Sentencia 2009-00185 de junio 11 de 2009 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SEGUNDA INSTANCIA

Rad.: 540011102000200900185 01

Registro: 03-06-2009

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado según Acta 56 de la misma fecha.

Junio 11 de 2009.

Asunto a tratar

Procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el señor Misael Grimaldo Gómez, contra la providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander (1) proferida el 20 de abril de 2009, donde se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra el Ejército Nacional, distrito militar 35 de Cúcuta.

Antecedentes

1. Derechos alegados como vulnerados.

El señor Misael Grimaldo Gómez, interpuso acción de tutela el 27 de marzo de 2009, por considerar vulnerados en forma directa los derechos fundamentales al trabajo y mínimo vital, por no habérsele dado facilidades económicas para obtener su libreta militar.

2. Hechos.

— En el año 1994, el accionante, cumplida su mayoría de edad, se presentó al Ejército Nacional para definir su situación militar, y luego de realizársele los respectivos exámenes médicos de aptitud psicofísica se determinó no apto, y fue clasificado (2) y por lo tanto, obligado a pagar la denominada “Cuota de compensación militar” (3) , razón por al cual se le expidió el recibo número 287820, mediante Acta de Clasificación 258 del 28 de noviembre de 1994, por valor de $ 50.000, recibo que no canceló dentro del tiempo establecido en la Ley 48 de 1993.

— En el presente año, se presentó a la jornada regional, realizada en Cúcuta el 25, 26 y 27 de marzo, que se efectúa con la finalidad de colaborarle a la gente de bajos recursos y casos especiales, reliquidándose la deuda y realizándole un descuento especial, fijando la cuota en $ 175.000, valor que se negó a pagar.

— El accionante manifiesta que tiene limitaciones físicas visibles, a causa de la epilepsia que padece, que depende económicamente de su madre, que no cuenta con los recursos pertinentes para la cancelación de la cuota de compensación militar, y así obtener su libreta militar, y que la falta de esta le ha imposibilitado obtener trabajo.

3. Pretensiones.

Solicita el accionante que se ordene al Ejército Nacional, distrito militar 35 de Cúcuta, otorgarle facilidades para obtener la libreta miliar.

Actuación procesal

El 30 de marzo de 2009, avocó conocimiento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, ordenando notificar al accionante y al comandante del distrito militar 35 del ejército de Cúcuta, al comandante del Ejército Nacional, defensor regional del pueblo y al procurador en lo judicial penal delegado ante la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura (fl. 8 c.o.), por lo que una vez surtido el trámite en rigor y recepcionadas las contestaciones de la pretensión, se profirió fallo por el a quo declarando improcedente el amparo solicitado. (fls. 26 a 31 c.o.).

Intervención de la autoridad accionada

El 3 de abril de 2009, el comandante del distrito militar 35, dio respuesta a la acción interpuesta en los siguientes términos: i) En el año 1994, el accionante se presentó al Ejército Nacional para definir su situación militar, luego de realizársele los respectivos exámenes médicos de aptitud psicofísica se determinó no apto, fue clasificado y por lo tanto, obligado a pagar la cuota de compensación militar, razón por la cual se le expidió el recibo 287820, mediante acta de clasificación 258 del 28 de noviembre de 1994, por valor de $ 50.000, que no canceló dentro del tiempo establecido en la Ley 48 de 1993; ii) En el presente año, se presentó a la jornada regional, realizada en Cúcuta el 25, 26 y 27 de marzo, que se efectúa con la finalidad de colaborarle a la gente de bajos recursos y casos especiales, reliquidándose la deuda y realizándole un descuento especial, fijando la cuota en $ 175.000, valor que se negó a pagar; iii) La única manera de volverle a colaborar, es invitándolo nuevamente a la próxima jornada regional, que se efectuará en la ciudad de Bucaramanga los días, 13, 14 y 25 de mayo del presente año (fls. 23 y 24 c.o.).

Pruebas recaudadas

Obran en el expediente los siguientes documentos relevantes:

— Copia de escrito del 23 de enero de 2009, presentado por el accionante al comando distrito militar 35, solicitando una atención de persona “especial”, por su marcada incapacidad en su función motora corporal, con el fin de que se le otorgara su libreta militar (fl. 4 c.o.).

— Oficio del 18 de febrero de 2009, de la dirección de reclutamiento y control reservas distrito militar 35, donde consta que el accionante ya había sido clasificado y se le había expedido recibo por valor de $ 50.000, que por no haber sido cancelado, sería reclasificado, incrementándole su valor a pagar, y se le invitaba a asistir a una jornada regional especial, los días 25, 26 y 27 de marzo del presente año, en donde podría adquirir su tarjeta a un bajo costo (fl. 5 c.o.).

Sentencia de primera instancia

Fue emitida el 20 de abril de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander, declarando improcedente la acción interpuesta (fls. 26 a 31 c.o.).

Consideró el a quo que: “... no se le está al actor vulnerando derecho alguno por cuanto el Ejército Nacional dentro de los lineamientos legales mediante los cuales se establecen los requisitos que los ciudadanos colombianos deben cumplir para poder definir su situación militar, le han ofrecido las posibilidades para que obtenga su libreta militar a un menor costo, tampoco le han desconocido la condición de persona inhabilitada...”.

Impugnación del fallo

El accionante impugnó el fallo de tutela sin esgrimir ningún argumento (fl. 38 c.o.).

Consideraciones

Competencia. En virtud del principio de jerarquía funcional y de los lineamientos de los artículos 86 y 256 número 4 de la Constitución Política, en armonía con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido dentro del radicado de la referencia.

Problema jurídico. Pasará esta colegiatura a resolver el siguiente interrogante: ¿Viola el Ejército Nacional, los derechos fundamentales del accionante, al no otorgarle la libreta militar por carecer de recursos económicos para el pago de la cuota de compensación militar?

De la procedencia de la acción de tutela y derecho al trabajo. Para efectos de pasar a realizar la revisión de la decisión impugnada recordará la Sala, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo ha aceptado la doctrina, que la tutela no es más que un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que pudieren llegar a ser amenazados por la acción u omisión de las autoridades, entiéndase judiciales y administrativas, el que se caracteriza porque es un trámite preferente y sumario.

El artículo 25 de la Constitución Política establece que, “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Ha dicho la Corte Constitucional frente a este tema que: “... el legislador no está habilitado para imponer límites al trabajo, entendido este como la facultad de todas las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero sí puede regular el derecho al trabajo para determinar su contenido y delimitar sus alcances, siempre bajo condiciones dignas y justas y teniendo en cuenta los principios mínimos fundamentales consagrados el artículo 53 de la Constitución” (4) .

Lo anterior implica, que el trabajo como derecho, necesita de una regulación fundada en la libertad para su escogencia, sin que pueda impedírselo, salvo restricciones legales, los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le corresponde adoptar las políticas y medidas dirigidas a su protección y garantía, además, este derecho lleva intrínseca la exigencia de su ejercicio en condiciones dignas y justas, y que permitan su desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador.

Trámite para definir la situación militar. La Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, establece las etapas que deben surtirse para que los ciudadanos colombianos puedan definir su situación militar.

Establece que es necesario la inscripción ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, una vez realizado esto, el interesado, se someterá a tres exámenes médicos con el fin de determinar su condición sicofísica para prestar el servicio, los que resulten aptos, se someten a un sorteo y así se eligen los que van a ingresar al servicio militar, y finalmente, se clasifican aquellos que por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio, los cuales tienen el deber de cancelar con cargo al tesoro nacional una “cuota de compensación militar”, lo cual es presupuesto necesario para la expedición de la tarjeta o libreta militar.

Personas en circunstancias de debilidad manifiesta. El artículo 13 de la Constitución Política, establece en su tercer inciso que: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (resaltado nuestro).

Frente al tema la Corte Constitucional, en la Sentencia T-388 de 2001, se pronunció diciendo que:

"De este modo, la situación de debilidad manifiesta en que se encuentra el actor por su condición económica le impone al Estado el deber de suministrarle una protección especial para evitar la vulneración de un derecho fundamental —C.N., art. 13, inc. 3º—. Esa protección puede y debe suministrarla el juez constitucional amparando el derecho vulnerado y resaltando el carácter social de la educación como derecho, como deber y como servicio público —art. 67—”.

Los derechos al trabajo y a la igualdad y el pago diferido de la cuota de compensación. En un caso similar al aquí tratado, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-393 de 1999, manifestó:

“No obstante, encuentra la Sala que la propia legislación previo la posibilidad de que la persona que no tuviera el dinero para pagar de una sola vez la mencionada cuota, pudiera utilizar un sistema de pago diferido o de crédito. Ahora bien, para evitar que el Estado tuviera que asumir la carga de cobrar los pagos diferidos, las normas vigentes consagraron como mecanismo para este tipo de pago el de la tarjeta de crédito (D. 2048/92, art. 69).

Sin embargo, una persona como el actor, que carece de recursos económicos, no está en condiciones de utilizar el mencionado sistema. Por lo tanto, en este caso, en aplicación estricta del principio de igualdad, la Corte ordenará que se acepte el pago diferido de la cuota de compensación militar, de manera tal que se otorgue una tarjeta provisional mientras el actor sufraga el total de la cuota que le corresponde. La definición de los plazos debe ser realizada atendiendo a las condiciones económicas propias del actor de manera tal que goce de un determinado lapso para encontrar un puesto de trabajo y para sufragar los gastos médicos que debe enfrentar mientras la regional oriente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Villavicencio y las autoridades militares competentes adoptan las decisiones mencionadas en la presente providencia sobre el derecho del actor a las prestaciones mencionadas en el régimen de seguridad social de las Fuerzas Militares y de Policía y, en particular, en lo establecido en la Ley 352 de 1997” (resaltado nuestro).

Del caso en concreto. El señor Misael Grimaldo Gómez, pretende, a través de esta acción, que se le otorguen facilidades económicas para la obtención de la libreta militar, ya que al no tener la tarjeta militar, por no contar con los recursos para cancelar la cuota de compensación, le es difícil conseguir trabajo, por cuanto le exigen ese documento para contratarlo.

El accionante tiene limitaciones físicas visibles (5) , que afirma se deben a una epilepsia crónica, a raíz de un accidente que tuvo en su niñez, y depende económicamente de su señora madre, dedicándose a trabajar vendiendo discos compactos y tintos en la calle, situación que, en principio da cuenta de las circunstancias de pobreza en la que se encuentra y la dificultad para hallar un trabajo digno, por carecer del documento mencionado (6) .

Luego se puede afirmar que el accionante está en una evidente situación de debilidad manifiesta por su condición económica y física, si ello es así, es deber del Estado, suministrarle una protección especial para evitar la vulneración de un derecho fundamental, razón por la cual, y con fundamento en la protección a la indefensión del accionante, la Sala revocará la providencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, proferida el 20 de abril de 2009, y en su lugar concederá la tutela por las razones aquí expuestas y ordenará al distrito militar 35 del Ejército Nacional en Cúcuta, Norte de Santander, para que adopte todas las medidas conducentes para fijar según las condiciones económicas del mismo, los plazos y modalidades para el pago del total de la cuota de compensación militar, y haga entrega de la tarjeta provisional militar al señor Misael Grimaldo Gómez, en el término de cuarenta y ocho (48)(sic) a partir de la notificación de esta providencia.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autorización de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la Sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, proferida el 20 de abril de 2009. En consecuencia, CONCEDER el amparo solicitado por el señor Misael Grimaldo Gómez, contra el distrito militar 35 del Ejército Nacional.

2. ORDENAR al distrito militar 35 del Ejército Nacional en Cúcuta, Norte de Santander, para que adopte todas las medidas conducentes para fijar, según las condiciones económicas del mismo, los plazos y modalidades para el pago del total de la cuota de compensación militar, y haga entrega de la tarjeta provisional militar al señor Misael Grimaldo Gómez, en el término de cuarenta y ocho (48) a partir de la notificación de esta providencia.

3. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión,

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco—Carlos Arturo Ramírez Vásquez—Angelino Lizcano Rivera—Henry Villarraga Oliveros—María Mercedes López Mora—Julia Emma Garzón de Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Sala dual conformada por el magistrado ponente Calixto Cortés Prieto y la magistrada Amparo Malangón Betancourt.

(2) Ley 48 de 1993. Artículo 21. Clasificación. Serán clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas.

(3) Ibídem. Artículo 22. Cuota de Compensación Militar. Aparte tachado inexequible. El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al tesoro nacional, denominada “cuota de compensación militar” El Gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo.

Parágrafo. La cuota de compensación militar se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a su clasificación.

(4) Sentencia T-745 de 2003.

(5) Lo que queda demostrado según acta de diligencia de declaración del accionante (fls. 14 a 16 c.o.).

(6) Aspecto que se tiene por cierto, en virtud del principio de la buena fe, y que no fue desvirtuada por el accionado, teniendo la carga probatoria de hacerlo.

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