Sentencia 2009-00147/45130 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 660012331000200900147-01 (45130)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: M. Y. N. R. y otros

Demandado: Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(17), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores M. Y. N. R. A.(18) en su condición de privada de la libertad, L. A. R. S.(19) (padre), C. A. de R.(20) (madre) y G. A. R. A.(21) (hermano), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - rama judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales y los juzgados penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(22), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(23). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(24).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(25).

En el caso concreto, la sala observa que en providencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se decidió no reponer la sentencia del 23 de enero de 2008 mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento respecto las acciones penales y civiles en contra de todos los procesados, quedó ejecutoriada el 8 de abril de 2008(26) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 8 de septiembre de 2009, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(27).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(28) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(29).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(30).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(31).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(32)-(33) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(34).

En la tercera, que es la que prohíja la sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un estado social de derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(35).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa

(…)”. (Subraya fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está sala de subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(36).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Así las cosas, le corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que imputó responsabilidad a la rama judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la privación de que fue objeto la señora M. Y. N. R. A., o si por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo para absolver a dichas entidades.

Para establecer lo anterior, se encuentra demostrado que se inició una investigación preliminar con base en denuncia formulada por R. O. G., director del diario El Pereirano y en lo denunciado por la Superintendencia Nacional de Salud el 8 de julio de 1999, por las presuntas irregularidades presentadas en materia de la ejecución de unos contratos suscritos por le empresa promotora de salud del departamento de Risaralda entre 1997 y 1998(37).

En primer lugar, está acreditado que la señora M. Y. N. R. A. fue capturada el 17 de octubre de 2001 por el CTI (38) y que luego, la fiscalía séptima delegada ante los jueces penales del circuito en proveído del 22 de octubre de 2001(39), resolvió la situación jurídica de los imputados, y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de la señora R. A., por la presunta comisión del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, sin embargo se les concedió al detención domiciliaria.

Luego, la fiscalía delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en providencia del 12 de abril de 2002(40), profirió resolución de acusación en contra de la señora M. Y. N. R. A. por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos.

Así las cosas, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira dictó sentencia del 8 de noviembre de 2002(41), en la que resolvió absolver a la señora M. Y. N. R. A. del cargo acusado y además se le otorgó la libertad condicional. Todo lo anterior fundado en que no se configuraron los elementos del tipo penal de interés ilícito en la celebración de contratos, ya que sus actuaciones como interventora se efectuaron dentro del ejercicio normal de su cargo sin que la motivara algo distinto, además las encuestas y otras actividades de los contratos celebrados si se realizaron por lo que si hubo ejecución de estos contratos. Esta providencia fue notificada personalmente a la procesada el 14 de noviembre de 2002(42).

Seguidamente, esta providencia fue impugnada, y resuelta en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distritito Judicial en sentencia del 4 de marzo de 2003(43), en la que se ordenó revocar el fallo del 8 de noviembre de 2002 y en su lugar se condenó a la señora M. Y. N. R. A. como autora del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, con una pena de 4 años de prisión y multa de 10 SMLMV.

Posteriormente, se interpuso el recurso extraordinario de casación en contra del fallo de segunda instancia, que fue resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de agosto de 2006(44), en la que resolvió casar la sentencia del tribunal para declarar su invalidez por la violación al debido proceso por la ausencia de motivación jurídica a la hora de imputar la responsabilidad penal, por lo que devolvió el expediente y ordenó al ad quem proferir un nuevo fallo con cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico penal.

Por consiguiente, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, dictó un nuevo fallo de fecha del 6 de febrero de 2007(45), en el que resolvió revocar la sentencia absolutoria y condenar a la señora R. A. a 60 meses de prisión domiciliaria y 12.5 SMLMV de multa como responsable del delito de interés ilícito en la celebración de contratos.

La decisión anterior estuvo basada en el hecho de que la señora R. A. no asumió su rol de interventora e incumplió sus obligaciones legales y reglamentarias, toda vez que no verificó que los contratistas desarrollaran el objeto de los contratos y que además subcontrataron a terceros para realizar las encuestas, con ello se evidenció que existió un interés fraudulento para favorecer a los contratistas y asimismo perjudicó al patrimonio de la EPS Risaralda por haber autorizado el pago a los contratistas.

Por último, esta decisión volvió a ser impugnada mediante recurso extraordinario de casación, resuelto en providencia del 23 de enero de 2008 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(46), en la que declaró la prescripción de la acción penal y la cesación del procedimiento en favor de M. Y. N. R. A., y dispuso la libertad inmediata de los procesados.

Por otro lado, se realizó por los mismos hechos una investigación penal por el delito de peculado por apropiación con el radicado 1102 en el que también apareció como sindicada la señora M. Y. N. R. A., que terminó con proveído del 5 de julio de 2006 de la fiscalía sexta delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, en el que se resolvió precluir la investigación a favor de la aquí demandante, ya que los contratos de interventoría se ejecutaron a cabalidad y no hubo ninguna apropiación indebida de recursos públicos, puesto que el pago correspondió a la contraprestación del servicio prestado.

En este orden de ideas, se encuentra acreditado la privación injusta de la libertad de la señora M. Y. N. R. A. desde el 17 de octubre de 2001 (fecha en la que fue capturada) hasta el 8 de noviembre de 2002 (fecha de la sentencia absolutoria de primera instancia).

Ahora bien, resulta necesario para la sala analizar las circunstancias que llevaron a que la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial procesaran a la señora M. Y. N. R. A. por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y el de peculado por apropiación.

En primer lugar, está acreditado que la señora M. Y. N. R. A. trabajaba como profesional universitaria en la coordinación del régimen subsidiado de la empresa promotora de salud de Risaralda desde el 31 de enero de 1996 hasta el 20 de junio de 1999, y que estaba vinculada a esta entidad por medio de contrato de trabajo(47).

Además se encuentra probado, que la señora R. A. desempeñaba la labor de interventora en los contratos de prestación de servicios 127, 128,129 y 130 del 12 de junio de 1997; suscritos entre la EPS Risaralda con los señores S. G. L., J. J. S. M. y J. J. G. B.; los que tenían como objeto la divulgación publicitaria de los servicios de salud para los afiliados al régimen subsidiado de salud prestado por esta entidad. Sin embargo estos contratos fueron ejecutados por J. S. M., un tercero o subcontratado, y la interventora M. Y. N. R. A. certificó la iniciación y terminación de esos contratos, y adicionalmente autorizó el pago a los contratistas iniciales(48).

Así mismo, la señora R. A. rindió indagatoria el 18 de octubre de 2001, en la que primero negó ser interventora de esos contratos ya que nunca había sido informada de que debía desempeñar tal labor, y por lo tanto puso en duda la existencia de ellos.

Además desconoció las órdenes de prestación de servicios para la ejecución de los contratos 127,128, 129, y 130; que habían sido emitidas por la EPS para ejecutar los contratos, pues, ella afirmó que era la primera vez que las veía.

Posteriormente en esa misma diligencia se les mostraron las actas de iniciación, ejecución y terminación de los contratos suscritas por ella misma, y en este caso alegó que no los recordaba y no había prestado atención a lo que firmaba, aunque sí confirmó que era su letra y firma(49), de modo que la señora R. A. solo afirmó que había apoyado y asesorado a un grupo de encuestadores, pero que desconocía su calidad de interventora.

Por otro lado aunque se aportaron encuestas posteriores, al momento de la acusación, que permitían inferir que si se había dado cumplimiento a los contratos, en algunas de ellas se encontró que fueron diligenciadas en fecha posterior a la de las actas de terminación de los contratos. lo cual también resultaba reprochable, que como interventora, ella desconociera y permitiera la subcontratación por parte de los contratistas iniciales para dar cumplimiento a los contratos 127, 128, 129 y 130 de 1997.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en lo referente a la falla del servicio por la mora de la administración de justicia, este juzgador evidencia que no existe ningún medio probatorio que demuestre la mora e inactividad de los diferentes jueces que intervinieron en el proceso penal, ni la prueba de una falta de justificación; mientras que si se infiere que las actuaciones se realizaron dentro de los tiempos ordinarios y de acuerdo al volumen de trabajo que manejaban.

Ahora, analizando todo el material probatorio, la sala encuentra que la señora M. Y. N. R. A., actuó con culpa grave, pues su proceder fue negligente e imprudente, comoquiera que no cumplió a cabalidad sus deberes como servidora pública ni como interventora de los contratos, pues, tuvo una actitud pasiva y omisiva en verificar si realmente se había dado cumplimiento a los contratos suscritos, y todo lo anterior constituyó una causa eficiente para que se le vinculara al proceso penal y fuera privada de la libertad. Configurándose de esta manera, lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

En efecto, a juicio de la sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad del demandante tuvo origen en su comportamiento imprudente y negligente, desconociendo las diferentes normas constitucionales y legales que lo rigen como servidora pública(50), dando lugar a que la fiscalía y la rama judicial actuando en el marco de la ley y la Constitución lo procesaran penalmente y lo privaran de la libertad.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, para la sala queda evidenciada la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, presupuesto que como quedó dicho en párrafos anteriores se cumple en el caso objeto de análisis.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

En suma, la sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, exonera patrimonialmente a la entidad demandada.  

En este sentido también se dijo que el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.  

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 19 de enero de 2012, por encontrarse configurada la culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida el 19 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, y en su lugar dispone:

1. NO ACCEDER a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

2. No condenar en costas.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

18 Copia auténtica del registro civil de nacimiento (fl. 1, cdno. 2).

19 Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que es el padre de la víctima directa (fl. 1, cdno. 2).

20 Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que es la madre de la víctima directa (fl. 1, cdno. 2).

21 Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 3, cdno. 2).

22 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

23 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.

24 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.

25 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.

26 Fecha de la notificación personal de dicho recurso (fl. 67, anexo 13).

27 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

28 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

29 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, exp.: 10923.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, exp.: 15989.

31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp.: 8666.

32 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

33 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

34 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp.: 10056.

35 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 27.577.

37 Fls. 275 - 276, cdno. 2-1.

38 Fl. 9, cdno. 2.

39 Fls. 10 - 29, cdno. 2.

40 Fls. 39 - 100, cdno. 2.

41 Fls. 101 - 138, cdno. 2.

42 Fl. 139, cdno. 2.

43 Fls. 140 - 169, cdno. 2.

44 Fls. 193 - 219, cdno. 2. y 220 - 267, cdno. 2-1.

45 Fls. 275 - 346, cdno. 2-1.

46 Fls. 347 - 369, cdno. 2-1.

47 Fls. 441 - 442, cdno. 2-1.

48 Fls. 101 - 102 y 200, cdno. 2. Y fls. 278 - 279, 354 - 355, cdno. 2-1.

49 Fls. 84 - 87, cdno. 2.

50 Artículos 2º; 6º; 83; 84; numerales: 1º y 7º del artículo 95; y 123 de la Constitución Política de Colombia.