Sentencia 2009-00151 de enero 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000200900151 01

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Número interno: 18664

Demandante: GPC Drilling S.A. (antes Petrotesting Drilling S.A.)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Asunto: Renta 2004

Fallo

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se discute si son nulos los actos administrativos mediante los cuales la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, presentada por la demandante por el año gravable 2004.

Para el efecto, analizará si el a quo valoró los documentos aportados por la actora que, a su juicio, prueban la deducción en activos fijos reales productivos, así como la deducción por depreciación y por gastos para adecuación del mismo.

En lo relacionado con el asunto que se debate, la Ley 863 de 2003 adicionó el estatuto tributario con el siguiente artículo:

“ART. 158-3.—Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”.

El artículo reproducido consagra la posibilidad de que los contribuyentes puedan deducir de su renta un porcentaje del 30% de las inversiones que realicen en activos fijos reales productivos.

De la regulación de la deducción que estableció la norma, se ocupó el Decreto 1766 del 2004 que señaló:

“ART. 1º—Deducción especial. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir en la determinación del Impuesto sobre la renta de los años gravables de 2004 a 2007, inclusive, por una sola vez en el período fiscal en el cual se adquiera, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos que se efectúen entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre del año 2007. Esta deducción igualmente procederá, cuando los activos fijos reales productivos se adquieran bajo el sistema leasing con opción irrevocable de compra”.

ART. 2º—Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente.

(...)”.

De las disposiciones transcritas “Se colige que el propósito del legislador al establecer la deducción en comento, fue la adquisición de bienes tangibles que participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, es decir, que el elemento determinante de la prerrogativa fiscal, es que el activo fijo real se involucre directamente en el proceso productivo para generar ingresos y ejercer efectos positivos en la producción y el empleo y así en tal definición deben ser tenidos en cuenta, por ser elementos sustanciales a la productividad, los fenómenos de la depreciación y/o amortización(18).

Los contribuyentes que opten por la deducción deben cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en la ley y en el reglamento, entre ellos, que la participación del bien sea directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente de tal forma que sin su utilización no sea posible obtenerla y, por otra parte, debe estar relacionada con bienes tangibles susceptibles de depreciarse o amortizarse fiscalmente.

En armonía con lo anterior, el artículo 771-2 del estatuto tributario dispone que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de la factura con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario.

En ese contexto, la factura que fundamente un costo o una deducción, debe cumplir los siguientes requisitos:

b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e) Fecha de su expedición.

f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g) Valor total de la operación.

Por su parte, el artículo 618 del mismo estatuto, modificado por la Ley 488 de 1998, establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando los funcionarios de la administración tributaria, debidamente comisionados para el efecto, así lo exijan.

De acuerdo con las disposiciones citadas y en relación con los requisitos de las facturas para la procedencia de deducciones, la Sala ha estimado que no es una mera formalidad(19). Lo anterior por cuanto esta exigencia tiene como finalidad, no solo servir de fuente de información para el control del recaudo de los impuestos, sino para establecer, con certeza, la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a las deducciones.

De acuerdo con lo anterior, como lo ha considerado la Sala, la norma establece una tarifa legal probatoria, de manera que para la procedencia de las deducciones solicitadas por un contribuyente debe presentarse la factura que los respalde(20).

En el sub examine, la DIAN desconoció la suma de $459.608.000, solicitada como deducción por inversión en activos fijos, por la compra de un taladro marca Ideco H-35 a la sociedad Eagle Transport Ltda., por cuanto no aportó la factura donde conste el valor de compra del bien y porque en la factura cambiaria de transporte 945 del 17 de marzo de 2004 que aportó la sociedad vendedora, figura como pago parcial por la venta del 50% del taladro, la suma de $100.000.000.

Para la Sala, el desconocimiento de la administración se ajustó a derecho puesto que tratándose de una transacción realizada con una persona jurídica obligada a expedir factura, en su calidad de comerciante, debió exigirse por constituir el respaldo idóneo para la procedencia de las deducciones.

En ese contexto, para tener derecho a deducir, en la determinación del impuesto sobre la renta, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos, los contribuyentes deben aportar, en caso de que la DIAN lo requiera, la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos antes anotados.

Tal requisito fue echado de menos ya que la sociedad actora no aportó la factura con la que se pueda establecer con certeza la ocurrencia de la operación de compraventa del taladro Ideco H-35, así como el valor; tampoco se aduce argumento alguno para justificar la omisión en hacerlo; por lo tanto, en armonía con las disposiciones antes aludidas, considera la Sala que la transacción comercial carece de los soportes legales que demuestren el valor de adquisición de dicho bien y el derecho a solicitar la deducción del treinta por ciento (30%) del valor de la inversión realizada en el año 2004.

Como lo ha sostenido la Sala en ocasiones anteriores, si la deducción o el costo no están respaldados con una factura que reúna los requisitos previstos en la norma, en el caso en que esta deba expedirse, el contribuyente no tiene derecho a la deducción solicitada, no porque se considere inexistente, sino porque no goza de la prerrogativa para solicitarla(21).

De acuerdo con lo expuesto, se confirmará en este aspecto la sentencia apelada.

En cuanto a la afirmación de la actora, en el sentido de que el tribunal no valoró las pruebas y que la justicia debe buscar la verdad real para que los ciudadanos no paguen más de lo que legalmente les corresponde, la Sala analizará las pruebas aportadas por las partes, con el fin de determinar el valor real por el cual fue adquirido el bien.

— Acta 15 de la junta general de socios Petrotesting Drilling S.A., celebrada el 16 de febrero de 2004, en la que se lee lo siguiente:

“En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo la 1 p.m. del día 16 de febrero de 2004, se reunieron los socios de Petrotesting Drilling Limitada, en las instalaciones del domicilio principal donde funciona la administración, situada en la calle 69 Nº 4-65, previa convocatoria de forma individual a cada uno de los socios relacionados a continuación:

(...).

Se encontraban presentes en la reunión el señor Édgar Laverde en representación de la sociedad Eagle Transport Ltda. y la señora Mónica Botero Ramírez en representación de la sociedad Petrotesting Colombia S.A.

(...).

Orden del día

I. Verificación del quórum

II. Elección del presidente y secretario

III. Aprobación del orden del día

IV. Lectura del informe de gestión de la gerencia para el año 2003

V. Lectura y aprobación de los estados financieros para el año 2003

VI. Proyecto de distribución de utilidades del año 2003

VII. Aumento del capital social, presentación de nuevos socios y transformación de la sociedad

VIII. Nombramientos

IX. Autorizaciones al representante legal

X. Lectura y aprobación del acta

(...).

XI. VII.(sic) Aumento del capital social, presentación de nuevos socios y transformación de la sociedad

El presidente explicó a la Junta que el motivo principal de la reunión era someter a su consideración la conveniencia de adquirir un equipo de perforación para el desarrollo del objeto social de la sociedad. Explicó que se han adelantado negociaciones con la firma Eagle Transport. Ltda. propietaria de un taladro Ideco H-35 de las condiciones adecuadas para desarrollar trabajos en ejercicio del objeto social de Petrotesting Drilling. Explicó que el equipo tiene un valor comercial de US$ 500.000 por lo que se hace necesario aumentar el valor del capital.

Presente el señor Édgar Laverde manifestó que Eagle Transport. Ltda. tiene interés en participar como socia de Petrotesting Drilling adquiriendo hasta el 50% de sus cuotas sociales para lo cual haría un aporte en especie consistente el 50% de derechos sobre el equipo de perforación, es decir un aporte en especie avaluado en la suma de US$ 250.000.

De igual forma, la señora Mónica Botero Ramírez expresó a la junta el interés de la sociedad Petrotesting Colombia S.A. de convertirse en socia de Petrotesting Drilling.

El presidente retomó la palabra y manifestó a la Junta la conveniencia de transformar la sociedad en anónima dado el posible ingreso de nuevos socios y la facilidad de negociar acciones que representa ese tipo societario.

Como consecuencia de lo anterior, el presidente presentó a consideración de la junta las siguientes propuestas:

1. Que se permita el ingreso a la sociedad de Petrotesting Colombia S.A. y de Eagle Transport. Ltda.

2. Que se apruebe por la junta de socios el avalúo del equipo de perforación en la suma de $1.422.000.000 millones de pesos para efectos de su aporte parcial en especie de la sociedad Eagle Transport. Ltda.

3. Que se transforme la sociedad Petrotesting Drilling Ltda. en sociedad anónima para lo cual presenta para aprobación los estados financieros de la sociedad con corte a 31 de enero de 2004.

4. Que se aumente el capital social en $320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos) alcanzando un capital de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

5. Que el aumento de capital de la sociedad, o sea la suma de $320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos) sea suscrito y pagado por los nuevos socios así:

Petrotesting Colombia S.A. $120.000.000

Eagle Transport Ltda. $200.000.000”.

De dicho documento se resalta que, si bien en la reunión se sometió a consideración la conveniencia de adquirir un equipo de perforación, el tema principal de aprobación fue el ingreso de la sociedad Eagle Transport. Ltda., como socia de Petrotesting Drilling Ltda., como mecanismo para aumentar el capital de la empresa para contar con el dinero suficiente para la adquisición del activo.

La Sala evidencia inconsistencias en el aludido documento; el representante legal de la sociedad actora indicó que el señor Édgar Laverde, en representación de la sociedad Eagle Transport Ltda., tenía interés en participar en la sociedad Petrotesting Drilling adquiriendo el 50% de las cuotas sociales, para lo cual haría un aporte en especie equivalente al 50% del valor del equipo de perforación (taladro Ideco H-35), esto es, la suma de US$ 250.000(22).

Posteriormente, se puso a consideración de la junta de socios un aumento del capital que sería de $320.000.000, conformados así: a cargo de Petrotesting Colombia S.A. la suma de $120.000.000 y a cargo de Eagle Transport Ltda. la suma de $200.000.000.

Más adelante se lee, en el folio 118 del anexo 1, que la junta de socios, luego de amplia deliberación, resolvió aceptar el ingreso de los socios Petrotesting Colombia S.A. y Eagle Transport Ltda. en las condiciones antes mencionadas y aprobar el avalúo del aporte en especie de la sociedad Eagle Transport Ltda. en US$ 250.000.

El documento no genera certeza sobre el valor del aporte en especie de la sociedad Eagle Transport Ltda., pues inicialmente se indicó que sería de US$ 250.000, valor del 50% de sus derechos sobre el equipo de perforación y, finalmente, se dijo que dicho aporte sería de $200.000.000.

— Oferta comercial del 15 de marzo de 2004.

La oferta mercantil se ha definido “como una declaración unilateral de voluntad, dirigida por una persona a otra, por la cual la primera manifiesta su intención de considerarse ligada, si la otra parte acepta”(23).

La legislación colombiana reglamenta la oferta mercantil a partir del artículo 845 y siguientes del Código de Comercio; el artículo 845 del aludido código establece: “La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario”.

De conformidad con lo anterior, la oferta es una propuesta de negocio jurídico que una persona formula a otra y que conlleva la manifestación seria de obligarse. Ella deviene, entonces, en irrevocable(24) cuando se ha perfeccionado el consentimiento a través de la aceptación del destinatario, el cual origina el nacimiento de un acuerdo de voluntades.

La oferta mercantil debidamente aceptada por el destinatario, implica para el oferente el surgimiento de la obligación de cumplirla, so pena de indemnizar los perjuicios que puedan resultar de su eventual incumplimiento.

En el caso concreto encuentra la Sala, en los folios 26 y 27 del anexo 1, que la oferta mercantil, por medio de la cual la sociedad Eagle Transport Ltda. propone a Petrotesting Drilling Ltda. la venta del 50% de los derechos sobre un equipo Ideco H-35 KD, de su propiedad, es del 15 de marzo de 2004, fecha posterior a la del acta de la junta de socios celebrada el 16 de febrero del mismo año, en la cual se sometió a consideración de los socios la compra del equipo mencionado; se observa que en ella no se reconoce el anticipo que la actora afirma haber pagado, simplemente se dice que como Eagle Trasnsport adeuda a Petrotesting Drilling la suma de $500.000.000, frente a ese valor operará una compensación y que el excedente se pagará en dólares o en pesos, de conformidad con la tasa representativa del mercado que se acuerde.

Así mismo, Eagle Transport manifestó su deseo de participar como socia de Petrotesting Drilling Ltda., para lo cual indicó que estaba dispuesta a aportar en especie el 50% del valor del taladro, suscribiendo el 50% de las cuotas, previa reforma de los estatutos de la actora; sin embargo no se aporta el documento de aceptación de Petrotesting como destinataria de la oferta, requisito para perfeccionarla, en los términos del artículo 845 del Código de Comercio, antes mencionado.

Afirmó la actora que la oferta mercantil data del 15 de marzo de 2004 por un error secretarial, pero que corresponde, en realidad, al 15 de febrero de ese año, un día antes a la fecha de realización de la junta de socios de Petrotesting Drilling y que el anticipo por la compra del taladro equivalente a $500.000.000 le fue girado al señor Laverde Lora.

La Sala observa que la actora a lo largo del debate tanto gubernativo como contencioso se limitó a afirmar que en la oferta mercantil se presentó un error secretarial sin aportar elementos de juicio que sustente sus afirmaciones.

Respecto del anticipo de $500.000.000, entregado al señor Laverde Lora por la compra del taladro, advierte la Sala que la actora afirmó que el pago no se realizó a la sociedad Eagle Transport Ltda., sino a una persona natural diferente a la persona jurídica antes mencionada.

Aunado a lo anterior, en el folio 248 del cuaderno principal se observa el comprobante de contabilidad de fecha 28 de mayo de 2004 en el que se evidencia el pago de $616.000.000 al señor Édgar Laverde, información que no coincide con lo expuesto por la actora en la demanda y en el recurso de apelación, pues en esas ocasiones manifestó que el anticipo fue de $500.000.000.

En el mencionado comprobante de contabilidad se lee lo siguiente:

Cuenta que afectaConceptosBeneficiarioCCDébitoCrédito
13301001 Édgar LaverdeTraslado transformación socieÉdgar Laverde  616.000.000.00
238095 OtrosTraslado transformación socieEagle Transpot LT  95.000.000.00
1520050101 Equipo básicoEquipo Ideco H-35 KDEagle Transpot LT11321.422.000.000.00 
320505 Prima en colocacPrima en venta de acciones TREagle Transpot LT 511.000.000.00 

 

Según el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren; estos soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos, de tal manera que sea posible su verificación.

Por su parte, el artículo 124 del referido decreto dispone que las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente.

Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano.

Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado.

En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.

La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan.

Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a lo sumo mensuales.

Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas las operaciones.

Confrontado el comprobante de contabilidad, antes transcrito, con los artículos 123 y 124 del Decreto 2649 de 1993, se observa que no cuenta con los documentos soportes que respalden las operaciones registradas en él, ni indica la fecha de las mismas. Tampoco se hace referencia alguna al libro auxiliar en el que fue registrada cronológicamente la operación que se trata.

Por su parte, la DIAN, para rechazar la deducción por inversión en activos fijos en cuantía de $459.608.000, tuvo en cuenta las siguientes certificaciones del revisor fiscal de la sociedad Eagle Transport Ltda., dirigidas a la división de fiscalización tributaria:

El 16 de abril de 2007, el revisor fiscal certificó que “la empresa Eagle Transport Ltda. con NIT 830.102.664-1 a 31 de diciembre de 2003, presenta en sus libros Oficiales la compra y remodelación de un equipo de perforación marca Ideco H35, de segunda mano por un valor de ciento setenta y tres millones ciento treinta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro mil pesos ($173.133.554) m/cte., y fue contabilizado en la cuenta 129595 inversiones diversas”(25).

El 18 de abril del mismo año 2007, certificó también que “el valor de venta del taladro marca Ideco H35 a la sociedad Petrotesting Drilling Ltda. en marzo 17 de 2004 fue por doscientos millones de pesos ($200.000.000) distribuidos así: $100.000.000 correspondientes al 50% del valor del taladro, según consta en la factura 945 y el otro 50% ($100.000.000) correspondiente a la adquisición de cuotas de interés social a Petrotesting Drilling Ltda.

Adicional a lo anterior, obra en el expediente la factura cambiaria de transporte 945 del 17 de marzo de 2004, expedida por la sociedad Eagle Transport Ltda., en la que se observa que la compradora Petrotesting Drilling Ltda. realizó un pago parcial, equivalente al 50% de los derechos sobre el taladro Ideco H35, por valor de $100.000.000(26).

Del análisis de la información antes relacionada, se establece que el actor no desvirtuó la modificación realizada por la administración tributaria a la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2004, toda vez que los mencionados documentos no permiten establecer el valor real del activo adquirido, esto es, del taladro marca Ideco H-35.

En efecto, en el Acta 15 de la junta general de socios de Petrotesting Drilling S.A., se aprobó el aporte en especie de la sociedad Eagle Transport Ltda., correspondiente al 50% de sus derechos sobre el equipo de perforación, por valor de $200.000.000; en la oferta mercantil quedó plasmado que el anticipo por la compra del taladro sería de $500.000.000 y en el comprobante de contabilidad del 28 de mayo de 2004, se observa el pago al señor Édgar Laverde por la suma de $616.000.000.

Así las cosas, comparte la Sala, lo manifestado por la administración tributaria y el a quo, en el sentido de que las pruebas aportadas por la actora para demostrar el monto de la transacción del activo fijo, no son congruentes; por esta razón, no se aceptará la deducción, que por esta inversión solicitó la actora en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2004.

En cuanto a la reinversión de la deducción en el año gravable 2005, advierte la Sala que este período no es motivo de análisis en esta instancia, pues los actos administrativos demandados corresponden al ejercicio fiscal 2004.

En consecuencia no prospera el cargo.

Así las cosas, resultando improcedente la deducción solicitada sobre el mayor valor de adquisición del activo fijo, no soportado en la factura correspondiente, la deducción por la depreciación que la actora solicitó, también resulta improcedente.

En consecuencia no prospera el cargo.

Sanción por inexactitud

Asegura la actora que en el presente caso no se presentan las conductas señaladas en el artículo 647 del estatuto tributario, porque en ningún momento pretendió obtener beneficios económicos a los que no tenía derecho.

El artículo 647 del estatuto tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Es claro que en la declaración tributaria presentada por el año gravable 2004, la actora incurrió en una de las conductas tipificadas taxativamente como casual de sanción en el artículo 647, señalado, como es la inclusión de deducciones inexistentes.

En efecto, en el denuncio rentístico presentado por la vigencia fiscal 2004, la demandante solicitó la deducción consagrada en el artículo 158-3 del estatuto tributario sobre un valor de adquisición del activo fijo que no fue demostrado, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto a cargo, como se confirmó en el análisis antes efectuado.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala no dará prosperidad al recurso de apelación interpuesto por la demandante y confirmará la decisión del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 23 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad G.P.C. Drilling S.A. (antes Petrotesting Drilling S.A.) contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

RECONÓCESE personería a la abogada Carmen Adela Cruz Molina, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 271 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(18) Consejo de Estado - Sección Cuarta, Sentencia 15153 de abril 29 de 2007 C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(19) Sentencia del 28 de junio de 2010. Exp. 16791. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(20) Sentencias del 4 de febrero de 2010, Exp. 16446, C.P. William Giraldo Giraldo y del 28 de junio de 2010. Exp. 16791. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(21) Sentencia del 27 de enero de 2011. Exp. 16890. C.P. William Giraldo Giraldo.

(22) Para la fecha del acta, 16 de febrero de 2004, la tasa representativa del mercado, según fuente del Banco de la República, equivalía a $2.724.36.

(23) De la Vega Antonio, Derecho de las obligaciones, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 1986 página 28.

(24) Código de Comercio, artículo 846.

(25) Folio 344 del anexo 2.

(26) Folio 346 del anexo 2.