Sentencia 2009-00151 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 25000232600020090015101 (41.538)

Actor: Luis Jesús Caicedo Torres

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, pues en casos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), opera un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta corporación(2).

2.2. Oportunidad de la acción.

La acción impetrada por el actor pretende la declaratoria de responsabilidad de la demandada por una falla en la administración de justicia —error judicial—, con ocasión de la sentencia del 3 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, en el curso del proceso reivindicatorio promovido por Luis Eduardo Caicedo Bernal contra las señoras Rosalba Velásquez Herrera y Carmen Herrera, toda vez que dicha decisión, si bien ordenó que el 50% de los inmuebles en disputa fueran reivindicados al citado señor, omitió injustificadamente el pago de los frutos establecidos en el dictamen pericial practicado en dicho proceso.

Contra la sentencia acabada de mencionar, las citadas señoras interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto del 24 de noviembre de 2005 (fl. 98, cdno. 1); por su parte, el señor Caicedo Bernal formuló apelación adhesiva, a fin de que se le reconocieran los frutos establecidos en el dictamen pericial (fls. 99 a 101, cdno. 1).

El 2 de febrero de 2006, el citado tribunal corrió traslado a las demandadas, para que sustentaran el recurso de apelación (fl. 102, cdno. 1); sin embargo, como esto último no ocurrió, aquél, mediante auto del 2 de marzo de ese mismo año, declaró desiertas la apelación principal y la adhesiva (fl. 103, cdno. 1), de modo que la sentencia del 3 de agosto de 2005 cobró firmeza.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al sub examine(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Teniendo en cuenta que la sentencia del 3 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, cobró ejecutoria el 2 de marzo de 2006, esto es, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró desiertas la apelación principal y la adhesiva, y que la demanda de reparación directa fue instaurada el 27 de febrero de 2008 (fls. 3 a 24, cdno. 1), no hay duda de que esto último ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

Antes de que entrara a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó: i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(4) y ii) responsabilidad derivada del error judicial, que en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta Corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los que funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado.

En ese mismo sentido, se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(5).

De manera excepcional, la Corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, había incurrido en una vía de hecho y causado lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(6).

La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión del 22 de julio de 1994 (Exp. 9043), la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales podían ser fuente de reclamaciones por quienes resultaran dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, que estableció la posibilidad de reabrir un proceso ya clausurado, cuando se incurriera en error judicial. Dicha acción constituía una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la Ley Estatutaria, la jurisprudencia de esta Corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho; así, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial, ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

No es necesario para configurar el error judicial que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(7), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(8).

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que, en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 -inclusive desde antes- y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran su responsabilidad, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y la segunda.

2.4. Legitimación en la causa.

Está acreditado, según el registro civil de nacimiento visible a folio 2 del cuaderno 1, que el acá demandante es hijo del señor Luis Eduardo Caicedo Bernal, quien en vida(9) promovió un proceso reivindicatorio contra las señoras Rosalba Velásquez Herrera y Carmen Herrera, en el cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá profirió la sentencia del 3 de agosto de 2005, la cual, a juicio del actor, configuró un error judicial.

Teniendo en cuenta que el señor Luis Jesús Caicedo Torres demostró la condición de heredero del señor Caicedo Bernal, es obvio que se encuentra legitimado para demandar por los perjuicios que éste habría sufrido como consecuencia del error judicial que, según él, estaría contenido en la sentencia citada en el párrafo anterior.

2.5. Caso concreto y análisis probatorio.

Está demostrado que, mediante sentencia del 3 de agosto de 2005, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá acogió las pretensiones de la demanda reivindicatoria instaurada por el señor Luis Eduardo Caicedo Bernal y condenó a las demandadas a restituirle el 50% del inmueble ubicado en la transversal 64 A # 74 B -11, lote 6, manzana D-9, urbanización Bonanza, de Bogotá, decisión que, además, negó el pago de los frutos establecidos en el dictamen pericial practicado en dicho proceso (fls. 73 a 93, cdno. 1).

Según la experticia, el señor Caicedo Bernal tenía derecho al pago de $ 76’221.763,01, por concepto de frutos civiles (fl. 50, cdno. 2 de pbas.).

Conforme a la demanda de reparación directa, la sentencia del 3 de agosto de 2005 omitió injustificadamente condenar al pago de los frutos civiles reconocidos en la experticia, lo cual configuró un error judicial, que produjo varios perjuicios al actor que debían indemnizarse.

Para la Sala, contrario a lo afirmado por el acá demandante, la referida sentencia sí se pronunció sobre la experticia técnica, al señalar que la misma “no se fundamentó en hechos reales” y reñía con el material probatorio allegado al proceso reivindicatorio; es decir, para el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá lo establecido en el dictamen no tenía sustento alguno y, por lo mismo, se abstuvo de conferirle eficacia probatoria.

Es menester recordar que el dictamen pericial es un medio probatorio que permite verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos de auxiliares de la justicia, quienes, a través de experimentos e investigaciones, realizan un examen de las cosas o personas(10).

De conformidad con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, “al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso” (se subraya).

Para que el juez pueda apreciar y valorar un dictamen pericial, éste debe reunir una serie de requisitos, entre ellos:

“Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable (...).

“Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo (...).

“Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión (...).

Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria(11) (se resalta).

Si bien en el proceso reivindicatorio se practicó un dictamen pericial, lo establecido en él fue desechado por el juez, por cuanto, como se dijo atrás, reñía con el material probatorio practicado en el proceso y, por consiguiente, no podía ser tenido en cuenta para acceder al pago de los frutos civiles reclamados; por consiguiente, no le asiste razón alguna al acá actor en cuanto aseguró que el juez se apartó injustificadamente de lo establecido en el dictamen.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que este no es el momento procesal para cuestionar o debatir la decisión contenida en la sentencia del 3 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, pues, como lo dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cualquier reproche contra el citado fallo debió haberse realizado a través del recurso de apelación respectivo.

En torno a esto último, vale la pena recordar que, si bien el señor Luis Eduardo Caicedo Bernal formuló apelación adhesiva al recurso de apelación que interpusieron las demandadas en el proceso reivindicatorio, éstas no lo sustentaron, razón por la cual el Tribunal Superior de Bogotá declaró desiertos dichos recursos (fl. 103, cdno. 1).

El artículo 353 del Código de Procedimiento Civil dispone que la “parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable”; además, según el inciso segundo de la norma en cita, la “adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”.

En cuanto a los alcances de la citada norma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho(12):

“En primer lugar, se parte del supuesto de que quien no apeló puede hacerlo de manera adhesiva. Esta norma, desde luego, hace referencia a que la parte no haya apelado de manera principal, pues es claro que el apelante adhesivo también es un recurrente, es decir, que también impugna la sentencia, sólo que lo hace en una calidad diferente, y es a ello a lo que se refiere la norma.

“Esta posibilidad resulta bastante exótica, en principio, pues se tiene como punto de partida que a la parte se le venció el término con que contaba para apelar la sentencia, no obstante lo cual la ley procesal le permite hacerlo, bajo una calidad muy particular: en forma adhesiva.

“Esta alternativa supone, a su vez, que la sola voluntad de la parte de apelar es lo que determina esta posibilidad. Es decir, que a ello no puede oponerse, de manera directa, quien hubiere apelado de manera principal, pues su criterio no determina la validez de esta forma de impugnación.

“No obstante, también cabe decir, dentro de esta primera idea caracterizadora de la figura, que de ella no puede hacer uso la parte que hubiere apelado de manera principal, pero que olvidó cuestionar algún punto que sí puso en conocimiento otro apelante principal. La razón es obvia, no se puede ser apelante principal y, a la vez, apelante adhesivo de otro principal, por la sencilla razón de que la norma dispone que esta condición sólo la puede tener ‘la parte que no apeló...’.

“En segundo lugar, la adhesión puede hacerse a cualquiera de los recursos de apelación interpuesto por cualquiera de las partes del litigio. Es decir, que este recurso no tiene condicionada su procedencia a que se trate de uno de los extremos del proceso en particular —la parte actora o la demandada—.

(...)

“En tercer lugar, este recurso es dependiente del principal, en varios sentidos —de ahí el nombre de ‘adhesión’—; pues sólo puede presentarse en tanto alguna de las partes hubiere apelado. En otras palabras, no existe apelación adhesiva sin apelante principal. La razón es lógica, pues no se estaría adhiriendo a nada(13).

“Esta característica alcanza un nivel más profundo del recurso, la cual se infiere, por interpretación, de la norma citada. Se trata de que el apelante adhesivo no tiene la posibilidad de sustentar el recurso, de manera que, en principio, queda atado a las razones o argumentos expuestos por el apelante principal.

“Sin embargo, este aspecto tiene un sentido positivo, desde la perspectiva de que se trata de una posibilidad extrema que la ley procesal concede a quien no apeló en tiempo, de manera que le permite adherirse, pura y simplemente, lo cual constituye una oportunidad valiosa que se ofrece a una parte para sacar provecho de una posibilidad que cada quien debe evaluar en el caso concreto.

“Esta cualidad, la de ser un recurso dependiente, también se resalta, finalmente, por lo que expresa el inciso segundo del artículo citado, pues allí se dispone que ‘La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal’. Esto muestra que su acto procesal carece de la autonomía que tiene el apelante principal, quien sólo depende de su propia voluntad para mantener en el proceso su vocación impugnatoria...” (se resalta).

En Sentencia C-165 de 1999(14), la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, oportunidad en la cual sostuvo que el recurso de apelación adhesiva:

“... no es autónomo (sic) pues depende o se subordina a la actuación de la contraparte en el proceso, porque si ésta no apela, obviamente, no puede haber adhesión. La apelación adhesiva corre la misma suerte de la principal, vr. gr. en los casos de desistimiento del apelante principal, la adhesión queda sin ningún efecto, tal como lo dispone el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).

Pues bien, conforme a lo antes expuesto, es obvio que ninguna razón le asiste al acá demandante en cuanto aseguró que la apelación adhesiva era autónoma e independiente del recurso de apelación principal, pues, como acaba de verse, aquélla se encuentra subordinada a éste, de modo que, ante la falta de sustentación de la apelación principal, la apelación adhesiva queda sin efecto, esto es, como si no se hubiera interpuesto recurso alguno contra la sentencia de primera instancia.

Ahora, al tenor de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, “el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta (...) no haya interpuesto los recursos de ley”.

Al respecto, es indispensable señalar que, si el señor Luis Eduardo Caicedo Bernal hubiera apelado directamente la sentencia del 3 de agosto de 2005, habría evitado que su recurso de apelación quedara sin efecto, ante la falta de sustentación de la apelación principal. Ahora, si bien, como se dijo atrás, aquél interpuso apelación adhesiva al recurso de apelación formulado por la parte vencida en el proceso reivindicatorio, este último no fue sustentado y, por consiguiente, dicha apelación quedó sin efecto, esto es, como si nunca se hubiera interpuesto; por lo tanto, para la Sala es claro que en este caso se configuró la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, como lo sostuvo acertadamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Finalmente, ninguna razón le asiste al actor en cuanto aseguró en el recurso de apelación que se configuró una nulidad, por cuanto el tribunal interpretó equivocadamente la figura de la apelación adhesiva, lo cual condujo a un fallo adverso, pues lo cierto es que, contrario a lo manifestado por aquél y conforme a todo lo hasta acá dicho, el tribunal interpretó correctamente dicha figura, a lo cual se suma que no se observa irregularidad alguna en el proceso o en la sentencia que afecten el debido proceso o el derecho de defensa del acá demandante.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas al demandante, por cuanto la conducta procesal desarrollada por él no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 30 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

3 Ley 446 de 1998 (art. 44).

4 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 1967, expediente 868; del 31 de julio de 1976, expediente 1808; y del 24 de mayo de 1990, expediente 5451.

5 El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

6 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de diciembre de 1987 (Exp. R-01).

7 Sentencia C-037 de 1996.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997 (Exp. 10.285).

9 Según el registro civil de defunción visible a folio 1 del cuaderno 1, el señor Luis Eduardo Caicedo Bernal falleció el 19 de mayo de 2002.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010 (Exp. 17.644).

11 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321- 326.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de octubre de 2008 (Exp. 17.070).

13 En este sentido, expresa la Sección Cuarta que “El artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en lo Contencioso Administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagra la figura jurídica de la ‘apelación adhesiva’, dándole el carácter de subsidiaria, dependiente, subordinada de la apelación principal, al punto que la apelación adhesiva se entiende como secundaria de la apelación principal; lo cual implica que la apelación adhesiva queda sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. En el caso de autos, como el recurrente no cumplió con la carga procesal de la sustentación, dando lugar a que se declare desierto el recurso, igual suerte seguirá la apelación adhesiva, dada su naturaleza de subsidiaria, dependiente y subordinada de la apelación principal” (auto del 20 de febrero de 2003, Exp. 13.309).

14 Sentencia del 17 de marzo de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.