Sentencia 2009-00172 de octubre 21 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 130011102000200900172 01/2773F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 80 de la misma fecha

Bolívar, (sic) D. C., veintiuno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta de los fallos sancionatorios proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país que no hayan sido apelados.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, el doctor Arnedys Payarez Pérez, en su condición de Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, incurrió en la conducta por la cual se le formuló pliego de cargos y le mereció reproche disciplinario por parte del magistrado a quo en la providencia que es objeto de revisión en grado jurisdiccional de consulta.

Tenemos que al inculpado se le disciplinó por la falta consistente en incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 1º y 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y relacionado lo anterior, con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

“Ley 270 de 1996

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo.

Ley 734 de 2002 

CAPÍTULO SEGUNDO

ART. 34.—Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Decreto 2591 de 1991 

CAPÍTULO V

ART. 52.—Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala encontramos que, efectivamente el doctor Arnedys Payarez Pérez en su condición de Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, tuvo a su cargo el trámite de la acción constitucional de tutela Nº 2006-194, instaurada por medio de apoderado judicial en nombre y representación de los señores Rosa Inés Otálora de Contreras y otros, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y derechos a la pensión de jubilación, la cual fue fallada el 6 de octubre de 2006, TUTELANDO los derechos fundamentales incoados, reclamados por cada uno de los accionantes, ordenando a la “Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal” EICE, que en el término improrrogable de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a dictar los actos administrativos mediante los cuales se les reconozca la pensión gracia a los accionantes relacionados en el ordinal primero de la parte resolutiva del presente fallo, en los términos contemplados por la Ley 4ª de 1966; esto es, incluyendo todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior a aquel en que los accionantes adquirieron el status jurídico de pensionados, junto con su respectiva retroactividad, reajustes e indexación a que pueda haber lugar y que efectivamente tiene derecho; enviando a este despacho copia de los actos administrativos mediante los cuales se dio cumplimiento cabal a esta decisión, so pena de incursionar en desacato” (fls 2 al 38 anexo 1).

No obstante lo anterior, y ante el incumplimiento del fallo, los accionantes interpusieron incidente de desacato, mismo que fue decidido por el doctor Arnedys Payares Pérez, en su condición de Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, mediante proveído del 17 de noviembre de 2006, en donde el encartado resolvió declarar como responsable por desacato del fallo de Tutela de fecha 6 de octubre de 2006, a la gerente de la “Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591. En consecuencia, le impuso como sanción correccional, la de arresto, por el término de diez (10) días, la cual cumplirá en las Dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de la ciudad de Bogotá, igualmente se le condenó al pago de una multa equivalente a veinte (20) SMLMV, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”.

El anterior proveído fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, sala de Decisión Civil - Familia, con fecha 18 de julio de 2007.

Sin embargo y a pesar de lo anteriormente dispuesto, la sanción impuesta a la gerente de “Cajanal” no fue cumplida, situación que generó el proceso disciplinario que hoy nos ocupa, puesto que se tiene de presente que el cumplimiento del fallo radica en cabeza del funcionario que conoció el fallo primogénito, quien adelantó las siguientes actuaciones tendientes al cumplimiento del citado desacato:

1. Oficio 1518, de fecha 20 de noviembre de 2006, mediante el cual el Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, notifica por primera vez del desacato, a la entidad incidentada.

2. Oficio SPE-INC-42386, de fecha 22 de noviembre de 2006, proveniente de la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, en donde solicitan el archivo de las diligencias del trámite incidental, teniendo en cuenta que la entidad ya cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela (hecho superado).

3. Oficio 397 de fecha 30 de marzo de 2007, mediante el cual el Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, notifica por segunda vez del desacato, a la entidad incidentada.

4. Escrito de fecha 19 de abril de 2007, proveniente de la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, en donde informan que esa entidad resolvió de fondo y en forma efectiva la petición que elevara la accionante a Cajanal, sobre la solicitud de reconocimiento de una pensión de gracia.

5. Oficio 1169 del 29 de agosto de 2007, mediante el cual el Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, informa al gerente de la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, que la sanción impuesta mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2006, fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cartagena, y que en aras de no hacer efectiva en forma inmediata dicha sanción, le concede un nuevo termino de 15 días para dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 6 de octubre de 2006.

6. Memoriales radicados en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, con fechas 7 de diciembre de 2007 y 11 de febrero de 2008, proveniente del doctor Andrés Henz Gil Cristancho, apoderado de los docentes, en el que reitera una configuración de una vía de hecho y un absoluto desconocimiento por parte del gerente de “Cajanal” a la orden judicial y a un fallo debidamente ejecutoriado.

7. Derecho de petición radicado en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, por los educadores a los que se les amparó los derechos fundamentales a al debido proceso, igualdad y derechos a la pensión de jubilación, quienes solicitaron dar cumplimiento a la providencia de fecha 17 de noviembre de 2006.

8. Oficios Nos. 526 y 525 provenientes del Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, con fecha 23 de abril de 2008, dirigidos al pagador de Cajanal y al Ministro de Protección Social respectivamente, en los cuales solicitó al primero descontar de su salario la multa irrogada al gerente de Cajanal y al segundo, iniciar la correspondiente investigación disciplinaria en su contra y la desvinculación del cargo.

9. Oficio PCCAN-140177 8SPETU-INC-63987, de fecha 12 de junio de 2008, proveniente de la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, en donde solicita (i) se observe que esa entidad acató lo ordenado en el fallo de tutela; (ii) dejar sin efectos la orden de arresto y multas irrogadas al desnaturalizarse la figura del incidente.

10. Memorial radicado en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, con fecha 15 de agosto de 2008, proveniente del doctor Andrés Henz Gil Cristancho, apoderado de los docentes, en el que solicita (i) se dé cumplimiento al fallo de tutela, al incidente de desacato y a la órdenes de arresto y multa, impuestas en el proveído.

11. Oficio PCCAN-1644816, de fecha 28 de agosto de 2008, proveniente de la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, en donde asegura:

“en la actualidad se está efectuando un cruce de la nómina de pensionados de esta entidad con la Fiduprevisora S. A. encargada de pagar las pensiones de los docentes del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a fin de detectar cuales son del orden nacional y efectuar la correspondiente investigación, siendo esta otra razón por la cual no ha sido posible la inclusión en nómina.

Conforme a lo expuesto y ante la orden dirigida a reconocer una prestación que no se adecua a la juridicidad, en cuanto condena al reconocimiento de una pensión de gracia a favor de un educador que prestó sus servicios a la Nación, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE no ha dado cumplimiento a la orden de tutela y en su lugar está estudiando y consultando sobre la acción que se va a adelantar para que sea revocado el fallo proferido por su despacho”.

12. Memorial radicado en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, proveniente del doctor Andrés Henz Gil Cristancho, apoderado de los docentes, obrante a folio 176 y 177 del anexo Nº 1, en el que solicita decretar la respectiva sanción por el no cumplimiento de la tutela.

13. Auto proveniente del Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, de fecha 19 de enero de 2009, en donde confirma que para poder hacer efectiva la sanción de arresto impuesta al gerente de Cajanal, previamente el Procurador General de la Nación debe abrir la respectiva investigación disciplinaria y que, hasta la fecha no se sabe si el Procurador atendió la petición que en tal sentido le hiciera el Ministro de Protección Social, mediante comunicado de fecha 28 de abril de 2008, para lo cual resolvió oficiar al Procurador para que informara si esa entidad abrió la correspondiente investigación y en caso contrario, procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

En este punto había trascurrido casi dos años y tres meses desde la fecha en que se profirió el fallo de tutela 6 de octubre 2006, y dos años y dos meses desde el proveído que resolvió el incidente de desacato el 17 de noviembre de 2006, sin que se haya dado efectivo cumplimiento a la orden judicial.

Conforme a lo anteriormente expuesto, esta colegiatura cree relevante que el señor Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, Arnedys Payarez Pérez, no ejerció el control necesario para llevar a cabo el cumplimiento del fallo, pese a que la jurisprudencia constitucional ha indicado que los jueces de primera instancia, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos de los asociados y en desarrollo del principio del efecto útil de las sentencias, gozan de amplias facultades en la determinación de la forma de ejecución de los fallos de tutela y en la adopción de las medidas tendientes a su cumplimiento, pues su deber de velar por el observancia de las garantías conferidas a los ciudadanos por una orden judicial constitucional, es prevalente, evitando la dilación innecesaria del procedimiento para su efectivización, situación que en el presente asunto brillo por su ausencia, pues no se evidenció el cumplimiento de la decisión, que conllevó a una violación sistemática de la Carta.

Unido a lo anterior, debe tenerse presente —así como lo adujó el magistrado sustanciador—, que el principal propósito del trámite de un incidente de desacato, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia proferida dentro de un amparo constitucional, pero en el caso de estudio, nos encontramos ante una verdad irrefutable y es, se reitera, pese a los múltiples escritos de solicitud de cumplimiento del fallo de tutela y la sanción impuesta dentro del incidente de desacato, el señor funcionario hizo caso omiso y no buscó cumplir con el objetivo del incidente de desacato, es decir que la parte accionada cumpla el fallo de tutela, situación que hasta la fecha no se evidencia haya ocurrido, lo que nos permite colegir que el funcionario incumplió con sus deberes.

Del recuento procesal y del análisis del material probatorio allegado al dosier, en especial las documentales que obran en el mismo, en las que se advierten, que el funcionario instructor a pesar de haber movido el aparato judicial en varias oportunidades, dejo pasar 2 años y 2 meses desde la providencia que resolvió el incidente de desacato 17 de noviembre de 2006, hasta el día 19 de enero de 2009, fecha en la que se registra la última actuación del funcionario para hacer efectivo un fallo de tutela que según lo establecido en la Constitución y en la ley —artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el 1º del Decreto 2591 de 1991—, tiene un procedimiento preferente y sumario, así:

“ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

ART. 1º—Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (subrayado fuera del texto).

En concordancia con el pliego de cargos endilgado al servidor judicial, cuyo estudio deviene indispensable para garantizar el principio de congruencia, se adquiere certeza en cuanto a la fase objetiva del ilícito disciplinario, referido a la clara vulneración del deber consagrado en los numerales 1º y 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y relacionado lo anterior, con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en consideración a que el funcionario no cumplió dentro de la órbita de su competencia, la Constitución, las leyes y los reglamentos, desempeñando con celeridad y eficiencia, las funciones propias de su cargo, en la toma de decisiones dentro de una acción de trámite preferente con plazos perentorios e improrrogables.

En cuanto a la responsabilidad del disciplinado relativa al incumplimiento del deber citado, considera la corporación, que no se vislumbra causal alguna que pueda justificar la conducta omisiva, en la medida que no aparece en el plenario una circunstancia capaz de impedir que en el lapso que transcurrió para el cumplimiento de la acción constitucional, exista una situación que diluya la responsabilidad del juez en haber tomado de manera oportuna, todas las medidas tendientes al cumplimiento de la plurimencionada decisión, máxime cuando es una acción constitucional que prima sobre las demás y requiere de una respuesta ágil dado los derechos que en un evento dado se encuentran en juego.

Resulta en consecuencia necesario confirmar la providencia de primera instancia, en cuanto a la responsabilidad disciplinaria del servidor judicial y en cuanto a la sanción impuesta, en consideración a que la misma respeta plenamente los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad propios de un Estado social de derecho, así como los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 y las clases de sanciones a que se refiere el artículo 44 ibídem, que consagra la suspensión para las faltas graves culposas, manteniendo con ello lo señalado en el fallo de primera Instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de mayo de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por medio de la cual impuso sanción de suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo, al doctor Arnedys Payarez Pérez, en su condición de Juez 2º Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, al hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 1º y 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y relacionado lo anterior, con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para que, notifique a todos los jurídicamente interesados dentro del proceso.

Notifíquese y cúmplase».