Sentencia 2009-00149 de febrero 14 de 2013

 

Sentencia 2009-00149 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 17001-23-31-000-2009-00149-01(2380-11)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Isabel Cristina Meza Franco

Demandado: ESE Rita Arango Alvarez del Pino En Liquidación y otros

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De las excepciones

Estimó el tribunal en la sentencia de primera instancia que se configuraron las excepciones de falta en la legitimación en la causa por pasiva y falta de agotamiento de la vía gubernativa propuestas por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fiduagraria S.A., aspectos que fueron impugnados por la parte actora.

Sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, observa la Sala que el a quo, manifestó que una vez probada la excepción de falta en la legitimación en la causa por pasiva, la Sala se abstenía de estudiar las demás excepciones, entre ellas las de falta de agotamiento de la vía gubernativa; de modo que aunque en la parte resolutiva se declara probada, es claro que en las consideraciones no se estudió.

Sin embargo, la Sala debe aclarar que contra la Resolución 1410 de 2008 solamente procedía el recurso de reposición, como se indicó en la notificación de la misma (fl. 34), que adicionalmente no fue interpuesto, así las cosas destaca la Sala que en los términos del artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la vía gubernativa se agota cuando el acto queda en firme por no haber sido interpuesto el recurso de reposición.

Ahora bien frente a la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a los ministerios de la Protección Social, de Hacienda y Crédito Público, y Fiduagraria, en primera medida, la Sala considera necesario resaltar que según el inciso 2º del parágrafo del artículo 32 del Decreto 254 de 2000 “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional", cuando los recursos de la liquidación de una entidad no son suficientes, “las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad”.

La norma en cita indica que las obligaciones laborales, ante la insuficiencia de los recursos de la entidad liquidada, estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad.

Ahora bien, el acto mediante el cual se suprimió y liquidó la ESE Rita Arango Álvarez del Pino fue el Decreto 452 de 2008 proferido por el Ministerio de la Protección Social que indica que dentro del inventario realizado por el liquidador se deben incluir “La relación de contingencias existentes, incluyendo los procesos o actuaciones administrativas que se adelanten y la estimación de su valor” (art. 7º, num. 4º). Sin embargo este acto no mencionó qué entidad asumiría los pasivos laborales con posterioridad a la liquidación de la ESE.

En este punto se resalta que según el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 que modificó el Decreto-Ley 254 de 2000, cuando se termina el plazo de liquidación de la entidad, se puede celebrar un contrato de fiducia mercantil que comprenda los activos de la liquidación, y el producto de estos se destina al pago de los pasivos y contingencias de la entidad, pero si al terminar la liquidación todavía hay procesos pendientes contra aquella, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo que administra la fiducia, esto sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.

En el presente caso, el contrato de Fiducia se celebró con Fiduprevisora como consta en el acta final del proceso liquidatorio (fl. 217), quien en principio, al ser la administradora del patrimonio autónomo entraría a responder exclusivamente; sin embargo el Decreto 3751 de 2009 “Por el cual se asumen unas obligaciones y se dictan otras disposiciones” establece que el Ministerio de Hacienda asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino En Liquidación. En este orden de ideas como el liquidador tenía la obligación de incluir los procesos judiciales dentro del inventario de la entidad objeto de liquidación, el presente proceso debió relacionarse entre las contingencias cuando se suscribió el contrato con Fiduprevisora.

A manera de ilustración se transcriben los apartes pertinentes del Decreto 3751 de 2009:

“Que el agente liquidador de la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino En Liquidación, informó a este ministerio que los activos de la empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral”.

ART. 1º—En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del convenio suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

(...)

PAR.—Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.

Visto lo anterior concluye la Sala que asiste razón al tribunal, al decretar la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección Social, no siendo así frente al Ministerio de Hacienda, como se explicó con anterioridad.

Finalmente, sobre Fiduagraria se destaca que esta fue la entidad liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y que en dicha condición expidió la Resolución APL 1440 de 2008, acto demandado en este proceso; así las cosas, se resalta que Fiduagraria sí estaba llamada a comparecer a este proceso para defender la legalidad del acto enjuiciado, ahora bien, el hecho de que al momento de proferirse sentencia, ya la ESE Rita Arango Álvarez del Pino había sido liquidada, tiene relevancia solamente respecto de qué entidad tiene la obligación de cumplir la condena impuesta a título de restablecimiento del derecho como consecuencia de la pretendida nulidad del acto. Así fue como el a quo aceptó la vinculación en el proceso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Fiduprevisora, como se observa en el auto del 30 de noviembre de 2009 (fl. 284).

Así, en lo que toca con la declaratoria de prosperidad de la excepción en cita se revocará la sentencia impugnada.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la actora, quien fue empleada pública de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino tiene derecho al reconocimiento de los beneficios convencionales en cuanto invoca la prórroga de la convención colectiva suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS.

Marco normativo y jurisprudencial

i) Del acuerdo convencional(3) 

La convención colectiva del trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y la organización sindical Sintraseguridadsocial fue suscrita el 31 de octubre de 2001, según se lee de la certificación que obra en el expediente, expedida por el coordinador grupo archivo sindical del Ministerio de la Protección Social, donde consta además que la vigencia de la misma fue del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004.

Si bien la Corte Constitucional en algunos eventos ha reconocido la extensión de los derechos de naturaleza convencional a trabajadores de las ESE que se escindieron del ISS, es porque dichos servidores se encuentran en circunstancias especiales que ameritan la especial protección del Estado en los términos del artículo 12 de la Ley 790 de 2002(4) y la consecuente aplicación de la estabilidad laboral reforzada también denominada como “retén social”, por estar próximos a pensionarse, ser madres cabeza de familia o discapacitados.

La demandante pretende el reconocimiento de la totalidad de los beneficios laborales emanados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato Sintraseguridadsocial, los cuales dejaron de aplicársele en principio a partir del 26 de junio de 2003 con la expedición del Decreto 1750 del mismo año.

Al estudiar la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 18 (parcial) del mencionado decreto, declaró mediante Sentencia C-314(5) del 1º de abril de 2004 la exequibilidad de dichas normas, salvo la expresión “Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas” contenida al final del inciso 1º del artículo 18.

En la motivación de dicha decisión, estudió la Corte la presunta afectación de los derechos adquiridos de quienes ostentaban la calidad de trabajadores oficiales del Seguro Social y, por ende, beneficiarios de la convención colectiva del trabajo, al pasar a ser empleados públicos de empresas sociales del Estado, dadas las limitaciones que el derecho colectivo del trabajo ha impuesto para esta clase de servidores. Sobre el particular, sostuvo dicho tribunal:

“De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo.

Pese a que, en principio, tal desventaja podría interpretarse como una afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales, es lo cierto que la imposibilidad de presentar convenciones colectivas de trabajo no se erige en quebrantamiento de tales garantías”.

(...)

“De hecho, no debe olvidarse que “los trabajadores y los empleados del Estado están subjetivamente en situaciones distintas, y corresponde al legislador definir, racional y proporcionalmente, cuándo un servidor público está cobijado por una u otra regulación”.

“Ciertamente, es evidente que el tipo de vinculo jurídico laboral que el servidor público tiene con el Estado no es irrelevante a la hora de establecer cuándo se puede recurrir al mecanismo de la negociación colectiva. Cuando la relación es contractual, resulta fácil imaginar que las condiciones laborales pueden ser concertadas entre el sindicato y el empleador. La autonomía administrativa de la entidad estatal y la manera en que sus servidores se vinculan a ella hace posible modificar el contrato en cada caso, a fin de satisfacer las demandas particulares de la negociación. No sucede lo mismo cuando el nexo del funcionario con el Estado proviene de una regulación genérica, establecida unilateralmente por este mediante ley o reglamento”.

ii) Empleados públicos y trabajadores oficiales derechos adquiridos al cambiar de régimen

La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales tuvo su origen legal en la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal) que definió a los primeros como “todos los individuos que desempeñan destinos creados o reconocidos por las leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados por ordenanzas, decretos y acuerdos válidos”.

Posteriormente, el Decreto 2127 de 1945, que reglamentó la Ley 6ª del mismo año, permitió la vinculación a la administración a través de un contrato de trabajo en las actividades de “construcción o sostenimiento de las obras públicas o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma”.

Más adelante, el Decreto-Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, efectuaron la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo parte ambas categorías de los denominados “empleados oficiales”, hoy “servidores públicos” por virtud del artículo 123 de la Constitución Política. Al definir su campo de aplicación, el precitado Decreto 1848 dispuso en el numeral 2º del artículo 7º:

“2º) Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en derecho colectivo del trabajo” (resalta la Sala).

Al quedar claro que los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales, se debe determinar si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos trabajadores se siguen aplicando aún cuando cambie su condición y pasen a ser empleados públicos.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004, concluyó que:

“[e]n consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos”.

Lo anterior no significa que a los empleados públicos se les haya negado el derecho a la negociación colectiva, dado que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política pueden constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado y, sus representantes tienen derecho al fuero sindical y a las demás garantías para el cumplimiento de su gestión.

Igualmente, en el ámbito internacional, mediante la Ley 411 de 1997 Colombia aprobó el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, el cual consagra disposiciones relativas a la protección del derecho de asociación sindical de los servidores del Estado.

Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem para precisar que son solo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el legislador (Sent. C-453/2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis).

Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos servidores que pasan de trabajadores oficiales a ser empleados públicos, considerando lo siguiente:

“La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (...) no es viable reconocerle (...) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(6) del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincoporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”(7).

La Corte Constitucional en la Sentencia C-349 de 2004 al estudiar el alcance de las expresiones “automáticamente y sin solución de continuidad” en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, manifestó:

“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador-trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos”(8) (resaltado fuera del texto original).

De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala desde la sentencia del 1º de octubre de 2009, ha reiterado que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma.

Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no les siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por periodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable.

Del caso en concreto

En el asunto bajo estudio la accionante solicita la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le reconocieron y pagaron las prestaciones sociales e indemnización del cargo, por la supresión del mismo, el cual desempeñaba como empleada pública en el cargo de médica, en una empresa social del Estado, para que en su lugar se le reconozcan los beneficios de la convención colectiva firmada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridadsocial, derivados de la prórroga de la misma.

El tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que el 31 de octubre de 2004 terminó la vigencia de la convención colectiva de trabajo, cuando la demandante ya era empleada pública, entonces aquella no podía ser aplicada para la liquidación de su indemnización y prestaciones sociales, porque la actora no era beneficiario de la prórroga automática de la convención.

La providencia en cita fue apelada por la actora, pues estimó que los empleados públicos de la ESE que fueron trabajadores oficiales del ISS, continúan disfrutando de los beneficios convencionales en cuanto la convención colectiva de trabajo se ha prorrogado automáticamente, de manera que estaba vigente al momento de la supresión del cargo.

Visto lo anterior corresponde a la Sala determinar si la actora, quien fue empleada pública de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino tiene derecho al reconocimiento de los beneficios convencionales en cuanto invoca la prórroga de la convención colectiva suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS.

Para desarrollar el problema jurídico planteado por la apelante se tiene que el acto administrativo, cuya nulidad parcial pretende es la Resolución APL 1410 de 2008 “Por medio de la cual se establece el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la ESE Rita Arango Alvarez del Pino En Liquidación”.

Ahora bien, en el texto de la demanda, la actora solicita el reconocimiento y pago de la indemnización por supresión de cargo y el reajuste de las prestaciones sociales desde el 1º de noviembre de 2004 hasta la fecha de la desvinculación, de conformidad con lo ordenado en la convención colectiva.

De otro lado, se destaca que la demandante, como consta en la certificación laboral del 5 de diciembre de 2008 (fl. 30), laboró al servicio de la ESE desde el 26 de junio de 2003 hasta el 13 de noviembre de 2008, en el cargo de médica, como empleada pública.

En la citada certificación también consta que la accionante laboró en el ISS desde el 5 de agosto de 1997 hasta el 25 de junio de 2003 “de acuerdo con el Decreto 1750 de junio 26 de 2003, fecha en la cual el Presidente de la República escindió el Instituto de Seguros Sociales y creó la ESE Rita Arango Álvarez del Pino”.

Así las cosas, respecto del objeto de la apelación la Sala resalta que la convención colectiva estuvo vigente del 1º de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004 y no era procedente su prórroga automática como se expuso en el numeral 1º del marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.

De modo que en el año 2008, cuando se efectuó la liquidación de las prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, ya no estaba vigente la convención colectiva.

Ahora bien, en lo que respecta a lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias C-304 y C-379 de 2004, dicho tribunal constitucional manifestó que el cambio de naturaleza jurídica de los cargos, de quienes pasaron de ser trabajadores oficiales a empleados públicos en razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales no justificaba el desconocimiento de los derechos adquiridos en materia salarial y prestacional, pero por el término de vigencia de la convención colectiva.

Sobre este aspecto se tiene que la convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004 y que la actora solicita el pago de los valores convencionales que se causaron presuntamente hasta el año 2008, cuando fue suprimido su cargo, de manera que se reitera ya no estaba vigente la convención.

Aunado a lo anterior, tampoco puede la actora invocar la prórroga automática de la convención colectiva, prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, esto en tanto, como ya se expuso en el acápite relativo a la situación de quienes fueron trabajadores oficiales del ISS y pasaron a ser empleados públicos de las empresas sociales del Estado que se escindieron del citado instituto, con el cambio de naturaleza jurídica de la vinculación laboral, la actora como empleada pública hizo parte de la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, por tanto dejó de beneficiarse de las disposiciones del derecho colectivo del trabajo, entre las que se encuentra la prórroga automática de la convención colectiva.

En este orden de ideas, la Sala concluye que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado, por ende en este aspecto se confirmará la sentencia apelada.

Ahora bien, la parte actora demandó a los Ministerios de la Protección Social, de Hacienda y Crédito Público, Fiduagraria y Fiduprevisora, pero en el fallo de primera instancia se declararon las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa (propuesta por los dos ministerios) y de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los ministerios de la Protección Social, de Hacienda y Crédito Público, y Fiduagraria, quedando solamente Fiduprevisora como parte demandada, respecto de quien finalmente se negaron las pretensiones.

En esta instancia, como resultado del estudio del recurso de apelación, se determinó que sí hubo agotamiento de la vía gubernativa y que sí están legitimados en la causa por pasiva el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Fiduagraria, por lo que se revoca parcialmente el numeral 1º de la sentencia impugnada y se determina que no existía impedimento procesal alguno para estudiar de fondo las pretensiones de la actora frente a las citadas entidades.

Como corolario de lo anterior, se confirma la sentencia del Tribunal en cuanto declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección Social, de modo que el a quo estaba inhibido para pronunciase de fondo respecto de esta entidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 14 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó la nulidad parcial de la Resolución APL 1410 del 4 de diciembre de 2008 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(3) Marco normativo expuesto por esta Sala en la sentencia de 1º de octubre de 2009, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente 250002325000200510890 01(0212-2008). Demandante: Martha Catalina Vásquez Sagra.

(4) La Ley 790 de 2002 por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República, fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-880 de 1º de octubre de 2003, magistrados ponentes Dr. Alfredo Beltrán Sierra y Dr. Jaime Córdoba Triviño.

(5) Magistrado ponente, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(6) La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.” Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE (sic) por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005. Magistrado ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

(7) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de julio de 200. Consejero ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Radicado 2007-1355. Demandado: Hospital de Caldas.

(8) Referencia: Expediente D-4844. Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.