a cambio de los nueve faltantes. Eso fue hacia las ocho y media de la noche de ayer… Llego (sic) el señor Eladio con la factura y esos (sic) momentos don Juan Ciza (sic) recibió una llamada del señor Orlando Gaitán en la cual le decía que tenía problemas en la bodega porque estaban (sic) requerían la factura del material que él había metido ahí. Como estábamos esperando al otro señor Juan Carlos don Juan se quedó con Eladio y yo me dirigí con la factura hacia donde estaba Orlando” contrario a esta manifestación expone el señor Juan José Zisa: “Nos vimos a las ocho de la noche a la cita al vendedor no le se (sic) el nombre llegamos a una cafetería nos sentamos a tomarme (sic) un tinto con Luis Fernando. Los señores no llegaron yo le dije Luis Fernando qué pasa que no llegan y marco (sic) al celular de ellos y me dijo que le habían contestado que ya iban que estaban cerca. Como a los diez minutos llegaron ambas y yo le pregunté a Luis Fernando que quién era el otro señor y me dijo que era el comisionista eso fue lo que él me contestó… en ese momento me llamó Orlando Gaitán al celular y me dijo que estaba la Policía que necesitaban la factura de esa mercancía yo le dije a don Luis Fernando oiga que por allá llego la policía donde Orlando y eso como es robado y le dije a usted muchas veces que si eso era legal que no me fuera a meter en problemas a mí y a Orlando. Yo le dije vallase (sic) para allá con la factura… y se fue para allá. Después ellos quedaron conmigo ahí yo les dije patrones eso tiene problemas… yo vi que el vendedor se preocupó y yo les dije si eso tiene problemas nos toca irnos para allá… Luis Fernando me volvió a marcar al celular y me dijo don Juan estoy enproblemado (sic) yo le contesté que no fuera tal por cual… el vendedor está poniendo cuidado volteé a mirar el vendedor y lo vi hasta preocupado ellos andaban oyendo la llamada que hizo Orlando Gaitán a mi celular y después la que hizo Luis Fernando y el señor el vendedor se paró de la mesa y dijo que iba hacer una llamadita y desapareció pero yo no le había dado el resto del dinero. EI comisionista se quedó ahí y me comentaba qué problema que había… yo le pregunté que (sic) desempeñaba en ese negocio y dijo que él era el que había buscado el negocio a Luis Fernando, fue lo que comentamos y dijo voy a buscar al vendedor y por ahí no apareció el tipo…”, agrega que recibió una llamada a las 10:00 de la noche del señor Luis Fernando informándole que estaba detenido y que no fuera a entregar el dinero restante, por lo que procede a trasladarse a su lugar de residencia, sin entregar el dinero. Igualmente da a conocer las características físicas del vendedor e indica concretamente que: “El que está detenido es el comisionista”.

De las anteriores contradicciones se infiere en sana lógica que si los presuntos sindicados estaban realizando una negociación que para ellos era legal, cuál era la razón para que el señor Juan Zisa y Luis Fernando no prestaran la colaboración necesaria para la captura de estos sujetos, en especial este último, dando a conocer a los uniformados que lo capturan, del lugar donde en ese mismo instante se encontraba el vendedor y comisionista del negocio que su dicho era legal, obsérvese como el presunto implicado Juan Zisa reconoce como comisionista a uno de los capturados, es decir al señor José Eladio Rodríguez, quien pretende mostrarse ajeno a los hechos materia de investigación.

No son de recibo, las pretendidas justificaciones ofrecidas por los encartados, en especial a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conocieron al señor Juan Carlos Rubio Silva. No es factible pregonar que desconocían las consecuencias futuras que le acarrearía el proceder realizado, nótese como en primera instancia, se da a conocer por parte de los señores Luis Fernando Campos y Juan José Zisa Angarita, que acudieron en forma personal y en varias oportunidades a la bodega donde se realizó el hurto de la maquinaria, observándose en este aspecto que igualmente existen contradicciones en las fechas y horas que manifiestan acuden a observar el material ofrecido en venta (…)

De lo anterior se infiere que los implicados Luis Fernando Campos Vargas, José Eladio Rodríguez y Juan José Zisa Angarita, en su afán de justificar su presencia en el lugar de los hechos, contravienen la verdad y realidad de los hechos acontecidos, amén de ser contrarios en grado sumo a la ocurrencia natural y lógica de esta clase de eventualidades (…)

Respecto de los presuntos implicados edil Chabur Martínez, Orlando Gaitán Aguirre, Blanca Nubia Ovalle y Jairo Enrique Silva Galindo, estima esta delegada al observar el contenido de las instructivas, los documentos aportados por los mismos y las explicaciones contenidas en las diligencias de indagatoria, que por el momento no existen Indicios graves que comprometan su responsabilidad (…)

Como se ha expresado, imposible resulta aceptar las manifestaciones que ponen de presente los señores Luis Fernando Campos Vargas, José Eladio Rodríguez Soriano y Juan José Zisa Angarita, ya que observadas y analizadas en concordancia con las pruebas obtenidas a través de la denuncia que se presenta, testimonios e informe policivo, dan claridad objetiva acerca de las circunstancias que rodearon su captura y la forma como intervienen y hacen presencia en el lugar de los hechos, máxime cuando las personas perjudicadas explican certeramente el acontecer y desenvolvimiento de los hechos denunciados.

(…)

Por ello no es factible enunciar que desconocían la actividad delictiva que realizarían, máxime que como se colige, se trata del perfeccionamiento o consumación del delito de hurto, que gracias a la eficaz y pronta colaboración con la Policía se logra la captura de los presuntos implicados, así como la recuperación de la mercancía hurtada, quienes aceptan que momentos antes de su captura estuvieron presentes en el lugar de los hechos en donde presuntamente efectuaron una negociación lícita, pero contrario a ello y de la evaluación efectuada al conjunto de pruebas incorporadas al proceso, como observadas las reglas de la sana crítica del testimonio, vemos que afloran indicios graves que comprometen la responsabilidad de los mismos en los hechos ocurridos el día 14 de mayo de 2004, cuando en forma arbitraria se ingresa al inmueble ubicado en la Diagonal 88 D Nº 83-61 y se deja en estado de indefensión a la señora Marisol Bello González, vigilante del lugar y su menor hijo William Antonio Bustos, por lo que las explicaciones que esbozan, como se ha sostenido, no pueden ser tomadas ni aceptadas como valederas.

20.6. El 8 de septiembre de 2004, la Fiscalía Ciento Setenta y Cuatro Delegada ante los Jueces Penales decretó la preclusión de la investigación respecto de los señores Jairo Enrique Silva, Edil Chabur Martínez, Orlando Gaitán Aguirre, Blanca Nubia Ovalle y Juan José Zisa Angarita, al tiempo que profirió resolución de acusación por el delito de receptación en contra de Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez Soriano. A su vez, ordenó que se continuara la investigación penal frente a la señora Marisol Bello González, quien inicialmente fue la denunciante de los hechos; empero, de acuerdo con las pruebas recaudadas, se evidenció su participación en los hechos. Como sustento de su decisión el órgano instructor señaló (fls. 22-36, c. 1):

[D]e esta forma, a través de la investigación algo compleja por las disimilitudes en que incurren los sindicados, quienes se muestran ajenos a lo acontecido y presentan explicaciones algo ambiguas en su afán de justificar su actuar, manifestando diversas versiones de Io acontecido o expresando circunstancias totalmente adversas, en momentos separados, que obligaron a tomar la determinación de decretar la vinculación de la misma denunciante, puesto son varios los detalles que influyen primordialmente para que tal eventualidad tenga ocurrencia, ya que de forma reiterada, se muestran situaciones ostensibles que denotan circunstancias de tiempo, modo y lugar disímiles a lo que narrara inicialmente cuando indica que es amordazada, pero a contrario de ello, no se halla demostrado qué persona o personas realmente la intimidaron con la finalidad de apropiarse de la mercancía y, tampo (sic) en el transcurrir de la investigación se ha entendido la razón por la cual no expresan la verdad de Io acontecido desde el inicio cuando son capturados. Aunque se observa el testimonio del conductor de la volqueta Luis Alfonso González Garzón quien llega hacia las cuatro de la tarde, ya que acostumbra a guardar el vehículo en este sitio, indica que es obligado a permanecer en una habitación donde lo amarran, tanto a él como a Marisol y al niño, que en cinco minutos logra soltarse y le dice a Marisol vaya a denunciar, ésta actividad se muestra como una simulación que deciden hacer al momento de su llegada y, como todavía se encontraban en la bodega los que se han dedicado a la carga de la mercancía, se muestra el escenario como si realmente estuviera sucediendo la apropiación bajo la coacción indicada y, para corroborar tal accionar, lo intimidan a él, haciendo ver que Marisol ha permanecido así durante todo ese tiempo y que realmente ha tenido lugar el atraco que después denuncia al no haber previsto situaciones que tuvieron ocurrencia posterior.

Bajo la revisión de las pruebas practicadas en concordancia con el contenido de los testimonios y aclaración que se evidencia de la presencia de la misma denunciante en el sitio de los acontecimientos deviene como obligatoria la decisión de modificar la calificación jurídica provisional dada al momento en que se resuelve la situación jurídica, ya que se ha venido esclareciendo lo atinente a la ausencia del cumplimiento de la actividad delincuencial allí descrita.

Ante tal determinación y en el orden de ideas que se viene argumentando será necesario establecer que se ha incurrido por parte de los sindicados Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez en actividad que reúne los parámetros descritos en la denominada Receptación estipulada en el artículo 447 del C.P.

Es ostensible como de todas formas se ha incurrido por su parte en la obtención de mercancía que ha sido objeto de hurto, ya que se evidencia, eso sí, como no le pertenece a la denunciante, pues solamente estaba bajo su cuidado y vigilancia permanente, en razón de la labor que cumple como celadora.

En cuanto a la responsabilidad de los sindicados Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez, ya se ha venido sosteniendo como se encuentra totalmente comprometida en el accionar delictivo esbozado en precedencia, aunque pretendieron aludir justificaciones que fueron variando en el transcurrir de la investigación con la finalidad de presentarse totalmente por fuera del accionar delictivo…

Evidencia, por tanto, la delegada del acervo probatorio analizado bajo los lineamientos de la sana crítica y libre valoración, sin equívoco alguno, que el hecho punible existió y emergen, como se enuncia, con claridad ostensible, como responsables directos, los sindicados ya mencionados.

(…)

Respecto de los indicados edil Cambur Martínez, Blanca Nubia Ovalle Aguirre, Orlando Gaitán Aguirre y Jairo Enrique Silva Galindo, a los que en el momento de resolver la situación jurídica se abstiene la delegada de proferir medida alguna, en espera de que se produzcan pruebas específicas que permitieran esclarecer su intervención en el accionar delictivo llevado a cabo… Por lo tanto será menester de igual forma precluir la investigación a su favor y, siendo evidentes tales circunstancias lo procedente será dar aplicación al contenido del artículo 399 del C.P.P. (…)

Como se ha venido exponiendo respecto de los sindicados Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez, lo enunciado en precedencia nos lleva a concluir fácilmente que se encuentran reunidos los requisitos mínimos que para proferir resolución de acusación exige la norma consagrada en el artículo 397 del C.P. –Negrillas de la Sala–.

20.7. El 3 de junio de 2005, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Depuración de Bogotá concedió la petición de sustitución de la medida de aseguramiento por la de detención domiciliaria al señor José Eladio Rodríguez Soriano, previa suscripción de acta de compromiso (fls. 38-40, c. 1).

20.8. El 21 de noviembre de 2006, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá absolvió de responsabilidad penal a los señores Luis Fernando Campos Vargas y José Eladio Rodríguez Soriano con base en el principio de in dubio pro reo y ordenó la libertad incondicional de ambos, por considerar que no existían pruebas contundentes que los comprometieran en la actividad delictiva investigada y teniendo en cuenta que el relato de la denunciante Marisol González presentaba serias contradicciones. En cuanto al proceder del señor José Eladio Rodríguez Soriano, el juez penal manifestó que si bien podría pensarse que no adoptó las precauciones del caso, aunque encontró justificado dicha omisión por la confianza que les brindó la señora Marisol González quien se presentó ante ellos como la administradora del lugar, lo que conllevaba a pensar que se trataba de un lote de chatarra con procedencia legal y que estos ignoraban el origen ilícito de esos elementos. Así, en la sentencia absolutoria, la cual se transcribe in extenso por su importancia para el caso concreto, se indicó (fls. 146-171, c. 1):

Es así como nunca fue posible la vinculación de Rubio Silva, quien al parecer gestó la venta de la supuesta chatarra, recibió la no despreciable suma de $9.000.000, para desparecer sin dejar rastro, puesto que Rodríguez Soriano, según él apenas lo conocía, mientras que a Campos Rodríguez (sic) se lo había presentado el anterior y éste a su vez a Zisa Angarita (…)

Aquí se retoma el relato de Luis Alfonso González Garzón, el cual incurre en una serie de contradicciones con relación al tiempo anterior, puesto que en su primera intervención jamás mencionó que conociera al señor del montacargas, mientras que en la ampliación sí lo hizo… Pero ocurrió que el dueño del montacargas Jairo Enrique Silva Galindo ya había rendido indagatoria y dado a conocer ese hecho: “… Yo vi entrar la volqueta, me saludó porque somos amigos (…)

Aunque lo niegan enfáticamente, Marisol Bello, a quien describe como “gordita, trigueña y de pelo largo” y su compañero Héctor Eduardo Bustos Vega, del cual dijo es “calvo con aspecto de boyaco”, se decía, que hicieron parte activa en toda la secuencia delictiva de acuerdo con la declaración rendida por el menor Cristian Daniel Campos Millán, hijo del encartado Luis Fernando Campos Millán, puesto que acompañó en tres oportunidades a su padre e inclusive anotó hasta las placas del vehículo de Bustos Vega (…)

Pero eso no es todo, porque el día 25 de mayo de 2004, el entonces indagado Juan José Zisa Angarita, dirigió memorial a la Fiscalía instructora, en el sentido de que: “… el día viernes 21 de mayo, siendo las 8:30 de la mañana observé en las instalaciones a la señora que me mostró la chatarra que me vendían en la bodega ubicada en la diagonal 88D No. 83-61 de esta ciudad…”, refiriéndose a Marisol Bello González, quien efectivamente rindió declaración en la fecha anotada por el memorialista.

A lo anterior debe sumarse la serie de imprecisiones en que incurrieron la misma Bello González, su hijo William Antonio Bustos y Luis Alfonso González Garzón, con relación a la manera como fueron encerrados, maniatados y lograron soltarse, no pudiendo ponerse de acuerdo en aspectos tan elementales como el tipo de cuerda utilizada, el orden en que se libraron, etcétera, lo cual resta credibilidad a sus dichos.

Pero hay más porque paralelamente a la negociación que fue motivo de la presente investigación, Luis Fernando Campos Vargas trató de vender algunos de esos elementos al señor Marco Tulio Cabrera Calvache, comerciante de partes para motores diésel, el cual tuvo oportunidad de entrar a la bodega y ser atendido por la propia Marisol Bello, de conformidad con el reconocimiento fotográfico efectuado en el transcurso de su declaración (…)

La activa presencia y evidente intervención de la pareja conformada por Marisol Bello González y Héctor Eduardo Bustos Vega, los cuales niegan de paso este hecho, impide precisar a ciencia cierta el grado de responsabilidad que pueda caberle a los enjuiciados en cuestión, puesto que buena parte de sus coartadas se apoya precisamente en que fueron utilizados por aquellos, haciéndoles creer que no existía duda sobre la procedencia lícita de la denominada “chatarra”, en la medida que varias veces pudieron ingresar a la bodega donde se hallaban bajo su custodia, en señalarla sin ningún inconveniente, negociarla, etcétera, solo que a última hora y por razones que se desconocen la última optó por denunciar los hechos que fueron motivo de la presente investigación pasando de coautora a denunciante, sosteniéndose con desparpajo en sus declaraciones de haber sido víctima de un atraco, a pesar de los diversos señalamientos que se hicieron en su contra como ya se vio.

(…) [E]n tanto que José Eladio Rodríguez Soriano, estuvo atento al desarrollo de la operación, toda vez que les deparaba una considerable comisión, por lo que no tomaron las precauciones del caso, aunque cuando se piensa en la confianza que les había brindado Marisol Bello puede entenderse ese hecho.

Amén de lo anterior, no obstante que Luis Fernando Vargas, se descarga en el hecho de que José Eladio Rodríguez Soriano le presentó al tal Juan Carlos Rubio Silva, obran en su contra una serie de investigaciones penales por delitos contra el patrimonio económico e inclusive por el mismo que aquí se trata, esto es, RECEPTACIÓN, que permiten pensar si en efecto ignoraba la procedencia ilícita de los elementos que negoció para Zisa Angarita, o sabiendo que eran hurtados procedió a su comercialización.

Lo cierto es que brilla por su ausencia la certeza de la responsabilidad de Luis Fernando Vargas Campo y José Eladio Rodríguez Soriano en la RECEPTACIÓN, habiéndose agotado el material probatorio no obstante que obran indicios como los de presencia y oportunidad que permitirían predicar la participación de los encausados, ello no basta para sustentar una sentencia condenatoria en su contra, comoquiera que al mismo tiempo no se cuenta con la certeza para enrostrarles el actuar doloso que pudiera haberlos acompañado a lo largo de la negociación de los elementos hurtados, puesto que como ya se vio, al ser requeridos por las autoridades concurrieron a acreditar la licitud de la transacción a través de un documento que aunque no reunía los requisitos legales, pretendió Campos demostrar su total desconocimiento de los pormenores que rodearon los hechos denunciados por Marisol Bello.

En estas circunstancias no queda otra alternativa a este Juzgador, en vista de la carencia de pruebas contundentes que demuestren fehacientemente la responsabilidad de los enjuiciados Luis Fernando Vargas Campo y José Eladio Rodríguez Soriano, en el delito de RECEPTACIÓN por el cual se les juzgó, que dar aplicación al principio universal de in dubio pro reo, de que trata el inciso segundo del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 200), esto es, que toda duda debe resolverse a favor del procesado, cuando no haya modo de eliminarla, y por tanto se proferirá sentencia ABSOLUTORIA a su favor (Negrillas extra texto).

20.9. La anterior sentencia quedó ejecutoriada el 6 de diciembre de 2006 (Constancia Secretarial, fl. 178 anverso, c. 1).

20.10. Según constancia suscrita por el abogado Carlos Enrique Alonso Hernández, el señor José Eladio Rodríguez Soriano le canceló a aquél por concepto de honorarios por la representación y defensa en el proceso penal un valor de $3.000.000, de conformidad con el contrato de mandato suscrito entre ambos (Constancia del 30 de mayo de 2007 y contrato de mandato del 14 de junio de 2004, fls. 70 y 71, c. 1).

20.11. Entre los testimonios recaudos en el proceso, se recibió declaración a los señores Myriam Stella González Rojas y Euclides Páez Calambas, quienes coincidieron en señalar que el detenido y su familia se vieron afectados tanto económica como emocionalmente con la privación de la libertad del actor, pues este era quien respondía económicamente por el sustento de la familia, el colegio de sus hijos menores y las deudas que habían contraído.

Myriam Stella González Rojas

PREGUNTADO: Infórmele al despacho si Usted conoce al señor José Eladio Rodríguez y en caso positivo en qué circunstancia de modo tiempo y lugar lo conoció. CONTESTO: Lo conozco hace más de 15 años, el (sic) vive en ciudadela COLSUBSIDIO nos conocimos allí porque yo también vivo allí, entonces el manejaba su antena parabólica TELECIUDADELA, como persona trabajadora y padre de familia responsable, trabajador honesto en sentido e (sic) de la palabra. PREGUNTADO: por ese conocimiento que dice tener del señor José Eladio Rodríguez Soriano, diga al despacho si Usted se enteró que el mismo hubiese estado privado de la libertad y en caso positivo explique si sabe las razones y por cuento tiempo aproximadamente estuvo detenido. CONTESTO: Sí me enteré de la situación de Eladio por su esposa en el momento de que supimos que ella estaba atravesando una situación muy difícil por la detención de don Eladio, y quedando ella abandonada con sus hijos tenía tres en el momento, dos niñas de 8 y 9 años y un bebe de 1 añito, ella pues quedó muy traumatizada con ésta detención, por (sic) Eladio era quien manejaba el sustento para ella y sus hijos para esa época estaban pagando su apartamento, ella quedó en el aire de toda la situación, porque ella no trabajaba solo veía de sus niños, las niñas las sacaron del estudio porque estaban pagando un colegio particular, y Consuelo quedó desubicada en ese momento de la falta de libertad de su esposo, fue traumático, ella lloraba casi prácticamente pierde el sentido por esta situación, le embargaron el apartamento debía los servicios públicos, Ios acreedores encima y nosotros como comunidad la apoyamos con mercado y con trabajo, ella trabajó conmigo como señora del servicio yo la recomendé para que trabajara en otras partes como empleada de servicio, el Dr. dice que durante el tiempo que Eladio estuvo detenido que fueron más de 2 años, la situación cada vez era más y más difícil, los niños lloraban, su sufrimiento era latente. PREGUNTADO: Dígale al despacho, si Io recuerda, la situación narrada por Usted en su respuesta anterior, durante qué periodo se presentó aproximadamente, es decir durante qué periodo estuvo privado de la libertad el señor Rodríguez Soriano. CONTESTO: eso fue en el 2004 como al 2006 aproximadamente. PREGUNTADO: infórmele al despacho el nombre de las personas que integraban el núcleo familiar del señor Rodríguez Soriano para la época en que fue capturado y privado de su libertad. CONTESTO: la esposa el nombre de ella es Consuelo González, la niña mayor es Cindy, Candy y Antony, él tiene un hijo fuera del matrimonio que es mayor a estos niños y lleva el mismo nombre del papá José Eladio. PREGUNTADO: Ha manifestado Usted en esta diligencia que el señor José Eladio Rodríguez Soriano ejercía actividades comerciales con TELECIUDADELA. Diga al despacho que paso con ese establecimiento comercial TELECIUDADELA Una vez el señor José Eladio Rodríguez fue privado de su libertad. CONTESTO: Como él estaba gerenciando esa empresa, al quedar privado de la libertad la empresa decayó totalmente porque no había quien la retomara. PREGUNTADO: Del conocimiento que dice tener del señor José Eladio Rodríguez y de su grupo familiar ya citado, diga al despacho si lo recuerda o lo sabe, como o para que destinaba los ingresos que recibía el señor José Eladio Rodríguez Soriano por su actividad comercial antes de ser privado de su libertad. CONTESTO: sus ingresos eran para el sostenimiento primeramente de la familia, de la misma empresa, su actividad comercial ameritaba tener préstamos en los bancos, toda esa actividad tenía pues mucho gasto, pero al mismo tiempo eso era en lo que él más invertía, su familia y su empresa. PREGUNTADO: qué consecuencias le generó al señor José Eladio Rodríguez y a su grupo familiar la privación de la libertad de aquel y el decaimiento de su actividad comercial. CONTESTO: Esto implicó unos daños morales, económicos para su familia pues quedaron sin la cabeza principal que era Eladio, quien era quien trabajaba para su debido mantenimiento y sustento. PREGUNTADO: Diga al despacho por elconocimiento que tiene del señor José Eladio Rodríguez y su grupo familiar, qué impacto o reacción se produjo en el entorno social por la detención y privación de la libertad del cita señor y como fue el trato de la comunidad para con este y su familia. CONTESTO: En el comienzo pues la comunidad trató de apoyar a la esposa, ya lo dije, en su situación pero luego fueron también discriminándolos, tanto a la esposa como tildaban a los mismos niños que tenían un papá que de pronto no había actuado bien, comentarios que hacia la familia le causaban aún más daños, eso fue lo que se presentó, mucha discriminación.

Euclides Páez Calambas:

PREGUNTADO: Informe al despacho por el conocimiento que dice tener del señor José Eladio Rodríguez Soriano si Usted sabe o le consta que este hubiese estado privado de su libertad y en caso positivo dígale al despacho en que época se le recuerda y porqué. CONTESTO: Un día me llamo la señora a la casa y me comentó, mire que Eladio, como él tiene la señal de televisión de la ciudadela, para el servicio público colocó un aviso para vender una chatarra o algo así, entonces él sirvió de intermediario para vender eso, y resulta que una de las personas que fueron a comprar eran unos ladrones y lo culparon a él que él estaba involucrado en eso, así me lo dijo su señora cuando me comentó llorando, en ese momento pues que había que conseguir un abogado para su defensa pero no había dinero. Eso ocurrió más o menos para el año 2004. PREGUNTADO: De acuerdo al o manifestado por Usted en respuestas anteriores, dígale al despacho por el conocimiento que dice tener del señor José Eladio Rodríguez Soriano, qué actividad económica, o a qué se dedicaba el cita señor Rodríguez Soriano para el día en que fue privado de su libertad. CONTESTO: Pues él siempre con lo de la antena parabólica, prestaba el servicio de la comunidad, y todos somos humildes entonces él nos prestaba con lo de la antena un servicio económico y muy bueno… PREGUNTADO: Ha manifestado Usted en esta diligencia que el señor José Eladio Rodríguez desempeñaba su relación comercial en el canal de TELECIUDADELA. Por ese conocimiento que tiene, diga al despacho, si lo sabe, a qué destinaba el señor Rodríguez Soriano los ingresos que percibía por esa actividad comercial. CONTESTO: Él en el mantenimiento de su hogar, las dos niñas estaban estudiando en un colegio privado y el hombre también tenía deudas, compromisos con bancos lo que sí se bien es que a las niñas, porque la señora una vez me llamó me dijo que a las niñas las iban a sacar del colegio porque se había colgado en cuotas del colegio, para ese entonces como ya se había gastado una plata en abogados ya había vendido la nevera, la lavadora, hasta yo pensé en vender el DVD para ayudarles, pero al fin y al cabo eso no se hizo, a las niñas les cancelaron la matricula, las sacaron del colegio, no la mamá pero sí les dijeron que no podía seguir las niñas, lo digo porque ella me comentó. PREGUNTADO: Además de lo expresado por Usted en la respuesta anterior, dígale al despacho que otras consecuencias le generó al núcleo familiar por Usted mencionado del señor José Eladio Rodríguez Soriano, por la privación de la libertad de éste y durante el tiempo que estuvo detenido. CONTESTO: La señora Consuelo que ella gracias a Dios no le había tocado trabajar, porque don Eladio es un señor cumplidor su (sic) sus deberes en su casa, a ella le tocó empezar, fue al centro varias a veces a trabajar en una cafetería como mesera, después de ese trabajo en la ciudadela Colsubsidio en casas y apartamentos al día, para ella era muy terrible porque no sabía qué iba a pasar con el esposo, y me llamaba llorando que la niña estaba enferma que podía hacer, algo muy tenaz, y para mí que soy papá y tengo dos hijas, muchas veces no lloraba por darle moral a los demás.

20.12. El señor José Eladio Rodríguez Soriano estuvo privado de su libertad en establecimiento carcelario desde el 15 de mayo de 2004, hasta el 25 de junio de 2005, cuando se le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, en la que permaneció hasta el 15 de diciembre de 2006, cuando por orden del juzgado de conocimiento se le otorgó la libertad definitiva e incondicional (Constancia expedida por la Coordinadora Policía Judicial INPEC de tiempo de reclusión, fl. 292, c. ppal.).

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad que soportó el señor José Eladio Rodríguez Soriano como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito de receptación y que culminó con sentencia absolutoria a su favor en aplicación del principio del in dubio pro reo, constituye una detención injusta imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, o si por el contrario, como lo concluyó el Tribunal a quo, en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en culpa exclusiva de la víctima, pues el actor no actuó con la debida diligencia y cuidado en la comercialización del lote de chatarra, en tanto que esos elementos eran producto de un robo.

22. Además, deberá analizarse si le asiste razón o no al Tribunal en cuanto indicó que el actor no fue precavido, toda vez que sostuvo relaciones comerciales con un proveedor como el señor Luis Fernando Vargas Campo, el cual había sido investigado penalmente por delitos contra el patrimonio económico e inclusive por el mismo de receptación.

Análisis de la Sala

23. En el sub lite, el daño alegado por el demandante en su noción ontológica se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo privado de la misma, en el marco del proceso penal como presunto autor del delito de receptación, por el cual fue capturado y se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, luego acusado y finalmente absuelto mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal en Descongestión de Bogotá.

24. De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que José Eladio Rodríguez Soriano fue privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y recluido en establecimiento carcelario, desde el 15 de mayo de 2004 hasta el 25 de junio de 2005, cuando se le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, situación en la que permaneció hasta el 25 de junio de 2005, cuando se hizo efectiva su libertad incondicional, ordenada por el Juzgado Quinto Penal de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia absolutoria, debidamente ejecutoriada (ver párr. 20.8 y 20.9).

25. En cuanto a la imputabilidad del daño a la Administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(7):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

26. En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede –en cada caso concreto– válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

27. Ahora, contrario a lo dicho por la entidad apelante en su escrito de alzada, el título de imputación privilegiado para casos como el presente es la “privación injusta de la libertad”, de que trata la Ley 270 de 1996 y no el error judicial. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

28. Sobre el título de imputación en comento, debe recordarse que la Corte Constitucional, al revisar el proyecto de la mencionada ley, en Sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, así:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

29. Así, la Sala ha considerado(8) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto, estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, siempre que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave.

30. Adicionalmente, debe advertirse que durante la vigencia del artículo 414(9) del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía ser declarada cuando se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente –preclusión de investigación o cesación del procedimiento–, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección(10), los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 o bien de la Ley 906 de 2004(11) no inhiben su aplicación, pues las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes por expresa orden constitucional.

31. Así, a más de los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a diferencia de lo sostenido por la parte impugnante, es posible declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, como lo precisó la Sala Plena de la Sección Tercera, así(12):

[…] el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial […] la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo […]

32. Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, cabe decir que aquella se dará cuando se demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave.

33. Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si la privación del demandante es imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, debe precisar si su absolución se enmarca en alguno de los supuestos antes señalados, para ello se estudiarán las circunstancias que rodearon la investigación, el fundamento de su absolución y la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

34. En ese sentido, de conformidad con los hechos probados durante el proceso, se evidencia que el señor José Eladio Rodríguez Soriano fue capturado, cobijado con medida de aseguramiento y acusado de ser el responsable del delito de receptación, por cuanto, a juicio de la Fiscalía, era claro que participó en una red delictiva para negociar chatarra procedente de un hurto agravado.

35. Lo anterior, por cuanto el señor José Eladio Rodríguez Soriano fue quien presentó y puso en contacto al presunto propietario de la chatarra con Luis Fernando Vargas Campo, quien fungió como comprador del lote de elementos que a la postre se demostró que fueron productos de un robo.

36. Según esas mismas probanzas, recaudadas por la Fiscalía General de la Nación, la investigación inició por la denuncia que interpuso la señora Marisol Bello González, en la que afirmó que sujetos armados ingresaron violentamente a la bodega que ella vigilaba y la amordazaron junto con su hijo, al tiempo que cargaron maquinaria y partes de vehículos en camiones y se los llevaron, con el fin de apropiarse ilícitamente de esos elementos, situación de la cual solo pudieron librarse luego de que el conductor de una volqueta que normalmente estacionaba en esa bodega y quien también fue amarrado al lado de la denunciante, logró soltarse y ayudó a los demás a hacer lo propio.

37. Sin embargo, con el devenir procesal y las pruebas obtenidas por el órgano instructor, se logró establecer que la denunciante, lejos de ser víctima de los hechos investigados, participó activamente en el hurto de la mercancía, a tal punto que exhibía como propios los elementos robados con el objeto de comercializarlos como chatarra, no solo a los sujetos investigados, valga decir, Luis Fernando Vargas Campo y José Eladio Rodríguez Soriano, sino a otras personas que la reconocieron y declararon en el proceso penal.

38. En virtud de lo anterior, dada las contradicciones entre las declaraciones rendidas por la denunciante, su cónyuge y el supuesto conductor de la volqueta que arribó al lugar en el momento de los hechos, así como la falta de pruebas contundentes en contra de José Eladio Rodríguez Soriano y Luis Fernando Vargas Campo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá absolvió de responsabilidad penal al aquí actor, con base en el principio de in dubio pro reo, por considerar que no existían pruebas que demostraran de manera fehaciente que conocía el origen ilícito de la chatarra.

39. A su vez, el juzgador penal encontró demostrado que el supuesto accionar violento para apropiarse de la chatarra no fue más que un montaje de la denunciante, quien en compañía de su cónyuge y un tercero que no logró identificarse durante la investigación, ofrecían desde hace algún tiempo los elementos que se encontraban en la bodega para venderlos como chatarra.

40. En el proceso quedó debidamente acreditado que el señor José Eladio Rodríguez Soriano se desempeñaba como administrador de un canal comunitario denominado Teleciudadela, por lo que en razón de su labor divulgaba ofertas de la comunidad. En efecto, el encartado aceptó que fue la persona que puso en contacto a Luis Fernando Vargas Campo con un señor de quien se dice se llamaba “Juan Carlos”, quien acudió a su oficina para vender un lote de chatarra, de modo que como el actor había negociado partes de antenas parabólicas como aluminio con el señor Vargas Campo, procedió a presentarlos para que este último comprara el lote de chatarra.

41. No obstante, desde el inicio de la investigación el encartado fue enfático en señalar que no conocía al señor Juan Carlos y que tampoco sabía de su paradero, pues simplemente lo puso en contacto con el comprador, por cuanto le prometieron una comisión si se llevaba cabo el negocio, razón por la cual se encontraba en el lugar cuando se hizo, de manera abierta y desconociendo la procedencia ilícita de la mercancía, el cargue de la chatarra en los camiones del comprador.

42. A juicio del juez penal, si bien podría pregonarse una falta de precaución de su parte en los hechos, dicha actuación se justifica por el hecho de que la señora Marisol Bello González mostraba y negociaba abiertamente esos elementos, tanto a ellos como a otras personas, lo que pudo haber generado la confianza suficiente en esta por parte del actor.

43. Así las cosas, ante la duda reinante en el proceso y la imposibilidad de confirmar más allá de toda incertidumbre que el sindicado era el responsable del delito que se le acusaba, el juez penal absolvió al encartado con base en el principio de in dubio pro reo.

44. Por lo anterior, la Sala advierte que el fundamento de la absolución del demandante se dio por aplicación del principio del in dubio pro reo, motivo por el cual el régimen de responsabilidad aplicable por la afectación de su libertad es objetivo por privación injusta de la libertad, contexto en el que la Nación solo puede eximirse de la declaratoria de su responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70(13) de la Ley 270 de 1996.

45. En ese orden, la Sala debe estudiar si en el presente asunto, como lo concluyó el a quo, se configuró el hecho exclusivo y determinante de la víctima como causal eximente de responsabilidad(14), pues de ser así se impone confirmar por este hecho el fallo de primera instancia que accedió negó las pretensiones de la demanda o, en caso contrario, revocarlo.

46. En este punto, es preciso recordar que las razones del tribunal de primer grado para declarar la culpa exclusiva de la víctima se basaron fundamentalmente en la presunta falta de cuidado y precaución por parte del actor, quien a su juicio negoció la mercancía desconociendo la costumbre mercantil que impone la obligación de verificar el proceder ilícito de los objetos a comerciar. Asimismo, el a quo valoró como proceder gravemente culposo el hecho de que el actor haya negociado con un proveedor como el señor Luis Fernando Vargas Campo, quien tenía investigaciones por delitos como la receptación.

47. Sin embargo, como se analizó en precedencia, tales aspectos fueron estudiados por el juez penal, quien señaló que la confianza que generó en el actor el hecho de que la señora Marisol Bello González ofreciera abiertamente y sin temor alguno el lote de chatarra explica el proceder desprevenido de este, pues se reitera no fue únicamente a ellos a quienes ofertó la maquinaria y las partes de vehículos con el fin de venderlos, sino también a otros interesados que declararon en el proceso y coincidieron en señalar que aquella ejercía actos con ánimo de señora y dueña sobre esa mercancía.

48. La anterior fue precisamente una de las razones fundamentales para que el Juzgado Quinto Penal en Descongestión de Bogotá absolviera al actor por el delito de receptación, toda vez que no encontró pruebas que permitieran concluir que conocía previamente el proceder ilícito de esa mercancía.

49. Allegados a este punto, huelga destacar que el análisis de la conducta de la víctima en el proceso contencioso administrativo no puede desconocer la absolución que en materia penal se dictó a su favor, pues esta jurisdicción no hace un reproche de la culpabilidad desde la óptica penal, sino que se estudia la actuación de la víctima desde la noción de la culpa grave o del dolo, como causal eximente de responsabilidad, con fundamento en los cánones que para ello trae el derecho civil.

50. En ese sentido, no es de recibo para la Sala el análisis del tribunal a quo, en tanto lo que procura es estudiar precisamente la conducta de receptación bajo el entendido que el encartado actuó con culpa grave por haber desconocido la “costumbre mercantil” según la cual debe constatarse la procedencia legítima de los bienes a adquirir.

51. Al respecto, considera la Sala que le asiste razón a la parte impugnante en cuanto afirma que el señor Rodríguez Soriano no pretendía adquirir los bienes, pues por el contrario, como quedó demostrado en el proceso penal, únicamente sirvió de intermediario en la negociación y nunca tuvo interés alguno en comprarlos.

52. Por esa misma razón, tampoco se comparte la tesis según la cual el actor incurrió en culpa grave por haber negociado con un “proveedor” desconocido, pues lo cierto es que –se reitera– nunca tuvo el ánimo de adquirir el lote de chatarra para sí mismo, no participó en la transacción como comprador y, en consecuencia, no estaba obligado a conocer a quien se presentó como dueño del lote de chatarra, pues no le estaba suministrando un bien o un servicio directamente, sino que acudió a su oficina, en su calidad de administrador de un canal comunitario, para que divulgara la oferta.

53. En una transacción comercial el proveedor es aquél que abastece, surte, aprovisiona o suministra un bien o servicio al comprador, circunstancia que no se cumple en el caso concreto, pues se demostró que el señor Rodríguez Soriano no adquirió la chatarra, sino que se limitó a poner en contacto al presunto propietario con una persona que él sabía que era comprador de chatarra, por cuanto le había vendido antenas de parabólica como aluminio.

54. Aunado a lo anterior, extraña la Sala el argumento del tribunal según el cual el encartado pasó por alto la costumbre mercantil según la cual debía verificar la procedencia lícita de los bienes a comprar, no solo porque como ya se dijo nunca pretendió adquirirlos, sino porque en la legislación civil y comercial no es cierto que exista un mandato obligacional que imponga al intermediario de una transacción, y ni siquiera al comprador de una mercancía, el deber de constatar su procedencia, máxime cuando se trata de bienes muebles y peor aun cuando el objeto de la negociación es chatarra.

55. La costumbre mercantil, según las voces del artículo 3 del Código de Comercio(15), debe sustentarse sobre hechos que sean públicos, uniformes y reiterados; sin embargo, en el caso concreto no advierte esta corporación que la supuesta costumbre a la que aludió el a quo cumpla con tales requisitos, pues como se indicó, se trata de bienes muebles que comercialmente se traspasan y comercian con el acuerdo entre cosa y precio(16), sin que el adquiriente esté en la obligación de verificar su origen, máxime cuando no son objetos que requieren registro, como por ejemplo los vehículos, aeronaves, embarcaciones o similares, sobre los cuales basta con solicitar el registro para verificar su procedencia.

56. Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que en Colombia no está proscrita la venta de cosa ajena, de modo que no puede exigírsele a un comprador de bienes muebles que no están sujetos a registro y mucho menos a un intermediario de la transacción que investigue en todos los casos el origen de los bienes a adquirir, máxime si como en el caso concreto la persona que se decía propietario ejercía actos de señor y dueño sobre esa mercancía, lo que generó la confianza suficiente en el actor, así como en el comprador, para negociar con quien se reputaba propietario.

57. Adicionalmente, como bien lo acota el impugnante, la costumbre mercantil requiere de prueba de conformidad con el artículo 6º del Código de Comercio(17), bien sea mediante la declaración de cinco testigos que deberán ser comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio del lugar de los hechos, ora con dos decisiones judiciales definitivas que hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores, medios de convicción que no fueron aportados al plenario y que imponen concluir que la aludida costumbre comercial alegada en la sentencia apelada no tiene el carácter de tal.

58. Se recuerda que los objetos a adquirir eran ofrecidos como chatarra, es decir, como partes de maquinaria, equipos y cosas que no estaban en funcionamiento, no se encontraban en estado óptimo y por lo tanto no era tarea sencilla su identificación.

59. De hecho, el artículo 1928 del Código Civil es diáfano en señalar que la principal obligación del comprador es pagar el precio convenido(18), de modo que analizada esa disposición en conjunto con el artículo 1857 de ese mismo cuerpo legal y el artículo 3º del Código de Comercio ut supra, se advierte que la intención del legislador fue la de permitir que la compraventa de bienes muebles se hiciera sin necesidad de formalidades, requisitos u obligaciones adicionales al convenio entre la cosa y el precio, por lo que una costumbre mercantil que predique lo inverso sería contraria a la ley y, de contera, carecería de validez y fuerza vinculante.

60. Así las cosas, obvio resulta admitir que los encartados y en especial el señor Rodríguez Soriano fue engañado en su buena fe, se abusó de su confianza y resultó perjudicado económica, social, material y moralmente, ante las sindicaciones de que fue objeto, y las demás implicaciones que conlleva una detención. De otra parte, nada permite inferir razonablemente que de su parte conociera la procedencia dudosa o ilícita de la mercancía, la cual se reitera, fue negociada como chatarra.

61. Lo contrario sería admitir, en contravía de lo decidido por el juez penal, que sí era culpable del delito de receptación, pues tenía consciencia del origen ilegal de la mercancía, circunstancia que dentro de la investigación penal fue descartada por falta de pruebas que así lo corroboraran.

62. Adicionalmente, arribar a una conclusión diferente sería desconocer el principio constitucional de buena fe que debe irradiar los negocios y según el cual, tanto los particulares como las autoridades públicas deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”.

63. Similar consideración merece la tesis del a quo según la cual el señor Rodríguez Soriano no podía mantener una relación comercial con una persona investigada penalmente como Luis Fernando Campo Vargas, pues en primer lugar en el caso concreto no medió una relación comercial comprador-vendedor entre ellos como se ha venido sosteniendo a lo largo de esta providencia. Además, en segundo lugar, aquél no tenía forma de conocer si este último tenía investigaciones vigentes.

64. Sumado a ello, lo cierto es que no se demostró que el señor Campos Vargas tuviera condenas en firmes por los delitos que lo investigaron, de modo que siempre se mantuvo incólume su presunción de inocencia, sin que existiera obligación alguna que impusiera al señor Rodríguez Soriano el deber de pedir certificaciones de antecedentes penales o investigaciones en curso para ponerlo en contacto con un tercero interesado en vender un lote de chatarra, pues, como se indicó, las relaciones comerciales se rigen por el principio de buena fe y si aquél era un reconocido comprador de chatarra no existían razones que permitieran inferir de manera fundada que se encontraba ligado a conductas constitutivas de responsabilidad penal que le impidieran sostener cualquier tipo de relación comercial con él.

65. Bajo esa senda argumental, no encuentra la Sala configurada una conducta civilmente culposa y menos con la gravedad suficiente otorgada en la sentencia de primera instancia.

66. En efecto, el artículo 63(19) del Código Civil dispone unos criterios orientadores para entender el dolo y la culpa, los que fueron desarrollados por esta Sala con sentencia del 18 de febrero de 2010(20). En punto al dolo, en aquella oportunidad se precisó:

[…] el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.

Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”(21), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.

Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(22), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.

En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice ENECCERUS “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”.

67. A su turno, en la misma providencia, la Sala arribó a las siguientes conclusiones sobre la culpa:

Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. […]

De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “… obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110) y agregan que “… reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo I, Volumen II, pág. 384.)

68. Con base en el precedente que se acaba de reseñar y extrapolando dichos criterios al caso concreto, la Sala advierte que en el devenir procesal no se vislumbra una conducta civilmente dolosa o gravemente culposa del encartado que permita exonerar de responsabilidad a la entidad demandada por ese hecho.

69. En el proceso penal no se pudo demostrar con claridad y de manera fundada su responsabilidad en los hechos por los cuales se le acusó, pues ni siquiera se acreditó de manera fehaciente su relación con las conductas delictivas, mucho menos se probó su conocimiento previo de la procedencia ilícita de la mercancía. Además, tampoco se aprecia una conducta de su parte dirigida a entorpecer el proceso y, en general, no se observa ninguna actuación que pueda ser tildada de imprudente, negligente o mucho menos de intencional y deliberada.

70. Además de que no se pudo demostrar su culpabilidad, lo cierto es que siempre se mantuvo incólume el principio de inocencia, más allá de que haya sido necesario agotar todas las etapas de la investigación, pues finalmente fue absuelto con base en el principio de in dubio pro reo, ante la falta de claridad y contundencia en punto a su responsabilidad.

71. Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Eladio Rodríguez Soriano no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente.

72. En ese orden, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, condenará a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor José Eladio Rodríguez Soriano.

Liquidación de perjuicios

73. En la demanda se solicitaron perjuicios inmateriales para el encartado y su familia por la difícil situación que padecieron con ocasión de la privación injusta de la libertad, aspecto que se encuentra demostrado, pues los testigos que desfilaron en el proceso coincidieron en señalar que a raíz de la investigación penal el actor y su familia fueron tachados de delincuentes y sufrieron pena, angustia, aflicción y congoja por su detención.

74. En consecuencia, se recuerda que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(23), esta Sección estableció varios niveles de parentesco y según el periodo durante el cual se prolongó la privación de la libertad fijó unos criterios para compensar los perjuicios morales, de acuerdo a la siguiente tabla:

TABLAZO
TABLAZO
 

75. En el caso concreto, se encuentra probado que el señor José Eladio Rodríguez Soriano estuvo privado de la libertad desde el 15 de mayo de 2004, hasta el 15 de diciembre de 2006, cuando por orden del juzgado de conocimiento se le otorgó la libertad definitiva e incondicional, de modo que a la víctima directa, su cónyuge y parientes en primer grado de consanguinidad, de acuerdo a la tabla anterior, les corresponde una indemnización por concepto de perjuicios morales de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (ver párr. 20.4, 20.7 y 20.12).

76. Así las cosas, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a José Eladio Rodríguez Soriano (víctima), Zymdy Beatriz Rodríguez González, Candy Rodríguez González, Antony Rodríguez González, José Eladio Rodríguez Pamplona (hijos) y Consuelo González Samora (cónyuge) por concepto de perjuicios morales la suma de 100 SMLMV, para cada uno de ellos.

77. En lo tocante a los perjuicios por daños a la vida en relación, la Sala advierte que en la forma en que fueron pedidos, se entiende que están comprendidos en la afectación moral.

78. El daño a la vida de relación, que hacía referencia a las consecuencias que en razón de una lesión o afectación se producen en la vida de relación de quien la sufre(24), fue reemplazado por el de daño a la salud, cuando el perjuicio se genera por una lesión corporal, y también por el de daño a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, cuando aquél tiene su origen en la afectación de cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, jurídicamente tutelado y que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica(25).

79. De acuerdo con lo anterior, en tratándose de los perjuicios inmateriales, nada obsta para que se reconozcan perjuicios distintos a los morales, como el daño a la salud o bien por la afectación de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, deben estar acreditados y ser diferenciables de aquél que se reconoce como fuente de los perjuicios morales, para evitar una doble indemnización(26).

80. En el sub lite, la Sala no encuentra demostrado que la actuación de las entidades demandadas haya causado afectación alguna a la salud de la víctima o a bienes o derechos constitucionalmente protegidos, razón por la que se negarán dichos perjuicios.

81. En lo concerniente a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala advierte que en el libelo se solicitó por tal concepto la suma de $10.053.220 correspondientes a los honorarios profesionales que tuvo que cancelar para la defensa técnica dentro del proceso penal y la adquisición de pólizas de seguro para el cumplimiento de las cauciones impuestas.

82. Frente a las pólizas de seguro adquiridas por el encartado, la Sala de entrada negará dicho reconocimiento, pues en el proceso se encuentra demostrado que el Juzgado Quinto Penal en Descongestión de Bogotá, mediante proveído del 14 de diciembre de 2006(27), ordenó la devolución de los títulos de depósito judicial y las pólizas judiciales de seguros que tuvo que adquirir el procesado.

83. En lo concerniente al daño emergente por las sumas que debió sufragar por concepto de honorarios profesionales al abogado que asumió su defensa, al plenario se aportó un recibo de paz y salvo donde el abogado Carlos Enrique Alonso Hernández certifica que recibió a satisfacción la suma de $3.000.000, como contraprestación por sus servicios prestados como apoderado del señor José Eladio Rodríguez Soriano durante la etapa de juzgamiento entre los años 2004 a 2006 dentro del proceso 2006-082 por el delito de receptación que se le imputaba.

84. Además, se allegó un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre José Eladio Rodríguez Soriano y el abogado Víctor Raúl González Rincón para el asesoramiento dentro del proceso adelantado ante la Fiscalía 175 Seccional por valor de $6.500.000.

85. Es decir, en total el encartado tuvo que cancelar $9.500.000 por concepto de honorarios profesionales desde su indagatoria hasta la etapa de juzgamiento, montos que se encuentran acreditados y se compadecen con las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados Conalbos vigentes para el año 2007, fecha en que culminó el proceso penal para el accionante, teniendo en cuenta que el procesado estuvo representado en indagatoria, etapa instructiva ante Fiscal Especializado y etapa de juzgamiento ante juez del circuito. Además, se advierte que la asistencia judicial del encartado fue asumida por los apoderados que suscribieron la certificación y el contrato de servicios profesionales, como puede corroborarse en las mentadas diligencias.

86. En consecuencia, se reconocerá por concepto de daño emergente dicho monto, el cual deberá ser actualizado. Para ello, se tomará como referencia el índice de precios al consumidor de la fecha en que culminó en su totalidad el proceso penal (enero de 2007) y el de empalme de esta sentencia (octubre de 2017), así:

Formulin
 

Dónde:

vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.

vi: es el valor inicial ($9.500.000).

índice final: el de empalme de esta sentencia (octubre de 2017).

índice inicial: el de la fecha que culminó el proceso (enero de 2007).

vf = $ 9.500.000 x 138,07

88,54

87. En esos términos, la Sala reconocerá a la parte actora, la suma de catorce millones ochocientos once mil ciento cincuenta y nueve pesos ($14.811.159), por concepto de daño emergente en virtud de los gastos en que incurrió en su defensa en el proceso penal.

88. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra que están deferidos a los salarios dejados de percibir por el demandante mientras estuvo privado de su libertad, suma que tasó en $86.053.333, así como la indemnización por 8.75 meses luego de que el actor recupere su libertad, que es el tiempo que tarda una persona en edad económicamente activa para encontrar un trabajo, indemnización que tasó en $24.500.000.

89. Al respecto, se advierte que en el expediente reposa certificación expedida por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Garcés Navas en la que consta que el señor José Eladio Rodríguez Soriano devengaba en el año 2004 por concepto de su relación laboral como operador del proyecto de televisión comunitaria por el sistema parabólica “Telegarces” una suma equivalente a $2.800.000 pesos mensuales(28). Además, obra también el respectivo contrato suscrito entre José Eladio Rodríguez Soriano, como representante legal de Teleciudadela y la Junta de Acción Comunal del Barrio Garcés Navas que sustenta el vínculo aludido(29).

90. Por consiguiente, se accederá a dicho reconocimiento, como quiera que se encuentra demostrado que el demandante dejó de percibir su salario durante el tiempo que se prolongó la detención y teniendo en cuenta que quedó demostrado que a la fecha de su detención se encontraba activo en su trabajo, del cual dependía su familia y su empresa Teleciudadela.

91. Para ello, se tomará como base el salario que devengaba para la época, el cual como se dijo ascendía a dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000) mensuales, base de liquidación que deberá aumentarse en un 25% por concepto de prestaciones sociales, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, para un total de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000); mientras que como periodo a indemnizar se tomarán los treinta y un meses que permaneció privado de su libertad (ver párr. 20.12).

92. Sin embargo, el monto resultante de esa operación serían ciento ocho millones quinientos mil pesos ($108.500.000), suma que resulta superior a la solicitada en la demanda ($86.053.333), de modo que en aras de evitar un fallo ultra o extra petita, se reconocerá únicamente aquello que pretende la parte actora, no sin antes actualizar dicho guarismo, petición que sí fue consignada en la demanda.

93. En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, según la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.7 meses)(30).

94. En consecuencia, dicha suma, esto es, lo correspondiente al monto que se reconocerá por el periodo que duró privado de la libertad ($86.053.333), será adicionada en ($30.450.000), correspondientes a los 8.7 meses que el actor demoraría en conseguir empleo, para un total de ciento dieciséis millones quinientos tres mil trescientos treinta y tres pesos ($116.503.333).

95. Para actualizar esa suma, se tomará como referencia el índice de precios al consumidor de la fecha en que se materializó la privación injusta de la libertad (mayo de 2004) y el de empalme de esta sentencia (octubre de 2017), así:

Formulin
 

Dónde:

vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.

vi: es el valor inicial ($116.503.333).

índice final: el de empalme de esta sentencia (octubre de 2017).

índice inicial: el de la fecha de privación de la libertad (mayo de 2004).

vf = $ 116.503.333 x 138,07

79,04

96. En esos términos, la Sala condenará a la Nación- Fiscalía General de la Nación a pagar al señor José Eladio Rodríguez Soriano la suma de doscientos tres millones quinientos doce mil trecientos treinta y ocho pesos ($203.512.338), por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

97. En síntesis, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a la parte actora los montos reconocidos en esta providencia, de conformidad con las razones expuestas.

Costas

98. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor José Eladio Rodríguez Soriano.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a la parte demandante los siguientes conceptos:

Perjuicios inmateriales por daños morales: a favor de José Eladio Rodríguez Soriano (víctima), Zymdy Beatriz Rodríguez González, Candy Rodríguez González, Antony Rodríguez González, José Eladio Rodríguez Pamplona (hijos) y Consuelo González Samora (cónyuge) por concepto de perjuicios morales la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), para cada uno de ellos.

Perjuicios materiales por daño emergente, a favor de José Eladio Rodríguez Soriano la suma de catorce millones ochocientos once mil ciento cincuenta y nueve pesos ($14.811.159), por concepto de daños materiales en la modalidad de daño emergente.

Perjuicios materiales por lucro cesante, a favor de José Eladio Rodríguez Soriano la suma de doscientos tres millones quinientos doce mil trecientos treinta y ocho pesos ($203.512.338), por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

3. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Visible a folios 16 a 20, c. 1, se encuentran los registros civiles de nacimientos de los hijos del detenido (Zimdy Beatriz Rodríguez González, Candy Rodríguez González, Antony Rodríguez González y José Eladio Rodríguez Pamplona); mientras que a folio 21, c. 1, se observa el registro civil de matrimonio con la señora Consuelo González Zamora.

2 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M. P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

3 “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad –y por ende, declaró la ilegalidad de la medida– no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”. Consejo de Estado, auto de 19 de julio de 2007, Exp. 33.918, C. P. Enrique Gil Botero.

4 Folio 178 anverso, cuaderno 2.

5 Folio 12, cuaderno 1.

6 Se deja constancia que el informe está realizado a mano y es ilegible en varias partes.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C. P. Hernán Andrade Rincón.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2011, Exp. 21653, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014, Exp. 36515, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

11 Sobre la procedencia de imputar al Estado una privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 906 de 2004, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 39350, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 En sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 “Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

14 Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 29541, C. P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, Exp. 27463, C. P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2011, Exp. 19889, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Exp. 17188, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

15 ARTÍCULO 3º. Autoridad de la costumbre mercantil - costumbre local - costumbre general. “La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella.
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior”.

16 ARTÍCULO 1857. Perfeccionamiento del contrato de venta. “La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:
La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.
Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción”.

17 ARTÍCULO 6º. Prueba de la costumbre mercantil. “La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con testigos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3º; y cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo”.

18 ARTÍCULO 1928. Obligación del comprador. “La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido”.

19 “La ley distingue tres especies de culpa y descuido: Culpagrave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpaleve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpaodescuidolevísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (subrayas fuera de texto).

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

21 Reyes Echandía, Alfonso. Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis, 1998, pág. 43.

22 Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel; y Vodanomic H., Antonio. Tratado de la Obligaciones, Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, C. P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se precisó la tipología de los perjuicios inmateriales, así: “Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”.

26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 36517, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

27 Folios 67-69, cuaderno 1.

28 Folio 107, cuaderno 1.

29 Folios 81-85, cuaderno 1.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 9 de julio de 2010, Exp. 19.312, C. P. Enrique Gil Botero.